STC7863-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7863-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-00247-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de junio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Hern\u00e1n Dar\u00edo \u00c1lzate G\u00f3mez, en nombre propio y en representaci\u00f3n de Anderson Arley \u00c1lvarez Mon\u00e1, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Anderson Arley \u00c1lvarez Mon\u00e1, a su apoderado y a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso objeto de reproche. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales y las de quien dijo representar a la primac\u00eda constitucional, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad ante la ley, as\u00ed como al buen nombre del defensor. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que, en el referido proceso penal, seguido contra Anderson Arley \u00c1lvarez Mon\u00e1, por la presunta participaci\u00f3n en los delitos de tentativa de homicidio, lesiones personales dolosas y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, en el que el ac\u00e1 accionante intervino como su defensor de confianza, el 4 de octubre de 2021 se adelant\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n ante Juzgado Sexto Penal del Circuito de Medell\u00edn con Funci\u00f3n de Conocimiento. <\/p>\n
En esa audiencia tambi\u00e9n se dispuso dar inicio al tr\u00e1mite de imposici\u00f3n de medida correccional en contra del defensor -ac\u00e1 accionante-, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 143 del C. de P.P. <\/p>\n
El 26 de octubre de ese mismo a\u00f1o, el Juzgado formul\u00f3 cargos contra el abogado tutelante, por haber obrado con temeridad o mala fe, de lo cual se le corri\u00f3 traslado por 5 d\u00edas, a fin de que se pronunciara, pero guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
El 5 de noviembre de 2021 se adelant\u00f3 la audiencia preparatoria, en la que el defensor solicit\u00f3 unas nulidades y la exclusi\u00f3n de las pruebas descubiertas y solicitadas por la Fiscal\u00eda, frente a lo cual el Juzgado, al considerar inoportuna su actuaci\u00f3n y su falta de conocimiento del sistema penal acusatorio, decret\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n a partir de la audiencia preparatoria, a fin de garantizar el derecho de defensa t\u00e9cnica del acusado, de modo que procedi\u00f3 a designar un defensor p\u00fablico y a remitir copias a la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial de Antioquia, para que se investigara una supuesta falta disciplinaria del abogado. <\/p>\n
El 17 de noviembre de 2021 esa providencia fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal de Medell\u00edn, excepto en lo que ata\u00f1e con la orden de compulsar copias, la cual fue revocada, dado que \u00abla separaci\u00f3n del cargo como defensor contractual, es suficiente, sobre todo cuando se adelanta en su disfavor un proceso correccional\u2026\u00bb. <\/p>\n
El 6 de diciembre siguiente, el ac\u00e1 accionante fue sancionado con multa de 2 s.m.l.m.v., \u00abpor su incumplimiento en el deber establecido en el art\u00edculo 140 numeral 2 de la ley 906 2004 en concordancia con lo establecido en el art\u00edculo 141 numeral 1 de ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
El 4 de febrero de 2022 se practic\u00f3 la audiencia preparatoria, con la asistencia de un defensor p\u00fablico. El 24 de febrero siguiente, el acusado confiri\u00f3 poder a un abogado de confianza. <\/p>\n
3. El actor se\u00f1al\u00f3 que se vulneraron sus derechos, por retirarle el poder y ordenar que fuera investigado disciplinariamente. Dijo que, al resolver la nulidad, no se tuvo en cuenta que la Fiscal\u00eda incurri\u00f3 en fraude procesal, por inventarse o crear una prueba y porque no se aplicaron las reglas de exclusi\u00f3n de pruebas y cadena de custodia. Asegur\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada incurri\u00f3 en defecto procedimental, por haber omitido la argumentaci\u00f3n oral del recurso de apelaci\u00f3n, y en defecto sustantivo, \u00abal quitarme el poder (\u2026) mediante la apreciaci\u00f3n subjetiva de que le estaba violando la defensa t\u00e9cnica\u00bb y ordenar, sin an\u00e1lisis ni fundamento alguno, adelantar un tr\u00e1mite correccional, que culmin\u00f3 con sanci\u00f3n. <\/p>\n
4. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que \u00abse anule la decisi\u00f3n cuestionada del Tribunal\u00bb y se declare la nulidad del proceso, a partir de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, se resuelvan las observaciones formuladas contra el escrito de acusaci\u00f3n, la exclusi\u00f3n de la prueba y la nulidad generada por lo anterior. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medell\u00edn advirti\u00f3 que las decisiones cuestionadas fueron proferidas para garantizar los derechos de las partes, particularmente los del se\u00f1or Anderson Arley \u00c1lvarez Mon\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda Doce Seccional de Medell\u00edn y la Sala Penal del Tribunal Superior de esa misma ciudad defendieron la legalidad de las decisiones proferidas en el proceso de marras. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo declar\u00f3 improcedente el amparo, pues, frente a la sanci\u00f3n controvertida, no se cumpl\u00eda con el presupuesto de subsidiariedad, dado que el actor no interpuso recurso de reconsideraci\u00f3n. En cuanto a la declaratoria de nulidad de la audiencia preparatoria, advirti\u00f3 que aqu\u00e9l no estaba legitimado para interponer la acci\u00f3n en representaci\u00f3n de Anderson Arley \u00c1lvarez Mon\u00e1, en tanto no demostr\u00f3 la calidad de apoderado ni la de agente oficioso, pese a que fue requerido con ese fin. