STC7847-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7847-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ana Celina Su\u00e1rez Ovalle, Pedro Soto Paos, Dellanira Cano Benjumea, Heriberto Antonio Benjumea Jim\u00e9nez, y, Wberney Soto Su\u00e1rez y Mar\u00eda Elena Benjumea los dos \u00faltimos en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus dos menores hijos, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de sus prerrogativas a la igualdad y al debido proceso, que dicen vulneradas por las sedes judiciales accionadas. <\/p>\n
Pidieron, entonces, se ordene \u00abdejar sin efectos parcialmente la sentencia notificada el 6 de diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisi\u00f3n Civil \u2013 Familia, dentro del proceso radicado 66001-33-33-752-2015-00192-02, en lo que tiene que ver con lucro cesante del se\u00f1or Wberney Soto Su\u00e1rez y los da\u00f1os morales de [sus dos menores hijos y los de] Ana Celina Su\u00e1rez Ovalle, Pedro Soto Paos, Dellanira Cano de Benjumea y Heriberto Antonio Benjumea Jim\u00e9nez\u00bb y en consecuencia que dicha Colegiatura proceda a \u00abemitir una nueva sentencia, en la que adem\u00e1s de declarar la responsabilidad patrimonial de la demandada, se liquide el lucro cesante al se\u00f1or Wberney Soto Su\u00e1rez al 100% del ingreso percibido y se condene a da\u00f1o moral [a favor de los dem\u00e1s prenombrados] conforme al precedente establecido por la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Para reclamar los perjuicios derivados de un accidente de tr\u00e1nsito del que fueron v\u00edctimas Wberney Soto Su\u00e1rez y Mar\u00eda Elena Benjumea, a Jairo Alberto Osorio V\u00e9lez y Seguros Bol\u00edvar S.A. los demandaron, de un lado, Mar\u00eda Elena Benjumea Cano (esposa de Wberney Soto Su\u00e1rez), Ana Celina Su\u00e1rez Ovalle (mam\u00e1), Pedro Soto Paos (pap\u00e1) y sus dos menores hijos, proceso que correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, radicado 66001-31-03-002-2019-00142-01, y del otro, Dwerney Soto Su\u00e1rez (esposo de Mar\u00eda Elena Benjumea), Dellanira Cano de Benjumea (mam\u00e1), Heriberto Antonio Benjumea Jim\u00e9nez (pap\u00e1) y sus dos menores hijos, demanda que se asign\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, radicado 66001-31-03-004-2019-00165-00, decursos acumulados el 8 de octubre de 2019 por aquel estrado. <\/p>\n
2.2. El 15 de septiembre de 2020 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira dict\u00f3 sentencia en que declar\u00f3 probada \u00fanicamente la excepci\u00f3n propuesta por Seguros Bol\u00edvar S.A. de \u00abl\u00edmite de valor asegurado\u00bb, por 700 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, en consecuencia, declar\u00f3 civil y extracontractualmente responsable a Jairo Alberto Osorio V\u00e9lez de los perjuicios ocasionados a los demandantes, tasados a favor de Wberny en $21\u00b4747.673 por \u00ablucro cesante consolidado\u00bb, $85\u00b4396.798 por \u00ablucro cesante futuro\u00bb y $10\u00b4000.000 por \u00abda\u00f1o moral\u00bb; a favor de Mar\u00eda Elena Benjumea Cano en $28\u00b4706.613 por \u00ablucro cesante consolidado\u00bb, $117\u00b4735.037 por \u00ablucro cesante futuro\u00bb y $10\u00b4000.000 por \u00abda\u00f1o moral\u00bb; y $5\u00b4000.000 para cada uno de los dem\u00e1s demandantes por concepto de \u00abda\u00f1o moral\u00bb, deneg\u00e1ndose el reconocimiento de indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Ambos extremos apelaron lo decidido, los demandantes porque los perjuicios morales fueron \u00abinfravalorados\u00bb, no se accedi\u00f3 a indemnizar el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n y el lucro cesante de las v\u00edctimas directas