STC7900-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7900-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00095-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira de 12 de mayo de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente el amparo invocado por Mario Restrepo contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia (Risaralda). Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 como terceros con inter\u00e9s a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00029. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada al interior de la referida causa. <\/p>\n
2. En apoyo de su petici\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que present\u00f3 una acci\u00f3n popular bajo radicado No. 2022-00029, la cual fue inadmitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, quien le exigi\u00f3 requisitos que no est\u00e1n contemplados en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998. Asimismo, refiri\u00f3 que si bien es cierto que no formul\u00f3 ning\u00fan recurso contra la decisi\u00f3n que ataca, tambi\u00e9n lo es que el juez de tutela puede intervenir ante un proceder claramente opuesto a la Ley. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se ordene a la autoridad accionada que aplique el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998 y, en este sentido, admita la acci\u00f3n popular referida. Adem\u00e1s, pidi\u00f3 que los vinculados demuestren las actuaciones que han realizado en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda)1 indic\u00f3 que inadmiti\u00f3 la acci\u00f3n popular presentada porque hab\u00eda falencias que se deb\u00edan aclarar. No obstante, el promotor guard\u00f3 silencio. Conforme a lo descrito, apuntal\u00f3 que la acci\u00f3n es improcedente por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
2. La Defensora del Pueblo Regional Risaralda (e)2 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del amparo por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo rogado debido a que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad exigido. Esto, comoquiera que el promotor no subsan\u00f3 la acci\u00f3n en el t\u00e9rmino otorgado, ni tampoco impetr\u00f3 recurso alguno contra el auto que rechaz\u00f3 la demanda. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el extremo activo, quien solicit\u00f3 que se aplicara el derecho sustancial sobre el procesal. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si se vulner\u00f3 la prebenda fundamental del actor, con ocasi\u00f3n de los autos emitidos por el Juzgado accionado, mediante los cuales se inadmiti\u00f3 y, posteriormente, se rechaz\u00f3 la mentada acci\u00f3n popular. Esto, debido a que, en su entender, el estrado confutado le exigi\u00f3 requisitos no previstos en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
2. Temprano esta Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional deprecado. Y, por tanto, la decisi\u00f3n impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
3. Del an\u00e1lisis probatorio obrante en el expediente, se observa que el Juzgado accionado -con providencia del 4 de abril de 20223- inadmiti\u00f3 la acci\u00f3n popular presentada por el se\u00f1or Mario Restrepo, otorgando tres d\u00edas para subsanarla. No obstante, el promotor no cumpli\u00f3 con la carga impuesta en el t\u00e9rmino concedido, motivo por el cual el estrado judicial -mediante prove\u00eddo del 18 de abril ulterior4- rechaz\u00f3 la acci\u00f3n. Asimismo, contra la anterior determinaci\u00f3n el gestor no interpuso el medio impugnatorio que el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998 prev\u00e9. <\/p>\n
De lo expuesto, la Corte concluye la improcedencia del ruego. Ello pues, la incuria en la subsanaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular y en la utilizaci\u00f3n de los recursos establecidos5 para atacar los desacuerdos frente a la determinaci\u00f3n del juez, imposibilitan el uso de esta senda constitucional, a\u00fan m\u00e1s si se tiene en cuenta que no es la direcci\u00f3n para redimir oportunidades legales fenecidas pues, no interponerlas o ejercerlas indebidamente, conlleva a que las partes involucradas en la determinaci\u00f3n est\u00e9n sometidas a sus efectos contrarios, en la medida que son la consecuencia de su dejadez. No en vano, sobre la desidia que se pone de presente, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
4. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c16 Respuesta\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c18RespuestaDefensor\u00eda\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c2INADMITE ACCI\u00d3N POPULAR\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folio 1, archivo \u201c4RECHAZA ACCI\u00d3N POPULAR\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 En efecto, el actor ten\u00eda a su alcance el recurso de reposici\u00f3n frente a la determinaci\u00f3n ahora rebatida, de conformidad con el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
<\/p>\n
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