STC7896-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7896-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00795-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 3 de mayo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Lucy Varela Arag\u00f3n contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, tr\u00e1mite al cual fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00ba 2013-00042. <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, seguridad social, debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Para sustentar su petici\u00f3n, relat\u00f3 en s\u00edntesis que, promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su esposo Germ\u00e1n Enrique Jim\u00e9nez Esquivel ocurrido el 4 de febrero de 2006. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, surtido el correspondiente tr\u00e1mite, el 4 de diciembre de 2013 el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali absolvi\u00f3 a la demandada; decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de la misma ciudad el 12 de febrero de 2014. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral con sentencia SL1683-2021 de 8 de mayo de 2019, dispuso no casar el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
Adujo que deb\u00eda reconocerse en su favor la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa de conformidad con lo se\u00f1alado en la jurisprudencia constitucional, pues cuenta con 69 a\u00f1os y recibe una pensi\u00f3n de invalidez consistente en un salario m\u00ednimo legal mensual vigente, suma insuficiente para cubrir sus gastos y medicinas, adem\u00e1s, porque cumple con los requisitos exigidos en los art\u00edculos 5 y 25 del Decreto 758 de 1990 para obtener la prestaci\u00f3n reclamada, teniendo en cuenta vez que su esposo cotiz\u00f3 al ISS un total de 356 semanas a partir del 25 de enero de 1971 hasta el 30 de junio de 1987. <\/p>\n
Por \u00faltimo, refiri\u00f3 algunas decisiones de la Corte Constitucional, entre ellas, la sentencia SU005 de 2018, que desarroll\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia de pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto las decisiones proferidas en sede de instancia, as\u00ed como la de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y, en su lugar, condenar a Colpensiones a reconocer y pagar la pensi\u00f3n de sobrevivientes a partir del 4 de febrero de 2006. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n e indic\u00f3 que las actuaciones adelantadas por ese despacho fueron realizadas conforme a las normas vigentes para el caso en particular y los criterios jur\u00eddicos aplicables al mismo. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (PARISS), pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, argumentando que carece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida. <\/p>\n
3. Colpensiones solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, por cuanto no se materializ\u00f3 ning\u00fan defecto o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, adem\u00e1s porque desconoce el presupuesto de inmediatez y sobre el asunto debatido existe cosa juzgada, sin que este mecanismo pueda constituirse en una tercera instancia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de amparo, tras encontrar razonables los argumentos expuestos en el fallo de casaci\u00f3n cuestionado, que se encuentra acorde con la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
Por otra parte, precis\u00f3 que los reparos formulados por la suplicante son incompatibles con la acci\u00f3n de tutela, pues pretende revivir un debate que fue debidamente superado en el escenario propicio para ello y con exclusividad ante los jueces competentes. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante aduciendo que, si bien el a quo constitucional hizo referencia al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, no ahond\u00f3 sobre el mismo ni los alcances del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, y agreg\u00f3 que el argumento y las pruebas presentadas en su escrito de tutela fueron desestimados, colocando su petici\u00f3n en un segundo plano, sin dar aplicaci\u00f3n a las normas invocadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la censura de la se\u00f1ora Mar\u00eda Lucy Varela Arag\u00f3n radica, seg\u00fan expone, en la falta de aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en especial la sentencia SU005 de 2018 y considera que en su caso era procedente realizar el estudio de su solicitud conforme a lo estipulado en el Decreto 758 de 1990, puesto que cumple con los requisitos all\u00ed establecidos para obtener el reconocimiento de la prestaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
3. De entrada se advierte que si bien la acci\u00f3n de tutela fue formulada el 19 de abril de 2022, es decir transcurridos alrededor de tres (3) a\u00f1os despu\u00e9s de notificada la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, lo cierto es que el presupuesto temporal que ha establecido la jurisprudencia para la procedencia del amparo se tiene por superado, teniendo en cuenta que la controversia recae sobre derechos pensionales que ostentan el car\u00e1cter de irrenunciables e imprescriptibles, cuya presunta afectaci\u00f3n se considerar\u00e1 actual (CSJ STC6492-2021). <\/p>\n
