STC7888-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7888-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2022-00407-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de mayo de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Diana Mercedes Ricaurte Buitrago y Mar\u00eda Marlen Pedraza Buitrago contra el Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los Juzgados Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, D\u00e9cimo de Familia y Veinticinco de Familia, todos del mismo lugar, as\u00ed como los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las promotoras del amparo reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y propiedad, que dicen vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan que se le ordene \u00abla entrega inmediata la sumatoria de estas acreencias sucesorales\u2026 dentro de un t\u00e9rmino prudencial\u00bb; y se \u00abcompuls[en] copias pertinentes\u00bb al Consejo Seccional de la Judicatura y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que sea \u00abinvestigado este funcionario judicial que pudo obrar il\u00edcita e ilegalmente dentro de\u2026 la causa\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso ejecutivo de alimentos promovido por Carmen Mar\u00eda Serna Castiblanco, en nombre de su hijo Pedro Antonio Ricaurte Serna, contra Pedro El\u00edas Ricaurte, el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 decret\u00f3 medidas cautelares, dict\u00f3 sentencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, remiti\u00f3 el expediente a los estrados de ejecuci\u00f3n, en donde en el 2018 se remat\u00f3 el inmueble por la suma de $118.000.000; y en mayo de 2019 el ejecutado falleci\u00f3. <\/p>\n
2.2. Con prove\u00eddo de 5 de noviembre de 2019 fueron reconocidas como herederas del causante Diana Mercedes y Marcela Ricaurte Buitrago; en providencia de 12 de diciembre de 2019 se dio por terminado proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, se orden\u00f3 la entrega de los t\u00edtulos a la parte actora hasta el monto de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y costas aprobadas y se dispuso el desembargo de los bienes, decisi\u00f3n que no fue recurrida. <\/p>\n
2.3. Mediante auto de 19 de febrero de 2020 se neg\u00f3 la petici\u00f3n de entrega del remanente, en atenci\u00f3n a que exist\u00edan otros herederos, por lo que se deb\u00eda iniciar el respectivo proceso de sucesi\u00f3n e informar sobre su apertura para poner a disposici\u00f3n de dicho estrado el respectivo t\u00edtulo, determinaci\u00f3n que no fue objeto de recurso. <\/p>\n
2.4. Indicaron las accionantes que le solicitaron al estrado criticado el desembolso y entrega de las acreencias sucesorales de $83.000.000, pues el inmueble de su familiar fue vendido en el proceso criticado. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1alaron que el causante ven\u00eda cumpliendo con el acuerdo de alimentos, pero no se tuvieron en cuenta las sumas consignadas, por lo que la deuda ascendi\u00f3 a $33.000.000; y que a la fecha no se sab\u00eda el paradero de esos dineros. <\/p>\n
2.6. Sostuvieron que el fallador pretend\u00eda desconocer lo que pag\u00f3 el causante a tiempo; que se pon\u00eda en peligro su capital; y que se les ocasionaban perjuicios irremediables, pues se desconoci\u00f3 lo que ya se hab\u00eda cancelado. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que en ese despacho no curs\u00f3 proceso en el que fuese parte Pedro El\u00edas Ricaurte o las accionantes; y que revisado el sistema Siglo XXI al parecer el asunto lo conoc\u00eda el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Familia de esta ciudad. <\/p>\n
2. El Banco Agrario de Colombia se\u00f1al\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no era el llamado a responder frente a la vulneraci\u00f3n alegada, en tanto que no ten\u00eda la responsabilidad de autorizar el pago de los dep\u00f3sitos judiciales que se hab\u00edan constituido en los despachos judiciales o cualquier otro ente coactivo; y que no se transgredieron los derechos fundamentales de las promotoras. <\/p>\n
3. El Juzgado D\u00e9cimo de Familia de esta ciudad refiri\u00f3 que el 18 de octubre de 2013 remiti\u00f3 el expediente por descongesti\u00f3n a su hom\u00f3logo Veinticinco, por lo que deprecaba su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
4. El Juzgado Veinticinco de Familia del mismo lugar adujo que no encontr\u00f3 proceso en el que las intervinientes fueren parte, por lo que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n alguna. <\/p>\n
5. La Oficina de Apoyo para los Juzgados de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el juicio criticado. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues la decisi\u00f3n criticada databa del 19 de febrero de 2020, la que adem\u00e1s no fue recurrida; y que el silencio prolongado e injustificado se traduc\u00eda en un signo de asentimiento frente al proceso adelantado por el fallador de ejecuci\u00f3n convocado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el prove\u00eddo de 19 de febrero de 2020 con el que se deneg\u00f3 la entrega de dineros ante la existencia de otros herederos; y la interposici\u00f3n de la tutela el 2 de mayo de 2022, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Es de advertirse que no son de recibo los argumentos de las gestoras con los que pretenden superar el requisito de la inmediatez, pues el t\u00e9rmino se contabiliza a partir de la aludida decisi\u00f3n que denuncian como vulneradora de sus prerrogativas fundamentales, la que adem\u00e1s no recurrieron, desperdiciando el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Finalmente, se advierte frente a la solicitud de compulsa de copias, que si las peticionarias consideran que existe alguna actuaci\u00f3n irregular por parte del accionado, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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