STC7875-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7875-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01664-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sociedad Mediblanc S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las sedes judiciales accionadas. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, se ordene modificar las sentencias de primera y segunda instancia emitidas dentro del proceso verbal seguido al fallido de ejecuci\u00f3n, que mediante demanda acumulada a la presentada por Medihelp Services Colombia S.A.S., promovi\u00f3 la accionante contra la Alcald\u00eda Mayor del Distrito de Cartagena \u2013 Departamento Administrativo de Salud (DADIS), para que se reconozcan \u00ablos intereses moratorios sobre la obligaci\u00f3n adeudada\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, en el cual la demandada no se opuso al cobro pero aleg\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, el 5 de noviembre de 2021, el mencionado estrado dict\u00f3 sentencia en que declar\u00f3 que la convocada estaba obligada al pago reclamado en la demanda, junto con los respectivos intereses de mora liquidados a la tasa legal del 6% anual, desde le ejecutoria del fallo, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el extremo demandado insistiendo en el fen\u00f3meno extintivo de la acci\u00f3n, mecanismo al que la aqu\u00ed gestora adhiri\u00f3, alegando que los intereses correspond\u00eda calcularlos seg\u00fan el art\u00edculo 56 de la Ley 1438 de 2011, que remite al art\u00edculo 635 del Estatuto Tributario, \u00aba la tasa de inter\u00e9s diario equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades del cr\u00e9dito de consumo, menos dos (2) puntos\u00bb y adem\u00e1s, que esos r\u00e9ditos se causaban a partir de la fecha en que se acord\u00f3 el pago, seg\u00fan el literal D del art\u00edculo 13 de la Ley 1122 de 2007. <\/p>\n
2.3. El 11 de marzo de 2022 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena modific\u00f3 la sentencia apelada, \u00fanicamente respecto a la tasa para calcular los intereses de mora, pero mantuvo lo decidido frente a la fecha desde la cual se causar\u00edan los mismos, sin sopesar la anotada norma especial y que la entidad demandada acept\u00f3 las mercanc\u00edas o productos en la fecha de recepci\u00f3n de las facturas, documentos que se\u00f1alaban el plazo para el pago de las mismas. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que, al haberse fijado un plazo para cumplir con el pago, el vencimiento del mismo autom\u00e1ticamente constituy\u00f3 en mora a la deudora, sin necesidad de requerimiento alguno, de ah\u00ed que lo definido por la Colegiatura accionada incurriera en causal para la procedencia del amparo contra decisi\u00f3n judicial, lo que justifica la intervenci\u00f3n a su favor por parte del juez de tutela. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena indic\u00f3 que, a su juico las decisiones cuestionadas est\u00e1n soportadas en las pruebas recaudadas y en argumentos razonables y atendibles. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad hizo un breve recuento de lo acontecido dentro del decurso criticado, y resalt\u00f3 que la queja de la actora va dirigida \u00fanicamente contra lo decidido por su superior funcional, por lo cual pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. La queja de la Sociedad actora recae sobre la sentencia de 11 de marzo de la presente anualidad de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, que modific\u00f3 la decisi\u00f3n que dict\u00f3 el 5 de noviembre de 2021 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, dentro del proceso verbal seguido del fallido de ejecuci\u00f3n, que aquella promovi\u00f3 contra la Alcald\u00eda Mayor del Distrito de Cartagena \u2013 Secretar\u00eda Distrital de Salud Dadis, pues en criterio de la sociedad inconforme, correspond\u00eda ordenar el cobro de los productos y servicios m\u00e9dicos prestados, desde la fecha de vencimiento plasmada en cada una de las facturas recibidas por la demandada y no desde la calenda de notificaci\u00f3n del auto admisorio al demandado. <\/p>\n
