STC7828-2022_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7828-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2022-00069-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 22 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ever de Jes\u00fas Orozco Grisales contra el Juzgado Promiscuo de Familia de La Ceja, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio de interdicci\u00f3n n\u00ba 2017-00259. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando \u00abcomo agente oficioso de [su] hermana Viviana Mar\u00eda Orozco Grisales\u00bb, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada, al no dar curso a demandas de \u00abremoci\u00f3n de curador\u00bb instauradas a favor de su representada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que su hermana Viviana Mar\u00eda Orozco Grisales, \u00abdesde los 15 a\u00f1os de edad [actualmente cuenta con 37], viene padeciendo enfermedades de esquizofrenia no especificada y discapacidad intelectual moderada (\u2026), desde 2015 viene recibiendo tratamiento psiqui\u00e1trico [y] se encuentra recluida en el hogar de paso Santa Teresita (\u2026) ubicado en (\u2026) de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
Que la mencionada se\u00f1ora fue declarada en estado de interdicci\u00f3n \u00abpor discapacidad mental absoluta\u00bb, mediante sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de La Ceja el 26 de junio de 2019-, design\u00e1ndose como curador a su hermano Mario Jes\u00fas Orozco Grisales, quien \u00abno se interesa por el bienestar de su pupila, ya que nunca se preocupa por lo que pueda pasar, no est\u00e1 atento a sus necesidades b\u00e1sicas\u00bb, y pese a que ella \u00abtiene familiares, el \u00fanico interesado por su bienestar soy yo\u00bb, pues \u00abnuestro padre (\u2026) falleci\u00f3 el pasado 13 de marzo de 2021 [y era \u00e9l quien] le suministraba todo [por lo que] qued\u00f3 desprotegida\u00bb. <\/p>\n
Que Viviana Mar\u00eda Orozco Grisales \u00abfue v\u00edctima de violencia intrafamiliar en el [mes de] mayo de 2021 por parte de su hermano y curador\u00bb, y \u00aben visita de ayer y otras ha manifestado que no quiere estar en el centro siqui\u00e1trico, y el juzgado [de Familia de la Ceja] no quiere avanzar con el proceso o revisi\u00f3n del proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos transitorios (\u2026), no respeta los derechos a la capacidad legal de mi hermana pues ha sido negligente con mora judicial\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abordenar al Juzgado de Familia de La Ceja que empiece con prioridad alta el proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos transitorios o definitivas con inhabilitaci\u00f3n o revisi\u00f3n frente al fallo proferido por ese despacho en el a\u00f1o 2019, pues est\u00e1 afectando gravemente [los] derechos fundamentales a la capacidad legal de la ley 1996 de 2019 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
2. La Personera Municipal de La Ceja, manifest\u00f3 que \u00aben la revisi\u00f3n del proceso de interdicci\u00f3n a fin de realizar el tr\u00e1nsito a proceso judicial de apoyo, evidencia el despacho que no se aporta ni se indica si se ha realizado petici\u00f3n a dicho juzgado para que se lleve a cabo dicha revisi\u00f3n acorde al art\u00edculo 56 de la ley 1996 de 2019\u00bb. Anot\u00f3 que no obstante lo anterior, podr\u00eda darse la posibilidad de aplicar \u00abla figura de la ultraactividad de la ley en el tiempo [para] tramita[r] incidente de remoci\u00f3n de curador establecido en el art\u00edculo 112 de la ley 1306 de 2009, mecanismo por medio del cual el accionante pueda ser designado como el apoyo judicial de la se\u00f1ora Viviana Mar\u00eda Orozco Grisales\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Segundo de Familia de Medell\u00edn, inform\u00f3 que \u00abel d\u00eda 14 de febrero de 2022 [le fue repartida], la demanda verbal de remoci\u00f3n de curador, interpuest[a] por el aqu\u00ed accionante en contra de Mario de Jes\u00fas Orozco Grisales en calidad de curador leg\u00edtimo de la se\u00f1ora Viviana Mar\u00eda Orozco Grisales\u00bb, la cual \u00abfue rechazada mediante