Igualmente se hace \u00e9nfasis, en que el an\u00e1lisis constitucional se circunscribir\u00e1 a la sentencia SL1683-2021 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 8 de mayo de 2019, porque con ella se dirimi\u00f3 la controversia y, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente, mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n
4. Ahora bien, examinada la providencia aludida, la solicitud de protecci\u00f3n constitucional no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito, puesto que, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, infundada o contraria a los preceptos que rigen la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Para lo anterior, basta decir, que la Sala accionada, se\u00f1al\u00f3 que a pesar de los yerros que presentaba la demanda de casaci\u00f3n, el an\u00e1lisis conjunto de los cargos permit\u00eda identificar adem\u00e1s de la inconformidad de la recurrente, lo pretendido por ella, consistente en la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, para obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes acorde a lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990, pese a que su estructuraci\u00f3n se dio en vigencia de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
Preliminarmente indic\u00f3 que no eran objeto de discusi\u00f3n los siguientes hechos, <\/p>\n
\u00abQue el afiliado Germ\u00e1n Enrique Jim\u00e9nez, falleci\u00f3 el 4 de febrero de 2006; que la actora contrajo matrimonio con \u00e9l, el 28 de abril de 1973; que Germ\u00e1n Jim\u00e9nez estuvo afiliado al ISS y realiz\u00f3 cotizaciones entre el 25 de enero de 1971 y el 11 de marzo de 1988; que la historia laboral visible a folio 48, refiere que fallecido cotiz\u00f3 329,43 semanas en toda su vida laboral; que el 2 de marzo de 2006 la demandante solicit\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes; que la prestaci\u00f3n le fue negada, mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba. 011900 de 2006, por no cumplir con los requisitos de densidad de semanas y fidelidad establecidos en la Ley 797 de 2003; y que en el precitado acto administrativo se le concedi\u00f3 la indemnizaci\u00f3n sustitutiva por valor de $1.792.254, liquidada sobre la base de \u00ab356 semanas cotizadas\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, destac\u00f3 que seg\u00fan lo establecido por esa Sala de Casaci\u00f3n, por regla general, la norma llamada a regular la pensi\u00f3n de sobrevivientes es la vigente a la fecha de fallecimiento del afiliado o pensionado, y explic\u00f3, que en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no era posible realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de la normativa con el fin de conseguir la que se mejor se ajuste a las circunstancias personales de cada asegurado. En ese sentido expuso: <\/p>\n
\u00abEn otros t\u00e9rminos, por ning\u00fan motivo, en casos como el presente, que se rige por la Ley 797 de 2003, resulta dable la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, para justificar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes con 300 semanas cotizadas, como se menciona en los cargos, incluso si tales cotizaciones se efectuaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues, se itera, el Decreto 758 de 1990 no es la norma inmediatamente anterior a la vigente para la data del deceso del afiliado\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, determin\u00f3 que no se evidenciaba el yerro endilgado a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, puesto que, la norma aplicable en el caso concreto era el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, empero, no se acreditaron las 50 semanas cotizadas dentro de los tres a\u00f1os inmediatamente anteriores al fallecimiento de Germ\u00e1n Enrique Jim\u00e9nez Esquivel, presupuesto necesario para conceder el derecho reclamado. <\/p>\n
Por otra parte, sostuvo que, <\/p>\n
\u00abel asegurado fallecido tampoco reuni\u00f3 los requisitos para dejar causada la pensi\u00f3n de vejez, conforme a lo establecido en el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, en consonancia con el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, pues aunque era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, dado que naci\u00f3 el 28 de junio de 1949 y, por tanto, a 1 de abril de 1994, contaba con m\u00e1s de 40 a\u00f1os de edad, lo cierto es que no acumul\u00f3 el n\u00famero m\u00ednimo de semanas requeridas en el r\u00e9gimen de prima media, esto es, ni las 1000 semanas en toda la vida laboral, ni las 500 dentro de los veinte a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima o de su fallecimiento\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se refiri\u00f3 a la discusi\u00f3n f\u00e1ctica planteada sobre el n\u00famero de semanas acumuladas por el afiliado fallecido durante toda su vida laboral, as\u00ed, <\/p>\n
