STC7898-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7898-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00837-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Alfagres S.A. frente al fallo proferido el 10 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la hom\u00f3loga de Descongesti\u00f3n Nro. 3 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho constitucional al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada al acceder al recurso extraordinario de casaci\u00f3n en el juicio laboral propuesto en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse REVOQUE la sentencia\u2026 que CASA la\u2026 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, del 01 de agosto de 2019\u00bb; en consecuencia, \u00abDEJAR[LA] SIN EFECTOS\u2026 y[,] en su defecto[,] que quede en firme la decisi\u00f3n del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que Alexandra L\u00f3pez R\u00edos le inco\u00f3 a la accionante (pretendiendo se declarara \u00abla ineficacia de la terminaci\u00f3n de su contrato de trabajo, as\u00ed como la \u00abestabilidad reforzada [de] que goza\u00bb, y se condenara a su demandada a: reintegrarla, cancelarle \u00abtodos los salarios causados y no pagados desde la fecha del despido hasta que se haga efectivo el reintegro, las prestaciones sociales legales y extralegales \u00absi las hubiere\u00bb, los aportes al sistema de seguridad social, la indemnizaci\u00f3n indexada contemplada en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, la indexaci\u00f3n \u00abo los intereses moratorios\u00bb, los perjuicios morales causados\u00bb), el 4 de diciembre de 2018 el Juzgado Quinto Laboral de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia, en la cual accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones (conden\u00f3 a la demandada a i) reintegrarla, \u00abjunto con el pago de salarios, prestaciones sociales legales y extralegales si las hubiere, aportes a seguridad social\u00bb; ii) pagarle \u00abla indemnizaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb; y declar\u00f3 \u00abPARCIALMENTE PROBADA la excepci\u00f3n de inexistencia del derecho respecto del da\u00f1o moral y da\u00f1o en la vida en relaci\u00f3n\u00bb). <\/p>\n
2.2. El 1\u00ba de agosto de 2019 el ad-quem revoc\u00f3 ese fallo para absolver de todas las pretensiones a la demandada, sin embargo, esa \u00faltima determinaci\u00f3n la cas\u00f3 esta Corte el pasado 23 de febrero y, en sede de instancia, confirm\u00f3 la emitida por el a-quo, adicion\u00e1ndola en cuanto a \u00abDECLARAR PROBADA LA EXCEPCI\u00d3N DE PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACI\u00d3N en relaci\u00f3n con los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales a los que se conden\u00f3 como efecto del reintegro ordenado con ocasi\u00f3n de la ineficacia del despido de la trabajadora\u00bb. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, en concreto, la gestora adujo que el sentenciador acusado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico porque \u00abfund\u00f3 su argumentaci\u00f3n en torno a la terminaci\u00f3n unilateral del contrato sin justa causa de\u2026 L\u00f3pez R\u00edos, aduciendo que \u00e9sta se dio por su condici\u00f3n de limitaci\u00f3n f\u00edsica, encontr\u00e1ndose en condici\u00f3n de estabilidad laboral reforzada, no obstante, deja de lado, la causa objetiva o justa causa que tuvo la empresa para no solo terminarle el contrato de trabajo a ella sino a muchas m\u00e1s personas\u00bb, con ocasi\u00f3n de que, para entonces, \u00abla empresa se encontraba y a\u00fan lo est\u00e1, en un proceso de reorganizaci\u00f3n y\/o reestructuraci\u00f3n, lo que ha conllevado a suprimir cargos y por consiguiente a un despido masivo de empleados\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, denot\u00f3 que injustificadamente se rest\u00f3 alcance a la transacci\u00f3n que celebr\u00f3 con su demandante para poner fin, v\u00e1lidamente, al contrato laboral que los ataba. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Las abogadas M\u00f3nica Mar\u00eda Cuervo Aparicio y Edna Carolina Olarte M\u00e1rquez, quienes indicaron haber actuado en el juicio reprochado como apoderadas sustitutas de la accionante, manifestaron coadyuvar sus pretensiones. <\/p>\n