prove\u00eddo de fecha 16 de febrero de 2022 por falta de competencia territorial, [y que la remisi\u00f3n] del expediente al juzgado competente se realiz\u00f3 el pasado 28 de febrero de 2022\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo decidi\u00f3 \u00abnegar por improcedente el amparo\u00bb, al \u00abno advertirse vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante y no cumplirse el presupuesto de la subsidiariedad\u00bb, lo primero, porque si bien se evidenci\u00f3 \u00abmora judicial\u00bb en el tr\u00e1mite de uno de los asuntos, \u00aben este evento se configura el fen\u00f3meno del da\u00f1o consumado, en tanto pese a la demora en el proferimiento de una decisi\u00f3n de fondo al interior del mentado tr\u00e1mite, la misma ya fue adoptada\u00bb. Y en lo atinente a la subsidiariedad, dijo que \u00abel actor constitucional tuvo la posibilidad de atacar la mora de la que ahora se duele\u00bb, y \u00abno obstante haber contado con mecanismos de defensa judicial id\u00f3neos para discutir la presunta irregularidad que ahora alega (\u2026), que era el recurso de reposici\u00f3n, omiti\u00f3 interponerlo sin ninguna justificaci\u00f3n valedera (\u2026), m\u00e1xime que se encontraba representado por apoderado designado en amparo de pobreza (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el promotor del resguardo sin presentar argumentaci\u00f3n adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Promiscuo de Familia de La Ceja, vulner\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de una persona en estado de discapacidad, al rechazar las demandas de \u00abremoci\u00f3n de curador\u00bb que promovi\u00f3 en calidad de agente oficioso. <\/p>\n
El anterior planteamiento tiene lugar porque si bien el reproche se circunscribe a una presunta \u00abmora judicial\u00bb por no tramitar la revisi\u00f3n del fallo de interdicci\u00f3n y dar cabida a la \u00abadjudicaci\u00f3n de apoyos\u00bb, es deber del juez constitucional realizar un estudio panor\u00e1mico del caso y adoptar las medidas que estime pertinentes para resguardar las garant\u00edas superiores, porque\u00ab(\u2026) en materia de tutela, el juez puede al estudiar el caso concreto, conceder el amparo solicitado, incluso por derechos no alegados, pues la misma naturaleza de esta acci\u00f3n, as\u00ed se lo permite\u00bb (CC T-532\/94). En ese mismo sentido, se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dada la naturaleza de la presente acci\u00f3n, la labor del juez no debe circunscribirse \u00fanicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no s\u00f3lo resulta procedente, sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario (\u2026), equivaldr\u00eda a que la administraci\u00f3n de justicia tendr\u00eda que desconocer el mandato contenido en el art\u00edculo 2\u00ba superior y el esp\u00edritu mismo de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues -se reitera- la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de derecho\u00bb (CC T-310\/95). Se resalta. <\/p>\n
Por ello, \u00aben sede de tutela est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u00bb (CSJ STC, 15 mar. 2011, exp. 00003-01, citada en STC5487-2022, 5 may. 2022, rad. 00129-01, entre otras). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a las anteriores premisas, examinados los argumentos de la reclamaci\u00f3n y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala revocar\u00e1 el fallo desestimatorio del resguardo para en su lugar concederlo, comoquiera que el accionado, infringi\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia alegados por el accionante -quien obra en representaci\u00f3n de una persona con discapacidad mental-, al incurrir en yerros espec\u00edficos de procedibilidad que justifican la intervenci\u00f3n del fallador excepcional. <\/p>\n