del accidente debi\u00f3 tasarse con base en el 100% del ingreso percibido, porque sufrieron una p\u00e9rdida de capacidad laboral de m\u00e1s del 50%, seg\u00fan \u00abel precedente aplicable\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 6 de diciembre de 2021, al resolver la alzada, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, para Mar\u00eda Elena Benjumea Cano aument\u00f3 el valor del lucro cesante reconocido a un total de $287\u00b4207.781, los perjuicios morales los subi\u00f3 a $35\u00b4000.000 y le otorg\u00f3 indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n por $30\u00b4000.000; respecto a Wberney Soto Su\u00e1rez, confirm\u00f3 el monto del lucro cesante, tras no acceder a la solicitud de liquidarlo con el 100% del ingreso percibido, tas\u00f3 los perjuicios inmateriales en $30\u00b4000.000 y por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n le fij\u00f3 una indemnizaci\u00f3n de $25\u00b4000.000; aument\u00f3 el monto de la indemnizaci\u00f3n por los perjuicios morales irrogados a los descendientes de los prenombrados a $10\u00b4000.000 para cada menor; y, mantuvo el valor de los detrimentos inmateriales reconocidos en primera instancia a Ana Celia Su\u00e1rez, Pedro Soto Baos, Deyanira Cano y Heriberto Antonio Benjumea, en $5\u00b4000.000 para cada uno. <\/p>\n
2.5. Sostienen los actores, en s\u00edntesis, que el lucro cesante a favor Wberney Soto Su\u00e1rez debi\u00f3 calcularse sobre el 100% de su ingreso, porque perdi\u00f3 m\u00e1s el 50% de su capacidad laboral, conforme al \u00abprecedente\u00bb de la Sala de Casac\u00f3n Civil de la Corte, establecido en los fallos SC2498-2018 y SC4966-2019, sin que fuera aplicable lo se\u00f1alado en el prove\u00eddo SC18146-2016, no solo porque emergi\u00f3 de un escenario f\u00e1ctico y procesal diferente y por ende no estableci\u00f3 una regla de derecho aplicable al caso, sino adem\u00e1s, porque fue anterior a aquellas determinaciones; en igual sentido aseveran que, del dictamen rendido para determinar esa p\u00e9rdida de capacidad laboral, debi\u00f3 resaltarse la conclusi\u00f3n de que el demandante la perdi\u00f3 toda para desarrollar su actividad laboral, m\u00e1s no el aparte donde se dijo que a\u00fan ten\u00eda capacidad para desarrollar otras actividades como independiente. <\/p>\n
2.6. Agregan que los perjuicios morales a favor de todos los demandantes, salvo Wberney Soto Su\u00e1rez y Mar\u00eda Elena Benjumea Cano, fueron tasados en monto inferior al se\u00f1alado en casos con cierta similitud por la Corte Suprema de Justicia, donde \u00abse ha reconocido el mismo o casi el mismo monto, a los padres y a los hijos que a las v\u00edctimas que padecieron las lesiones\u00bb, circunstancias que, en suma, justifican la intervenci\u00f3n a su favor por parte del juez de tutela. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira corrobor\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso cuestionado, dentro del cual dict\u00f3 sentencia de segunda instancia el 3 de diciembre de 2021, que confirmo parcialmente la de primer grado, pero modific\u00e1ndola respecto de \u00ab(i) l\u00edmite del valor asegurado; (ii) el valor del lucro cesante que corresponde a Mar\u00eda Elena Benjumea Cano; (iii) el valor del perjuicio por da\u00f1o moral; y (iv) la cuantificaci\u00f3n del perjuicio derivado del da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u00bb, prove\u00eddo a cuyo contenido se remiti\u00f3. <\/p>\n
2. Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. se opuso a la protecci\u00f3n e indic\u00f3 que lo pretendido por los accionantes es que al se\u00f1or Wberney Soto Su\u00e1rez se le d\u00e9 la misma calificaci\u00f3n de invalidez que a su esposa Mar\u00eda Elena Benjumea, pese a que \u00abdichas calificaciones en su contenido son sustancialmente diferentes, pues a pesar de haber sido superiores al 50% ambas, el Tribunal dice que con respecto a ella volver al trabajo se hace un imposible seg\u00fan el estudio realizado pero no con respecto a \u00e9l, y ah\u00ed se marca la diferencia\u00bb. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto las quejas de los accionantes fueron abordadas en sentencia de 3 de diciembre de 2021 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, que revoc\u00f3 parcialmente, adicion\u00f3 y modific\u00f3 la decisi\u00f3n de 16 de septiembre de 2020 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, con argumentos que no lucen arbitrarios ni desconectados del precedente aplicable. <\/p>\n
3. Se observa que, en la decisi\u00f3n de segundo grado antes individualizada, \u00fanica sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque cerr\u00f3 la discusi\u00f3n sobre la tem\u00e1tica aqu\u00ed propuesta, la Colegiatura accionada hizo un recuento del fundamento del prove\u00eddo apelado y de las inconformidades que contra el mismo expusieron ambos extremos del litigio, para en seguida descartar los motivos de inconformidad de los demandados, atinentes a la responsabilidad por el hecho da\u00f1oso y el monto de los perjuicios que se declararon probados, detrimentos que, explic\u00f3 el Tribunal, no pod\u00edan tener una tasaci\u00f3n inferior a la obtenida en primera instancia. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, la Colegiatura abord\u00f3 el disenso de los aqu\u00ed accionantes, y los enlist\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
\u00abProtestan los demandantes, adem\u00e1s, por la tasaci\u00f3n de los perjuicios. Tal ataque debe deslindarse, pues toca con varios aspectos, a saber: (i) la base para liquidar el lucro cesante, que debi\u00f3 ser del 100% del salario m\u00ednimo; (ii) el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n de las v\u00edctimas directas est\u00e1 demostrado y ha debido cuantificarse; y (iii) el perjuicio derivado del da\u00f1o moral, por una parte, fue infravalorado, ya que la Corte actualiz\u00f3 su par\u00e1metro en la sentencia del 18 de diciembre de 2018 a $72\u2019000.000,oo, fuera de que el Consejo de Estado ha fijado unos topes que parten de 100 smlmv, que van disminuyendo seg\u00fan el grado de parentesco y de afectaci\u00f3n y son estos \u00faltimos los baremos que deben atenderse, por ser m\u00e1s altos y equitativos, para no violentar el derecho de igualdad entre v\u00edctimas en el campo civil y las que reclaman por la v\u00eda administrativa. Y por la otra, se\u00f1alan que el juzgado desconoci\u00f3 que la litis deb\u00eda resolverse frente a dos procesos diferentes, con pretensiones distintas, aunque provenientes de la misma causa, si bien en el primero se reclamaban las indemnizaciones por los da\u00f1os causados a Wberney Soto Su\u00e1rez, y en el otro, las derivadas de los infligidos a Mar\u00eda Elena Benjumea. Es decir, que el juzgado ha debido resolver sobre las peticiones de los demandantes en cada uno de ellos, de manera independiente\u00bb. <\/p>\n
Frente al primer motivo de descontento, \u00abse apoya la parte demandante reconocen que a una p\u00e9rdida de capacidad superior al 50% corresponde una indemnizaci\u00f3n que comprenda todo el ingreso percibido por la v\u00edctima. As\u00ed se consigna en las sentencias SC2498-2018 y 4966-2019, que acompasan con lo dicho por otras altas Corporaciones, como el Consejo de Estado, incluso en fecha m\u00e1s reciente de las que ellos invocan. <\/p>\n