\u00ab[O]bserva la Sala que raz\u00f3n le asiste a la parte opositora cuando se\u00f1ala que el ad quem tuvo por demostrado que el afiliado hab\u00eda cotizado 329,43 en toda su vida laboral, de conformidad con lo enunciado en la historia laboral de folio 48, al igual que lo hizo el a quo en su fallo de primer grado; que si bien la recurrente en el cargo se\u00f1alado cuestiona al tribunal por haber dejado de apreciar la Resoluci\u00f3n n\u00ba 011900 del 27 de junio de 2007, en la que se expres\u00f3 que el causante cotiz\u00f3 356 semanas en toda su vida laboral, tal reproche no puede ser objeto de pronunciamiento por esta Sala, toda vez que no fue cuestionado por la demandante, de manera concreta, en el recurso de apelaci\u00f3n, ni objeto de adici\u00f3n o complementaci\u00f3n frente al fallo del Tribunal. En todo caso, debe decirse que este cuestionamiento resulta inocuo a fin de obtener la ruptura de la decisi\u00f3n impugnada, toda vez que los pilares esenciales en que se fundament\u00f3 la absoluci\u00f3n de la demandada no resultan derruidos en su totalidad con tal aseveraci\u00f3n y, por el contrario, conservan su presunci\u00f3n de legalidad\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea argumentativa, determin\u00f3 la improsperidad de los cargos y resolvi\u00f3 no casar la decisi\u00f3n dictada el 12 de febrero de 2014 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. <\/p>\n
5. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que la sentencia de primera instancia habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidencia en la sentencia SL1683-2021 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 8 de mayo de 2019, desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los yerros alegados por la accionante y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la rese\u00f1ada providencia se soport\u00f3 en la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia que sobre la tem\u00e1tica tiene vigente esa Sala y el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, encontrando que no era posible acudir al Decreto 758 de 1990 para conceder la pensi\u00f3n de sobrevivientes dando aplicaci\u00f3n al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, en tanto que la referida norma no correspond\u00eda a la inmediatamente anterior a la vigente a la ocurrencia del deceso del afiliado que en este caso era la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
6. Ahora bien, referente al desconocimiento de los lineamientos fijados en la sentencia SU005-2018 de la Corte Constitucional, se tiene que en pret\u00e9rita oportunidad la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se pronunci\u00f3 frente a la fuerza vinculante del precedente constitucional y su apartamiento, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab[T]eniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y que su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional \u2013a fin de no quebrantar otros bienes jur\u00eddicos superiores valiosos para los individuos y la sociedad-, respecto de la sentencia de tutela T-953-2014 que refiere la censura en el cargo, la Sala considera oportuno se\u00f1alar que la misma tiene efectos inter partes. Y, en todo caso, dicho criterio fue posteriormente modificado a trav\u00e9s de la sentencia SU-005-2018, de cuyo contenido esta Sala de Casaci\u00f3n de la Corte se aparta, en cumplimiento de los requisitos de trasparencia y suficiencia definidos por la Corte Constitucional (C-621-2015 y SU-354-2017), por las razones que expone a continuaci\u00f3n (deber de argumentaci\u00f3n suficiente): <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Pues bien, a juicio de esta Corporaci\u00f3n, en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Asimismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y retrospectividad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de aplicarse cualquier disposici\u00f3n anterior se dar\u00edan efectos plus ultractivos a normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, lo que afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la norma aplicable en la medida en que el juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible (CSJ SL1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019 y CSJ SL2829-2019). <\/p>\n
Por otra parte, debe advertirse que la financiaci\u00f3n de todo sistema pensional depende de variables demogr\u00e1ficas, fiscales o actuariales que deben ajustarse en diferentes momentos, de modo que las reformas en determinados contextos pueden privilegiar aspectos que antes no contemplaban o, potenciar algunos de ellos, como por ejemplo darle mayor peso a la permanencia en la afiliaci\u00f3n para la adquisici\u00f3n de un derecho pensional que a la sola acreditaci\u00f3n de un n\u00famero espec\u00edfico de semanas. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En s\u00edntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales. (SL1939-2020 rad n\u00ba 70924). (Negrilla y subrayas de esta Sala). <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, t\u00e9ngase presente, que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes CSJ STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y STC3514-2022, entre muchos. <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 ratificada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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