3.1. Flexibilizaci\u00f3n de los requisitos gen\u00e9ricos. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la Corte advierte que, si bien la procedencia del auxilio requiere su formulaci\u00f3n en un tiempo prudencial y previo agotamiento de los mecanismos de defensa previstos en la ley, la jurisprudencia constitucional y de esta Sala ha se\u00f1alado que puede prescindirse v\u00e1lidamente de tales exigencias, cuando, como en este caso, existen relevantes circunstancias que justifican una postura menos estricta para ajustar la actuaci\u00f3n a derecho. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: \u00ab(\u2026) la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 13, ago. 2013, exp. 00093-01). De ah\u00ed que al avizorarse \u00abuna anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo (\u2026), es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante, la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00). <\/p>\n
Ello, porque aunado a que la decisi\u00f3n confutada desatiende una adecuada interpretaci\u00f3n legal de las normas y el entendimiento jurisprudencial se\u00f1alado para casos similares, el objetivo que se procura a trav\u00e9s de este instrumento jur\u00eddico, est\u00e1 encaminado a proteger derechos e intereses de una persona con discapacidad y por ende de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Entonces, al igual que ocurre con la instauraci\u00f3n tard\u00eda del remedio excepcional, la no utilizaci\u00f3n de los recursos contra el prove\u00eddo recriminado, no implica, de manera absoluta, el cierre de la administraci\u00f3n de justicia para corregir la actuaci\u00f3n materia de reproche, cuando \u00e9sta no se muestra razonable, y, por consiguiente, afecta gravemente derechos amparados por la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3.2. De los yerros para la procedibilidad de la tutela. <\/p>\n
La Sala observa que para rechazar las demandas de \u00abremoci\u00f3n de curador\u00bb promovidas por el ac\u00e1 quejoso, si bien el accionado adujo con acierto que al entrar en vigencia la Ley 1996 del 26 de agosto de 2019, se elimin\u00f3 la interdicci\u00f3n judicial, derog\u00e1ndose tras ello disposiciones que regulaban figuras jur\u00eddicas referidas a las consecuencias de tal declaraci\u00f3n, la censura radica en que dej\u00f3 de realizar un estudio integral al asunto en aras a brindar soluci\u00f3n a quienes -como en el caso sub j\u00fadice-, por fallo en firme se encuentran en estado de \u00abinterdicci\u00f3n por discapacidad mental absoluta\u00bb, pese a que dicha tem\u00e1tica la comprende el texto legal y ha sido objeto de pronunciamiento jurisprudencial. <\/p>\n
En efecto, aunque la nueva normativa presume la capacidad legal de todas las personas con discapacidad, establece que cuando para ejercerla plenamente requiere de la asignaci\u00f3n de apoyos, esta podr\u00e1 pedirla el propio titular del acto o por quien demuestre \u00abinter\u00e9s leg\u00edtimo\u00bb, en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 6\u00b0 el legislador de 2019 se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[e]l reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente art\u00edculo aplicar\u00e1, para las personas bajo medidas de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n anteriores a la promulgaci\u00f3n de la presente ley, una vez se hayan surtido los tr\u00e1mites se\u00f1alados en el art\u00edculo 56 de la misma\u00bb. <\/p>\n
En similar sentido, obra en el par\u00e1grafo 2\u00b0 del citado art\u00edculo 56, al indicar que \u00ab[l]as personas bajo medida de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n anterior a la promulgaci\u00f3n de la presente Ley, se entender\u00e1n como personas con capacidad legal plena cuando la sentencia del proceso de revisi\u00f3n de la interdicci\u00f3n o de la inhabilitaci\u00f3n quede ejecutoriada\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
Seg\u00fan la citada disposici\u00f3n -contenida en el r\u00e9gimen de transici\u00f3n-, el \u00abproceso de revisi\u00f3n de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n\u00bb, debe surtirse \u00abde oficio\u00bb por los jueces de familia que adelantaron dicha declaraci\u00f3n, \u00aben un plazo no superior a treinta y seis meses (36) meses contados a partir de la entrada en vigencia del Cap\u00edtulo V\u00bb, acaecida el 26 de agosto de 2021, sin perjuicio de que el interesado pida dicha revisi\u00f3n dentro del mismo t\u00e9rmino, eventos en los que \u00abel juez citar\u00e1 a la persona bajo medida de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos\u00bb. <\/p>\n