Sin embargo, a tal reconocimiento se llega con el solo criterio de que, como fue certificado una incapacidad laboral superior al 50%, se debe indemnizar como si fuera del 100%, seg\u00fan dispone el art\u00edculo 38 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el salario total devengado. <\/p>\n
Por supuesto que, respetando el precedente, como corresponde a los jueces, que para este caso ser\u00eda el de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, no el del Consejo de Estado o la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, que sirven apenas como criterio auxiliar, por no ser \u00f3rganos de cierre de la especialidad, esta Sala del Tribunal difiere de la apreciaci\u00f3n de la alta Corporaci\u00f3n en la tasaci\u00f3n de esta especie de da\u00f1o, por las siguientes razones: <\/p>\n
(i) El criterio expuesto, que solo tiene como soporte ese art\u00edculo 38 de la Ley 100 de 1993, no se erige en doctrina probable; por el contrario, ha tenido variaci\u00f3n, si se tiene en cuenta que en la sentencia SC18146-2016, en la que intervinieron, sin salvamentos o aclaraciones, cinco de los magistrados que participaron en las otras, en sede de instancia se liquid\u00f3 el lucro cesante reducido al 50% de p\u00e9rdida de la capacidad laboral que fue acreditada. <\/p>\n
(ii) Acudir a la asignaci\u00f3n del lucro cesante con fundamento exclusivo en el art\u00edculo 38 de la Ley 100 de 1993, rompe la regla de la especialidad, porque no se trata aqu\u00ed de responder a una contingencia laboral, sino a una civil y, como tiene dicho esta Sala el origen de la indemnizaci\u00f3n derivada de una de una responsabilidad civil es diferente al de las prestaciones derivadas de la afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social, por lo que, siguiendo algunas l\u00edneas de la alta Corporaci\u00f3n, puestas en la misma sentencia SC2498-2018, del 3 de julio de tal anualidad, con ponencia de la magistrada Margarita Cabello Blanco, se recuerda que \u201cbien distintas son las acciones para reclamar indemnizaci\u00f3n y prestaciones sociales en asuntos laborales, de las civiles para demandar resarcimiento de perjuicios, por corresponder a fuentes diferentes; en aquella, lo ser\u00e1 el contrato de trabajo y\/o las leyes laborales que regulan el sistema de seguridad social, seg\u00fan el caso, y en esta, el da\u00f1o infringido a la v\u00edctima, que puede o no venir precedida de una relaci\u00f3n jur\u00eddica preexistente\u201d, lo que ya de tiempo atr\u00e1s viene siendo explicado por la Corte, seg\u00fan puede verse, por ejemplo, en la sentencia del 9 de julio de 2012, proferida en el radicado 2002-00101-01, con ponencia del magistrado Arial Salazar Ram\u00edrez.\u201d. <\/p>\n
Si ello es as\u00ed, ser\u00eda contradictorio que se acudiera a las normas que regulan la seguridad social para definir esta cuesti\u00f3n. <\/p>\n
(iii) Y si lo que se quiere con ello es, por analog\u00eda, establecer cu\u00e1ndo a una persona se le considera inv\u00e1lida, ello no responder\u00eda, por s\u00ed mismo, al principio de reparaci\u00f3n integral (art. 283 CGP) que, en materia de responsabilidad civil se impone. Ciertamente, la misma Corte ha insistido, incluso recientemente, en lo que tradicionalmente se ha dicho sobre la reparaci\u00f3n del da\u00f1o, en cuanto a que debe reconocerse en su verdadera dimensi\u00f3n, ni m\u00e1s, ni menos, por supuesto, con soporte en las pruebas que las partes suministren en cada caso. As\u00ed, por ejemplo, en la sentencia SC22036- 2019 se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u201c\u2026Debe tenerse presente que en aplicaci\u00f3n cabal del principio de reparaci\u00f3n integral, es necesario ordenar que al afectado por da\u00f1os en su persona o en sus bienes, se le restituya en su integridad o lo m\u00e1s cerca posible al estado anterior, es decir, que