STC7892-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7892-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00760-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 28 de abril de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mariela Garc\u00eda de Peraf\u00e1n contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, tr\u00e1mite al cual fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00ba 2017-00085. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En s\u00edntesis, relat\u00f3 que inici\u00f3 juicio ordinario laboral contra la Colpensiones, con el fin de que se declarara que su c\u00f3nyuge N\u00e9stor Peraf\u00e1n Potes dej\u00f3 causada la pensi\u00f3n de vejez en los t\u00e9rminos del Acuerdo 049 de 1990, en concordancia con el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 por ser beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y, en consecuencia, se le concediera la pensi\u00f3n de sobrevivientes acorde con el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, a partir del 2 de septiembre de 2001, teniendo en cuenta que acredit\u00f3 los requisitos establecidos en el literal b) del art\u00edculo 25 del aludido Acuerdo. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que mediante sentencia de 21 de marzo de 2018 el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura conden\u00f3 a la demandada y orden\u00f3 el pago de la prestaci\u00f3n a partir del 9 de enero de 2014, determinaci\u00f3n que revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga el 7 de mayo de 2019, por lo que interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral con sentencia SL5569-2021 de 9 de diciembre de 2021, dispuso no casar el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
Adujo que las autoridades accionadas desconocieron el precedente constitucional, entre otras, la sentencia SU-008 de 2018, reiterado en la SU-556 de 2019, a trav\u00e9s de las cuales la Corte Constitucional unific\u00f3 su jurisprudencia frente al alcance del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia de pensiones de sobrevivientes. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que es una persona de especial protecci\u00f3n constitucional, debido a sus particulares circunstancias de desprotecci\u00f3n econ\u00f3mica, de salud y avanzada edad, lo que amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional a efectos de evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto \u00ablas sentencias que la Sala Tercera de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y la Sala Laboral de la Corte Suprema de justicia profirieron el 7 de mayo de 2019 y el 9 de diciembre de 2021, respectivamente\u00bb, y en su lugar, confirmar \u00abel fallo que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura profiri\u00f3 el 21 de marzo de 2018 y se ordene a Colpensiones conceder la pensi\u00f3n de sobrevivientes y pagar las mesadas dejadas de percibir\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se opuso a la prosperidad del amparo, argumentando que la providencia cuestionada, adem\u00e1s de ser razonable, fue proferida con estricto apego a la Constituci\u00f3n, la ley y el precedente jurisprudencial de la Sala permanente. <\/p>\n
Sobre la fuerza vinculante del precedente constitucional, particularmente de la sentencia SU-005 de 2018, indic\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ha se\u00f1alado que se aparta de su contenido, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y que su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional, a fin de no quebrantar otros bienes jur\u00eddicos superiores. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, luego de pronunciarse frente a los hechos de la tutela y las pretensiones, afirm\u00f3 que no incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n endilgada y pidi\u00f3 declarar a improcedencia de solicitud de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, alleg\u00f3 las decisiones proferidas por ese despacho en el tr\u00e1mite del proceso ordinario aqu\u00ed cuestionado. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (PARISS), pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, argumentando que carece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida. <\/p>\n
5. Colpensiones solicit\u00f3 negar la acci\u00f3n de tutela, por cuanto no se materializ\u00f3 ning\u00fan defecto o vulneraci\u00f3n de los derechos invocados, y porque adem\u00e1s sobre el asunto debatido existe cosa juzgada y este mecanismo no puede constituirse en una tercera instancia. <\/p>\n
6. La Procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal inform\u00f3 que no ejerci\u00f3 labor o intervenci\u00f3n en el curso del proceso laboral frente al cual se formul\u00f3 este mecanismo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de amparo, tras concluir que la decisi\u00f3n proferida por la Sala accionada es razonable y se encuentra debidamente fundamentada, tanto en las normas que gobiernan la materia como en la jurisprudencia que en ese sentido ha desarrollado la misma Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, resalt\u00f3 que no se advert\u00edan circunstancias que pudieran generar un perjuicio irremediable en contra de la peticionaria que habilitara la procedencia excepcional de la tutela. <\/p>\n
