STC7835-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7835-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00347-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 24 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yerly Vanessa Morales Escalante contra el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2004-00210. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n y al m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por el despacho convocado al no haber resuelto las peticiones elevadas al interior del asunto antes referido. <\/p>\n
2. Expuso que \u00aben reiteradas oportunidades ante el Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla, he solicitado el reconocimiento y pago del embargo de alimento[s] (\u2026) donde aparezco como demandante [y Pedro Antonio Morales Oquendo funge como demandado], siendo la \u00faltima vez el d\u00eda 25 de febrero y 08 de marzo de 2022\u00bb, y que \u00abla mora en resolver mi petici\u00f3n atenta contra [las prerrogativas invocadas, pues] han transcurrido dos meses y cuatro d\u00edas y no se ha recibido respuesta alguna que me resuelva de fondo\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse conmine\u00bb al convocado \u00aba resolver de fondo\u00bb las peticiones elevadas dentro del proceso seguido a su favor. <\/p>\n
1. El Juez Quinto de Familia de Barranquilla, inform\u00f3 que dentro del pleito alimentario que impetr\u00f3 \u00abAna Rosa Escalante Ortega\u00bb, quien representaba legalmente a la hoy querellante, \u00abse fij\u00f3 una cuota de alimentos en cuant\u00eda del 25% del salario y prestaciones sociales que percibe [Pedro Antonio Morales Oquendo] como empleado de la constructora Yacam\u00e1n Vivero Ltda. (\u2026)\u00bb. Que como \u00abla joven Morales Oquendo [elev\u00f3] derecho de petici\u00f3n\u00bb, pretendiendo \u00abse oficie al pagador de Pensiones y Cesant\u00edas Santander (sic), ya que el se\u00f1or demandado se encuentra actualmente pensionado\u00bb, procedi\u00f3 a \u00abrequerir al pagador de Santander para que indique si el se\u00f1or se encuentra pensionado, y si es as\u00ed, contin\u00fae depositando los dineros en el porcentaje indicado en sentencia (\u2026), teniendo en cuenta que este Despacho desconoc\u00eda que el se\u00f1or demandado ya se encontraba pensionado, por lo que por medio de auto se le requiri\u00f3 al pagador para que confirmar\u00e1 y acatara dicha orden\u00bb. Por tanto, solicit\u00f3 se \u00abdeclare improcedente esta acci\u00f3n (\u2026), ya que se le dio tr\u00e1mite a lo solicitado por la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A., pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite procesal aduciendo \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por pasiva, no vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, hecho exclusivo de un tercero\u00bb, en tanto que \u00abla entidad a responder la acci\u00f3n legal es [el] Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla y no Porvenir S.A.\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio al advertir que \u00abel 18 de mayo de 2022, el juzgado confutado resolvi\u00f3 la solicitud que en su momento formul\u00f3 la accionante\u00bb, en tanto requiri\u00f3 \u00abal pagador de Pensi\u00f3n y Cesant\u00edas Santander para que indique si [el demandado] \u201cse encuentra pensionado en esta entidad, y de ser as\u00ed, cumpla con la orden judicial proferida en audiencia donde se fij\u00f3 una cuota de alimentos en cuant\u00eda del 25% del salario y prestaciones sociales incluyendo Cesant\u00edas\u201d, incluso, alleg\u00f3 copia del oficio correspondiente, y constancia de su remisi\u00f3n al pagador\u00bb, y de all\u00ed concluy\u00f3 \u00abcarencia actual de objeto por hecho superado\u00bb, porque \u00abel motivo de descontento expresado por la requirente se extingui\u00f3 durante el curso del amparo, por cuanto se resolvi\u00f3 lo pretendido\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante para precisar que el tribunal \u00abno ha tenido en cuenta en su fallo la petici\u00f3n elevada contra PENSIONES Y CESANT\u00cdAS PROTECCI\u00d3N tal cual como reposa dentro del expediente de fecha 8 de mayo de 2022 que se le pidi\u00f3 al juzgado (\u2026) y el cual nunca ha contestado\u00bb, y que \u00absolo se limit\u00f3 a darle tr\u00e1mite a la petici\u00f3n de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir (\u2026), e innumerables veces este despacho err\u00f3neamente menciona a PENSIONES Y CESANT\u00cdAS SANTANDER cuando jam\u00e1s hemos formulado escrito alguno ni mencionado a [esa entidad] dentro del proceso, por lo tanto no se me ha resuelto de fondo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la demandante, porque al interior del proceso de fijaci\u00f3n de alimentos n\u00b0 2004-00210, no ha resuelto las peticiones que ella elev\u00f3 para hacer efectivo el descuento y pago de las cuotas all\u00ed establecidas. <\/p>\n
