STC7868-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7868-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 15001-22-13-000-2022-00058-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 17 de marzo de 2022 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Alfagro Fertilizantes S.A.S. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso objeto de censura1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, mediante apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que el se\u00f1or \u00c1lvaro Alexis Naranjo Castillo promovi\u00f3 un proceso de reorganizaci\u00f3n de pasivos, que se adelanta ante el Juzgado accionado, en el cual, en audiencia del 7 de abril de 2021, se declararon no prosperas las objeciones presentadas y se orden\u00f3 al promotor \u00abrecalcular los porcentajes de votaci\u00f3n conforme a la conciliaci\u00f3n y presentar un nuevo acuerdo de reorganizaci\u00f3n, para lo cual se fij\u00f3 como plazo m\u00e1ximo el d\u00eda 13 de julio de 2021\u00bb. <\/p>\n
El 13 de julio de 2021 se celebr\u00f3 la audiencia contemplada en el art\u00edculo 35 de la Ley 1116 de 20062, en la que el proceso fue declarado en estado de liquidaci\u00f3n y se dispuso que el promotor, Orlando Morales, \u00abse convertir\u00e1 en liquidador\u00bb; adem\u00e1s, se fij\u00f3 \u00abel t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos (02) meses a partir del d\u00eda de hoy trece (13) de julio de 2021 para que el liquidador presente el inventario y realice las adjudicaciones correspondientes\u00bb, decisiones confirmadas en reposici\u00f3n. <\/p>\n
El 29 de septiembre de 20213, el apoderado de \u00c1lvaro Alexis Naranjo Castillo radic\u00f3 memorial en el que solicit\u00f3 que se realizara un control de legalidad, dado que el se\u00f1or Orlando Morales no hac\u00eda parte de la lista de auxiliares de la justicia, por lo que pidi\u00f3 dejar sin efectos sus actuaciones y que se asignaran sus funciones al se\u00f1or Naranjo Castillo. <\/p>\n
El 5 de octubre de 2021, el promotor inst\u00f3 que se realizara un control de legalidad del proceso de liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n, en virtud a que \u00abel termino (\u2026) era el vencimiento para que el promotor presentara los votos actualizados del acuerdo como lo indico el acta del 7 de abril del 2021 de aclaraci\u00f3n de objeciones\u00bb, informaci\u00f3n que fue presentada en tiempo, por lo que \u00ablo correcto era la revisi\u00f3n por parte del juzgado y tomarse 5 d\u00edas para emitir su concepto de confirmaci\u00f3n y NO para la liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n\u00bb. Aunado a ello, argument\u00f3 que el Juez desconoci\u00f3 que el Decreto 560 de 2020 suspendi\u00f3\u0301 la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 37 y 38 de la Ley 1116 de 20064. <\/p>\n
Por auto del 11 de noviembre de 20215 se dej\u00f3 sin efectos todo lo actuado desde el 13 de julio anterior, se nombr\u00f3 al deudor como promotor y se dispuso que, \u00abUna vez ejecutoriado el presente auto[,] ingr\u00e9sese las diligencias para fijar fecha de la Audiencia del Art 35 de la ley 1116\u00bb, decisi\u00f3n que fue confirmada el 3 de febrero de 2022, ordenando \u00abMANTENER inc\u00f3lume\u00bb el prove\u00eddo primigenio6. <\/p>\n
La actora censur\u00f3 que el auto del 3 de febrero de 2022 contiene un defecto sustantivo, por aplicaci\u00f3n de los Decretos 560, 772 y 1332 de 2020, creados en la pandemia para proteger las empresas afectadas y, por tanto, no aplicables a un proceso iniciado seis a\u00f1os atr\u00e1s. Tambi\u00e9n asever\u00f3 que se incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto, por: i) apartarse del tr\u00e1mite definido en la Ley 1116 de 2006; ii) dejar sin efectos lo decidido el 7 de abril de 2021, pese a que el t\u00e9rmino all\u00ed otorgado no fue objeto de recursos ni se consider\u00f3 ilegal en su momento; iii) el auto del 11 de noviembre de 2021 no se fundament\u00f3 en alguna causal de nulidad; iv) realizar el nombramiento de promotor cuando ya exist\u00eda uno que hac\u00eda parte de la lista de auxiliares y v) no existi\u00f3 una solicitud del deudor, por lo que el Juez \u00abresolvi\u00f3 la situaci\u00f3n ultra petita\u00bb. Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que fue una decisi\u00f3n \u00absin motivaci\u00f3n\u00bb, pues en el auto del 11 de noviembre de 2021 \u00abNO se refiri\u00f3 a la aplicaci\u00f3n de los Decretos 560, 772 y 1332 de 2020\u00bb, argumento que se agreg\u00f3 el 3 de febrero de 2022, lo que vulnera el \u00abprincipio de la NO REFORMATIO IN PEJUS y congruencia. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3 que \u00abse ordene dejar sin efectos\u00bb las decisiones del 11 de noviembre de 2021 y 3 de febrero de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja sostuvo que no pod\u00eda declararse la liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n, porque los art\u00edculos 37 y 38 de la Ley 1116 de 2006 fueron suspendidos con ocasi\u00f3n del Decreto 560 de 2020 y que la asignaci\u00f3n del promotor tiene sustento \u00aben la aplicaci\u00f3n de ley especial como el Decreto 65 de 2020 que modific\u00f3 el Decreto Reglamentario 1074 de 2015\u00bb. <\/p>\n
