STC7852-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7852-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00799-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 5 de mayo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosa Irene Duque Aristizabal contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00ba 2004-00408. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, defensa, debido proceso, seguridad social, m\u00ednimo vital, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y vida en condiciones dignas, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Como fundamento de su queja, relat\u00f3 que promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra el Instituto de Seguros Sociales -ISS-, con el fin de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su c\u00f3nyuge Miguel \u00c1ngel Morales ocurrido el 7 de mayo de 2003, previa deducci\u00f3n del dinero cancelado por concepto de indemnizaci\u00f3n sustitutiva, y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medell\u00edn en sentencia de 4 de julio de 2006, absolvi\u00f3 a la demandada, argumentando que el causante no contaba con el 25% de fidelidad de cotizaci\u00f3n. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que apel\u00f3 la decisi\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn con fallo de 17 de abril de 2008, revoc\u00f3 la de primera instancia, para en su lugar conceder la prestaci\u00f3n dando aplicaci\u00f3n al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Instituto de Seguros Sociales -ISS- interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia de 28 de septiembre de 2010 radicado 36871, cas\u00f3 la providencia del Tribunal y, en sede de instancia, confirm\u00f3 la del Juzgador a quo. <\/p>\n
Adujo que la Corporaci\u00f3n accionada desconoci\u00f3 el precedente de la Corte Constitucional, en especial la sentencia C-556 de 2009 \u00abque ya hab\u00eda retirado la exigencia de fidelidad del ordenamiento jur\u00eddico desde el 20 de agosto de 2009, d\u00e1ndole nuevamente vida y \u00e9sta produciendo de ese modo efectos jur\u00eddicos adversos m\u00e1s all\u00e1 de doce (12) meses m\u00e1s, e incluso de forma definitiva para el reconocimiento de [su] pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, y en el mismo sentido se refiri\u00f3 a la T-580-2007, T078-2008 y T-1036-2008. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que igualmente no aplic\u00f3 el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa como lo hab\u00eda hecho el ad quem para conceder la pensi\u00f3n en los t\u00e9rminos del literal a) del art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, con las 26 semanas en cualquier \u00e9poca, dado que su esposo era cotizante activo. <\/p>\n
Sostuvo que con la decisi\u00f3n cuestionada se incurri\u00f3 en defecto sustantivo, pues cuando una norma desde su creaci\u00f3n se enfrenta a las disposiciones constitucionales debe ser inaplicada por el juzgador que se encuentra autorizado por el ordenamiento jur\u00eddico para ello y, como bien se sabe la exigencia de fidelidad al Sistema re\u00f1\u00eda desde su origen con principios como el de no regresividad, exigencia que terminaba desconociendo el fin de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia de 20 de junio de 2012, vari\u00f3 su criterio y abandon\u00f3 la exigencia \u00abde la modulaci\u00f3n de los efectos de la sentencia de inexequibilidad C-556 de 2009\u00bb, para dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003 basada solamente en el requisito de las 50 semanas en los tres a\u00f1os anteriores al fallecimiento del afiliado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 tutelar sus derechos fundamentales, para que \u00ab(\u2026) pueda recibir la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada por el fallecimiento de [su] c\u00f3nyuge sin que sea factible exigir el requisito de fidelidad frente al sistema por estar expulsado del ordenamiento jur\u00eddico, y [su] c\u00f3nyuge haber dejado cotizadas m\u00e1s de 50 semanas en los tres a\u00f1os anteriores a su fallecimiento\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Presidente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral manifest\u00f3 que el amparo incumple el presupuesto de inmediatez, no obstante, se\u00f1al\u00f3 que, en caso de ser superado ese requisito por tratarse de una prestaci\u00f3n peri\u00f3dica, se debe tener en cuenta que la decisi\u00f3n adoptada por esa Sala se ajust\u00f3 a los postulados de razonabilidad, valoraci\u00f3n probatoria, normatividad y a los precedentes judiciales vigentes para la \u00e9poca. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, al decidir sobre el requisito de fidelidad de cotizaci\u00f3n del causante, esa Sala concluy\u00f3 que al haber fallecido el 7 de marzo de 2003, la normativa aplicable a efectos de dirimir el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes era el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, de ah\u00ed que no result\u00f3 afectada por la inexequibilidad del literal a) declarada mediante sentencia C-556 de 2009, por tanto, era claro que dicho requisito se aplicaba de acuerdo con la regulaci\u00f3n vigente al momento del fallecimiento del afiliado y no a la fecha en la que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n en sede de casaci\u00f3n, como erradamente lo plantea la quejosa, razones suficientes para concluir que los reparos formulados en el presente tr\u00e1mite resultan improcedentes. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (PARISS), pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, argumentando que carece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida. <\/p>\n
