STC7884-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7884-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-02134-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Hospital Departamental Santa Sof\u00eda de Caldas ESE contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de la prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se \u00abdeje sin efectos la sentencia en grado de casaci\u00f3n\u2026\u00bb; se \u00abprofiera sentencia sustitutiva, que acceda a las pretensiones de la casaci\u00f3n\u2026 y en su lugar se mantenga inc\u00f3lume la decisi\u00f3n tomada por el a quo\u00bb; y que en \u00abel evento de no acceder a las pretensiones\u2026 se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u2026 revocar la decisi\u00f3n tomada y\u2026 proceda a estudiar de fondo el recurso de casaci\u00f3n impetrado\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El Hospital Departamental Santa Sof\u00eda de Caldas ESE present\u00f3 demanda contra Caprecom EPS con miras a obtener el cumplimiento y pago de servicios de salud brindados a los afiliados por dicha caja por una suma de $4.617.039.201. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Diecisiete Laboral. del Circuito de Bogot\u00e1, el que dict\u00f3 sentencia el 13 de agosto de 2015, en la que conden\u00f3 a Caprecom al pago de la suma pretendida y a los intereses moratorios, decisi\u00f3n que no fue apelada, por lo que se remiti\u00f3 el expediente para que se surtiera la consulta. <\/p>\n
2.3. El 17 de agosto de 2018 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad la modific\u00f3, fij\u00f3 la condena en $1.356.327.979 y absolvi\u00f3 a la demandada de los intereses moratorios. Tras ser recurrida en casaci\u00f3n dicha providencia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 8 de marzo de 2021 no la cas\u00f3. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que se contradec\u00eda la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en donde se dejaba claro que no era admisible el rigorismo procesal o formal al estudiar la casaci\u00f3n, pues prevalec\u00eda el derecho sustancial sobre el procedimental. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que se aplicaron con rigor excesivo los aspectos procedimentales formales, afectando sus derechos; y que la decisi\u00f3n del Tribunal desconoc\u00eda el cumplimiento de las normas citadas en el recurso de casaci\u00f3n y aplicaba la jurisprudencia de forma err\u00f3nea. <\/p>\n
2.6. Adujo que el fallo censurado dejaba de lado los argumentos sustanciales invocados en el recurso y se concentraba \u00fanicamente en lo procedimental al considerar que no se cumpl\u00edan los requisitos t\u00e9cnicos formales, haciendo un esfuerzo m\u00ednimo de interpretaci\u00f3n y adecuaci\u00f3n. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura indic\u00f3 que la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 en atenci\u00f3n a la Constituci\u00f3n, la ley y la jurisprudencia; y que no se cumpl\u00eda con el requisito del principio de inmediatez, pues se debi\u00f3 interponer la tutela en un t\u00e9rmino prudencial. <\/p>\n
2. Par Caprecom liquidado se\u00f1al\u00f3 que no se encontraba legitimado en la causa por pasiva para pronunciarse sobre el fondo de la presente tutela, pues no se le pod\u00eda endilgar acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna respecto de la decisi\u00f3n criticada; y que no hab\u00eda violado prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues el fallo se produjo 6 meses despu\u00e9s de la comunicaci\u00f3n de la sentencia de casaci\u00f3n acusada, notificada en edicto del 9 de abril de 2021, sin que hubiere una explicaci\u00f3n v\u00e1lida que justificara su inactividad procesal; que no se prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable; que no se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho; que la exigencia de una debida fundamentaci\u00f3n de la casaci\u00f3n y la desestimaci\u00f3n de los cargos no permit\u00eda considerar que la sentencia fuese violatoria de los derechos fundamentales; que la demanda se deb\u00eda orientar a denunciar y demostrar la existencia de los errores previstos en las causales, por lo que si no se hac\u00eda o se efectuaba de forma deficiente, el fallador de casaci\u00f3n no pod\u00eda estudiar de fondo el cargo por carecer de elementos de juicio para hacerlo; que el juez de tutela no pod\u00eda realizar una nueva valoraci\u00f3n como si fuese uno de instancia; que lo resuelto obedeci\u00f3 a la labor hermen\u00e9utica y de apreciaci\u00f3n probatoria; que no se cumpl\u00edan con los requisitos para la procedencia del resguardo; y que no exist\u00eda un actuar ileg\u00edtimo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez, en tanto que la notificaci\u00f3n de la sentencia atacada fue el 9 de abril de 2021 y la tutela fue presentada el 12 de octubre siguiente, por lo que transcurrieron solamente seis meses; y que se insist\u00eda en la exigencia de los requisitos procedimentales con el menoscabo del derecho sustancial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia definitoria del asunto criticado no luce arbitraria, pues consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026A la opositora, no le asiste raz\u00f3n al reparo exteriorizado frente al alcance de la impugnaci\u00f3n, como que ese ac\u00e1pite contiene, con claridad, la pretensi\u00f3n o el querer del recurrente, centr\u00e1ndose en quebrar la decisi\u00f3n de segundo grado, para, despu\u00e9s, en sede de instancia, confirmar la del Juzgado. <\/p>\n
