STC7856-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7856-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2022-00159-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 26 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por M\u00f3nica Luc\u00eda Arango Hern\u00e1ndez (en inter\u00e9s de su hermano Diego Alejandro Arango Hern\u00e1ndez) contra el Juzgado Segundo de Familia de Bello; tr\u00e1mite al cual se vincularon los intervinientes en el tr\u00e1mite de adjudicaci\u00f3n de apoyos n\u00b0 2019-00648. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la memorialista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos de su hermano al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad humana y m\u00ednimo vital\u00bb, los cuales estima trasgredidos por el auto de 7 de abril de 2022, mediante el cual el fallador convocado rechaz\u00f3 la demanda de adjudicaci\u00f3n de apoyos que formul\u00f3 en favor de su hermano (quien sufre una discapacidad mental severa a causa de un intento de suicidio); decisi\u00f3n que se finc\u00f3 en una indebida subsanaci\u00f3n del libelo incoativo, pese a que los defectos indicados en el auto inadmisorio fueron debidamente corregidos. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, relat\u00f3 que requiere, con premura, que se le reconozca como figura de apoyo de su hermano, para poder reclamar en su favor el cumplimiento de un contrato de seguro en el que funge como beneficiario, el cual tiene dentro de sus coberturas la incapacidad total y permanente y cuya acci\u00f3n de cobr\u00f3 est\u00e1 pr\u00f3xima a prescribir. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto dicho prove\u00eddo y que, en su lugar, se ordene admitir la demanda y otorgarle la guarda de su familiar, como medida cautelar. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
1. El juzgado accionado hizo un recuento de lo acontecido en el juicio que incumbe a esta tramitaci\u00f3n y defendi\u00f3 la legalidad de las decisiones all\u00ed proferidas. <\/p>\n
2. Liberty Seguros S.A. enfatiz\u00f3 que la trasgresi\u00f3n de derechos fundamentales denunciada en la demanda de tutela no le es atribuible; que los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n del contrato de seguro que ac\u00e1 interesa se encuentran suspendidos; y que para que sea viable reconocer la pretendida indemnizaci\u00f3n deben satisfacerse las exigencias del art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo por no encontrar verificado el presupuesto de subsidiariedad, en raz\u00f3n a que el auto de rechazo de la demanda no fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora, arguyendo que la no interposici\u00f3n del recurso de alzada contra el auto fustigado, obedeci\u00f3 a que el fallador convocado, al resolver inicialmente sobre la admisi\u00f3n de la demanda, manifest\u00f3 en forma expresa que el proceso seguir\u00eda el tr\u00e1mite del verbal sumario, el cual no tiene contemplada esa modalidad de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el juzgado accionado vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas en el libelo incoativo, al rechazar la demanda de adjudicaci\u00f3n de apoyos que incumbe a esta tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
En el caso que se revisa, tal como lo coligi\u00f3 el fallador de primera instancia, se configura dicha modalidad, dado que la accionante no recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n el auto de rechazo que aqu\u00ed se censura, pese a que ese mecanismo de impugnaci\u00f3n, adem\u00e1s de ser procedente frente a tal prove\u00eddo (art\u00edculo 321 C\u00f3digo General del Proceso), habr\u00eda sido apto para plantear las inconformidades que aqu\u00ed se esgrimieron como fundamento de esta subsidiaria tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
Es importante resaltar que, contrario a lo que sostuvo la impugnante, el fallador accionado no emiti\u00f3 pronunciamiento alguno sobre la procedencia del aludido remedio vertical, sino que \u00fanicamente inst\u00f3 a dicha litigante a que adecuara la demanda al rito procesal que all\u00ed resultaba aplicable (verbal sumario), debi\u00e9ndose agregar que esta Corporaci\u00f3n ya precis\u00f3 que, al margen de esa cuerda procesal, el proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos corresponde conocerlas a los jueces de familia, en primera instancia y que, por lo mismo, las decisiones que all\u00ed se adopten son susceptibles de ser apeladas. Sobre el particular se advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00abel impedimento de procedibilidad en comento tiene lugar porque al dirigirse el ataque constitucional contra la providencia del 3 de marzo de 2021, ratificada por el mismo accionado el 24 del mismo mes y a\u00f1o, observa la Sala que esa decisi\u00f3n era susceptible de recurso de apelaci\u00f3n porque comprend\u00eda el rechazo in l\u00edmine de la demanda de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio consagrada en el art\u00edculo 54 de la Ley 1996 de 1996. <\/p>\n