3. Colpensiones solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, por cuanto no se materializ\u00f3 ning\u00fan defecto o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, adem\u00e1s porque sobre el asunto debatido existe cosa juzgada y este mecanismo no puede constituirse en una tercera instancia. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de amparo, tras encontrar razonables los argumentos de la decisi\u00f3n cuestionada y acordes con la jurisprudencia vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, y expuso, <\/p>\n
\u00abSe advierte que los referentes jurisprudenciales en que se bas\u00f3 la Corte en su \u00e9poca (2010), eran los vigentes hasta ese momento, y que, en SL4761-2020, se hace un recuento de las dos tem\u00e1ticas aqu\u00ed planteadas en donde se verifica que en lo relativo a la aplicaci\u00f3n del requisito de fidelidad al sistema a pesar de su inconstitucionalidad, la posici\u00f3n se vari\u00f3 en el a\u00f1o 2012 (en sentencia de 20 de junio de 2012 rad. N\u00b0 42540), para dar paso a su inaplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente en lo relativo a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, se reconoce que a partir de la sentencia SL4650-2017, la Sala hizo un nuevo an\u00e1lisis para la procedencia de este principio, trazando una nueva orientaci\u00f3n a fin de extender los efectos de temporalidad para su aplicaci\u00f3n en el tr\u00e1nsito legislativo entre las Leyes 100\/93 y 797\/03, advirtiendo que si bien la regla general es que la norma que gobierna este tipo de asuntos es la vigente al momento para la fecha del deceso del causante, por excepci\u00f3n se aplica dicho principio, siempre y cuando el afiliado cumpla las condiciones que all\u00ed se se\u00f1alan\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, manifestando que en este caso no se trata de cu\u00e1l norma aplicar al asunto en cuesti\u00f3n, ni que se est\u00e9 pretendiendo la apertura de un debate jur\u00eddico, sino evidenciar que en la sentencia cuestionada se exigi\u00f3 la fidelidad del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, en una decisi\u00f3n adoptada por la Corte el 28 de septiembre de 2010, cuando ya desde el 20 de agosto de 2009 la Corte Constitucional en sentencia C-556 de 2009 la \u00abexpuls\u00f3 del ordenamiento jur\u00eddico, por ser una norma contraria al principio de progresividad y a la prohibici\u00f3n de regresividad de los derechos sociales\u00bb. <\/p>\n
Adujo que la Sala accionada, al no hacer uso de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad dio pie a la existencia del defecto sustantivo, puesto que se emple\u00f3 en la resoluci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes una interpretaci\u00f3n normativa sin tener en cuenta que \u00e9sta resultaba contraria a los derechos y principios de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que consecuentemente se le est\u00e1n vulnerando sus derechos fundamentales, toda vez que se le ha dado efectos proyectados a futuro a una exigencia que desde siempre estuvo en contra de la constituci\u00f3n, y destac\u00f3 adem\u00e1s, que los fallos C428 de 2009 y C556 de 2009 generaron cosa juzgada material, con efectos erga omnes y de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la cual, se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos, entre otros, que se observe el elemento de la inmediatez, connatural a su ejercicio y, por supuesto, que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial existentes, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (STC11845-2021, STC1526-2022 y STC6747-2022). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Rosa Irene Duque Aristizabal cuestiona la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2010 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a trav\u00e9s de la cual cas\u00f3 el fallo proferido por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, en el proceso ordinario que inici\u00f3 con el fin de obtener la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Al respecto, se advierte que si bien el amparo fue formulado el 20 de abril de 2022, es decir transcurridos alrededor de once (11) a\u00f1os despu\u00e9s de notificada la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, lo cierto es que el presupuesto temporal que ha establecido la jurisprudencia para la procedencia del amparo se tiene por superado, teniendo en cuenta que la controversia recae sobre derechos pensionales que revelan el car\u00e1cter de irrenunciables e imprescriptibles, cuya presunta afectaci\u00f3n se considerar\u00e1 actual (CSJ STC6492-2021). <\/p>\n