Sin embargo, se hace notar, que la casaci\u00f3n del trabajo esta instituida para asegurar el cumplimiento de la ley, cuyos fines, en atenci\u00f3n al orden p\u00fablico que se persigue, son los de unificaci\u00f3n de jurisprudencia, protecci\u00f3n de derechos fundamentales, control de la legalidad de los fallos, as\u00ed como el servir de instrumento para corregir los agravios infringidos a las partes (sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL041-2021). <\/p>\n
Para alcanzar ese cometido y, en atenci\u00f3n a su car\u00e1cter dispositivo, el recurrente debe seguir una serie de requisitos de orden formal y t\u00e9cnico al momento de presentar su demanda, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 90 del CPTSS, concordante con lo dispuesto en el 51 del Decreto 2651 de 1991 y 23 de la Ley 16 de 1968. <\/p>\n
Entre esas exigencias, se encuentra la relativa a la expresi\u00f3n de los motivos de casaci\u00f3n, tal como lo hace notar el numeral 5\u00b0 de la norma procesal laboral atr\u00e1s mencionado, donde, adem\u00e1s, se debe indicar \u00abel precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime violado\u00bb, as\u00ed como el concepto de la vulneraci\u00f3n, siendo estos, la infracci\u00f3n directa, la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea o la aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
De ah\u00ed, que el censor, al momento de formular su demanda, debe tener especial cuidado al integrar su proposici\u00f3n jur\u00eddica, ya que, no cualquier art\u00edculo la puede conformar, sino solo aquel, que contenga los derechos reclamados y que adem\u00e1s sea de orden nacional. <\/p>\n
En este asunto, se observa que el cargo primero se presenta por la v\u00eda directa, como consecuencia de la \u00abinaplicaci\u00f3n\u00bb, de las preceptivas enlistadas en ese ac\u00e1pite, sub motivo que no es propio de la casaci\u00f3n del trabajo, tal como se explic\u00f3 con anterioridad y, aun cuando puede entenderse que corresponde al de infracci\u00f3n directa, no por ello es viable estudiar de fondo la acusaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que el art\u00edculo 20 de la Ley 962 de 2005 y el 34 de la Ley 23 de 1981, no contienen los derechos perseguidos por la recurrente, agregando que la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, no es de orden nacional, al no ser expedida por el \u00f3rgano legislativo o expresamente facultado por \u00e9ste. <\/p>\n
En efecto, la Ley 962 de 2005 tiene por objeto dictar disposiciones sobre la racionalizaci\u00f3n de tr\u00e1mites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones p\u00fablicas o prestan servicios generales. <\/p>\n
Sobre el asunto de esa Ley, la Corte Constitucional en la sentencia CC C120-2006, indic\u00f3\u2026 <\/p>\n
As\u00ed, el prop\u00f3sito de esa preceptiva es el contribuir al ejercicio eficaz y eficiente de la funci\u00f3n administrativa ante las personas, para lo cual se modificaron procedimientos existentes, siendo claro entonces, su condici\u00f3n instrumental, insuficiente por s\u00ed solo para estructurar, en debida forma, la proposici\u00f3n jur\u00eddica, ya que se debi\u00f3 denunciar, como violaci\u00f3n medio que conllev\u00f3 a la contravenci\u00f3n de normas sustanciales de orden nacional, lo que no sucedi\u00f3\u2026 <\/p>\n
Es as\u00ed, como en la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL3293-2020, se dijo\u2026 <\/p>\n
Por otro lado y pese a seleccionar la v\u00eda de puro derecho, al desarrollarlo, se invita a la Corte a descender a las piezas procesales, as\u00ed como a los medios de convicci\u00f3n, al sostener la accionante, que la llamada a juicio no manifest\u00f3 que las facturas no se le hubieran presentado y que estas, contaban con la firma del funcionario de Caprecom. <\/p>\n
Esa situaci\u00f3n implica la mezcla de sendas de ataque no permitidas en el recurso no ordinario del trabajo, ya que si se escoge la senda directa, la funci\u00f3n del recurrente se debe centrar en rebatir \u00fanicamente las apreciaciones jur\u00eddicas realizadas por el sentenciador, mientras en la de los hechos, el error de la decisi\u00f3n de segundo grado, se origina no por la aplicaci\u00f3n o inaplicaci\u00f3n de una disposici\u00f3n, sino por abstenerse de revisar determinada prueba o que, de haberlo hecho, se hizo con error, relacionado, eso s\u00ed, con los elementos o supuestos f\u00e1cticos del juicio (CSJ SL 1989-2018). <\/p>\n
La segunda acusaci\u00f3n, presenta el mismo defecto respecto a la formulaci\u00f3n de la proposici\u00f3n jur\u00eddica, al relacionar, por su interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, la \u00absentencia del 22 de septiembre de 2017, proferida por la Sala Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con radicado No SC15032-2017, radicado No [\u2026], Magistrado Ponente [\u2026]\u00bb, que no es un precepto sustancial, como que, en esta, se aplic\u00f3 o interpret\u00f3 el sistema legal, pero no cre\u00f3 normas sustanciales al no ser funci\u00f3n de los jueces. <\/p>\n
Frente a similar vicio, en la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 43748, se apunt\u00f3\u2026 <\/p>\n
Por lo expuesto, los cargos se desestiman. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n con la que no se cas\u00f3 la sentencia de segundo grado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Recepcionada en esta Sala Especializada el 3 de junio de 2022. <\/p>\n
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