2. El Banco Davivienda afirm\u00f3 que \u00abcon el actuar del deudor, su apoderado y reafirmadas por el promotor han cercenado por m\u00e1s de 9 a\u00f1os el derecho de los acreedores de recuperar y lograr una efectiva administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
3. La DIAN manifest\u00f3 que, \u00abteniendo en cuenta las facultades del juez que es el director del proceso\u00bb, no hay lugar a tutelar los derechos presuntamente vulnerados, por lo cual se debe continuar con el proceso. <\/p>\n
4. Quien dijo actuar en nombre de Financiera Reintegra S.A.S. solicit\u00f3 negar las pretensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al considerar razonable la decisi\u00f3n cuestionada, pues con esta el accionado \u00abpretendi\u00f3 corregir un defecto\u00bb en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, dado que hab\u00eda otorgado un t\u00e9rmino inferior para celebrar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n y, por tanto, \u00abno pod\u00eda tenerse como no presentado\u00bb, aclarando que, de todas formas, todav\u00eda se podr\u00eda ordenar el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n. Encontr\u00f3 razonable la designaci\u00f3n del deudor como promotor, dada la salida de la lista de auxiliares de la justicia de Orlando Morales. <\/p>\n
En cuanto al argumento expuesto en el auto del 3 de febrero de 2022 sobre la vigencia del Decreto 560 de 2020, que suspendi\u00f3 temporalmente los art\u00edculos 37 y 38 de la Ley 1116 de 2006, sostuvo que se incurri\u00f3 en un \u00abyerro interpretativo\u00bb, pues aquella norma \u00abestablece que la suspensi\u00f3n de este articulado \u2018no es aplicable a los procesos que se encuentren actualmente en tr\u00e1mite\u2019\u00bb. En tal sentido, avizor\u00f3 el convencimiento del fallador sobre la procedencia de tal suspensi\u00f3n, por lo que decidi\u00f3 \u00abPREVENIR\u00bb al Despacho accionado \u00abpara que efect\u00fae una relectura sistem\u00e1tica de las normas que regulan el tr\u00e1mite de insolvencia, en tiempos de pandemia, a fin de evitar mayores tropiezos en la actuaci\u00f3n objeto de la queja constitucional\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, argumentando que, pese a que fue advertido el \u00abyerro interpretativo\u00bb del Juzgado acusado, por estimar procedente la suspensi\u00f3n de los art\u00edculos 37 y 38 de la Ley 1116 de 2006, no se declar\u00f3 configurado el defecto sustantivo, circunstancia que perpetuaba la afectaci\u00f3n al debido proceso, pues la decisi\u00f3n continuaba en firme. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Pronto advierte la Sala que la decisi\u00f3n del a quo, en cuanto neg\u00f3 el amparo, habr\u00e1 de ser confirmada, porque la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
2.1. En efecto, por auto del 11 de noviembre de 2021, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja consider\u00f3 que, conforme con lo previsto en el art\u00edculo 132 del CGP, hab\u00eda lugar a realizar un control de legalidad para sanear los vicios que configuraran nulidades o irregularidades. A continuaci\u00f3n cit\u00f3 el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, que establece que \u00abEn la providencia de reconocimiento de cr\u00e9ditos se se\u00f1alar\u00e1 el plazo de cuatro meses para celebrar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, sin perjuicio de que las partes puedan celebrarlo en un t\u00e9rmino inferior\u00bb y afirm\u00f3 que, teniendo en cuenta que el 7 de abril de 2021 se hab\u00eda determinado como plazo m\u00e1ximo el 13 de julio siguiente \u00abpara que el Promotor reasignar (sic) los porcentajes de derecho de votos y presentase el proyecto de acuerdo, aun cuando en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo citado, el promotor tendr\u00eda plazo de cuatro (4) meses, los cuales, hipot\u00e9ticamente, se venc\u00edan el d\u00eda siete (7) de agosto de dos ml veintiuno, se tiene que el promotor present\u00f3 el d\u00eda h\u00e1bil trece (13) de Julio de 2021, al revisar este actuar por parte del Despacho, se debi\u00f3 atender la norma que reglamenta este tipo de procesos, para el caso el Art 35 de la ley 1116\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
