STC7903-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7903-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00151-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 3 de mayo de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por Teresa de Jes\u00fas Perdomo de Cervera contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso de fijaci\u00f3n de alimentos de radicado 2000-00255-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vida y salud, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. Manifest\u00f3 que \u00abpresent\u00f3 demanda de fijaci\u00f3n de alimentos en contra de [\u2026] Daniel Ricardo Cervera Lenes\u00bb, la cual fue admitida por el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena el 7 de abril de 2000. Y \u00abposteriormente, mediante prove\u00eddo de fecha 30 de junio de 2000 [\u2026] decret\u00f3 el embargo y secuestro del 25% de los ingresos pensionales y prestacionales sociales que devenga el demandado [\u2026] como pensionado de la Armada Nacional, como cuota alimentaria provisional [\u2026] El demandado [fue notificado de todas las actuaciones] y no se opuso a la decisi\u00f3n\u00bb. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, se\u00f1al\u00f3 que el 3 de noviembre de 2008, conden\u00f3 \u00abal demandado a suministrar una cuota alimentaria en cuant\u00eda del 25% de los ingresos pensionales y prestaciones sociales que devenga [\u2026] sin ordenar el levantamiento de la medida cautelar que hab\u00eda sido decretada como cuota alimentaria provisional, la cual permaneci\u00f3 vigente\u00bb. <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 que el Despacho querellado -con auto del 15 de mayo de 2019-, \u00abde manera oficiosa [\u2026] proced[i\u00f3] a declarar sin efecto el auto de fecha 30 de junio de 2000, con la falacia jur\u00eddica que no se orden\u00f3 en dicha providencia medidas cautelares, pero sin tener en cuenta que tampoco se orden\u00f3 el levantamiento de las mismas, es decir, que qued\u00f3 vigente la medida cautelar provisional que hab\u00eda sido decretada dentro del proceso con la anuencia y voluntad de las partes [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, anot\u00f3 que el prove\u00eddo del 15 de mayo de 2019, \u00abtiene todos los vicios de legalidad que puedan existir en el derecho, teniendo en cuenta que el juez perdi\u00f3 competencia para dejar sin efecto dicha providencia cuando se emiti\u00f3 la sentencia, pues revivi\u00f3 un proceso terminado, adem\u00e1s de lo anterior, tal control de legalidad no exist\u00eda para la \u00e9poca en que se tramit\u00f3 dicha actuaci\u00f3n que fue regulada en su oportunidad por el C. de P. C., m\u00e1s no por el C. G. del P., que fue el que aplic\u00f3 dicha funcionaria m\u00e1s de dieciocho a\u00f1os despu\u00e9s de emitida la decisi\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s, refiri\u00f3 que dicha actuaci\u00f3n, \u00abutiliza un sofisma al colocar como consideraci\u00f3n que en la sentencia no se decret\u00f3 la medida cautelar, lo cual no era necesario porque ya ven\u00eda decretada, pero no se le ocurri\u00f3 a dicha funcionaria considerar que tampoco se orden\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar, lo que la dejaba ratificada y que luego de la sentencia ya no pod\u00eda modificarse porque ser\u00eda un vicio de nulidad al revivir un proceso terminado y haber perdido competencia para hacerlo y mucho m\u00e1s despu\u00e9s de 18 largos a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicit\u00f3 que se deje sin efectos \u00abjur\u00eddicos la providencia de fecha 15 de mayo de 2019 [\u2026] y en su lugar ord\u00e9nese la entrega a la demandante, [\u2026] de todas las cuotas alimentarias que se encuentran a \u00f3rdenes del proceso de alimentos que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Procurador Judicial 115 para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, la Familia y las Mujeres manifest\u00f3 que el amparo impetrado \u00abno supera el examen de dos de los requisitos generales de procedencia de la tutela, [\u2026]\u00bb. Adem\u00e1s, adujo que no \u00abse entiende por qu\u00e9 si la amenaza o violaci\u00f3n del derecho era tan perentoria, no se acudi\u00f3 al mecanismo constitucional con anterioridad\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala constitucional a quo neg\u00f3 el amparo por improcedente. Por un lado, destac\u00f3 el incumplimiento del requisito de inmediatez, por cuanto \u00abse pretende controvertir una providencia [proferida] el 15 de mayo de 2019 es decir, [\u2026] el tiempo transcurrido desde entonces supera con creces el t\u00e9rmino de 6 meses que la jurisprudencia tiene establecido como razonable para instaurar acciones de tutela contra providencias judiciales\u00bb. Y por otro, la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad, pues la \u00abaccionante fue notificada el 29 de mayo de 2019 de la decisi\u00f3n judicial que aqu\u00ed cuestiona, pero no se evidencia que contra la misma haya interpuesto recurso alguno [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora manifest\u00f3 que si bien es cierto lo resuelto por el Tribunal, el mismo pasa por alto \u00ablas dem\u00e1s circunstancias que ni siquiera fueron analizadas, para advertir la arbitrariedad jur\u00eddica que realiz\u00f3 el Juzgado [querellado] al emitir la providencia de 15 de mayo de 2019 de manera oficiosa [\u2026], pues no se dedican siquiera unas consideraciones a un estudio de esa circunstancia y se salieron por la tangente analizando s\u00f3lo lo que les interesaba para denegar la acci\u00f3n de tutela [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por la tutelante, con ocasi\u00f3n de la providencia dictada el 15 de mayo de 2019. <\/p>\n
2. De entrada, esta Corporaci\u00f3n advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, pues no se atendi\u00f3 al requisito de inmediatez1. Ello es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profiri\u00f3 el auto cuestionado el \u00ab15 de mayo de 2019\u00bb2, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, el \u00ab19 de abril de 2022\u00bb3. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n rebatida. <\/p>\n
Respecto al citado principio ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb4. En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
Sin embargo, cabe resaltar que dicha exigencia puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad del actor para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, la permanencia en el tiempo de la amenaza, entre otras5. Sumado a ello, se ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada6. Bajo ese contexto, en el presente caso, esta Corporaci\u00f3n no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que flexibilizan o eximan del principio de inmediatez, pues lo alegado y la falta de medio de convicci\u00f3n no justifican la tardanza anotada. <\/p>\n
3. Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. <\/p>\n
2\u0002 Notificado el 29 de mayo de 2019. <\/p>\n
3\u0002 Seg\u00fan se identifica en acta de reparto. <\/p>\n
4\u0002 Precisamente, la Sala ha reiterado que: \u00abEn efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea\u00bb. (\u2026) <\/p>\n
\u00abAquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC3069-2019, citada y reiterada en STC098-2022). <\/p>\n
5\u0002 As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010. <\/p>\n
6\u0002 Por cuanto \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
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