2. La Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez pidi\u00f3 declarar \u00abIMPROCEDENTE\u2026 [la] acci\u00f3n de tutela, y se [le] DESVINCULE\u2026[,] teniendo en cuenta que\u2026 no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante; adem\u00e1s\u2026 es [un ente] independiente de la relaci\u00f3n contractual y de la acci\u00f3n judicial que se adelant[\u00f3] entre la paciente y su empleador\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Quinto Laboral de Bogot\u00e1 deprec\u00f3 \u00abaplicar las reglas especiales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela en contra de providencias judiciales, en aras de verificar si realmente existe la vulneraci\u00f3n al debido proceso enunciada por el accionante o si se pretende revivir el debate judicial que ya fue dirimido por la\u2026 Corte Suprema Justicia\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 3 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n rog\u00f3 \u00absea denegado el amparo solicitado por encontrarnos frente a una inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, no sin antes advertir que el conflicto jur\u00eddico ordinario ya fue resuelto con efectos de cosa juzgada y plena garant\u00eda del derecho fundamental al debido proceso en todas sus manifestaciones y acorde con su contenido y alcance\u00bb. <\/p>\n
5. El profesional del derecho Fredy Rolando Cantor Cuevas, quien anunci\u00f3 intervenir \u00abconforme a poder debidamente conferido por\u2026 Alexandra L\u00f3pez R\u00edos\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin aportar el mandato especial conferido por ella para actuar en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
6. La Procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal sostuvo que le era imposible \u00abemitir concepto donde se pueda ponderar si se pudo haber vulnerado alguno de los derechos a los que refiere el accionante\u00bb porque \u00abno ejerci\u00f3 labor de intervenci\u00f3n en el curso del proceso mencionado dentro de la acci\u00f3n de tutela, y no\u2026 tiene a [su]\u2026 alcance los fallos confutados\u00bb; e indic\u00f3 dejar \u00aba la facultad legal de la\u2026 Corte Suprema de Justicia\u2026 se pronuncie respecto a la tutela, y tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo neg\u00f3 el resguardo al concluir que \u00absi bien la apreciaci\u00f3n probatoria de la empresa accionante difiere de la efectuada por la Sala de Descongesti\u00f3n No 3\u2026 de Casaci\u00f3n Laboral en la sentencia SL449-2022, particularmente sobre el alance del contrato de transacci\u00f3n y la forma de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo a Alexandra L\u00f3pez R\u00edos, no se vislumbra que el an\u00e1lisis expuesto en la sentencia cuestionada sea irrazonable o que se aleje del contenido de los medios probatorios examinados, por el contrario se enmarca bajo el principio de la libre formaci\u00f3n del convencimiento, por lo que no se advierte el yerro f\u00e1ctico que le enrostra la parte actora\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la parte accionante insistiendo en sus planteamientos iniciales en punto a la deficiente valoraci\u00f3n probatoria que adujo se present\u00f3 en la sentencia de casaci\u00f3n emitida por la sede judicial criticada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, se anticipa la improcedencia de la impugnaci\u00f3n impetrada y, por ende, la confirmaci\u00f3n del fallo opugnado, comoquiera que la providencia de casaci\u00f3n acusada no luce arbitraria, habida cuenta que la autoridad cuestionada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia que encontr\u00f3 aplicables al caso, arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que se le reprocha. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que bajo esos supuestos el Tribunal \u00abconcluy\u00f3 que la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral de la demandante no pod\u00eda tenerse como discriminatoria y, menos a\u00fan, fundada en sus condiciones de salud y, que el acuerdo transaccional suscrito con su empleador no deviene en ineficaz pues, aunque adujo en interrogatorio de parte que no sab\u00eda que era una transacci\u00f3n \u00abpudo leerlo, negoci\u00f3, ofreci\u00f3 y acept\u00f3, luego ning\u00fan vicio del consentimiento ni ineficacia alguna existe en el acuerdo como equivocadamente declar\u00f3 el juez\u00bb\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que los cargos propuestos en sede de casaci\u00f3n contra ese fallo se concentraron en que \u00abi) la demandante no suscribi\u00f3 de manera libre y voluntaria el contrato de transacci\u00f3n que puso fin a su v\u00ednculo de trabajo por mutuo acuerdo y, ii) que la protecci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 tambi\u00e9n opera para casos de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, en los que debe informarse al trabajador de tal amparo\u00bb. <\/p>\n