Y, luego de citar el texto de la \u00faltima norma referida, expres\u00f3 que \u00ablo pertinente en ese momento era convocar a la audiencia de confirmaci\u00f3n del acuerdo, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes, como lo establece la norma anteriormente citada, y no dar aplicaci\u00f3n al Art 37, como se concluy\u00f3, dado que, de un lado, el plazo de cuatro meses ni siquiera se hab\u00eda vencido, y de otro lado, la audiencia que se celebr\u00f3 el d\u00eda 13 de Julio, no contaba con sustento jur\u00eddico para ser realizada\u00bb. Destac\u00f3 que \u00abla Corte Suprema de Justicia ha establecido por v\u00eda jurisprudencial una excepci\u00f3n fundada en que los autos manifiestamente ilegales no cobran ejecutoria y no crean derechos, por consiguiente no atan al juez (\u2026)\u00bb, por lo que dej\u00f3 sin efectos lo actuado desde el 13 de julio de 2021 y nombr\u00f3 como promotor al deudor \u00c1lvaro Alexis Naranjo Castillo. <\/p>\n
2.2. Recurrida aquella decisi\u00f3n, el Juzgado accionado profiri\u00f3 el auto del 3 de febrero de 2022, en el que la confirm\u00f3 y a\u00f1adi\u00f3 que \u00abdesde el d\u00eda 15 de abril del a\u00f1o 2020 por la entrada en vigencia del Decreto 560 de 2020 se encuentran suspendidos los art\u00edculos 37 y 38 de la ley 1116 de 2006, raz\u00f3n que imped\u00eda la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n\u00bb. A su vez, precis\u00f3 que en la providencia recurrida \u00abse realiz\u00f3 al proceso un control de legalidad (art\u00edculo 132 del C.G.P) encaminado a corregir y sanear los vicios del proceso u otras irregularidades que puedan configurar una nulidad, lo cual indica que se hace un control previo de saneamiento a este tipo de circunstancias referenciadas, corrigiendo las mismas para que no se produzca la nulidad\u00bb, refiri\u00e9ndose al yerro cometido en la audiencia del 13 de julio de 2021, en la que \u00abno se dio aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 31 de la ley 1116 de 2006, pues no se procedi\u00f3 a revisar el acuerdo que fue presentado por el promotor el d\u00eda 12 de julio del a\u00f1o 2021\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
Sobre la \u00abomisi\u00f3n de derechos de las minor\u00edas\u00bb sostuvo que \u00abque el art\u00edculo 31 de la ley 1116 de 2006 manifiesta que se debe tener en cuenta el voto de la mayor\u00eda simple o mayor\u00edas especiales para la aprobaci\u00f3n del acuerdo, mas no contempla en absoluto votos de minor\u00edas, cabe resaltar que en los proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial se presentan votos positivos, negativos y acreedores no votantes, situaciones que en nada afecta las mayor\u00edas contempladas para la finalidad de la ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, respecto de la censura por la asignaci\u00f3n de funciones de promotor al deudor, resalt\u00f3 que no era posible \u00abque una persona contin\u00fae con un cargo como auxiliar de la justicia sin ser parte de la lista de auxiliares de justica, as\u00ed como tambi\u00e9n debe resaltarse que en el caso en estudio ya se cumplieron las funciones del promotor (art\u00edculo 19 ley 1116 de 2006) al punto de encontrarnos en el momento procesal de realizaci\u00f3n de la audiencia de confirmaci\u00f3n del acuerdo (art\u00edculo 35 ley 1116 de 2006) lo cual indica que se surtieron en legal forma todos y cada uno de los pasos procesales\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
M\u00e1s adelante agreg\u00f3 que, \u00abEn la audiencia del 13 de julio de 2021 no se dio aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 31 de la ley 1116 de 2006, pues no se procedi\u00f3 a revisar el acuerdo que fue presentado por el promotor el d\u00eda 12 de julio del a\u00f1o 2021, raz\u00f3n por la cual se procede a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 132 del C.G.P realizando el control de legalidad\u00bb, para evitar que \u00abse produzca la nulidad\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
3. Para la Sala, las determinaciones cuestionadas no resultan arbitrarias o manifiestamente alejadas del ordenamiento jur\u00eddico, al margen de que la postura sea o no compartida, por cuanto se realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron satisfactoriamente los argumentos reiterados en sede de tutela. <\/p>\n
