STC7873-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7873-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-01500-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 8 de marzo de 2022 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que V\u00edctor Manuel Rivera Gonz\u00e1lez le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los Juzgados Segundo Penal del Circuito Especializado y Veinticuatro de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, a la Fiscal\u00eda Diez Seccional, todos de esta urbe, y dem\u00e1s involucrados en la causa n\u00ba 2006-06169. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos de \u00abpetici\u00f3n, dignidad humana, igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara a la Magistratura querellada \u00abenviar una respuesta de fondo, clara y congruente, con respecto a la petici\u00f3n del 13 de julio de 2020, donde solicito la Impugnaci\u00f3n de la Sentencia Condenatoria, y que hasta la fecha han transcurrido m\u00e1s de 60 d\u00edas y aun no se me ha brindado una respuesta\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que el iudex de primer grado dict\u00f3 sentencia absolutoria en el proceso penal que se instaur\u00f3 en su contra (rad. 2006-06169), en el cual \u00ab(\u2026) se [le] investig\u00f3 como autor de los delitos, de homicidio agravado, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo con tentativa de homicidio agravado y lesiones personales, todos en concurso heterog\u00e9neo y simult\u00e1neo con porte de armas de defensa personas, hechos [ocurridos] el d\u00eda 24 de diciembre de 2006\u00bb (26 feb. 2008), decisi\u00f3n que el superior revoc\u00f3 parcialmente y, en su lugar, lo conden\u00f3 a \u00ab39 a\u00f1os y 4 meses de prisi\u00f3n\u00bb, como coautor s\u00f3lo de \u00ablos delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego de defensa personal\u00bb (25 ag. 2010). <\/p>\n
Indic\u00f3 que, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, elev\u00f3 petici\u00f3n al Colegiado fustigado, en la que \u00abexigi\u00f3 la impugnaci\u00f3n de la sentencia condenatoria\u00bb (13 jul. 2020); sin embargo, a la fecha de interposici\u00f3n del ruego \u00abhan transcurrido m\u00e1s de 60 d\u00edas\u00bb y \u00abno ha obtenido una respuesta de fondo, clara y congruente a lo solicitado\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el argumento principal de ese escrito es que se celebr\u00f3 \u00abpreacuerdo de fecha 22 de enero de 2007 realizado ante la fiscal\u00eda seccional 10 unidad contra el terrorismo de Bogot\u00e1\u00bb, respecto de \u00ablos imputados (\u2026) MIGUEL ANTONIO GOMEZ MARTINEZ, Y VICTOR MANUEL RIVERA GONZALEZ (\u2026) unidad Nacional contra el terrorismo, les ofrece a los imputados ya citados, una rebaja punitiva equivalente a CUARENTA Y TRES POR CIENTO 43%, de la pena a imponer, como \u00fanica rebaja compensatoria (\u2026)\u00bb, por lo que \u00abla rebaja punitiva no se refleja en su totalidad en preacuerdo y en la sentencia condenatoria de segunda instancia por primera vez que realiza el Honorable Tribunal Superior de Justicia de Bogot\u00e1 D.C, Sala Penal\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 dijo que respondi\u00f3 \u00abmediante auto del 3 de agosto de 2020 la improcedencia de acceder a la petitoria presentada conforme lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, as\u00ed como por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en AP4069-2016\u00bb; y ese \u00abmismo 3 de agosto de 2020, se envi\u00f3 el auto con destino a la Secretar\u00eda de esta Colegiatura con el fin de ser comunicado al se\u00f1or V\u00cdCTOR MANUEL RIVERA GONZ\u00c1LEZ\u00bb. <\/p>\n
Los Juzgados Segundo Penal del Circuito Especializado y Veinticuatro de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo desestim\u00f3 el socorro, ante la no vulneraci\u00f3n de prerrogativas, en tanto, \u00abla respuesta emitida por la autoridad judicial accionada, se ajusta a los preceptos constitucionales y legales establecidos para salvaguardar el derecho fundamental de petici\u00f3n y debido proceso de la accionante, en el sentido que se cumpli\u00f3 con los requisitos de claridad, precisi\u00f3n y congruencia que caracterizan a este derecho\u00bb; m\u00e1xime cuando \u00abLa negativa frente a las solicitudes elevadas ante las autoridades, que contrar\u00eden los intereses de los peticionarios, no conlleva a una vulneraci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, puesto que, el fin primordial de este derecho, es obtener una respuesta de fondo a las solicitudes presentadas, independientemente de cu\u00e1l sea el sentido de la respuesta\u00bb. <\/p>\n