3. Del an\u00e1lisis del expediente del proceso cuestionado extrae la Sala lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El decurso inici\u00f3 con solicitud de ejecuci\u00f3n de Medihelp Services Colombia S.A.S. contra la Secretar\u00eda Distrital de Salud DADIS, sobre unas facturas de venta de productos y servicios m\u00e9dicos, proceso al que la aqu\u00ed accionante acumul\u00f3 demanda sustentada en similares documentos por un total de $92\u00b4282.543,oo, que valga resaltar, cuentan cada una con fecha de creaci\u00f3n, vencimiento, sello de recibido por la beneficiaria del bien o servicio con su respectiva fecha y en su mayor\u00eda indican como \u00abcondiciones de pago: 30 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
3.2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena inicialmente libr\u00f3 el mandamiento de pago solicitado, pero revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n mediante sentencia anticipada de 28 de junio de 2019, tras considerar que los mencionados documentos no prestaban m\u00e9rito ejecutivo, porque \u00aben las facturas aportadas para el cobro no obra constancia de prestaci\u00f3n del servicio cuyo pago se pretende, as\u00ed como tampoco se expres\u00f3 sobre el estado actual del pago del precio o remuneraci\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n apelada por el extremo demandante y confirmada con similares argumentos el 22 de enero de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad. <\/p>\n
3.3. Por lo acontecido, la aqu\u00ed inconforme present\u00f3 demanda declarativa contra el Distrito de Cartagena de Indias Dadis, para procurar el cobro negado mediante el proceso ejecutivo, por lo que el estrado cognoscente, luego de inicialmente rehusar dar curso a la solicitud, decidi\u00f3 admitirla el 11 de marzo de 2021. <\/p>\n
3.4. En el t\u00e9rmino de traslado la convocada contest\u00f3 la demanda y se opuso al cobro de intereses moratorios sobre la obligaci\u00f3n reclamada y propuso las excepciones de \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, \u00abcobro de lo no debido\u00bb y \u00abbuena fe\u00bb, fundada la segunda en que existen facturas no auditadas por valor de $1\u00b4760.226,oo. <\/p>\n
3.5. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el estrado cognoscente dict\u00f3 sentencia el 5 de noviembre de 2021 en que resolvi\u00f3 declarar no probadas las defensas de m\u00e9rito propuestas y en consecuencia \u00abdeclarar que el Distrito de Cartagena \u2013 Departamento Administrativo de Salud (Dadis) se encuentra se encuentra obligada a pagar a la entidad Mediblanc S.A.S. la suma de $98\u00b4793.847,oo por concepto de suministro de medicamentos para tratamientos y acciones prioritarias en salud\u00bb, suma sobre la que orden\u00f3 que \u00ablos intereses moratorios ser\u00e1n liquidados con tasa legal del 6% anual a partir de la ejecutoria de esta decisi\u00f3n\u00bb <\/p>\n
En sustento de la decisi\u00f3n el juzgado encontr\u00f3 que la demandada no desconoci\u00f3 la obligaci\u00f3n cuyo cumplimiento se le reclam\u00f3, pues solo argument\u00f3 haber emitido glosas sobre unas facturas que en todo caso la demandante no persisti\u00f3 en cobrar y guard\u00f3 silencio frente a la exigencia de otras. <\/p>\n
En la decisi\u00f3n se observ\u00f3 que se alleg\u00f3 al proceso el siguiente certificado del Director Administrativo y Financiero del Departamento Administrativo y Distrital de Salud \u2013 DADIS: <\/p>\n
3.6. La demandada apel\u00f3 lo fallado, sin replicar contra el valor de la condena impuesta, insistiendo solamente en que las obligaciones reclamadas estaban prescritas. A la alzada adhiri\u00f3 posteriormente la aqu\u00ed accionante, inconforme con la tasa de los interese de mora y la fecha desde la cual se orden\u00f3 el pago de esos r\u00e9ditos. <\/p>\n
3.7. El 11 de marzo de 2022 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena dict\u00f3 sentencia de segunda instancia en que no accedi\u00f3 a la inconformidad de la demandada, y modific\u00f3 la sentencia para acceder al reclamo de la aqu\u00ed accionante, en cuanto a la tasa de inter\u00e9s para calcular los intereses de mora cuyo pago se orden\u00f3 en primera instancia, pero orden\u00f3 que dichos r\u00e9ditos se pagaran desde la fecha de notificaci\u00f3n del auto admisorio a la demandada, para lo cual expuso que \u00aben cuanto tiene que ver con el momento desde el cual se causan los anteriores intereses, debe tenerse en cuenta que si bien la sentencia de primer grado declar\u00f3 la existencia de la obligaci\u00f3n preexistente, s\u00f3lo con la presentaci\u00f3n de la demanda se constituy\u00f3 en mora al extremo demandado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 94 del C. G. del P. <\/p>\n
