STC7890-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7890-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2020-00939-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de julio de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Juan Carlos Rodr\u00edguez Manjarr\u00e9s contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Descongesti\u00f3n y la Fiscal\u00eda 26 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y propiedad privada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.2. El 30 de abril de 2014, el Juzgado Primero Especializado decret\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio de varios bienes inmuebles, entre ellos, los identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 080-61564 y 080-6336. <\/p>\n
2.3. El 13 de febrero de 2020, el Tribunal profiri\u00f3 sentencia, en la que no decret\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n invocada por el apoderado del tutelante y del se\u00f1or Osmi Rafael Curiel Choles, por indebida notificaci\u00f3n de la providencia que inici\u00f3 la actuaci\u00f3n, al tiempo que confirm\u00f3, en lo dem\u00e1s, el fallo de primera instancia. <\/p>\n
2.4. Frente a lo decidido, el promotor censura que la Fiscal\u00eda y los operadores judiciales de instancia no efectuaron las gestiones pertinentes, para \u00abla notificaci\u00f3n personal del prove\u00eddo de fecha veintis\u00e9is (26) de noviembre de dos mil dos (2002), soslay\u00e1ndose el deber de intentar si quiera la materializaci\u00f3n de la notificaci\u00f3n personal en el inmueble objeto del proceso de extensi\u00f3n de dominio, a pesar de que en el respectivo Certificado de Tradici\u00f3n y Libertad claramente se relaciona [\u2026] como \u00fanico propietario de los inmuebles identificados con las Matr\u00edculas inmobiliarias Nos. 080-61564 y 080-6336\u00bb; lo anterior impidi\u00f3 que tuviera conocimiento del proceso, por lo cual pidi\u00f3 la nulidad ante el Tribunal de conocimiento, pero le fue negada, seg\u00fan el tutelante, sin valorar en debida forma que las actuaciones surtidas, tales como el edicto y el emplazamiento, no se realizaron acorde con la normativa aplicable. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, que \u00abse deje sin efectos la sentencia de fecha trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020)\u00bb y que se ordene al Tribunal declarar la nulidad de lo actuado y \u00abretrotraer la actuaci\u00f3n y que se provea lo pertinente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 adujo que los defectos que denunciaba el accionante carec\u00edan de sustento y que no ten\u00edan otra pretensi\u00f3n que abrir una tercera v\u00eda, para volver a debatir los argumentos ampliamente discutidos, controvertidos y concluidos en el proceso respectivo. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio inform\u00f3 que, una vez en firme la resoluci\u00f3n que decret\u00f3 la procedencia de la acci\u00f3n extintiva, remiti\u00f3 el expediente a los Juzgados Penales, para que se resolviera el fondo del asunto. <\/p>\n
3. El Ministerio de Justicia, la Fiduprevisora S.A. y la Superintendencia de Sociedades instaron su desvinculaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. Promigas S.A. E.S.P. -afectado- solicit\u00f3 \u00abdejar inc\u00f3lumes e indemnes el derecho real de servidumbre adquirido l\u00edcitamente por PROMIGAS S.A.E.S.P. que constituy\u00f3 en el predio que compromete la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al considerar que la providencia cuestionada era razonable y estaba ajustada a los par\u00e1metros legales y constitucionales, pues \u00ab[\u2026] analiz\u00f3 la censura del accionante, la cual expone nuevamente a trav\u00e9s de esta v\u00eda judicial\u00bb, sin que sea viable la acci\u00f3n de tutela \u00abcomo una herramienta jur\u00eddica complementaria\u00bb, pues \u00abse convertir\u00eda pr\u00e1cticamente en una instancia adicional\u00bb, lo cual es improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el tutelante, insistiendo en los argumentos expuestos en el escrito inicial y enfatizando que \u00abel motivo principal por el cual se promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela fue el hecho de que a mi representado le hayan cercenado su derecho constitucional al acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026) y que no haya tenido la posibilidad de ejercer su derecho a la doble instancia\u00bb; adem\u00e1s, pidi\u00f3 que se verifique si fue integrado debidamente el contradictorio y que se declare la nulidad de la sentencia de primera instancia, porque no se decretaron las pruebas solicitadas en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la negativa de decretar la nulidad por falta de notificaci\u00f3n personal de la resoluci\u00f3n que inici\u00f3 la acci\u00f3n extintiva y por \u00abel no agotamiento de los mecanismos establecidos en la ley para perfeccionar tal requisito\u00bb, lo cual le impidi\u00f3 conocer el proceso oportunamente y ejercer su derecho de defensa. <\/p>\n