2.- Apel\u00f3 el impulsor, quien atribuy\u00f3 ahora la presunta trasgresi\u00f3n a sus garant\u00edas al \u00abdebido proceso e igualdad\u00bb, por los supuestos yerros cometidos en el transcurso de la causa penal objetada, derivados de la valoraci\u00f3n del informe de medicina legal y, afirm\u00f3 que \u00abdentro de las actuaciones procesales vimos c\u00f3mo se practic\u00f3 un preacuerdo el d\u00eda 22 de enero del a\u00f1o 2007, preacuerdo que firmamos los dos involucrados en este proceso, el se\u00f1or, MIGUEL ANTONIO GOMEZ MARTINEZ y yo VICTOR MANUEL RIVERA GONZALEZ, preacuerdo que se pas\u00f3 por alto al momento de proferir fallo(s)\u00bb, por lo que, en su opini\u00f3n \u00absi el se\u00f1or miguel Antonio G\u00f3mez Mart\u00ednez y yo V\u00edctor Manuel Rivera Gonz\u00e1lez, fuimos procesados y condenados por la misma causa, debimos de ser tratados de la misma manera y condenados por igual (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed entonces, pretende que en la segunda instancia constitucional, \u00abse [le] haga y\/o realice por favor la respectiva redosificaci\u00f3n de la pena y\/o condena en [su] favor, dados y ya plasmados los yerros jur\u00eddico comentos en [su] caso (\u2026) yerros que ser\u00e1n corregidos dando la respectiva redosificaci\u00f3n, rebaja y\/o adecuaci\u00f3n de la pena por derecho legal\u00bb, porque, en su criterio, \u00ab(\u2026) esa redosificaci\u00f3n a que [tiene] derecho se ver\u00eda reflejada as\u00ed (\u2026) si a [su] condena de 472 meses se le aplicase el 43% que se le otorgo (sic) al se\u00f1or, MIGUEL ANTONIO GOMEZ MARTINEZ, debido al preacuerdo que juntos [firmaron] quedar\u00eda en 269 meses, pero no solo en la aplicaci\u00f3n del debido y justo proceso (\u2026) Tambi\u00e9n se podr\u00eda reflejar la rebaja por aceptaci\u00f3n y de que trata la Ley en su art\u00edculo 351 del C.P.P., que otorga hasta el 50% el cual se reflejar\u00eda en [su] condena de la siguiente manera 472 meses menos el 50% quedar\u00eda en 236 meses\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, surge claro el decaimiento de la salvaguarda y la consecuente convalidaci\u00f3n del veredicto opugnado, ante (i) La inexistencia de violaci\u00f3n a los atributos b\u00e1sicos implorados y, (ii) La presentaci\u00f3n de hechos nuevos no puestos en conocimiento en la demanda superlativa. <\/p>\n
1.1.- Trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Corte ha precisado que <\/p>\n
\u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (STC323-2019, reiterada en STC1622-2020 y STC13280-2021). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, en el sub lite se vislumbra que lo requerido por el promotor est\u00e1 directamente relacionado con el proceso penal donde fue condenado (n\u00ba 2006-06169); de manera que no se trata de un asunto netamente administrativo que deba estar regido por las reglas del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, sino el mismo est\u00e1 regido por las normas del \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
1.2.- Auscultado el expediente reprochado, se evidencia que la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 antes de ejercerse este especial sendero (24 sep. 2020), emiti\u00f3 prove\u00eddo en la que declar\u00f3 improcedente la aplicaci\u00f3n del \u00abderecho a la doble conformidad\u00bb, toda vez que conforme a \u00ablo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, as\u00ed como por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en AP4069-2016 (\u2026) la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 data del 25 de agosto de 2010, surge como evidente que se encuentra excluida, conforme los lineamientos aducidos, de la posibilidad de acudir a la impugnaci\u00f3n especial, puesto que cobr\u00f3 ejecutoria con anterioridad del 24 de abril de 2016\u00bb (3 ag. 2020) y, con ello, solvent\u00f3 la \u00absolicitud\u00bb del gestor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ninguna vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas b\u00e1sicos suplicadas se puede imputar a la autoridad criticada, cuando lo verificado es que, con anterioridad a la proposici\u00f3n de este remedio especial\u00edsimo, se zanj\u00f3 lo peticionado. <\/p>\n
1.3.- Frente a la manifestaci\u00f3n del tutelante, expresada en el \u00abescrito de impugnaci\u00f3n\u00bb, referente a los presuntos \u00abyerros\u00bb originados en la \u00abvaloraci\u00f3n del informe de medicina legal\u00bb y la falta de an\u00e1lisis del preacuerdo \u00abque firma[ron] los dos involucrados (\u2026) el se\u00f1or, MIGUEL ANTONIO GOMEZ MARTINEZ y (\u2026) VICTOR MANUEL RIVERA GONZALEZ, preacuerdo que se pas\u00f3 por alto al momento de proferir fallo(s)\u00bb, en virtud de lo cual, busca en esta instancia \u00abse [le] haga y\/o realice por favor la respectiva redosificaci\u00f3n de la pena y\/o condena en [su] favor, dados y ya plasmados los yerros jur\u00eddico comentos en [su] caso (\u2026) yerros que ser\u00e1n corregidos dando la respectiva redosificaci\u00f3n, rebaja y\/o adecuaci\u00f3n de la pena por derecho legal\u00bb en el decurso combatido, adem\u00e1s de no haber sido puestas en conocimiento del juez natural, constituyen alegaciones nuevas no expresadas en el escrito inaugural, por lo que, de ellas no se enter\u00f3 al a quo ni a los llamados a este tr\u00e1mite, raz\u00f3n por la cual no pueden ser examinadas en esta instancia, pues se afectar\u00eda el \u00abderecho de defensa\u00bb de quienes no pudieron controvertirlas concretamente. <\/p>\n
Esta Colegiatura ha esgrimido, sobre dicho t\u00f3pico: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u00bb (CSJ STC 10 may. 2011, rad. 00416-01, reiterada en STC175-2017, 19 enero, rad. 2016-02054-01 y STC8838-2021, citadas en STC5053-2022). <\/p>\n
2.- Como colof\u00f3n, se ratificar\u00e1 lo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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