En esas condiciones, adem\u00e1s del recurso de reposici\u00f3n, presentado bajo la figura jur\u00eddica de \u00absolicitud de ilegalidad\u00bb, el prove\u00eddo pudo ser objeto del de apelaci\u00f3n, atendiendo que ese auto se encuentra enlistado en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, y fue proferido en un asunto que conforme al ordenamiento citado y al especial, se tramita en primera instancia, como lo ha se\u00f1alado claramente la jurisprudencia de esta Sala especializada, al precisar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En cuanto hace a los aspectos procesales, la adecuaci\u00f3n de los procesos de interdicci\u00f3n en curso a la ley 1996 de 2019, deber\u00e1 tener en cuenta que la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos, \u00abse adelantar\u00e1 por medio del procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria, cuando sea promovido por la persona titular del acto jur\u00eddico\u00bb; mientras que \u00abse tramitar\u00e1 por medio de un proceso verbal sumario cuando sea promovido por persona distinta al titular del acto jur\u00eddico\u00bb -negrillas ajenas al texto- (art\u00edculo 32). <\/p>\n
De igual manera, la prenotada normatividad, en su art\u00edculo 35, que modific\u00f3 el canon 22 (numeral 7) del C\u00f3digo General del Proceso, establece que \u00ab[l]os jueces de familia conocen, en primera instancia\u2026: (\u2026) 7. De la adjudicaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y terminaci\u00f3n de apoyos adjudicados judicialmente\u00bb (resaltado ajeno al texto), lo cual quiere decir que el legislador no s\u00f3lo consagr\u00f3 una competencia privativa de los juzgadores de familia, sino que habilit\u00f3 la doble instancia para esos dos tipos de juicios. <\/p>\n
La anotada circunstancia, a su vez, conlleva a predicar que a la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos promovida por persona distinta al titular del acto jur\u00eddico, no le es aplicable la restricci\u00f3n del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ablos procesos verbales sumarios ser\u00e1n de \u00fanica instancia\u00bb; en virtud del criterio de especialidad que rige en materia de hermen\u00e9utica jur\u00eddica, que contempla que la norma especial prima sobre la general (lex specialis derogat generali)\u00bb (CSJ STC16821-2019, 12 dic. 2019, rad. 00186-01, citada y reiterada en STC7647-2021, 24 jun. 2021, rad. 01876-00). <\/p>\n
As\u00ed, contrario a lo afirmado por el tribunal a-quo, esta Corporaci\u00f3n ha establecido que los asuntos regulados por la Ley 1996 de 2019, a pesar de su connotaci\u00f3n de verbales sumarios, no se tramitan en \u00fanica instancia sino en primera por los jueces de familia, habida cuenta que el precepto 35 de la referida norma modific\u00f3 el numeral 7\u00ba del canon 22 del estatuto adjetivo\u00bb (CSJ STC10239-2021, 12 ago.). <\/p>\n
Bajo la anterior premisa, por cuanto la regla general es que el auto que rechaza la demanda es apelable, al no haberse hecho uso del recurso por parte de la interesada, es decir, al no haber agotado los instrumentos de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance, con tal comportamiento incurioso, desaprovech\u00f3 la oportunidad para acudir luego a la tutela, pues dicha acci\u00f3n no es una herramienta sustitutiva o paralela de los dem\u00e1s medios que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
En estas circunstancias, cuando sin mediar justificaci\u00f3n que amerite flexibilizar el requisito de la subsidiariedad, la actora invoca la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reclamo o lo hace de manera defectuosa o incompleta, la Corte ha dicho y reiterado que este instrumento jur\u00eddico no tiene cabida, pues en raz\u00f3n a su propia incuria, queda sujeto a las consecuencias de la determinaci\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
Lo anterior, porque en raz\u00f3n a su naturaleza subsidiaria y residual, al auxilio solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los dem\u00e1s medios que se hallan a disposici\u00f3n del interesado, ya que de otra manera se convertir\u00eda en uno adicional para revivir las oportunidades clausuradas o para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como la que aqu\u00ed se discute. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio, porque, seg\u00fan la decantada jurisprudencia, estar\u00eda encaminado a evitar un perjuicio irremediable que ac\u00e1 no se configura, pues este tiene lugar, seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, cuando: <\/p>\n
\u00aben el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, precisando que lo ser\u00e1 porque la querellante no hizo uso del recurso de apelaci\u00f3n previsto como mecanismo procedente e id\u00f3neo para refutar la actuaci\u00f3n judicial criticada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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