se ponga \u00abal sujeto perjudicado en una situaci\u00f3n lo m\u00e1s parecida posible a aqu\u00e9lla en la que se encontrar\u00eda de no haber ocurrido el da\u00f1o\u00bb, y por eso, acreditada la responsabilidad civil, el juez \u00abtendr\u00e1 que cuantificar el monto de la indemnizaci\u00f3n en concreto, esto es que habr\u00e1 de tomar en consideraci\u00f3n todas las circunstancias espec\u00edficas en que tuvo lugar el da\u00f1o, su intensidad, si se trata de da\u00f1os irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio\u201d (CSJ SC, 18 dic. 2012, Rad. 2004-00172- 01). <\/p>\n
Incluso, la Corte, aunque en sede de tutela, en una ocasi\u00f3n aval\u00f3 la tesis propuesta por el tribunal enjuiciado, en la que, del porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral allegada al proceso dedujo aquellos valores que correspond\u00edan a eventos diferentes a los que, por la responsabilidad civil, se reclamaban, pues concluy\u00f3 la alta Colegiatura que: <\/p>\n
\u201cEn cuanto al porcentaje de p\u00e9rdida de la capacidad laboral establecido por el juzgador que cuestiona la accionante, estima la Sala que ello no refulge como una valoraci\u00f3n indebida, arbitraria o caprichosa con entidad suficiente para que se admita la intervenci\u00f3n excepcional del juez constitucional en el \u00e1mbito de la autonom\u00eda de la valoraci\u00f3n probatoria. La calificaci\u00f3n de invalidez no puede constituir una camisa de fuerza a la que est\u00e9 atado el juez a fin de valorar los da\u00f1os en s\u00ed y, menos, la relaci\u00f3n de causalidad de los mismos con el hecho al que se le atribuye la configuraci\u00f3n de los perjuicios que se reclaman indemnizar\u201d. <\/p>\n
(iv) M\u00e1s a\u00fan, si la cuesti\u00f3n pudiera definirse a la luz del citado art\u00edculo 38, o el 9\u00b0 de la Ley 776 de 2002, el efecto de esa condici\u00f3n de invalidez en la legislaci\u00f3n laboral es claro, al tenor de esta \u00faltima normativa: la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica est\u00e1 representada en un porcentaje del ingreso base de liquidaci\u00f3n, que en ning\u00fan caso alcanza el 100%, seg\u00fan se lee en el art\u00edculo 10 de la ley\u00bb. <\/p>\n
De lo antelado coligi\u00f3, \u00abentonces, que la reparaci\u00f3n del da\u00f1o debe corresponder a su verdadera intensidad, siempre que derive del hecho que se le imputa al agente que lo ha causado y no a contingencias diferentes. Adicionalmente, por m\u00e1s que el porcentaje de la PCL pueda estar por encima del 50%, y aunque esa condici\u00f3n genere la invalidez de una persona, en el marco de la responsabilidad civil, no puede arribarse a la conclusi\u00f3n de que ha perdido toda posibilidad de desarrollar una actividad que pueda ser lucrativa. En efecto, y para poner un solo ejemplo, podr\u00eda tratarse de una persona cuya actividad es m\u00e1s de orden intelectual que f\u00edsico y, sin embargo quedar postrada, seguramente, valida de medios tecnol\u00f3gicos, o con el apoyo de terceros podr\u00eda seguir desarrollando su labor, con algo de dificultad, seguramente, pero con la posibilidad de obtener de ella un ingreso. <\/p>\n
Con base en las anteriores premisas emprendi\u00f3 el an\u00e1lisis del caso de Wberney Soto Su\u00e1rez, comenzando por el dictamen pericial y la sustentaci\u00f3n que del mismo hizo el perito en audiencia, para en seguida hacer lo propio frente a Mar\u00eda Elena Benjumea y observar que, \u00abel porcentaje tenido en cuenta por el Juzgado para liquidar el lucro cesante debido a Mar\u00eda Elena ha debido ser del 100% de su salario, porque, como viene de verse, su expectativa de desenvolvimiento en un trabajo dependiente o independiente es total, dada la afectaci\u00f3n de su esfera mental, producto del accidente de tr\u00e1nsito, si bien ninguna prueba apunta en el sentido de que antes del suceso la padeciera. Mientras que, en o que respecta a Wberney, dado que s\u00ed podr\u00eda haber realizado, y puede realizar otras actividades lucrativas, se mantendr\u00e1 la decisi\u00f3n adoptada\u00bb. <\/p>\n