Luego, destac\u00f3 que en el juicio se demostr\u00f3 con suficiencia que \u00abla demandante labor\u00f3 al servicio de Alfagres SA del 24 de diciembre de 1996 al 26 de junio de 2015 y, que, en 2012, con ocasi\u00f3n de la p\u00e9rdida de su capacidad laboral y su situaci\u00f3n de salud, fue reubicada en el \u00e1rea administrativa de la empresa. Tambi\u00e9n se acredit\u00f3 que despu\u00e9s de haber sido notificada por su empleador, el 26 de junio de 2015, de la terminaci\u00f3n unilateral de su contrato de trabajo sin justa causa con el pago de la indemnizaci\u00f3n, suscribieron el 6 de julio del mismo a\u00f1o, contrato de transacci\u00f3n en el que adem\u00e1s de pactar el pago de la suma de $11.130.059 a t\u00edtulo de bonificaci\u00f3n para transigir cualquier posible derecho que le pudiera corresponder a la trabajadora, deciden dar por terminado el contrato de trabajo por mutuo acuerdo a partir del mismo 26 de junio de 2015\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, tras transcribir y auscultar diferentes apartes del referido acuerdo transaccional suscrito el 6 de julio de 2015, a pesar de advertir improbado el que a la demandante se le forzara para suscribirlo, encontr\u00f3 relevante el que en dicho pacto se consignara que \u00abla Trabajadora y la Empresa Empleadora han decidido dar por terminado el contrato de trabajo que se ven\u00eda cumpliendo entre las mismas, por mutuo acuerdo en los t\u00e9rminos del Art. 5, Literal b Ley 50 de 1990, terminaci\u00f3n que se hace efectiva a partir de la finalizaci\u00f3n de la jornada laboral del d\u00eda 26 de junio de 2015\u00bb; de lo cual extrajo que con ello \u00ablo que se pretendi\u00f3 fue modificar tard\u00eda y retroactivamente los hechos acaecidos y as\u00ed, el motivo por el que realmente termin\u00f3 el contrato efectivamente el 26 de junio de 2015, que fue un despido sin justa causa\u00bb. <\/p>\n
Proceder \u00faltimo que encontr\u00f3 irregular, comoquiera que esa \u00abactuaci\u00f3n a todas luces desborda y contraviene el objeto de la negociaci\u00f3n que, como qued\u00f3 visto, provino \u00fanicamente de la inconformidad de la trabajadora en punto a las sumas que le fueron reconocidas al momento de su despido\u00bb; m\u00e1xime cuando, continu\u00f3, \u00abun contrato de trabajo no puede terminarse dos veces, y tampoco es posible modificar retroactivamente su causa de terminaci\u00f3n pues, el contrato ya hab\u00eda fenecido por la decisi\u00f3n unilateral y sin justa causa del empleador, que dicho sea de paso no corresponde a una expectativa o derecho incierto o discutido que sea susceptible de ser transigido, sino a un hecho jur\u00eddico que, como lo ha sostenido de anta\u00f1o esta Corporaci\u00f3n, no puede ser sometido a ning\u00fan tipo de negociaci\u00f3n y acuerdo entre las partes\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Con apoyo en esas disquisiciones, agregando que, como lo ten\u00eda por sentado el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral, la materia de ese tipo de acuerdos \u00abson los derechos y no los hechos\u00bb (CSJ SL13258-2016), de cara al caso concreto observ\u00f3: <\/p>\n
Lo anterior tiene marcada relevancia en el sub lite en el que, tal como lo infiri\u00f3 el juez de la apelaci\u00f3n, Alfagres SA era conocedora del estado de salud de la demandante, de su p\u00e9rdida de capacidad laboral, al punto que ella misma lo reconoce y pone de presente que fue reubicada laboralmente dadas sus particulares condiciones de salud desde el a\u00f1o 2012 y, a pesar de ello y desconociendo la estabilidad laboral que tal condici\u00f3n le provee, procedi\u00f3 a terminar unilateralmente su contrato de trabajo sin justa causa y sin autorizaci\u00f3n de la autoridad administrativa en claro desmedro de sus derechos, vulneraci\u00f3n que quiso subsanar accediendo al reclamo econ\u00f3mico de la demandante transigiendo de manera retroactiva sobre el hecho jur\u00eddico correspondiente al fenecimiento de su v\u00ednculo laboral. <\/p>\n