Emerge de lo anterior, que en el caso bajo estudio, al encontrarse la se\u00f1ora Viviana Mar\u00eda Orozco Grisales en estado de \u00abinterdicci\u00f3n definitiva por discapacidad mental absoluta\u00bb, seg\u00fan fallo proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de La Ceja el 26 de junio de 2019, y como consecuencia haberse designado \u00abcomo curador leg\u00edtimo y general (\u2026) al se\u00f1or Mario de Jes\u00fas Orozco Grisales\u00bb, contrario a lo aseverado por la funcionaria convocada, esta s\u00ed tiene competencia para pronunciarse respecto de la situaci\u00f3n jur\u00eddica puesta en su conocimiento, y en particular, para resolver si hay o no m\u00e9rito para que el curador sea separado de su cargo. <\/p>\n
Ello, porque adem\u00e1s de ser dicha funcionaria a quien le corresponde adelantar el proceso de revisi\u00f3n de la interdicci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 56 de la precitada Ley 1996, para lo cual cuenta con un plazo que se extiende hasta el 26 de agosto de 2024, es indudable que est\u00e1 llamada a ejercer su potestad para ejecutar las decisiones emanadas del fallo cuyos efectos jur\u00eddicos est\u00e1n vigentes. <\/p>\n
N\u00f3tese que mientras se define la revisi\u00f3n del estado de interdicci\u00f3n dentro del radicado n\u00b0 2017-00259, las funciones atinentes al cuidado personal, administraci\u00f3n de bienes, rendici\u00f3n de cuentas y dem\u00e1s responsabilidades encomendadas al guardador, deben cumplirse a cabalidad en provecho del inter\u00e9s superior de la persona con discapacidad, y en el evento de suscitarse desatenci\u00f3n a tales deberes y obligaciones por parte del curador, a la titular del despacho cognoscente, por estar investida del poder jurisdiccional del Estado, le corresponde indagar sobre la veracidad de los hechos denunciados y hacer cumplir su veredicto, adoptando para tal prop\u00f3sito todas las decisiones que sean pertinentes con arreglo a la Constituci\u00f3n y a la ley. <\/p>\n
Ahora, conforme se anunci\u00f3 al inicio de este ac\u00e1pite, ya la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la aplicaci\u00f3n de la Ley 1996 de 1996, desarrollando las reglas sobre tr\u00e1nsito legislativo y entrada en vigencia de sus disposiciones dependiendo del estado en que se encuentre la actuaci\u00f3n procesal, exponiendo que: <\/p>\n
\u00abDel estudio detenido del novedoso compendio normativo en cuesti\u00f3n, se advierte que el punto nuclear de la reforma, como es la supresi\u00f3n de la incapacidad legal para las personas mayores de edad con discapacidad, cobr\u00f3 vigor desde el 26 de agosto de 2019, raz\u00f3n por la que, a partir de esta data, \u00fanicamente pueden estar incapacitados aquellas personas que, por mandato de una sentencia que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, fueron declarados en interdicci\u00f3n o se les nombr\u00f3 un consejero. Dicho en negativo, a partir de la mencionada fecha, ninguna persona mayor de edad podr\u00e1 perder su capacidad legal de ejercicio por el hecho de contar con una discapacidad, manteni\u00e9ndose dicha medida \u00fanicamente respecto a las personas que, con anterioridad, por fallo judicial, hubieran sido declarados incapaces. <\/p>\n
En armon\u00eda, para las tem\u00e1ticas procesales, la nueva ley diversific\u00f3 su aplicaci\u00f3n entre juicios (i) nuevos, (ii) concluidos y (iii) en curso, seg\u00fan las siguientes directrices: <\/p>\n
7.1. En cuanto a los primeros, de forma tajante, dej\u00f3 por sentada la prohibici\u00f3n de la iniciaci\u00f3n de nuevos tr\u00e1mites de interdicci\u00f3n (art\u00edculo 53), [advirtiendo que] esta regla no se extiende a las causas que deban promoverse para ejecutar o modificar las decisiones de interdicci\u00f3n que se hubieran proferido con anterioridad al 26 de agosto de 2019, como se explicar\u00e1 a continuaci\u00f3n; <\/p>\n