En seguida calcul\u00f3 el lucro cesante correspondiente a Mar\u00eda Elena Benjumea, explicando el guarismo respectivo, y emprendi\u00f3 el estudio de del perjuicio moral, precisando de entrada que \u00abno cabe duda del dislate del funcionario, por cuanto ninguna consideraci\u00f3n hay en el fallo acerca de que, efectivamente, vienen acumulados dos procesos. Por tanto, era menester deslindar los perjuicios para uno y otro caso, si se tiene en cuenta que en el radicado 2019-00142, Wberney Soto Su\u00e1rez reclama como v\u00edctima directa y Mar\u00eda Elena Benjumea Cano, [sus dos menores hijos], Ana Celina Su\u00e1rez Ovalle y Pedro Soto Baos, lo hacen como v\u00edctimas de rebote. Mientras que en el radicado 2019-00165, acuden Mar\u00eda Elena Benjumea Cano, como v\u00edctima directa y Wberney Soto Su\u00e1rez, [sus dos menores hijos], Deyanira Cano de Benjumea y Heriberto Antonio Benjumea Jim\u00e9nez, en calidad de v\u00edctimas indirectas que dicen haber sido\u00bb, por lo cual \u00abel perjuicio moral ha debido tasarse en cada asunto, pues la aflicci\u00f3n se causa, en el caso de los c\u00f3nyuges y de los hijos frente a cada uno de sus padres, por partida doble\u00bb. <\/p>\n
Hecha esta precisi\u00f3n, el Tribunal anot\u00f3 \u00aben cuanto a su tasaci\u00f3n, se recuerda que el Juzgado fij\u00f3 a favor de las v\u00edctimas directas la suma de $10\u2019000.000,oo, en tanto que a las indirectas las benefici\u00f3 con la suma de $5\u2019000.000,oo a cada una, pero en sus apreciaciones nada se\u00f1al\u00f3 sobre la raz\u00f3n por la que estos montos eran los adecuados al caso debatido; solo mencion\u00f3 que el quebranto de los sentimientos y afectos de la v\u00edctima y sus consangu\u00edneos m\u00e1s cercanos se presume. Adem\u00e1s, que los par\u00e1metros a seguir son los del \u00f3rgano de cierre en la jurisdicci\u00f3n civil y no los que fija el Consejo de Estado. <\/p>\n
Por esta senda, la Corporaci\u00f3n accionada cit\u00f3 jurisprudencia sobre la tasaci\u00f3n de los da\u00f1os inmateriales en comento y se\u00f1al\u00f3 que \u00abes claro que el reconocimiento del da\u00f1o moral infligido a los demandantes, en ambos procesos, derivados de las lesiones causadas a Wberney y Mar\u00eda Elena de manera directa, a ellos mismos como consortes, el uno respecto del otro, a sus hijos y a sus padres, no requer\u00eda una prueba distinta a la de su calidad de tales, como en efecto se aport\u00f3, seg\u00fan qued\u00f3 establecido al analizar la legitimaci\u00f3n. Desvirtuar la presunci\u00f3n de hombre que surge de esa relaci\u00f3n, era carga de la parte demandada que no logr\u00f3, ni siquiera en el caso del padre del primero de ellos, pues es evidente que hac\u00eda vida familiar con otras personas en lugar distante, lo que, por s\u00ed solo, no desmerece la aflicci\u00f3n que ha debido causarle la situaci\u00f3n de su descendiente\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la cr\u00edtica de los aqu\u00ed accionantes cimentada en que tales perjuicios fueron \u00abinfravalorados\u00bb, el Tribunal expuso, para los perjuicios morales padecidos por las v\u00edctimas directas del hecho da\u00f1oso, que \u00abha venido haciendo seguimiento a una serie de eventos en los que la Corte ha asignado ciertos valores en el caso lesiones, y los ha comparado, tambi\u00e9n, con otros casos decididos en esta sede\u00bb, casos que cit\u00f3 en