Esto, porque al invocarse la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, esta Sala, a tono con el precedente constitucional (sentencia T-290\/93), ha sostenido que cuando se impetra para que el juez haga o deje de hacer determinada actividad jurisdiccional, o para que impulse y resuelva el asunto bajo su conocimiento, su tratamiento no se sujeta a los t\u00e9rminos consagrados para las peticiones de car\u00e1cter administrativo, sino que \u00abse rigen por principios, reglas y normas determinadas previamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, leyes y c\u00f3digos, seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n, especialidad y procedimiento a las cuales deba sujetarse el conflicto, los cuales deben ser acatados por el juez y los intervinientes\u00bb (CSJ STC, 22 jun. 2004, rad. 00012-01). <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC2747-2022, 9 mar. 2022, rad. 00027-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Del examen realizado a los argumentos de la queja constitucional y su cotejo con el informe y piezas procesales allegadas al expediente, la Sala revocar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo y en su lugar lo conceder\u00e1, comoquiera que el accionado no ha dado soluci\u00f3n de fondo a la reiterada petici\u00f3n elevada por la actora, constituyendo ello una situaci\u00f3n de mora judicial o dilaci\u00f3n injustificada del litigio. <\/p>\n
En efecto, contrario a lo aducido por el fallador a-quo, en este asunto no se configura carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto que con el auto proferido por el querellado el 18 de mayo de 2022, no ces\u00f3 la omisi\u00f3n del acusado frente a las solicitudes encaminadas a obtener el cabal cumplimiento del fallo que finiquit\u00f3 el proceso de alimentos n\u00b0 2004-00210, pues el apremio deprecado es frente al Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n, quien seg\u00fan la interesada, es la entidad que paga la pensi\u00f3n reconocida al obligado. <\/p>\n
N\u00f3tese que en el citado prove\u00eddo que dict\u00f3 el juzgado durante el diligenciamiento de esta acci\u00f3n de tutela, tanto en la parte motiva como en la resolutiva alude al \u00abpagador de Pensi\u00f3n y Cesant\u00edas Santander\u00bb y a \u00e9l enfila el requerimiento, desconociendo no s\u00f3lo que bajo esa denominaci\u00f3n la administradora ya no opera en el pa\u00eds, sino la precisa enunciaci\u00f3n que hizo el apoderado judicial de la demandante en la petici\u00f3n elevada el 8 de mayo de 2022, en el sentido de que el obligado Pedro Antonio Morales Oquendo, actualmente recib\u00eda pensi\u00f3n del \u00abFondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n\u00bb, adjuntando para su constataci\u00f3n un \u00abcomprobante de pago\u00bb expedido por esa entidad, el cual tambi\u00e9n alleg\u00f3 la quejosa como anexo de la demanda tutelar. <\/p>\n
Sobre la importancia de proteger a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia del desconocimiento de los t\u00e9rminos para impulsar los asuntos o resolver sus peticiones, la jurisprudencia constitucional sentenci\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se trata \u00fanicamente de velar por el cumplimiento de los t\u00e9rminos por s\u00ed mismo ya que \u00e9l no se concibe como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jur\u00eddica, sino de asegurar que, a trav\u00e9s de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtenci\u00f3n de pronta y cumplida justicia. <\/p>\n
(\u2026) La tutela para esta clase de transgresiones se deriva indudablemente de la enorme trascendencia de los derechos que, por raz\u00f3n de la paquidermia judicial, pueden resultar afectados, muchas veces de modo irreparable\u00bb (CC T-431\/92). <\/p>\n
Ac\u00f3tese que cuando el juez desatiende los t\u00e9rminos previstos para definir los asuntos a su cargo, incurre en conducta reprochada constitucionalmente por afectar prerrogativas derivadas del debido proceso y constituir omisi\u00f3n a su obligaci\u00f3n de impartir pronta y cumplida justicia, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda persona tiene derecho a que los tr\u00e1mites judiciales en que participe como demandante, demandado e incluso como tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello ir\u00eda en detrimento no solo del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas sino al derecho al acceso a una real y efectiva administraci\u00f3n de justicia, dado que la resoluci\u00f3n tard\u00eda de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva. <\/p>\n
As\u00ed, el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley\u00bb (CC T-030\/05). <\/p>\n
En ese orden, por cuanto en el caso bajo estudio la juez encartada no adujo estar en presencia de un hecho imprevisible o ineludible, que impidiera impulsar el tr\u00e1mite procesal, omitir una pronta, completa y eficaz respuesta a las peticiones formuladas dentro del juicio alimentario, conlleva vulneraci\u00f3n a las prerrogativas superiores al debido proceso sin dilaciones injustificadas y acceso a una eficiente administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se impone revocar la sentencia de primer grado que declaraba la carencia de objeto por hecho superado, para en su lugar amparar las invocadas prerrogativas superiores al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Por consiguiente, se impartir\u00e1 orden para que el despacho accionado, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a resolver de fondo y adecuadamente las peticiones elevadas por quien dentro del juicio alimentario criticado funge como parte actora. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo impugnado, y en su lugar, CONCEDE la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Yerly Vanessa Morales Escalante. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA al Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde la notificaci\u00f3n de la presente providencia, si no lo ha hecho antes, resuelva de fondo, completa y congruentemente las peticiones encaminadas a la obtener la ejecuci\u00f3n del fallo proferido dentro del juicio de alimentos n\u00b0 2004-00210. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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