Fue formulada por la accionante sin exponer los argumentos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Mar\u00eda Garc\u00eda de Peraf\u00e1n pretende que a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, se dejen sin efecto las decisiones de segunda instancia y casaci\u00f3n, proferidas en el proceso ordinario que inici\u00f3 contra Colpensiones y, en su lugar, se ordene a esa Administradora efectuar el pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada y las mesadas dejadas de percibir. <\/p>\n
Al respecto, afirma que las autoridades accionadas desconocieron el precedente constitucional, en especial la sentencia SU-005 de 2018 a trav\u00e9s de la cual se unific\u00f3 la jurisprudencia en materia de pensiones de sobrevivientes y se expuso el alcance del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para personas en condiciones de vulnerabilidad como ella. <\/p>\n
3. De entrada se precisa que, el an\u00e1lisis constitucional se circunscribir\u00e1 a la sentencia SL5569-2021 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 9 de diciembre de 2021, porque con ella se dirimi\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente, mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n
Estudiada la aludida decisi\u00f3n, se observa que la Corporaci\u00f3n accionada defini\u00f3 como problema jur\u00eddico determinar si, el Tribunal Superior de Buga incurri\u00f3 en los desafueros atribuidos, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n a partir de la preceptiva del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, o si, por el contrario, el otorgamiento del derecho deb\u00eda definirse seg\u00fan los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, dando aplicaci\u00f3n al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que no casar\u00eda el fallo de segundo grado, como quiera que el afiliado falleci\u00f3 el 8 de enero de 2014, raz\u00f3n por la cual, la normativa aplicable era el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, resaltando que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ha establecido que, por regla general, el precepto que rige, es el que se encuentre vigente al momento del deceso del afiliado, para lo cual cit\u00f3 la sentencia SL2476-2018. <\/p>\n
Enseguida expuso: <\/p>\n
\u00abEn ese orden, se impone descartar la tesis que propone la censura, en la medida en que la jurisprudencia ha reiterado que a\u00fan bajo el espectro de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, es inviable dar aplicaci\u00f3n plus ultractiva a la ley y hacer una b\u00fasqueda hist\u00f3rica hasta encontrar la que se ajuste a las condiciones particulares del caso. A tal soluci\u00f3n se opone la regla de retrospectividad o aplicaci\u00f3n inmediata de las normas del trabajo y de la seguridad social (CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL1689-2017, CSJ SL 1685-2019 y CSJ SL2829-2019). <\/p>\n
Se ha proclamado que aplicaci\u00f3n de tal principio, tiene las siguientes caracter\u00edsticas: i) no es absoluto ni atemporal; ii) procede ante un cambio normativo, y iii) permite la aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n precedente a la vigente al momento de la muerte, siempre que el afiliado aportara la densidad de semanas requerida para el reconocimiento del derecho (CSJ SL4938-2021)\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, entre otras, en la sentencia SL1673-2020 se ha establecido que el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, tiene como prop\u00f3sito servir de puente de amparo entre quienes se encuentran en una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, para que puedan movilizarse entre una ley y otra, raz\u00f3n por la cual, cuando el asegurado no se encontraba cotizando al sistema general de pensiones en la fecha en que entr\u00f3 en vigencia la Ley 797 de 2003, era necesario acreditar, <\/p>\n
\u00abi) que el deceso ocurriera entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006; ii) haber cotizado por lo menos 26 semanas en el a\u00f1o anterior a la muerte; iii) que dentro del a\u00f1o antes a la data del tr\u00e1nsito legislativo, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y el 29 de enero de 2003, hubiera aportado 26 semanas o m\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, determin\u00f3 que no era posible acudir a la ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original, puesto que el afiliado no satisfizo ninguno de los requisitos expuestos, ello por cuanto el fallecimiento ocurri\u00f3 el 8 de enero de 2014 y el ultimo aporte al sistema general de pensiones fue en abril de 2005. <\/p>\n