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el promotor, quien reiter\u00f3 que, al decidirse el recurso contra la nulidad decretada, se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho y se evidenci\u00f3 desconocimiento en torno a las nulidades y la exclusi\u00f3n de medios probatorios. Afirm\u00f3 que, con el retiro del poder, se le caus\u00f3 un perjuicio y agreg\u00f3 que el a quo constitucional \u00abNO TOMO LAS PRECAUCIONES NI SIGUI\u00d3 LOS LINEAMIENTOS PARA DICTAR LA SENTENCIA\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con el tr\u00e1mite correccional, en el que fue sancionado, y con lo decidido en la diligencia del 5 de noviembre de 2021, en la que se declar\u00f3 la nulidad de la audiencia preparatoria y se dispuso apartarlo de la defensa del procesado. <\/p>\n
2. En cuanto al tr\u00e1mite correccional, el material probatorio muestra que la decisi\u00f3n del 6 de diciembre de 2021, mediante la cual el actor fue sancionado, fue notificada ese mismo d\u00eda a trav\u00e9s de su correo electr\u00f3nico; asimismo, se le inform\u00f3 \u00abque frente a dicha decisi\u00f3n solo proced\u00eda el recurso de reconsideraci\u00f3n, el cual podr\u00eda interponer y sustentar (\u2026) en los cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a su notificaci\u00f3n\u00bb; sin embargo, guard\u00f3 silencio, \u00abraz\u00f3n por la cual, mediante Auto del 11\/01\/2022, este Despacho declar\u00f3 legalmente ejecutoriada la decisi\u00f3n de sanci\u00f3n de fecha 6\/12\/2021 y dispuso comunicar lo pertinente al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para efectos del recaudo de la multa impuesta\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, se advierte que el promotor cont\u00f3 con la oportunidad de exponer a la autoridad judicial accionada las razones de su inconformidad, haciendo uso del recurso de reconsideraci\u00f3n contemplado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 143 de la Ley 906 de 2004 y no lo hizo, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias y, por tanto, impone el agotamiento previo de los instrumentos procedentes1. <\/p>\n
3. De otro lado, en cuanto a los reparos dirigidos contra lo decidido en la diligencia del 5 de noviembre de 2021, esto es, la declaratoria de nulidad de la audiencia preparatoria, para garantizar el derecho de defensa del acusado y la consecuente separaci\u00f3n de su defensor del proceso penal, diligencia en la que, adem\u00e1s, el actor alega que se dej\u00f3 de declarar otra nulidad, por las razones que \u00e9l expuso sobre las pruebas descubiertas por la Fiscal\u00eda, se evidencia la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el promotor no es el titular de los derechos fundamentales, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela -pese a que fue requerido en tal sentido-2 y no acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso. <\/p>\n
3.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
\u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
\u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
Asimismo, debe resaltarse que, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. A su turno, cuando se act\u00fae como agente oficioso se debe demostrar la imposibilidad f\u00edsica o ps\u00edquica del titular para intervenir en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
3.2. En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97) (Se subraya). <\/p>\n
3.3. En el presente asunto, el gestor no alleg\u00f3 el poder especial que lo faculte para representar los intereses de quien presuntamente vio vulnerados sus derechos fundamentales y, por lo mismo, resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado, a lo cual se suma que tampoco acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso del afectado, quien, adem\u00e1s, seg\u00fan respuesta del Juzgado accionado, fue asistido en el proceso penal por un defensor de oficio y luego por un abogado de confianza. <\/p>\n
4. De otro lado, se destaca que la decisi\u00f3n de compulsar copias, a fin de que se investigue al accionante, fue revocada por el ad quem3, de manera que carece de fundamento lo alegado al respecto, a lo cual se suma que no se acredit\u00f3 que el actor hubiera sufrido un perjuicio irremediable como consecuencia de la decisi\u00f3n que lo apart\u00f3 de la defensa del procesado, dado que lo resuelto no comporta un antecedente disciplinario, ni afecta su derecho a desempe\u00f1arse como abogado titulado. <\/p>\n
5. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche ser\u00e1 confirmado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre la importancia de dicha figura, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: \u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC3846-2022). <\/p>\n
2\u0002 En respuesta al requerimiento manifest\u00f3 que el poder especial le hab\u00eda sido conferido en audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, para que lo representara en el proceso penal, el cual se hac\u00eda extensivo a esta tutela, ante la imposibilidad de recaudar un nuevo mandato. <\/p>\n
3\u0002 No obstante, frente a la compulsa de copias, la Sala ha considerado que no constituye una vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, toda vez que no implica sanci\u00f3n alguna y, de ser el caso, el derecho de defensa puede ser ejercicio en el respetivo juicio (STC7633-2022, exp. 2022-01824-00). <\/p>\n
<\/p>\n
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