STC7877-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7877-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2022-00247-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de mayo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Garc\u00eda Misas contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Oralidad de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se \u00abrevoque la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado\u2026 y\u2026 se ordene al Ministerio de Salud que eleve a la artrosis a enfermedad de salud p\u00fablica y se tomen las medidas legales respectivas frente a la accionada Fiac Farmac\u00e9utica SAS \u2018en liquidaci\u00f3n\u2019 por el impedimento del acceso a un tratamiento m\u00e1s adecuado de la artrosis a m\u00e1s de dos millones de adultos mayores colombianos\u00bb <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Mario Alberto Garc\u00eda Misas promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Fiac Farmac\u00e9utica SAS, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, el que dict\u00f3 sentencia el 8 de marzo de 2022, denegando las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que con el proceso pretend\u00eda la protecci\u00f3n de los derechos de pacientes colombianos con artrosis, quienes se encontraban privados del acceso al tratamiento m\u00e1s adecuado para su enfermedad con el producto Noltrex. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que el fallador consider\u00f3 que no se pod\u00edan confundir los derechos colectivos con los individuales comunes a un grupo de personas determinadas o determinables, empero, la artrosis era una enfermedad inherente al ser humano y asociada al envejecimiento de toda la poblaci\u00f3n, por lo que pretend\u00eda que se elevara dicho padecimiento a la categor\u00eda de inter\u00e9s p\u00fablico. <\/p>\n
2.4. Adujo que los derechos de los pacientes de artrosis le eran comunes a todos; que se evidenciaba un desd\u00e9n por dicha patolog\u00eda; que lo que se hiciera por los afectados beneficiaria la salud articular de todos los colombianos; que buscaba que fuese asequible el dispositivo m\u00e9dico Noltrex debido a la especulaci\u00f3n del precio; y que los m\u00e9dicos tratantes nunca prescrib\u00edan ese dispositivo. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que se dejaron de valorar pruebas aducidas al proceso; que no pudo impugnar la acci\u00f3n popular por la afectaci\u00f3n emocional y moral que le produjo el fallo adverso despu\u00e9s de un proceso de 17 meses, pese a la contundencia de las probanzas que acreditaban la vulneraci\u00f3n de los derechos de los pacientes con artrosis. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que solo una semana despu\u00e9s de recibir la notificaci\u00f3n de la referida providencia pudo acercarse al despacho, con el alma arrugada, luego de un trabajo intenso y desgastante de dos meses; y que su acci\u00f3n deb\u00eda ser revisada y valorada a profundidad ante la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn remiti\u00f3 el proceso criticado. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda Regional de Antioquia indic\u00f3 que le dio traslado de las peticiones presentadas a la Superintendencia de Salud, lo que comunic\u00f3 al accionante, pues no era de su competencia definir o establecer el precio y autorizar el suministro o expedir las \u00f3rdenes de dicho medicamento; que se le brind\u00f3 asesor\u00eda al gestor sobre la elaboraci\u00f3n y presentaci\u00f3n de acciones populares; que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno; y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
3. El Ministerio de Salud refiri\u00f3 que no le constaba lo narrado por el peticionario; que no transgredi\u00f3 ninguna prerrogativa esencial; que no ten\u00eda dentro de sus funciones y competencias la de pronunciarse frente a las providencias de los estrados judiciales; que se opon\u00eda a todas pretensiones formuladas; que no se prob\u00f3 que se hubiese incurrido en yerro alguno; y que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no ten\u00eda injerencia en los hechos ni exist\u00eda imputaci\u00f3n jur\u00eddica que le asignara responsabilidad. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 10 Judicial II para Asuntos Civiles de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3 que no se conculcaron las garant\u00edas esenciales del promotor; que no se incurri\u00f3 en causal de procedibilidad alguna; y que el petente fue omisivo, por lo que no pod\u00eda acudir a la tutela para enmendar su inacci\u00f3n. <\/p>\n
5. La Superintendencia de Industria y Comercio refiri\u00f3 que carec\u00eda de competencia para pronunciarse respecto de la acci\u00f3n incoada, pues el asunto era ajeno a sus funciones, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
6. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES adujo que no se cumpl\u00edan con los requisitos de procedibilidad del resguardo; que lejos de las motivaciones altruistas de protecci\u00f3n de las personas con artrosis, lo que motivaba al accionante era \u00abun deseo de venganza contra el laboratorio\u00bb; que fue obligada a asumir el desgaste de una vinculaci\u00f3n obligatoria a una acci\u00f3n popular \u00ababsurda y sin fundamento t\u00e9cnico o l\u00f3gico\u00bb, adem\u00e1s de una \u00abtutela irracional\u00bb, pues el actor confesaba que no interpuso el recurso ordinario que pretende que se pase por alto. <\/p>\n
7. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima sostuvo que no le correspond\u00eda realizar pronunciamiento frente a lo expresado por el accionante; que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno; que se aten\u00eda a las actuaciones desarrolladas por los entes judiciales; que el gestor pretend\u00eda usar la tutela como una tercera instancia y revivir t\u00e9rminos judiciales debidamente aplicados; que no se cumpl\u00eda con los requisitos de procedibilidad del resguardo; que no exist\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa, y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
8. La Superintendencia de Salud asever\u00f3 que se presentaba falta de legitimaci\u00f3n y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
9. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que el promotor no interpuso en el t\u00e9rmino el recurso de apelaci\u00f3n frente al fallo emitido el 8 de marzo de 2022, pese a que el mismo le fue notificado, sin que fuera suficiente el argumento de que se sent\u00eda afligido por la decisi\u00f3n desfavorable, pues ello no lo relevaba de interponer oportunamente los medios de impugnaci\u00f3n a su disposici\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que comprend\u00eda que su afectaci\u00f3n emocional y moral no lo eximiera del cumplimiento del requisito de procedibilidad, empero, que se encontraba afrontando el derrumbe total de su vida por m\u00e1s de ocho a\u00f1os; que la Farmac\u00e9utica accionada logr\u00f3 burlar las leyes colombianas sin prueba alguna; que diez instituciones colombianas le hab\u00edan dado la espalda a sus denuncias y a m\u00e1s de dos millones de adultos mayores afectados; que solicitaba se salvara el hecho de que no hubiese agotado el recurso, pues pretend\u00eda evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; y que se deb\u00eda efectuar un examen exhaustivo del material probatorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que el accionante hubiese agotado los mecanismos de defensa con los que contaba. <\/p>\n
En efecto, el promotor no interpuso el recurso de apelaci\u00f3n que proced\u00eda conforme con el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, contra la sentencia proferida el 8 de marzo de 2022 en la acci\u00f3n popular censurada, por lo que desperdici\u00f3 el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos, sin que sean de recibo los argumentos planteados para superar dicho presupuesto, pues precisamente los medios de defensa fueron previstos por el legislador para salvaguardar las garant\u00edas que le asisten a los interesados. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
3. Finalmente, se le recuerda al peticionario que esta Sala ha precisado que \u00ab\u2026no es dable pretender, ni a\u00fan como mecanismo transitorio, sustituir los instrumentos legales mediante esta acci\u00f3n, porque el juez de tutela no puede actuar como si lo fuera de instancia; como tampoco opera paralelamente con las actuaciones judiciales, en raz\u00f3n a su car\u00e1cter subsidiario y residual\u2019 (sentencia de 29 de agosto de 2011, exp. 2001-00349-01)\u00bb (CSJ STC, 4 jun. 2012, rad. 2012-01300-00). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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