STC7871-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7871-2022 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 2 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Aris Guillermo G\u00f3mez M\u00e9ndez instaur\u00f3 en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abdefensa\u00bb y \u00abpropiedad\u00bb, para que se ordenara dejar sin efectos el prove\u00eddo emitido el 3 de febrero de 2021 y declarar que \u201cPROMOTORA Y GESTORA DE TURISMO LTDA., PROGESTUR LTDA. y COSTERA PROGESTUR LTDA. y C\u00cdA S. en C. carecen de legitimidad en la causa por la falta de representaci\u00f3n legal para actuar dentro del proceso penal\u201d y, en consecuencia, se disponga su \u201cexclusi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Seg\u00fan el pliego introductorio y sus anexos es posible resumir el contexto f\u00e1ctico as\u00ed: <\/p>\n
El 10 de mayo de 2018 el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta neg\u00f3 la solicitud elevada por el gestor para ser reconocido como v\u00edctima en la causa adelantada contra Manuel Santiago Escorcia Ortiz, Sonia del Carmen Verbel Salas y Gabriel Fernando Arag\u00f3n por la posible comisi\u00f3n de los delitos de prevaricato por acci\u00f3n en concurso heterog\u00e9neo y sucesivo con peculado por apropiaci\u00f3n, en el tiempo que se desempe\u00f1aron como funcionarios p\u00fablicos del INCODER de Magdalena (rad. 2011-00227); providencia que convalid\u00f3 el superior (6 may. 2019). <\/p>\n
Despu\u00e9s, desestim\u00f3 la rogativa radicada por la representante legal de Progestur Ltda. con el mismo prop\u00f3sito (9 sep.); directriz revocada por la Magistratura querellada, quien, en su lugar, la \u201creconoci\u00f3 como v\u00edctima\u201d (3 feb. 2021). <\/p>\n
El quejoso critic\u00f3 la \u00faltima determinaci\u00f3n, puesto que se \u201cvislumbra las restricciones en el an\u00e1lisis probatorio\u201d, adem\u00e1s, porque se le se\u00f1al\u00f3 como la persona que emprendi\u00f3 una serie de actuaciones \u201cpara enga\u00f1ar a las diferentes autoridades, entre ellas, a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, INCODER, la Gobernaci\u00f3n del Magdalena\u201d. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que adjunt\u00f3 material suasorio con el fin de probar que s\u00ed ten\u00eda el \u201cderecho de estar en el proceso para ser o\u00eddo\u201d, contrario sensu, exist\u00edan documentos que acreditaban que Progestur Ltda. \u201cno ten\u00eda legitimidad para actuar en el proceso y menos solicitar el reconocimiento de v\u00edctima\u201d. <\/p>\n
Afirm\u00f3, frente a la \u201cfalta de legitimaci\u00f3n\u201d de dicha sociedad que, seg\u00fan la escritura p\u00fablica y las certificaciones de la C\u00e1mara de Comercio, a la fecha, \u201cno tiene representaci\u00f3n legal\u201d porque no est\u00e1 debidamente constituida como \u201cpersona jur\u00eddica\u201d, situaci\u00f3n que qued\u00f3 evidenciada en los tr\u00e1mites administrativos en los que particip\u00f3 y se despacharon desfavorablemente \u201cpor la carencia de titularidad del predio\u201d controvertido \u201co por falta de legitimaci\u00f3n en la causa para actuar\u201d y, por ende, no puede requerir su \u201creconocimiento en cualquier clase de proceso judicial\u201d. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Santa Marta dijo que el actor desea \u201cdebatir aspectos de fondo respecto de una providencia judicial emitida en el contexto de un proceso penal, aspecto que, (\u2026) no le corresponde al juez de tutela m\u00e1xime que en todo momento se ha respetado el debido proceso\u201d. A\u00f1adi\u00f3 que lo censurado, son asuntos \u201cpropios del juicio oral y del debate probatorio, contexto en el cual podr\u00e1 hacer las manifestaciones que hoy esgrime\u201d. <\/p>\n
La Agencia Nacional de Tierras y el P.A.R. INCODER en liquidaci\u00f3n suplicaron su desvinculaci\u00f3n por \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo declar\u00f3 improcedente el resguardo frente a las decisiones adoptadas el 10 de mayo de 2018 y 6 de mayo de 2019, tras advertir que \u00abno se cumple con el requisito de inmediatez\u00bb, habida cuenta que \u00abdesde la fecha en que se profiri\u00f3 el auto de segunda instancia -6 de mayo de 2019 -, hasta cuando se presenta la demanda, ha transcurrido m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente con el pronunciamiento dictado el 3 de febrero de 2021, coligi\u00f3 que el precursor no demostr\u00f3 \u00abla existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o amenaza a uno o varios derechos fundamentales que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la trasgresi\u00f3n de los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o amenaza carece de sentido hablar de la necesidad de su interposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por G\u00f3mez M\u00e9ndez, argumentando que su descontento es contra el auto de \u00ab3 de febrero de 2021 que revoc\u00f3 la providencia del 9 de septiembre de 2019\u00bb, para efectos de realizar el conteo de los seis meses prudenciales establecidos por la jurisprudencia para acudir a la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb y, enseguida reiter\u00f3 los reproches del escrito primigenio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio se anuncia que la providencia expedida