3. Precisado lo anterior, se observa que la solicitud de protecci\u00f3n constitucional no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito, como quiera que estudiada la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, infundada o contraria a los preceptos que rigen la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en la medida que en la referida decisi\u00f3n, dada la similitud de la normativa acusada y por contener la misma sustentaci\u00f3n, procedi\u00f3 a estudiar conjuntamente los tres cargos formulados por el Instituto de Seguros Sociales. <\/p>\n
En ese orden, expuso que el Tribunal Superior de Medell\u00edn, hab\u00eda concedido a la c\u00f3nyuge y a sus hijos el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes dando aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 en su redacci\u00f3n original bajo el amparo del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, al observar que no se cumpli\u00f3 el presupuesto de fidelidad al sistema, previsto en el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, aspecto que cuestionaba el ISS. <\/p>\n
No obstante, indic\u00f3 que el Tribunal hab\u00eda errado al aplicar indebidamente el canon mencionado de la Ley 100 de 1993 \u00aben su redacci\u00f3n original\u00bb, pues para la Sala, en este caso, como quiera que el causante falleci\u00f3 el 7 de marzo de 2003, el derecho de los beneficiarios a la prestaci\u00f3n de supervivencia estaba gobernado por los art\u00edculos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los art\u00edculos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 y explic\u00f3, <\/p>\n
\u00abSe\u00f1ala el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, que tendr\u00e1n derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando \u00e9ste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres \u00faltimos a\u00f1os inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones: <\/p>\n
\u201ca) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 a\u00f1os de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumpli\u00f3 veinte a\u00f1os de edad y la fecha del fallecimiento\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que ese precepto era aplicable al caso estudiado, puesto que no result\u00f3 afectado por la inexequibilidad del literal a), declarada mediante la sentencia C-556 de 2009, toda vez que en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 45 de la Ley 270 de 1996, sus efectos se proyectan a futuro, sin ninguna repercusi\u00f3n sobre situaciones consolidadas, es decir sin efectos retroactivos. <\/p>\n
En ese sentido, puntualiz\u00f3 que no resultaba procedente la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, puesto que, de conformidad con el criterio establecido en fallo de 3 de diciembre de 2007 radicaci\u00f3n 28876, cuando la muerte del afiliado ocurr\u00eda en vigencia del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, era esa la normativa aplicable para efectos de dirimir el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, postura que fue reiterada entre otras, en las sentencia de 20 de febrero de 2008 radicado n\u00ba 32649 y de 22 de julio de 2008 radicado 35120. <\/p>\n
Seguidamente, explic\u00f3 que \u00abal no aplicarse por v\u00eda de excepci\u00f3n, el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, impera el general, seg\u00fan el cual el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes lo gobiernan las normas vigentes al momento de la muerte del afiliado a la seguridad social. En ese orden, la Ley 797 de 2003 al entrar en vigor desde su publicaci\u00f3n, que lo fue el 29 de enero de ese a\u00f1o, es inmediatamente aplicable, como lo precis\u00f3 esta Sala en la sentencia 32649\u00bb. <\/p>\n
Bajo esas premisas, concluy\u00f3 que los cargos estaban llamados a prosperar, cas\u00f3 el fallo del Tribunal, y, en sede de instancia, resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, al no evidenciarse desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por la peticionaria y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la Sala de Casaci\u00f3n accionada fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, encontrando que la normativa que reg\u00eda el asunto era el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003 en su texto original, en tanto que el afiliado hab\u00eda fallecido el 7 de marzo de 2003, precepto que no result\u00f3 afectado por la inexequibilidad del literal a) declarada en la sentencia C-556 de 2009, ya que sus efectos se proyectaban a futuro, sin repercusi\u00f3n sobre situaciones consolidadas. <\/p>\n
Es decir que tal y como lo expuso esa Corporaci\u00f3n en el informe rendido en este tr\u00e1mite, ese requisito se aplicaba de acuerdo con la norma vigente al momento del fallecimiento del causante y no a la fecha en la que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n en sede de casaci\u00f3n. <\/p>\n
5. T\u00e9ngase presente, que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo (STC 1308-2021, reiterada en STC2310-2022). <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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