Tal norma consagra, precisamente, que \u201cla notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, y la notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora solo se producir\u00e1n a partir de la notificaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
A ese respecto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia tuvo la oportunidad de precisar que \u201cla notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto de requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes\u201d, lo que resulta entendible si se tiene en cuenta que, en ese espec\u00edfico momento, el demandado tiene la posibilidad de escoger entre asumir el pago que se demanda, o afrontar el proceso, de suerte que, en esta \u00faltima hip\u00f3tesis, en caso de acogerse la pretensi\u00f3n, los efectos de la sentencia, en lo que ata\u00f1e a la mora, se retrotraen a la etapa de la litiscontestatio, es decir, al estadio procesal en que aquel asumi\u00f3 el riesgo de la litis, con todo lo que ello traduce\u201d1 . <\/p>\n
Puestas de esa manera las cosas, el numeral \u201cTercero\u201d de la parte resolutiva de primera instancia se modificar\u00e1, ante la prosperidad de los argumentos planteados por la sociedad MEDIBLANC S.A. <\/p>\n
En su lugar, se dispondr\u00e1 que los intereses de mora sobre la suma $98\u2019793.847 se calculen a partir del 12 de marzo de 2021 y se liquiden a la tasa prevista por el art\u00edculo 635 del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989). <\/p>\n
4. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo debe ser concedido, por cuanto en la providencia cuyo contenido pertinente a este asunto se acaba de citar, el Tribunal acusado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, porque decidi\u00f3 sobre la fecha desde la cual se deb\u00edan pagar inter\u00e9s de mora sobre la condena impuesta en la sentencia, como si se estuviera reclamando la satisfacci\u00f3n de una obligaci\u00f3n pura y simple, pese a que el an\u00e1lisis del expediente del proceso cuestionado arroja prueba de que se trataba de unas obligaciones sometidas a plazo, por lo que no era necesario el requerimiento judicial para constituir en mora a la deudora, que la Colegiatura accionada entendi\u00f3 verificado con la notificaci\u00f3n del auto admisorio a \u00e9sta, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4.1. La Corte tiene dicho que \u00ablas obligaciones puras y simples son aquellas que no est\u00e1n sometidas a plazo o condici\u00f3n, en contraposici\u00f3n de las que s\u00ed lo est\u00e1n, cuya exigibilidad sobreviene en un momento posterior al de su surgimiento, es decir, cuando se cumpla el plazo, esto es, cuando llega \u201cla \u00e9poca que se fija para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u201d (art. 1550, C.C.), o la condici\u00f3n, es decir, acontezca el hecho \u201cfuturo, que puede suceder o no\u201d (art. 1530, ib.) (SC1170-2022) y en el proceso cuestionado obra prueba documental de la fijaci\u00f3n de un plazo para el pago de los productos y servicios m\u00e9dicos prestados por la demandante a la demandada, correspondiente a la fecha de vencimiento plasmada en las respectivas facturas recibidas por \u00e9sta, calenda que fue aceptada por la demandada al no haber elevado reclamaci\u00f3n alguna al respecto mediante glosas ni dentro del proceso. <\/p>\n
4.2. Amerita resaltar que es nutrida la legislaci\u00f3n sobre las relaciones entre la Entidades Prestadoras y Pagadoras de Servicios de Salud, dentro la que se cuentan, sin pretender agotarla, el Decreto 1281 de 2002, que contiene \u00abnormas que regulan los flujos de caja y la utilizaci\u00f3n oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y su utilizaci\u00f3n en la prestaci\u00f3n\u00bb; la Ley 1122 de 2007 \u00abpor la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones\u00bb; reglamentaci\u00f3n como la efectuada mediante el Decreto 4747 de 2007, que se\u00f1al\u00f3 \u00abalgunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la poblaci\u00f3n a su cargo\u00bb; la Resoluci\u00f3n 3047 de 2008, donde \u00abse definen los formatos, mecanismos de env\u00edo, procedimientos y t\u00e9rminos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007\u00bb, normativa y regulaci\u00f3n en materia de seguridad social, en la que debe indagarse primero, en la tarea de determinar si existe alguna disposici\u00f3n que establezca el momento desde el cual se generan los r\u00e9ditos moratorios reclamados por la demandante, como consecuencia del impago de los bienes y servicios prestados a la entidad territorial demandada. <\/p>\n