Igualmente, puntualiz\u00f3 que aun cuando el causante era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, no cumpli\u00f3 las exigencias del Acuerdo 049 de 1990, por cuanto, tal y como lo encontr\u00f3 probado el ad quem y no fue debatido en sede casacional, el afiliado cotiz\u00f3 en toda su vida laboral un total de 751.58 semanas y en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad, 296.01 semanas. <\/p>\n
Anot\u00f3 que, en esos casos el conteo de los 20 a\u00f1os en los que deben cotizarse las 500 semanas, debe iniciarse desde la fecha de muerte hac\u00eda atr\u00e1s, \u00abEs decir, ello solo tiene aplicaci\u00f3n si el deceso ocurre antes de la edad m\u00ednima de 60 a\u00f1os\u00bb (CSJ SL4938-2021), que no es el caso, dado que la muerte del afiliado ocurri\u00f3 mucho tiempo despu\u00e9s de cumplir los 60 a\u00f1os de edad (2 septiembre de 2001)\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, encontr\u00f3 acertado el proceder del Tribunal, al concluir el campo de aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, baj\u00f3 la defensa del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que el fallo de primer grado habr\u00e1 de ser confirmado, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los yerros alegados por la peticionaria y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que la Corporaci\u00f3n accionada soport\u00f3 su decisi\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia que sobre la tem\u00e1tica tiene vigente esa Sala y el razonable entendimiento de las normas que rigen para el caso concreto, encontrando que no era posible aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para conceder la pensi\u00f3n de sobrevivientes, puesto que el afiliado falleci\u00f3 el 8 de enero de 2014, esto es, en vigencia de la Ley 797 de 2003, resultando inviable dar aplicaci\u00f3n plus ultractiva a la ley y hacer una b\u00fasqueda hist\u00f3rica hasta encontrar la que se ajustara a las condiciones particulares del caso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por la suplicante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la providencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional en busca de una nueva instancia inexistente en el ordenamiento procesal, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. Ahora bien, referente al desconocimiento de los lineamientos fijados en la sentencia SU005-2018 proferida por la Corte Constitucional, se tiene que en pret\u00e9rita oportunidad la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se pronunci\u00f3 frente a la fuerza vinculante del precedente constitucional y su apartamiento, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab[T]eniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y que su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional \u2013a fin de no quebrantar otros bienes jur\u00eddicos superiores valiosos para los individuos y la sociedad-, respecto de la sentencia de tutela T-953-2014 que refiere la censura en el cargo, la Sala considera oportuno se\u00f1alar que la misma tiene efectos inter partes. Y, en todo caso, dicho criterio fue posteriormente modificado a trav\u00e9s de la sentencia SU-005-2018, de cuyo contenido esta Sala de Casaci\u00f3n de la Corte se aparta, en cumplimiento de los requisitos de trasparencia y suficiencia definidos por la Corte Constitucional (C-621-2015 y SU-354-2017), por las razones que expone a continuaci\u00f3n (deber de argumentaci\u00f3n suficiente) (\u2026) <\/p>\n
Pues bien, a juicio de esta Corporaci\u00f3n, en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Asimismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y retrospectividad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de aplicarse cualquier disposici\u00f3n anterior se dar\u00edan efectos plus ultraactivos a normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, lo que afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la norma aplicable en la medida en que el juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible (CSJ SL1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019 y CSJ SL2829-2019). <\/p>\n
Por otra parte, debe advertirse que la financiaci\u00f3n de todo sistema pensional depende de variables demogr\u00e1ficas, fiscales o actuariales que deben ajustarse en diferentes momentos, de modo que las reformas en determinados contextos pueden privilegiar aspectos que antes no contemplaban o, potenciar algunos de ellos, como por ejemplo darle mayor peso a la permanencia en la afiliaci\u00f3n para la adquisici\u00f3n de un derecho pensional que a la sola acreditaci\u00f3n de un n\u00famero espec\u00edfico de semanas. (\u2026) <\/p>\n
En s\u00edntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales. (SL1939-2020 rad n\u00ba 70924). (Negrilla y subrayas de esta Sala). <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, t\u00e9ngase presente, que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes CSJ STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y STC3514-2022, entre muchos. <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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