7.2. Para los segundos, esto es, los juicios finalizados, existen dos posibilidades: (a) la declaraci\u00f3n misma de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume, salvo que se inicie un tr\u00e1mite de rehabilitaci\u00f3n, el cual se conserva en vigor hasta el a\u00f1o 2021; sin embargo, en el per\u00edodo de los a\u00f1os 2021 a 2024 deber\u00e1 procederse a la revisi\u00f3n oficiosa, o a solicitud de parte, para que, de considerarse que \u00ablas personas bajo interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n… requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos\u00bb, se sustituyan aqu\u00e9llas por medidas de apoyo o, simplemente, se entienda habilitado el referido \u00abreconocimiento de la capacidad legal plena\u00bb (art\u00edculo 56); y <\/p>\n
(b) los actos de ejecuci\u00f3n de las determinaciones judiciales previas, bajo el efecto ultractivo de la Ley 1306 de 2009, por lo cual ha de entenderse que el juzgador ordinario conserva sus facultades para resolver todo lo relacionado con los recursos que se promuevan contra las decisiones de la ejecuci\u00f3n, incluyendo, sin limitarse a ellos, la remoci\u00f3n, designaci\u00f3n de curador, rendici\u00f3n de cuentas, etc., posibilidad que encuentra apoyadura en los c\u00e1nones 306 y 586 -numeral 5\u00ba- del C\u00f3digo General del Proceso, el \u00faltimo en su texto original, con antelaci\u00f3n a la reforma introducida por la regla 37 de la Ley 1996 de 2019, los cuales permiten a los jueces adoptar todas las medidas necesarias para la ejecuci\u00f3n de sus determinaciones y, trat\u00e1ndose de guardadores, extiende su competencia a todos los actos tendientes a su designaci\u00f3n. <\/p>\n
7.3. Finalmente, para los procesos en curso (\u2026), la nueva ley previ\u00f3 su suspensi\u00f3n inmediata hasta el 26 de agosto de 2021, con la precisi\u00f3n de que, en cualquier momento, aqu\u00e9lla podr\u00e1 levantarse por el juez, en casos de urgencia, para decretar \u201cmedidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u201d (precepto 55)\u00bb (CSJ STC16392-2019, 4 dic. 2019, rad. 03411-00, reiterada en STC16821-2019, 12 dic. 2019, rad. 00186-01, y citada entre otras en STC3720-2020, 11 jun. 2020, rad. 00019-01 y STC4313-2021, 23 abr. 2021, rad. 2020-00545-01). <\/p>\n
Bajo las consideraciones inicialmente planteadas y con apoyo en el citado precedente, se evidencia que en este caso, la juez encartada incursion\u00f3 en el defecto sustantivo o material, por cuanto se rigi\u00f3 bajo un contenido normativo que est\u00e1 en discordancia con los presupuestos sustanciales del caso, toda vez que no fue acertada sino por el contrario inadecuada la interpretaci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de las disposiciones contenidas en la Ley 1996 de 2019, ya que pese a invocar dicha normativa, el yerro surge cuando \u00abel contenido de la disposici\u00f3n no tiene conexidad material con los presupuestos del caso\u00bb, y tambi\u00e9n cuando \u00abse le reconocen efectos distintos a los expresamente se\u00f1alados por el legislador\u00bb (CC T-774\/04, SU-1185\/01 y T-781\/11, entre otras). <\/p>\n
Del mismo modo, porque no revis\u00f3 la posibilidad de resolver acudiendo a la ultraactividad de la Ley 1306 de 2009, pese a que sobre el particular y concretamente al desatar un asunto de similares contornos, ya esta Corporaci\u00f3n hab\u00eda emitido pronunciamiento, proceder con el cual desconoci\u00f3 las garant\u00edas previstas en la Constituci\u00f3n, el precedente jurisprudencial y hasta la propia decisi\u00f3n emanada de su despacho cuyo cumplimiento deb\u00eda verificar. <\/p>\n
Tambi\u00e9n incursion\u00f3 en defecto procedimental, pues entre otras disposiciones a las que pudo haber acudido para otorgarle un adecuado alcance al punto en cuesti\u00f3n, dio una indebida interpretaci\u00f3n al art\u00edculo 11 C\u00f3digo General del Proceso al inaplicar el principio de prevalencia del derecho sustancial con sujeci\u00f3n a los supuestos esbozados, precepto que establece que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al precedente jurisprudencial vertical y especializado, no debe desconocerse cuando se est\u00e1 frente a un caso que guarda connotaciones similares, porque de hacerlo se est\u00e1n transgrediendo prerrogativas de \u00edndole superior como lo son las protegidas en sede de amparo. <\/p>\n