detalle para despu\u00e9s compararlos con el evento verificado en el juicio para los demandantes Wberney Soto y Mar\u00eda Elena Benjumea, para colegir que deb\u00eda aumentar la indemnizaci\u00f3n para \u00e9stos, empero, se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s, con fundamento en el mismo ejercicio comparativo que, \u00aben lo que concierne a padres y a los hijos de la pareja, la suma de $5\u2019000.000,oo resultar\u00eda dentro de los par\u00e1metros arriba se\u00f1alados, si no fuera porque, seg\u00fan se se\u00f1al\u00f3, en el caso de los descendientes, omiti\u00f3 el juzgado valorar que su reclamaci\u00f3n era independiente en cada proceso, una por la aflicci\u00f3n de ver a su padre disminuido, y otra, por el dolor que les reporta la condici\u00f3n en que qued\u00f3 la progenitora. As\u00ed que tal cantidad, debe ser aumentada otro tanto. De manera que a cada uno de ellos, se le reconocer\u00e1 en total la suma de $10\u2019000.000,oo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, tras exponer los motivos para reconocer el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n negado en la primera instancia, y cuantificarlo, la Colegiatura accionada concluy\u00f3 que \u00abse confirmar\u00e1 el fallo de primer grado con las anunciadas modificaciones en cuanto a (i) el l\u00edmite del valor asegurado; (ii) el valor del lucro cesante que corresponde a Mar\u00eda Elena Benjumea Cano; (iii) el valor del perjuicio por el da\u00f1o moral; y (iv) la cuantificaci\u00f3n del perjuicio derivado del da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado expuso de manera fundada los motivos por los cuales, para el caso concreto, se apartaba de los dos pronunciamientos de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, donde para una p\u00e9rdida de capacidad laboral superior al 50%, se consider\u00f3 procedente tasar los perjuicios materiales con base en un 100% del ingreso de la v\u00edctima directa del hecho da\u00f1oso, motivos de alejamiento dentro de los que resalt\u00f3 que dichos pronunciamientos no constitu\u00edan doctrina probable porque han tenido variaciones, y, que se fundan en el an\u00e1lisis de una norma de seguridad social mas no en el criterio de reparaci\u00f3n integral de la especialidad civil, criterio que consider\u00f3 puede llevar a que una persona a\u00fan en el evento de una p\u00e9rdida mayor de capacidad laboral, no quede descartada para el ejercicio de otras actividades generadoras de ingresos. <\/p>\n
En cuanto a los perjuicios morales para los papas e hijos de cada una de las v\u00edctimas directas del accidente, el Tribunal obtuvo su valor con fundamento en un ejercicio comparativo con casos de cierta similitud, encontrando que el monto fijado en primera instancia respond\u00eda a esos par\u00e1metros, por lo cual no lo modific\u00f3, m\u00e1s all\u00e1 de duplicar la indemnizaci\u00f3n para los hijos, porque encontr\u00f3 que el a quo omiti\u00f3 sopesar que los menores sufrieron el aludido perjuicio por cada uno de sus progenitores. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC7847-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7847-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ana Celina Su\u00e1rez Ovalle, Pedro Soto Paos, Dellanira […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64669","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64669","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64669"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64669\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64669"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64669"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64669"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}