el 3 de febrero de 2021 por Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, en ella, examin\u00f3 el marco conceptual desarrollado legal y jurisprudencialmente respecto al reconocimiento de la \u00abcondici\u00f3n de v\u00edctimas\u00bb, a quienes \u00ables asisten los derechos de verdad, justicia y reparaci\u00f3n\u00bb y, del mismo modo, tienen el \u00abderecho a intervenir en todas las fases de la actuaci\u00f3n penal\u00bb, concluyendo, en s\u00edntesis, que es \u00abtoda persona natural o jur\u00eddica que individual o colectivamente ha sufrido alg\u00fan perjuicio (\u2026) injusto\u00bb; pero, destac\u00f3 que no bastaba con una simple manifestaci\u00f3n de un \u00abda\u00f1o gen\u00e9rico o potencia, sino de uno correcto y espec\u00edfico que no necesariamente tiene un contenido patrimonial\u00bb. <\/p>\n
Bajo esos lineamientos, contrast\u00f3 los antecedentes relevantes narrados por el delegado de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en el escrito de acusaci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de establecer, a partir de all\u00ed, si Progestur Ltda. sufri\u00f3 un da\u00f1o o perjuicio. <\/p>\n
De ah\u00ed que, se apart\u00f3 de lo resuelto por el a quo en la directriz recurrida -9 sep. 2019-, en tanto que, luego de revisar los elementos de convicci\u00f3n que reposan en el infolio observ\u00f3 la \u201cresoluci\u00f3n 330 del 8 de noviembre de 2008\u201d expedida por la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos, a trav\u00e9s de la cual se incluyeron los motivos para cancelar el registro de M.I. 080-22128 del lote B, perteneciente a dicha empresa y, de su lectura, la identific\u00f3 como \u00abprueba id\u00f3nea\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto la \u201cacci\u00f3n\u201d que se tilda como prevaricadora, negociada por los ex funcionarios del INCODER, surgi\u00f3 por la expedici\u00f3n de la \u201cresoluci\u00f3n 061 de 2008\u201d mediante la cual un top\u00f3grafo y dos profesionales especializados grado 14 <\/p>\n
\u00abpresuntamente de manera dolosa ubicaron el inmueble del se\u00f1or Aris Guillermo G\u00f3mez M\u00e9ndez (contra quien se le formul\u00f3 imputaci\u00f3n por estos mismos hechos en actuaci\u00f3n penal distinta), en el espacio geogr\u00e1fico en el cual se encontraba el Lote B propiedad de PROGESTUR LTDA, con el prop\u00f3sito de solicitar ante la Gobernaci\u00f3n del Magdalena y la Concesionaria Ruta del Sol II, una indemnizaci\u00f3n superior a los 200 SMLMV por supuestos da\u00f1os y perjuicios ocasionados al haberse construido dos v\u00edas principales (Alterna y doble calzada en la v\u00eda de Ci\u00e9naga \u2013 Santa Marta) sobre el terreno que era supuestamente de propiedad de ARIS GUILLERMO G\u00d3MEZ\u00bb, <\/p>\n
Es decir, modificaron y alteraron unos linderos en la heredad denominada \u201clote B\u201d, de propiedad de Progestur Ltda. y desde esa perspectiva \u00abresulta[ba] clara la relaci\u00f3n entre la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica de la acusaci\u00f3n y una eventual afectaci\u00f3n que hubiera padecido la sociedad antes mencionada\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, <\/p>\n
\u00abRevisado a detalle el asunto, se advierte que la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 330 del 18 de noviembre de 2008 por parte de la Oficina Instrumentos P\u00fablicos de Santa Marta – por la cual se cancel\u00f3 el folio de matr\u00edcula inmobiliaria de la sociedad PROGESTUR LTDA – se encuentra delimitada en el tema de prueba, pues la misma se fundamentar\u00eda en los linderos que fueron modificados mediante la Resoluci\u00f3n 061 del 15 de enero de 2008 que se tilda como acci\u00f3n prevaricadora, quedando clara la relaci\u00f3n de causalidad existente entre la tramitaci\u00f3n, planificaci\u00f3n, proyecci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 061 de 2008 y el cierre o la cancelaci\u00f3n del folio de matr\u00edcula inmobiliaria 08022128 (\u2026). <\/p>\n
Entonces, lo resuelto en la Resoluci\u00f3n 330 del 18 de noviembre de 2008 emitida por la Oficina Instrumentos P\u00fablicos de Santa Marta, resultar\u00eda una consecuencia jur\u00eddica de los aspectos que fueron modificados en la Resoluci\u00f3n 061 del 15 de enero de 2008 en este caso reprochada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, adver\u00f3 que correspond\u00eda a Progestur Ltda. intervenir en la lid confutada, en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el art\u00edculo 137 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, para que, al margen del tr\u00e1mite probatorio all\u00e1 impartido, demostrara en el incidente de reparaci\u00f3n integral el eventual monto por concepto de perjuicios econ\u00f3micos, caso en el cual, \u00abdeber\u00e1 explicar los proyectos urban\u00edsticos, hoteleros o tur\u00edsticos que no pudo efectuar como consecuencia del delito\u00bb. <\/p>\n
Significa, entonces, que ning\u00fan desatino se advierte en la resoluci\u00f3n combatida, puesto que es el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que la Sala o la suplicante compartan o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que evidenciaba el paginario. <\/p>\n
2.- Ergo, se refrendar\u00e1 lo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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