STC7829-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7829-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00570-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 31 de marzo de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Lisseth Jim\u00e9nez Viveros contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de esa capital, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2021-00351. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, legalidad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso que en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali se adelanta proceso penal en su contra por los delitos de \u00abconcierto para delinquir agravado, incendio, perturbaci\u00f3n en servicio p\u00fablico, colectivo u oficial y con obstrucci\u00f3n a v\u00edas p\u00fablicas que afecten el orden p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, instalada el 1\u00ba de diciembre de 2021, present\u00f3 solicitud de nulidad por violaci\u00f3n a los principios de legalidad y congruencia toda vez que, en el escrito de acusaci\u00f3n no se narr\u00f3 \u00ab(\u2026) una relaci\u00f3n clara, concreta y sucinta de los hechos jur\u00eddicamente relevantes [\u2026] y de las circunstancias t\u00e9mporo espaciales\u00bb respecto del delito de \u00abconcierto para delinquir\u00bb; acerca del il\u00edcito de \u00abincendio\u00bb, que se le imput\u00f3 como determinadora, \u00abno se define c\u00f3mo fue esa determinaci\u00f3n, siendo esto ambiguo\u00bb; y frente a los punibles de \u00abperturbaci\u00f3n en servicio de transporte p\u00fablico, colectivo u oficial y con obstrucci\u00f3n a v\u00edas p\u00fablicas que afecten el orden p\u00fablico [\u2026] no se definen los hechos concretos\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, la juez de conocimiento, en la misma diligencia, deneg\u00f3 la nulidad deprecada, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Cali, Sala Penal, en prove\u00eddo del 14 de febrero de 2022, con fundamento en que, como la acusaci\u00f3n corresponde a un acto de parte, \u00abno puede tenerse como nulo, pues las peticiones de los sujetos procesales no afectan la validez del proceso dado que la sanci\u00f3n a los vac\u00edos que las mismas presenten se definir\u00e1 por el juez en la decisi\u00f3n judicial que d\u00e9 por terminado el caso\u00bb; adicionalmente porque, la \u00abverbalizaci\u00f3n\u00bb de la acusaci\u00f3n no se complet\u00f3 o no concluy\u00f3, por lo que \u00abtampoco habr\u00eda lugar a ejercer alg\u00fan tipo de control sobre el acto procesal de parte que cuestiona la defensa\u00bb. <\/p>\n
Acus\u00f3 las anteriores determinaciones de constituir v\u00edas de hecho pues, la fiscal\u00eda al acusarla formalmente no present\u00f3 una relaci\u00f3n clara de los hechos jur\u00eddicamente relevantes, en lenguaje comprensible, sin ambig\u00fcedades y congruente con la imputaci\u00f3n de cargos, aspectos que, seg\u00fan aleg\u00f3, generan nulidad de la actuaci\u00f3n de conformidad con variados pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal que fueron pasados por alto por las autoridades accionadas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, ponente de la decisi\u00f3n recriminada, alleg\u00f3 copia digital de la providencia del 14 de febrero de esta anualidad sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda tutelar. <\/p>\n
2. La Juez Quinta Penal del Circuito Especializado de Cali realiz\u00f3 un recuento de lo ocurrido en la instalaci\u00f3n de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, diligencia en la cual la defensa de la procesada solicit\u00f3 nulidad de la actuaci\u00f3n. Inform\u00f3 que, una vez confirmada por el tribunal la negativa a esa petici\u00f3n, la consabida audiencia prosigui\u00f3 y culmin\u00f3 el 22 de marzo de 2022, fij\u00e1ndose fecha de audiencia preparatoria para el 16 de junio de 2022 <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiariedad, por cuanto el proceso penal objeto de reproche se encuentra en tr\u00e1mite y, mientras as\u00ed sea \u00ab(\u2026) se constituye en el escenario latente y propicio que tiene la implicada para ejercer sus derechos, pues all\u00ed cuentan con alternativas de defensa judicial para imponer las tesis que pretenden sacar avante, entre ellas, la presentaci\u00f3n de recursos contra una eventual sentencia adversa a sus intereses y la promoci\u00f3n de demanda de casaci\u00f3n en caso de persistir su descontento\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado de la querellante reiterando las alegaciones del escrito inicial. Insisti\u00f3 en que la Sala de Casaci\u00f3n Penal se ha pronunciado en diversas ocasiones (cita la sentencia rad. 34022 de 8 de junio de 2011; la SP3420-2021, entre otras) sobre la preponderancia de la claridad y congruencia en los actos de imputaci\u00f3n y acusaci\u00f3n por parte de la fiscal\u00eda. De otro lado, sostuvo