2. Ahora bien, revisadas las probanzas adosadas al plenario, se evidencia que, en la providencia rebatida, se resolvi\u00f3, en forma motivada y razonada, la solicitud de nulidad incoada por el tutelante y por el se\u00f1or Osmi Rafael Curiel Choles, por la falta de notificaci\u00f3n personal del proceso de extinci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. En efecto, el colegiado verific\u00f3 los \u00abactos adelantados por el Ente Fiscal, para lograr la comparecencia [del se\u00f1or] Juan Carlos Rodr\u00edguez Manjarr\u00e9s [\u2026] en calidad de titular inscrito de los bienes identificados con las M.I. Nos. 080-61564 y 080-6336\u2026\u00bb y expuso que, \u00ab[E]n la resoluci\u00f3n 26 de noviembre de 2002, la fiscal\u00eda dispuso al \u2018iniciaci\u00f3n oficiosa del tr\u00e1mite de extinci\u00f3n del derecho de dominio\u2019 respecto de los bienes inmuebles, sociedades y establecimientos de comercio del se\u00f1or PEDRO ANTONIO MANJARR\u00c9S GARC\u00cdA y algunos de sus familiares. Adem\u00e1s, orden\u00f3 el embargo, secuestro y la consecuente suspensi\u00f3n del poder dispositivo de aquellos, dej\u00e1ndolos a disposici\u00f3n de la extinta Direcci\u00f3n nacional de Estupefacientes, [\u2026] En ese orden, y de conformidad con lo normado en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 13 del Decreto 1975 de 2002, se dispuso notificar la anterior determinaci\u00f3n a los afectados. Posteriormente, [\u2026] se efectu\u00f3 el emplazamiento de los sujetos procesales que a\u00fan no hab\u00edan comparecido para intervenir en el tr\u00e1mite y hacer valer sus derechos, edicto que fue publicado en el diario La Rep\u00fablica y difundido por la emisora Radio Aut\u00e9ntica el 13 de marzo de 2003\u00bb. <\/p>\n
Respecto del edicto, destac\u00f3 que en aquel se identificaron \u00ablos bienes por los que se proced\u00eda y adem\u00e1s el acto de tradici\u00f3n de los mismos, especificando los nombres de las personas que participaron en ellos\u00bb. <\/p>\n
Surtido el tr\u00e1mite pertinente, el 9 de junio de 2003 se nombr\u00f3 curador ad litem, para que representara los derechos de terceros determinados e indeterminados con inter\u00e9s en el proceso, \u00abquien tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo y se notific\u00f3 personalmente de la resoluci\u00f3n de inicio de la misma fecha\u00bb. <\/p>\n
2.2. Argument\u00f3 que, \u00absi bien es cierto, no se logr\u00f3 el enteramiento personal de [\u2026] Juan Carlos Rodr\u00edguez Manjarr\u00e9s y de Osmi Rafael Curiel, tambi\u00e9n lo es que se agotaron los mecanismos supletorios establecidos en la ley para perfeccionar tal acto comunicacional, situaci\u00f3n que descarta la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso\u00bb; aunado a que \u00aben los respectivos folios de matr\u00edcula inmobiliaria fueron inscritas las medidas de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo [\u2026] desde el 4 de diciembre de 2002 y 17 de noviembre de 2005, motivo por el cual resulta poco cre\u00edble que solo hasta noviembre de 2016, esto es despu\u00e9s de m\u00e1s de 10 a\u00f1os, cuando la actuaci\u00f3n se halla en estadio final, se enteran de la existencia del tr\u00e1mite, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que el certificado constituye un medio para garantizar la publicidad del proceso extintivo con la inscripci\u00f3n de las medidas respectivas de dominio\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que \u00ablos activos han estado todo el tiempo bajo la administraci\u00f3n de la entidad competente como consecuencia del secuestro, esto se acredita con las resoluciones Nos 1141 de 10 de diciembre de 2002, 628 de 8 de julio de 2003 y 0151 de 10 de febrero de 2006 de la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes en las que se evidencia la designaci\u00f3n de los depositarios provisionales, gesti\u00f3n administrativa que tambi\u00e9n pudo corroborar la Sala con el informe de Polic\u00eda Judicial No. 14452 de 16 de diciembre de 2003 [\u2026], circunstancias f\u00e1cticas plenamente acreditadas que desvirt\u00faan la tesis que ahora pretenden oponer [\u2026] con el prop\u00f3sito de subsanar la incuria\u00bb. <\/p>\n