3.1. En ese orden, la accionada estableci\u00f3 con claridad la irregularidad cometida en la audiencia del 13 de julio de 2021, de cara al t\u00e9rmino regulado en el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, as\u00ed como frente a lo contemplado en el art\u00edculo 35 ibidem, en el sentido que, \u00abSi el juez niega la confirmaci\u00f3n, expresar\u00e1 las razones que tuvo para ello, y suspender\u00e1 la audiencia, por una sola vez y por un t\u00e9rmino m\u00e1ximo durante ocho (8) d\u00edas, para que el acuerdo sea corregido y aprobado por los acreedores, de conformidad con lo ordenado, so pena del inicio del t\u00e9rmino para celebrar acuerdo de adjudicaci\u00f3n\u00bb, ritual omitido y que se busc\u00f3 subsanar con su decisi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, respecto del argumento adicionado al resolver el recurso de reposici\u00f3n, esto es, la suspensi\u00f3n de los art\u00edculos 37 y 38 de la Ley 1116 de 2006, por la entrada en vigencia del Decreto 560 de 2020 que \u00abimpide la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n\u00bb, advierte la Sala que dicha menci\u00f3n no comport\u00f3 una decisi\u00f3n adicional respecto del proceso, dado que finalmente lo resuelto el 11 de noviembre de 2021, incluida la orden de \u00abingresar las diligencias para fijar fecha de la Audiencia del Art 35 de la ley 1116\u00bb, se mantuvo inc\u00f3lume, circunstancia que abre paso para que a continuaci\u00f3n se adelante la mencionada diligencia, en la que se deber\u00e1 resolver sobre la procedencia de la confirmaci\u00f3n del acuerdo y, de ser el caso, sobre la viabilidad o no de seguir con la liquidaci\u00f3n, seg\u00fan las normas aplicables, de manera que, al respecto, no se ha adoptado una decisi\u00f3n definitiva, la cual, en todo caso, puede ser objeto de recurso. Lo anterior, dado que con la decisi\u00f3n del 3 de febrero de 2022 no se orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de la liquidaci\u00f3n, sino que -se itera- se dej\u00f3 sin efectos lo actuado a partir del 13 de julio de 2021, siguiendo el tr\u00e1mite su curso, por lo que la parte interesada aun cuenta con mecanismos ordinarios de defensa7; m\u00e1xime que, como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, seg\u00fan las actuaciones que se surtan, el Juzgado cognoscente puede decidir sobre la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden8. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, se revocar\u00e1 la prevenci\u00f3n realizada por el a quo constitucional al Juzgado accionado, dado que, como se advirti\u00f3, en la providencia cuestionada se mantuvo inc\u00f3lume la parte resolutiva del auto del 11 de noviembre de 2021, sin ninguna decisi\u00f3n adicional y, por tanto, no le corresponde a esta Corporaci\u00f3n, como juez constitucional, anticiparse a las decisiones del juez de conocimiento ni abrogarse sus competencias, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual esta acci\u00f3n. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto deneg\u00f3 el amparo, pero se revocar\u00e1 el numeral segundo del fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, en cuanto deneg\u00f3 el amparo, y se REVOCA el numeral segundo, en el que se realiz\u00f3 una prevenci\u00f3n al Juzgado accionado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 15001-31-53-002-2013-00188-00. <\/p>\n
2\u0002 Documento 031, expediente 2013-00188. <\/p>\n
3\u0002 Documento 088, expediente 2013-00188. <\/p>\n
4\u0002 Documento 095, expediente 2013-00188. <\/p>\n
5\u0002 Documento 113, expediente 2013-00188. <\/p>\n
6\u0002 Documento 121, expediente 2013-00188. <\/p>\n
7\u0002 Esta Sala ha advertido que \u00ab\u2026Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
8\u0002 Ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7868-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7868-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 15001-22-13-000-2022-00058-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de junio dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64684","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64684","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64684"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64684\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64684"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64684"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64684"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}