4.3. Por esta senda, qued\u00f3 establecido en l\u00edneas anteriores que la demandada certific\u00f3 que no emiti\u00f3 glosa alguna frente a tales cobros, entendi\u00e9ndose por glosa, seg\u00fan las definiciones del Anexo T\u00e9cnico No. 6 de la Resoluci\u00f3n 3047 de 2008 se expone \u00abuna no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por prestaci\u00f3n de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago durante la revisi\u00f3n integral, que requiere ser resuelta por parte del prestador de servicios de salud\u00bb; siendo \u00e9sta la forma en que seg\u00fan el Decreto 4747 de 2007 se pod\u00edan exponer los motivos para negar el pago exigido por las mercanc\u00edas y servicios m\u00e9dicos prestados, normativa que en lo pertinente a este caso se\u00f1ala que, <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 22. Manual \u00fanico de glosas, devoluciones y respuestas. El Ministerio de la Protecci\u00f3n Social expedir\u00e1 el Manual \u00danico de Glosas, devoluciones y respuestas, en el que se establecer\u00e1n la denominaci\u00f3n, codificaci\u00f3n de las causas de glosa y de devoluci\u00f3n de facturas, el cual es de obligatoria adopci\u00f3n por todas las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud. <\/p>\n
Art\u00edculo 23. Tr\u00e1mite de glosas. Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la presentaci\u00f3n de la factura con todos sus soportes, formular\u00e1n y comunicar\u00e1n a los prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, con base en la codificaci\u00f3n y alcance definidos en el manual \u00fanico de glosas, devoluciones y respuestas, definido en el presente decreto y a trav\u00e9s de su anotaci\u00f3n y env\u00edo en el Registro conjunto de trazabilidad de la factura cuando \u00e9ste sea implementado. Una vez formuladas las glosas a una factura, no se podr\u00e1n formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial. <\/p>\n
El prestador de servicios de salud deber\u00e1 dar respuesta a las glosas presentadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud, dentro de los quince (15) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a su recepci\u00f3n. En su respuesta a las glosas, el prestador de servicios de salud podr\u00e1 aceptar las glosas iniciales que estime justificadas y emitir las correspondientes notas cr\u00e9dito, o subsanar las causales que generaron la glosa, o indicar, justificadamente, que la glosa no tiene lugar. La entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) d\u00edas h\u00e1biles siguientes, decidir\u00e1 si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas. Los valores por las glosas levantadas deber\u00e1n ser cancelados dentro de los cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles siguientes, informando de este hecho al prestador de servicios de salud. <\/p>\n
Las facturas devueltas podr\u00e1n ser enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago, una vez el prestador de servicios de salud subsane la causal de devoluci\u00f3n, respetando el per\u00edodo establecido para la recepci\u00f3n de facturas. <\/p>\n
Vencidos los t\u00e9rminos y en el caso de que persista el desacuerdo se acudir\u00e1 a la Superintendencia Nacional de Salud, en los t\u00e9rminos establecidos por la ley\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al pago de intereses de mora, establece la misma normativa: <\/p>\n
Art\u00edculo 24. Reconocimiento de intereses. En el evento en que las devoluciones o glosas formuladas no tengan fundamentaci\u00f3n objetiva, el prestador de servicios tendr\u00e1 derecho al reconocimiento de intereses moratorios desde la fecha de presentaci\u00f3n de la factura o cuenta de cobro, de conformidad con lo establecido en el Art\u00edculo 7\u00b0 del Decreto Ley 1281 de 2002. <\/p>\n
