STC7880-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7880-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01883-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene al Tribunal accionado \u00abconceder agencias en derecho a [su] favor en ambas instancias, pues [su] acci\u00f3n prospero y debe aplicar art 365-1 CGP\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Koba Colombia SAS -D1 SAS-, bajo el radicado 2021-00074, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de Sevilla, el que dict\u00f3 sentencia el 19 de noviembre de 2021, en la que declar\u00f3 que: (i) oper\u00f3 la carencia actual de objeto por la existencia del ba\u00f1o p\u00fablico en la sucursal del municipio de Caicedonia, as\u00ed como la no violaci\u00f3n o grave amenaza actual de los derechos colectivos; (ii) la imposibilidad de acceder a las pretensiones de la demanda; y (iii) no conden\u00f3 en costas a las partes por no comprobarse su causaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Buga en fallo de 21 de abril de 2022 confirm\u00f3 el numeral tercero objeto de alzada. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que en tr\u00e1mite criticado se decret\u00f3 la carencia actual de objeto por hecho superado y se negaron las agencias en derecho a su favor, desconociendo abiertamente el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, pues la entidad accionada \u00abdespu\u00e9s de notificada realiz\u00f3 lo pedido en [su] acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Buga remiti\u00f3 el expediente criticado. <\/p>\n
2. Koba Colombia SAS indic\u00f3 que no se transgredieron los derechos fundamentales; que se otorgaron las oportunidades de defensa y contradicci\u00f3n; que se hizo una cuidadosa valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas; que no hubo parte vencida del proceso; que la tutela no era una tercera instancia; que no se acredit\u00f3 erogaci\u00f3n alguna; que las costas no constitu\u00edan una remuneraci\u00f3n ni deb\u00edan ser fijadas para obtener un provecho propio; y que se opon\u00eda a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en el fallo de segundo grado de la acci\u00f3n criticada, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En el presente asunto, el reparo concreto se circunscribe a la inconformidad presentada por el actor contra el numeral tercero referente a \u201cNO CONDENAR en costas al accionante y a la entidad accionada, por no hallarse comprobada su causaci\u00f3n\u201d, pues considera que tiene derecho a este rubro a su favor. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, se condenar\u00e1 en costas a la parte vencida dentro del proceso, en este caso, se negaron las pretensiones de la acci\u00f3n popular, por carencia actual de objeto, decisi\u00f3n que no fue objeto de recurso alguno, pues de lo \u00fanico que se duele el accionante es de que no se realiz\u00f3 una condena en costas a su favor. Aunado ello, dicho rubro solo se da cuando aparezcan causadas en el expediente y en la medida de su comprobaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, examinadas las circunstancias que rodearon la acci\u00f3n popular, se tiene que no hay lugar a condena en costas a favor del se\u00f1or MARIO RESTREPO por las siguientes razones: <\/p>\n
(i) el accionante fue vencido en el proceso, toda vez que se negaron las pretensiones por carencia actual de objeto, comoquiera que se demostr\u00f3 la existencia de un ba\u00f1o para discapacitados en el establecimiento del accionado; <\/p>\n
(ii) El accionante opt\u00f3 por una actitud pasiva dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular, pues no asisti\u00f3 a la audiencia de pacto de cumplimiento, consagrada en el art\u00edculo 27 de la ley 472 de 1998, ni controvirti\u00f3 lo manifestado por el accionado frente a la ejecuci\u00f3n de la obra para la construcci\u00f3n del ba\u00f1o p\u00fablico, pues simplemente inici\u00f3 la acci\u00f3n y no actu\u00f3 en el curso del proceso; y <\/p>\n
(iii) No obra en el expediente que las costas se hayan causado, ni se pueden comprobar por parte de esta Colegiatura. <\/p>\n
En este orden de ideas, encuentra la Sala acertada la decisi\u00f3n proferida por el Juez de primera instancia y en esta medida la sentencia impugnada deber\u00e1 ser confirmada\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del asunto; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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