2.3. Ahora bien, sobre el derecho referido por el solicitante respecto de los bienes objeto de extinci\u00f3n, enfatiz\u00f3 los argumentos expuestos en primera instancia, en el sentido que \u00ablos predios con matr\u00edcula inmobiliaria 080-61564 (antes 080-37711) y 080-6336, los cuales figuran adquiridos por el se\u00f1or JUAN CARLOS RODR\u00cdGUES MANJARR\u00c9S, mediante escritura p\u00fablica No. 383 y 384 del 6 de octubre de 1998, [\u2026] con posterioridad el propietario inscrito enajen\u00f3 los bienes al afectado PEDRO ANTONIO MANJARR\u00c9S GARC\u00cdA, a trav\u00e9s de las escrituras Nos. 354 y 338 del 2 de marzo y 26 de febrero de 1999, respectivamente, por los cuales se cancel\u00f3 las sumas de $125.000.000 y $68.000.000, que el vendedor declar\u00f3 haberlos recibido a entera satisfacci\u00f3n de manos del comprador PEDRO ANTONIO MANJARR\u00c9S GARC\u00cdA, quedando pendiente \u00fanicamente la anotaci\u00f3n en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliario\u00bb, lo cual explica por qu\u00e9, desde el origen del proceso, el apoderado \u00abdel se\u00f1or MANJARR\u00c9S GARC\u00cdA afirmara que este \u00faltimo era el propietario de tales bienes, al punto que los mismos fueron tenidos en cuenta [\u2026] en el estudio contable que presentaron para oponerse a la acci\u00f3n extintiva\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por lo expuesto, concluy\u00f3 que no hab\u00eda lugar a decretar la nulidad, \u00abporque se demostr\u00f3 que la fiscal\u00eda agot\u00f3 los mecanismos establecidos en la ley para el enteramiento de la susodicha decisi\u00f3n [\u2026] adem\u00e1s se evidenciaron actos de administraci\u00f3n de los bienes y de registro de medidas cautelares que dieron publicidad a la existencia del proceso; y, existen circunstancias demostrativas de la verdadera propiedad de los bienes en cabeza del se\u00f1or PEDRO ANTONIO MANJARR\u00c9S GARC\u00cdA\u00bb. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron los argumentos de la parte. <\/p>\n
3.1. En efecto, el Despacho accionado abord\u00f3 la tem\u00e1tica relacionada con el enteramiento de la resoluci\u00f3n de inicio, verificando que lo fuera conforme con la normatividad imperante en la materia y concluyendo que la medida se registr\u00f3 en los respectivos folios de matr\u00edcula, que \u00abexistieron actos de administraci\u00f3n a cargo de la entidad administradora de bienes, [\u2026] aunado que la prueba documental allegada por el se\u00f1or Pedro Manjarrez Garc\u00eda permiti\u00f3 evidenciar que es el verdadero propietario de los inmuebles [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3.2. Al respecto, vale la pena se\u00f1alar que esta Sala ya se hab\u00eda pronunciado sobre la decisi\u00f3n de nulidad cuestionada, al resolver la tutela radicada por el se\u00f1or Osmi Rafael Curiel Choles, oportunidad en la que se concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab\u2026ninguna irregularidad se advierte en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, pues en ella, la colegiatura convocada, efectu\u00f3 un an\u00e1lisis integral de los argumentos presentados por el ac\u00e1 quejoso para solicitar la nulidad de las actuaciones surtidas a partir de la resoluci\u00f3n de inicio, de cara a las piezas procesales que componen el expediente\u2026 <\/p>\n
De acuerdo con el anterior recuento, es claro que la decisi\u00f3n objeto de reproche se encuentra debidamente sustentada en tanto que la corporaci\u00f3n demandada indic\u00f3 las razones por las cuales consideraba que no exist\u00edan las falencias atribuidas por el ac\u00e1 quejoso con las que buscaba invalidar lo actuado. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se observa el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada\u2026\u00bb (STC11414-2021, expediente 2020-00936-01, se subraya). <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, en el sub judice se evidencia una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden1, por lo que el amparo invocado no es procedente. <\/p>\n
4. De otra parte, en cuanto a la presunta falta notificaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional a \u00abtodos los extremos procesales e intervinientes con inter\u00e9s leg\u00edtimo en las resultas de este proceso\u00bb, es pertinente indicar que la eventual ocurrencia de este tipo de vicios, a la luz de lo previsto en el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, solo puede ser alegada por la persona afectada, esto es, quien no hubiere sido debidamente notificada, por lo cual no hay lugar a hacer pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
Y en cuanto la presunta nulidad, porque el a quo constitucional no se pronunci\u00f3 sobre la solicitud de pruebas realizada con el escrito de tutela, debe resaltarse que el art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991 le permite al juez constitucional, \u00abtan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa\u00bb, dictar la sentencia correspondiente, \u00absin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u00bb, por lo que no se configura el vicio aludido en la actuaci\u00f3n surtida. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7890-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7890-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2020-00939-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de junio dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64702","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64702"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64702\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}