STC7832-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7832-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-003-2022-00085-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil\u2013Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 2 de mayo de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Sergio Fl\u00f3rez Acu\u00f1a, contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil contractual de radicado 2018-00239-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que es apoderado sustituto de Fernando Baena S\u00e1enz en el proceso verbal de responsabilidad civil contractual, adelantado por este contra la Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Seguros de Vida S.A., cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar, el cual, profiri\u00f3 sentencia desfavorable a los interese de la parte actora. <\/p>\n
2.2. En desacuerdo con tal decisi\u00f3n, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n. No obstante, la autoridad citada -con providencia del 8 de septiembre de 2021- mantuvo su postura bajo el mismo argumento. <\/p>\n
2.3. Sostuvo que el d\u00eda de la audiencia se vulneraron sus derechos, \u00abpero adem\u00e1s con el actuar de la titular del juzgado hoy accionado, tambi\u00e9n se afectan derechos constitucionales del demandante FERNANDO BAENA SAENZ y el inter\u00e9s directo que tiene este con las resultas del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se deje sin efectos los autos proferidos el 20 de enero y 8 de septiembre de 2021. Igualmente, que se ordene al Juzgado encarado, fijar nueva fecha y hora de audiencia para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante en el proceso verbal de Responsabilidad Civil Contractual. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar1, luego de narrar sus actuaciones, resalt\u00f3 que \u00abdentro del curso del proceso, no se vulneraron los derechos fundamentales del actor, por el contrario, sus derechos fundamentales fueron garantizados, tales como el de contradicci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en el entendido que la audiencia fue programada en tres (3) oportunidades, para los d\u00edas 01 y 15 de diciembre de 2020 y 20 de enero de 2021, sin embargo, ante la reiterada inasistencia del apelante se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n hoy atacada\u00bb. Destac\u00f3 que el gestor \u00abno prob\u00f3 sumariamente cuales fueron las dificultades t\u00e9cnicas que le impidieron conectarse a la audiencia virtual del 20 de enero de 2021, ni se aport\u00f3 prueba alguna\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, despu\u00e9s de relatar las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite debatido, declar\u00f3 \u00abla improcedencia de la protecci\u00f3n constitucional deprecada frente a los prove\u00eddos emitidos por el juzgado encartado, en fechas 20 de enero y 8 de septiembre de 2021, ante la evidente desatenci\u00f3n del precitado requisito de inmediatez\u00bb. Sumado a lo anterior, hall\u00f3 que \u00aben el caso bajo estudio, no es el accionante el titular de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n invoca, sino la parte que representa dentro del tr\u00e1mite ordinario referido, por lo que no est\u00e1 legitimado para promover la solicitud de amparo constitucional en nombre propio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, basado en los mismos argumentos del escrito inicial. No comparte lo resuelto en primera instancia puesto que en su criterio no hay lugar a declarar improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de inmediatez, dado que \u00abel recurso presentado por el suscrito fue resuelto por el despacho el d\u00eda 8 de septiembre de 2021, notificado en estado el d\u00eda 9 del mismo mes y a\u00f1o, quedando ejecutoriado el auto el d\u00eda 15, desde all\u00ed hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela transcurri\u00f3 poco menos de 6 meses, ya que debemos tener en cuenta el t\u00e9rmino de vacancia judicial, los d\u00edas festivos (no h\u00e1biles) y la semana mayor o semana santa, donde la rama judicial no labora, luego entonces, esos 5 meses y unos d\u00edas es tiempo razonable para que el suscrito haya acudido a esta instancia para hacer valer sus derechos fundamentales\u00bb. Por otro lado, manifest\u00f3 que \u00abel sentenciador afirma que el suscrito no tiene legitimaci\u00f3n para actuar en el presente caso, desconociendo que fue a m\u00ed a quien se le neg\u00f3 la participaci\u00f3n en la audiencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del gestor, en el marco del proceso verbal de responsabilidad civil contractual, con la determinaci\u00f3n dictada el 8 de septiembre de 2021, con la cual se decidi\u00f3 no reponer el auto del 20 de enero del mismo a\u00f1o, que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n propuesto. <\/p>\n
2. La Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues se vislumbra la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, teniendo en cuenta que el promotor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye, como tampoco alleg\u00f3 poder especial que le permita invocar el amparo deprecado. Al respecto, en lo tocante a la legitimaci\u00f3n en acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 se\u00f1ala que, \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Frente a la legitimaci\u00f3n por activa de los apoderados, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 de sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en las STC926-2018, STC4611- 2018 y STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, ha establecido que: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
<\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
Por lo anotado, es evidente que quienes est\u00e1n legitimados para actuar en sede constitucional son las personas que tienen inter\u00e9s leg\u00edtimo, aquellas que puedan resultar afectadas con las decisiones del mismo. Por lo tanto, aunque los abogados est\u00e9n facultados para actuar al interior de las diferentes causas, es necesario que en el presente tr\u00e1mite aporten poder especial, lo cual brilla por su ausencia. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 3-5. Anexo 09MemorialJuzgado03.pdf <\/p>\n
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