En el evento en que la glosa formulada resulte justificada y se haya pagado un valor por los servicios glosados, se entender\u00e1 como un valor a descontar a titulo de pago anticipado en cobros posteriores. De no presentarse cobros posteriores, la entidad responsable del pago tendr\u00e1 derecho a la devoluci\u00f3n del valor glosado y al reconocimiento de intereses moratorios desde la fecha en la cual la entidad responsable del pago cancel\u00f3 al prestador. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 7\u00ba del Decreto Ley 1281 de 2002 indica frente al tr\u00e1mite de las cuentas presentadas por los prestadores de servicios de salud a los pagadores, que, <\/p>\n
\u00abAdem\u00e1s de los requisitos legales, quienes est\u00e9n obligados al pago de los servicios, no podr\u00e1n condicionar el pago a los prestadores de servicios de salud, a requisitos distintos a la existencia de autorizaci\u00f3n previa o contrato cuando se requiera, y a la demostraci\u00f3n efectiva de la prestaci\u00f3n de los servicios. <\/p>\n
Cuando en el tr\u00e1mite de las cuentas por prestaci\u00f3n de servicios de salud se presenten glosas, se efectuar\u00e1 el pago de lo no glosado. Si las glosas no son resueltas por parte de la Instituci\u00f3n Prestadora de Servicios de Salud, IPS, en los t\u00e9rminos establecidos por el reglamento, no habr\u00e1 lugar al reconocimiento de intereses, ni otras sanciones pecuniarias. <\/p>\n
En el evento en que las glosas formuladas resulten infundadas el prestador de servicios tendr\u00e1 derecho al reconocimiento de intereses moratorios desde la fecha de presentaci\u00f3n de la factura, reclamaci\u00f3n o cuenta de cobro. <\/p>\n
Las cuentas de cobro, facturas o reclamaciones ante las entidades promotoras de salud, las administradoras del r\u00e9gimen subsidiado, las entidades territoriales y el Fosyga, se deber\u00e1n presentar a m\u00e1s tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la prestaci\u00f3n de los servicios o de la ocurrencia del hecho generador de las mismas. Vencido este t\u00e9rmino no habr\u00e1 lugar al reconocimiento de intereses, ni otras sanciones pecuniarias\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Las precitadas normas permiten establecer la fecha desde la cual es exigible el pago de intereses de mora sobre una factura, reclamaci\u00f3n o cuenta de cobro, pero para el evento en que se elevaron glosas a la misma, empero, nada refieren para casos como el presente, en el que no hubo ninguna glosa. <\/p>\n
4.4. Es entonces la inexistencia de norma especial imperativa que permita determinar el momento desde el cual debe cubrirse el pago de las mercanc\u00edas y servicios m\u00e9dicos, lo que permite establecerlo en lo ajustado por las partes, que en este caso corresponder\u00e1 a la fecha de vencimiento extra\u00edble de la prueba documental, constituida por las facturas, pues n\u00f3tese que las mismas fueron recibidas por la deudora sin que debatiera ninguno de sus t\u00e9rminos, luego es entendido que acept\u00f3 esa calenda como la de satisfacci\u00f3n del pago que le fue requerido. <\/p>\n
Consecuencia necesaria de lo se\u00f1alado, es que el impago en la fecha aceptada por la demandada, la pon\u00eda en mora, sin necesidad de requerimiento previo alguno, pues al tenor del art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil \u00abel deudor est\u00e1 en mora: 1. Cuando no ha cumplido la obligaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular reiter\u00f3 recientemente la Sala que \u00ab[m]ientras que el incumplimiento deriva de la sola insatisfacci\u00f3n del pago en el tiempo debido, la mora exige adicionalmente la concurrencia de otro elemento como es la culpabilidad del deudor, que a t\u00e9rminos del art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil se presupone en dos supuestos: cuando la obligaci\u00f3n no se ha cumplido \u201cdentro del t\u00e9rmino estipulado\u201d (numeral 1\u00ba); y cuando \u201cla cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla\u201d (numeral 2\u00ba). Ello es l\u00f3gico, de conformidad con \u201cel principio dies interpellat pro homine, o sea que se presume que tal deudor ha sido prevenido desde el momento de la celebraci\u00f3n del contrato, que si no satisface el compromiso dentro de plazo estipulado se hace responsable de los respectivos perjuicios\u201d (CSJ, SC del 24 de septiembre de 1982). En los dem\u00e1s casos, es necesario que el deudor haya \u201csido reconvenido judicialmente por el acreedor\u201d (numeral 3\u00ba) (SC1170-2022). <\/p>\n