Y es que el asentimiento dado por la trabajadora en tal sentido al suscribir el acta de transacci\u00f3n, en manera alguna subsana aquella situaci\u00f3n ni le resta eficacia a la estabilidad laboral proveniente de su p\u00e9rdida de capacidad laboral, la que no pod\u00eda ser desconocida por el empleador y que activa la protecci\u00f3n foral que de ella se desprende, pues el despido unilateral y sin justa causa provino de una decisi\u00f3n del empleador que no de la trabajadora, a quien le estaba vedado restarle efectos o desconocerla por no emanar de su propia voluntad. <\/p>\n
No debe olvidarse que seg\u00fan la jurisprudencia actual de la Sala (CSJ SL4632-2021, CSJ SL1360-2018), acreditada en juicio la situaci\u00f3n de discapacidad evidente para la \u00e9poca del despido, como es el caso, se activa en favor de la trabajadora la presunci\u00f3n de despido discriminatorio. En ese contexto, compete al empleador la demostraci\u00f3n de la justa causa en la que bas\u00f3 la decisi\u00f3n de desvinculaci\u00f3n. Evidentemente, esta carga probatoria es imposible de cumplir para quien despide, como ocurri\u00f3 en el sub examine, sin invocar ninguna causal subjetiva u objetiva justificativa para esa decisi\u00f3n y con posterioridad pretende subsanar su actuar contrario a la ley, con la inexistente e imposible transacci\u00f3n de aquel hecho jur\u00eddico \u2013terminaci\u00f3n unilateral del contrato de trabajo- de manera retroactiva. <\/p>\n
Por ese rumbo, en cuanto al espec\u00edfico aspecto que se analiza, de manera categ\u00f3rica consign\u00f3 que, entonces, a la \u00fanica conclusi\u00f3n a la que pod\u00eda arribarse era que \u00abel fallador de segundo grado dej\u00f3 de lado que la estabilidad laboral reforzada est\u00e1 concebida para dotar de efectividad los derechos otorgados a esa poblaci\u00f3n y, en general, a cualquier trabajador con una disminuci\u00f3n f\u00edsica, sensorial o ps\u00edquica, m\u00e1s a\u00fan cuando\u2026 qued\u00f3 acreditado en juicio el conocimiento que ten\u00eda el empleador de la p\u00e9rdida de capacidad laboral de su trabajadora y, a pesar de ello y sin mediar causa justificada decide terminar unilateralmente su v\u00ednculo laboral, raz\u00f3n por la cual, habr\u00e1 de quebrantarse en su totalidad la sentencia impugnada\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, resuelto casar la decisi\u00f3n del ad-quem y, en sede de instancia, para desechar la alegaci\u00f3n del apelante en torno a que \u00abla terminaci\u00f3n del contrato de la trabajadora no fue producto de una acci\u00f3n discriminatoria del empleador por su condici\u00f3n de salud, sino de un proceso de reestructuraci\u00f3n \u00abque condujo a que la empresa no solamente la despidiera ella sino a otras serie de funcionarios o empleados\u00bb; con acierto la Sala accionada exterioriz\u00f3: <\/p>\n
\u2026no existe duda que Alexandra L\u00f3pez R\u00edos al momento de su desvinculaci\u00f3n de Alfagres SA, 26 de junio de 2015, no solo hab\u00eda sido calificada con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 22.77% sino que por tal raz\u00f3n hab\u00eda sido reubicada desde el a\u00f1o 2012 en un cargo administrativo, lo que no pone en duda la estabilidad laboral de la que era beneficiaria y de la que era conocedor su empleador; no obstante y a pesar de ello, decide \u00abdar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo sin justa causa, a partir de la finalizaci\u00f3n de la jornada laboral del d\u00eda 26 de Junio de 2015. Para tal efecto hemos ordenado el pago de la indemnizaci\u00f3n correspondiente\u00bb\u2026, es decir, sin raz\u00f3n o causa objetiva alguna en clara contrav\u00eda a lo sostenido por esta Corporaci\u00f3n, entre otras, en sentencia CSJ SL4632-2021, en la que, al respecto, record\u00f3: <\/p>\n