Dicha figura la defini\u00f3 la Corte Constitucional como \u00abaquel conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que, por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u00bb, dejando sentado que \u00abla aplicabilidad del precedente por parte del juez es de car\u00e1cter obligatorio, siempre que la ratio decidendi de la sentencia antecedente (i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) haya servido de base para solucionar un problema jur\u00eddico semejante, o una cuesti\u00f3n constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente\u00bb (CC T-1029\/12). <\/p>\n
Adicionalmente, ante las circunstancias descritas por el demandante sobre una eventual \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb infringida por el curador a su pupila, y la reiterada manifestaci\u00f3n de voluntad de \u00e9sta para no seguir en la situaci\u00f3n en que se encuentra por decisi\u00f3n de su representante, para la Sala no pasa inadvertido que se est\u00e1 ante prerrogativas de una de aquellas personas en estado de debilidad manifiesta, toda vez que en esa categor\u00eda se incluyen \u00ablos ni\u00f1os, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos f\u00edsicos, s\u00edquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza\u00bb (CC T-719-03, T-789-03, T-456\/04, T-700\/06, T-1088\/07, T-953\/08, T-707\/09 y T-708\/09), quienes, por ser sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, \u00abdebido a su condici\u00f3n f\u00edsica, psicol\u00f3gica o social particular, merecen una acci\u00f3n positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva\u00bb (CC T-167\/11). Se destaca. <\/p>\n
De ah\u00ed que esta Corte haya sido enf\u00e1tica en sostener que al resolver los asuntos en los que est\u00e1n comprometidos derechos fundamentales de personas con mayor riesgo de vulnerabilidad, los juzgadores de instancia deben ser m\u00e1s acuciosos al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectar a este grupo de personas, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. En este caso, le corresponde al accionado verificar la informaci\u00f3n y adoptar las decisiones urgentes a que haya lugar en protecci\u00f3n de la discapacitada. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Como acaba de verse, la injerencia del fallador constitucional deviene procedente para corregir la actuaci\u00f3n vulneradora por parte de la autoridad judicial convocada, y en ese orden, se revocar\u00e1 el fallo denegatorio de primer grado para en su lugar, otorgar el amparo a las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
Corolario de lo anterior, se invalidar\u00e1n los autos del 7 y 23 de marzo de 2022 mediante los cuales se rechazaron las dos demandas de remoci\u00f3n de guardador 2022-00062 y 2021-00186 y, consecuencialmente, el accionado deber\u00e1 proceder a calificarla de nuevo con observancia de las consideraciones expuestas en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En consecuencia, SE DEJAN sin valor ni efecto los autos proferidos por el Juzgado Promiscuo de Familia de La Ceja el 7 y 23 de marzo de 2022, mediante los cuales rechaz\u00f3 las demandas con radicados 2022-00062 y 2021-00186, respectivamente. En su lugar, SE ORDENA a la titular del despacho accionado, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, previa unificaci\u00f3n de dichas acciones, proceda a calificar la solicitud de remoci\u00f3n de guardador presentada por el ac\u00e1 reclamante, atendiendo para ello las disquisiciones realizadas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7828-2022_1 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7828-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2022-00069-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64659","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64659","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64659"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64659\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64659"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64659"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64659"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}