4.5. En este orden de ideas, la deudora qued\u00f3 prevenida de su obligaci\u00f3n de pago de perjuicios, desde el momento en que recibi\u00f3 las facturas y consinti\u00f3 en los t\u00e9rminos all\u00ed se\u00f1alados para la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, puntualmente, que en caso de no pagar el precio de las mercanc\u00edas y servicios recibidos en la fecha de vencimiento se\u00f1alada en el respectivo documento, entrar\u00eda en mora desde ese momento, lo que deja clara la impertinencia de constituirla en mora. <\/p>\n
4.6. Amerita precisar que los t\u00e9rminos de la obligaci\u00f3n reclamada, no es dable extraerlos de la legislaci\u00f3n mercantil sobre la factura, como t\u00edtulo valor, pues, m\u00e1s all\u00e1 de que en el proceso ejecutivo g\u00e9nesis del declarativo aqu\u00ed auscultado, se rest\u00f3 tal calidad a los documentos aducidos para el cobro, esta Sala considera que no es dable encuadrarlos en dicho instrumento mercantil. <\/p>\n
En efecto, la copiosa normativa y requisitos especiales en seguridad social para exigir el pago de bienes y servicios m\u00e9dicos, impiden identificar a los medios en comento con los principios de autonom\u00eda, incorporaci\u00f3n y literalidad propios de los t\u00edtulos valores (art. 619 del C.Co); en el sector salud los beneficiarios y adquirentes de los bienes y servicios son por regla diferentes de los destinatarios de las facturas y por ende obligados al pago, particularidad que desmarca a los comentados documentos del instrumento mercantil, donde de manera subyacente hay una relaci\u00f3n entre vendedor -prestador y comprador \u2013 beneficiario; y, tal relaci\u00f3n obedece a la existencia subyacente de un v\u00ednculo contractual, muchas veces inexistente en el sector salud, como ocurre en los casos de cobros por atenci\u00f3n de urgencias. <\/p>\n
5. Resta se\u00f1alar que, si bien los integrantes de esta Sala hemos manifestado en salvamento de voto a decisiones de conflicto de competencia tramitados por la Sala Plena de la Corte, que la atribuci\u00f3n para conocer de litigios como el aqu\u00ed cuestionado corresponde a la especialidad laboral2, por recaer sobre un tema de seguridad social, en este caso se asumi\u00f3 y tramit\u00f3 la tutela por las reglas de reparto del Decreto 333 de 2021, conforme se indic\u00f3 en el prove\u00eddo admisorio, por ser el superior funcional del Tribunal y el Juzgado que emitieron las decisiones objeto de cuestionamiento constitucional. <\/p>\n
7. Lo expuesto impone a la autoridad accionada volver a emitir decisi\u00f3n de segundo grado sobre el estudiado particular, sin que est\u00e9 de m\u00e1s resaltar, que ello se enmarca en la inconformidad que la demandante elev\u00f3 en la apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
8. En consonancia con lo expuesto, se acceder\u00e1 a la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo solicitado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente del proceso verbal que Sociedad Mediblanc S.A.S. promovi\u00f3 contra el Departamento Administrativo de Salud (DADIS), deje sin efecto la sentencia de 11 de marzo de 2022, mediante la cual resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra lo fallado el 5 de noviembre de 2021 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, y las actuaciones que dependan de aquella, y en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, emita una nueva providencia, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, remitir de inmediato al Tribunal acusado y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente del proceso declarativo antes individualizado, para que dicha Colegiatura d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 14 de diciembre de 2001, exp. No. 6230 <\/p>\n
2\u0002 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-00396-00, salvamento de voto. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC7875-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7875-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01664-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sociedad Mediblanc S.A.S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64692","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64692","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64692"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64692\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64692"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64692"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64692"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}