En ese orden, conforme al actual criterio de la Corte, le corresponde al actor acreditar la circunstancia de discapacidad en cualquiera de los grados ya mencionados, para que se active la presunci\u00f3n, y al empleador le incumbe entonces, demostrar que no fue por tal raz\u00f3n sino por una causa objetiva, que decidi\u00f3 finalizar el v\u00ednculo. Esto como quiera que la prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, es la de despedir al trabajador por raz\u00f3n de su discapacidad, por lo que, al contrario, las decisiones motivadas en una raz\u00f3n objetiva no requieren ser autorizadas por la autoridad administrativa laboral, quien pr\u00e1cticamente circunscribe su funci\u00f3n, a la autorizaci\u00f3n de terminaci\u00f3n del v\u00ednculo contractual cuando verifique que las actividades del trabajador son incompatibles e insuperables con el cargo desempe\u00f1ado o con otro existente en la empresa, cuya omisi\u00f3n implica la ineficacia del despido y sus respectivas consecuencias sancionatorias legales. <\/p>\n
N\u00f3tese que desde la misma misiva de desvinculaci\u00f3n refulge con absoluta claridad que el despido de la trabajadora demandante no se finc\u00f3 en ninguna raz\u00f3n objetiva, pues como all\u00ed se lee, lo fue \u00absin justa causa\u00bb, sin que sea de recibo que hoy pretenda justificar su actuar en una presunta reestructuraci\u00f3n de la empresa, con lo que desconoce lo dispuesto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 7 del Decreto 2351 de 1965 que reza: \u00abLa parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinci\u00f3n, la causal o motivo de esa determinaci\u00f3n. Posteriormente no puede alegarse v\u00e1lidamente causales o motivos distintos\u00bb, disposici\u00f3n que, como lo ha sostenido esta Corte, busca que la parte que pone fin a la relaci\u00f3n laboral no sorprenda ulteriormente a la otra aduciendo motivos extra\u00f1os o nuevos como justificativos de la culminaci\u00f3n del v\u00ednculo, y por tanto no resulta dable que en este caso, Alfagres SA pretenda justificar su actuar unilateral y sin justa causa, aduciendo motivos que jam\u00e1s se\u00f1al\u00f3 expresamente a su trabajadora al momento de la extinci\u00f3n del contrato (CSJ SL1077-2017) (se destac\u00f3). <\/p>\n
2.2. As\u00ed, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n final atacada, contrario a lo aducido por la reclamante, responde a una interpretaci\u00f3n admisible de las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, especialmente de cara a la totalidad del material suasorio recaudado, determinando que la desvinculaci\u00f3n de la all\u00ed demandante se produjo sin justa causa, desconociendo la estabilidad laboral reforzada de la que gozaba debido a su p\u00e9rdida parcial de la capacidad laboral, lo que no encontr\u00f3 justificado, se itera, en la transacci\u00f3n posterior con la que se quiso, inviablemente, variar un \u00abhecho\u00bb -el motivo de la desvinculaci\u00f3n- que no pactar sobre un \u00abderecho\u00bb, ni en la \u00abpresunta reestructuraci\u00f3n de la empresa, con lo que desconoce lo dispuesto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 7 del Decreto 2351 de 1965 que reza: \u00abLa parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinci\u00f3n, la causal o motivo de esa determinaci\u00f3n. Posteriormente no puede alegarse v\u00e1lidamente causales o motivos distintos\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, aunado a que, como recientemente se ha dejado por sentado al denegar acciones de resguardo tambi\u00e9n impulsadas contra la hom\u00f3loga de casaci\u00f3n laboral, cuyo criterio, mutatis mutandis, resulta aqu\u00ed aplicable, \u00abmirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente[,] encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural\u00bb (STC13803-2021, STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC13817-2021 y STC13947-2021, STC13983-2021). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7898-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7898-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00837-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Alfagres S.A. frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64706","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64706","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64706"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64706\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64706"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64706"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64706"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}