que la presente demanda cumple con los requisitos de subsidiariedad y residualidad, dado que agot\u00f3 oportunamente los recursos que cab\u00edan frente a la decisi\u00f3n cuestionada \u00abpues son los \u00fanicos medios que se tienen para remediar la flagrante violaci\u00f3n a los derechos fundamentales afectados a mi representada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por la actora dentro del juicio penal que se le adelanta por los delitos de \u00abconcierto para delinquir agravado, incendio, perturbaci\u00f3n en servicio p\u00fablico, colectivo u oficial y con obstrucci\u00f3n a v\u00edas p\u00fablicas que afecten el orden p\u00fablico\u00bb al denegar la nulidad que solicit\u00f3 respecto de la imputaci\u00f3n de cargos y la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n (autos de 1\u00ba de diciembre de 2021 y 14 de febrero de 2022, del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado y la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, respectivamente). <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
El car\u00e1cter residual y subsidiario de este instrumento cobra relevancia cuando el proceso cuestionado se encuentra activo, por cuanto es en \u00e9l donde el promotor del amparo puede y debe hacer valer sus prerrogativas. <\/p>\n
En todo caso, solo se admitir\u00eda la injerencia del juez de amparo en un tr\u00e1mite judicial que a\u00fan transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, avocando a un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. Al respecto esta Sala ha dicho: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver tutelas del mismo tenor igualmente precis\u00f3: <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Al margen del problema jur\u00eddico planteado, anticipa la Sala que ratificar\u00e1 el fallo de primer grado por cuanto la demanda no satisface el requisito de subsidiariedad conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, tal como lo precis\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo, al encontrase el proceso penal en cuesti\u00f3n activo, es ah\u00ed donde a la promotora del resguardo le corresponde defender las prerrogativas que estima afectadas. <\/p>\n
Es que, contrario sensu a lo arg\u00fcido por el apoderado de la actora, los reproches frente a cualquier presunta irregularidad de \u00edndole procesal, deben y pueden seguir siendo propuestos en las oportunidades contempladas legalmente a trav\u00e9s de los medios o instrumentos de defensa previstos en el proceso (alegatos de conclusi\u00f3n y\/o recursos ordinarios y extraordinarios) y no por la v\u00eda tutelar que ahora utiliza, que como en reiteradas oportunidades se ha indicado, no fue instituida para desplazar al juzgador de la causa dado su indiscutido car\u00e1cter residual. <\/p>\n
Y es que ha sido criterio definido y reiterado de esta Corporaci\u00f3n, al referirse a la improcedencia de la tutela que persigue la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en procesos en curso, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el fallador ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la salvaguarda de las garant\u00edas superiores. <\/p>\n
Ante la invariable posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, en las condiciones advertidas deviene inviable el auxilio incoado, comoquiera que, se reitera, la quejosa cuenta con mecanismos id\u00f3neos al interior de la causa penal para, por un lado, reformular en el escenario del juicio las alegaciones que aqu\u00ed expone en torno a la acusaci\u00f3n, y de otro, procurar hacer valer su condici\u00f3n de inocencia, m\u00e1xime si ni siquiera se ha dado inicio a esa audiencia de juzgamiento. <\/p>\n
En esas circunstancias, pretender que el Juez de amparo revise la razonabilidad de las determinaciones aqu\u00ed atacadas ser\u00eda no solo, como se dijo, una injerencia impertinente en la competencia del fallador, sino anticipar un debate que tiene su propio contexto de confrontaci\u00f3n y contradicci\u00f3n, y no a trav\u00e9s de un tr\u00e1mite expedito y sumario como la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En definitiva, y por lo precisado hasta aqu\u00ed, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es suficiente para ratificar el fallo impugnado, y releva a esta instancia de ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, en todo caso, condicionadas a la superaci\u00f3n de dicho presupuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Resulta improcedente el resguardo si el proceso penal se encuentra en curso, toda vez que, la accionante cuenta con instrumentos u oportunidades procesales al interior del mismo para procurar la defensa de sus derechos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 2 de junio de 2022. \u2013 Ingreso al despacho del ponente el 6 de junio de 2022. <\/p>\n
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