STC7904-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7904-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02267-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 18 de noviembre de 20211, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Distribuidora de Suministros La Hacienda SAS, contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca y citadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00ba 2016-00369. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Como sustento de su reclamo, manifest\u00f3 que Jinna Jyizsenia Guti\u00e9rrez Penagos actuando en nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hija, promovi\u00f3 juicio ordinario laboral en su contra, con el fin de obtener la reparaci\u00f3n plena de perjuicios por la muerte de su compa\u00f1ero y padre, Jos\u00e9 Rodrigo Ort\u00edz Guzm\u00e1n trabajador de la empresa. <\/p>\n
Relat\u00f3 que mediante sentencia de 14 de agosto de 2017 el Juzgado Laboral del Circuito de Funza neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que revoc\u00f3 parcialmente la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca el 27 de junio de 2018, en el sentido de declarar no probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, en lo dem\u00e1s confirm\u00f3. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que Jinna Jyizsenia Guti\u00e9rrez Penagos present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia SL4150-2021 de 25 de agosto de 2021, dispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia, resolvi\u00f3 revocar la providencia del Juzgado Laboral del Circuito de Funza de 14 de agosto de 2017 y, en su lugar condenarla al pago de la indemnizaci\u00f3n plena de perjuicios, a favor de la accionante en su condici\u00f3n de compa\u00f1era y de la menor hija del causante, en las cuant\u00edas all\u00ed se\u00f1aladas. <\/p>\n
Explic\u00f3 la sociedad accionante, que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho y transgredi\u00f3 el debido proceso, al tomar de manera errada como prueba trasladada las entrevistas de los se\u00f1ores Benancio Bayardo Ruales Arias, Oscar Enrique Pinz\u00f3n Zamudio y John Elver Rodr\u00edguez, rendidas en la investigaci\u00f3n penal n\u00ba 2014-01449 y allegadas por la Fiscal\u00eda, pues para que se le pudiera dar la connotaci\u00f3n de prueba trasladada deb\u00eda tomarse del proceso judicial que adelanta el juez de conocimiento, previo decreto y pr\u00e1ctica de la misma. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que igualmente err\u00f3 al haber tomado las entrevistas como si fueran documentos y haberles dado la connotaci\u00f3n que les dio a efecto de otorgarles valor probatorio, m\u00e1xime cuando la compa\u00f1\u00eda no tuvo la oportunidad de controvertirlas al no haber sido solicitadas por la demandante en el escrito de inicial como prueba testimonial. <\/p>\n
Igualmente, aleg\u00f3 que dicha autoridad incurri\u00f3 en defecto sustantivo por violaci\u00f3n a los principios de congruencia y consonancia, -art\u00edculo 66A del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social-, puesto que no se encontraba facultada para fallar extra y ultra petita, en raz\u00f3n a que no se estaban debatiendo derechos m\u00ednimos del trabajador derivados del contrato de trabajo, sino una reclamaci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n por la muerte del empleado. <\/p>\n
En ese sentido, resalt\u00f3 que la Sala accionada la conden\u00f3 de manera ultra petita por sumas superiores a las pretendidas en la demanda en favor de la menor de edad y, de manera extra petita en favor de Jinna Jyzsenia Guti\u00e9rrez Penagos por lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro, condenas que no fueron solicitadas en las pretensiones de la demanda, liquidando, adem\u00e1s, de manera errada esos conceptos, cuando el origen de los mismos es uno solo, en raz\u00f3n a que el lucro cesante se liquida por el trabajador fallecido y se distribuye a prorrata entre el n\u00famero de reclamantes. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abDejar sin valor y efecto declarando nula la providencia de fecha 25 de agosto notificada el 01 de octubre de 2021\u00bb y, en su lugar, ordenar a la Sala accionada \u00abproferir nueva sentencia sin tener en cuenta los argumentos esgrimidos en la providencia objeto de la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Ponente de la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral manifest\u00f3 remitirse a las consideraciones expuestas en la sentencia SL4150-2021, argumentando que la misma fue el resultado de la aplicaci\u00f3n normativa y jurisprudencial vigente de la Sala permanente, conforme a lo dispuesto en el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 2 de la Ley Estatutaria 1781 de 2016 y el reglamento interno de la Sala. <\/p>\n
2. La apoderada judicial de Jinna Jyzsenia Guti\u00e9rrez Penagos solicit\u00f3 negar el amparo, teniendo en cuenta que el fallo proferido en sede de casaci\u00f3n, no resulta ser violatorio de los derechos invocados, pues estuvo basado en la valoraci\u00f3n integral de todos los medios de prueba obrantes en el expediente, los cuales fueron debidamente decretados e integrados en la correspondiente etapa procesal. <\/p>\n
3. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca efectu\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso, e inform\u00f3 que el expediente fue devuelto al Juzgado Laboral del Circuito de Funza el 10 de noviembre de 2021. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, tras determinar que la sentencia proferida por la Sala accionada es razonable y ajustada a los par\u00e1metros legales y constitucionales. <\/p>\n
Al respecto indic\u00f3 que, los argumentos all\u00ed expuestos son coherentes y conformes a las pruebas aportadas, lo cual le permiti\u00f3 al fallador accionado concluir que la empresa demandada era responsable del accidente de trabajo en el que perdi\u00f3 la vida Jos\u00e9 Rodrigo Ort\u00edz Guzm\u00e1n el 7 de noviembre de 2014 a t\u00edtulo de culpa, por lo cual orden\u00f3 el pago de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios por lucro cesante, emergente y futuro, conforme lo previsto en el art\u00edculo 216 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
Frente a la acusaci\u00f3n de la condena en forma ultra y extra petita por sumas superiores a las pretendidas, expuso que, \u00aben casos como el presente, donde se comprueba la culpa del empleador en el accidente de trabajo, a los jueces laborales no les queda otra opci\u00f3n que proceder a ordenar el pago de la indemnizaci\u00f3n total y ordinaria de perjuicios, conforme con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 216 del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, indic\u00f3 que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n al principio de congruencia, puesto que una vez probada la culpa de la sociedad en el accidente de trabajo que ocasion\u00f3 la muerte del trabajador, de acuerdo con lo previsto en dicho precepto, el empleador estaba en la obligaci\u00f3n de pagar la indemnizaci\u00f3n total y ordinaria de los perjuicios. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, puntualiz\u00f3 que lo aportado al expediente constitucional no acreditaba que la empresa peticionaria hubiese sido discriminada por la Sala accionada en relaci\u00f3n con otras personas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la sociedad accionante, afirmando que el a quo constitucional \u00abse limit\u00f3 a transcribir apartes de la sentencia dejando de lado su deber como juez constitucional, no observ\u00f3 que el ataque por v\u00eda constitucional, como se explic\u00f3 en el escrito de tutela, no se basa en los argumentos del fallo objeto de la acci\u00f3n, sino que este fue proferido en violaci\u00f3n al derecho de contradicci\u00f3n de la prueba preceptuado el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, al tomar de manera errada como prueba trasladada para dar piso a la sentencia de casaci\u00f3n las entrevistas de los se\u00f1ores BENANCIO BAYARDO RUALES ARIAS, OSCAR ENRIQUE PINZON ZAMUDIO Y JOHN ELVER RODRIGUEZ, por el simple facto que la demandante arrim\u00f3 al proceso copia de la investigaci\u00f3n No. 2014-01449 adelantada por la Fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, reproch\u00f3 que no realiz\u00f3 un estudio jur\u00eddico-constitucional de los principios de consonancia y congruencia, lo que le imposibilit\u00f3 comprender la violaci\u00f3n al debido proceso planteada en el escrito inicial y refiri\u00f3 que \u00abescatim\u00f3 esfuerzos en pro de entender el alance de dichos principios\u00bb, puesto que si bien, el art\u00edculo 216 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo obliga al empleador a indemnizar en caso de probarse la culpa patronal en el accidente laboral, lo cierto era que esa norma no guardaba relaci\u00f3n estrecha con los aludidos principios, como erradamente lo entendi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Insisti\u00f3 que a la Sala accionada le estaba vedado, legal y constitucionalmente, fallar extra y ultra petita en su sentencia de casaci\u00f3n, pues dicha facultad es exclusiva de los jueces de primera y \u00fanica instancia, proceder que vulner\u00f3 el debido proceso por v\u00eda de hecho. Por \u00faltimo, resalt\u00f3 que mantener esa decisi\u00f3n era contribuir al enriquecimiento sin causa que conllevar\u00eda a la quiebra total de la sociedad, oblig\u00e1ndola al cierre definitivo de su actividad comercial a efecto de cumplir un fallo judicial injusto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
3. Estudiada la inconformidad planteada, referente a las pruebas en las que se bas\u00f3 la autoridad accionada para, en sede de casaci\u00f3n, determinar que existi\u00f3 culpa patronal, se evidencia que dicha autoridad concluy\u00f3 que el Tribunal hab\u00eda errado en la apreciaci\u00f3n de las pruebas aptas en el recurso extraordinario y que abr\u00eda paso al examen de las dem\u00e1s probanzas no calificadas. En ese sentido expuso: <\/p>\n
\u00abEn suma, err\u00f3 el sentenciador al no evidenciar el nexo de causalidad entre la conducta de la accionada y el accidente ocurrido, ya que le atribuy\u00f3 la fatalidad al \u00abestallido del gato hidr\u00e1ulico\u00bb, sin que las pruebas se\u00f1alaran la ocurrencia tal evento y a cambio, no apreci\u00f3 que la proximidad de los automotores en operaci\u00f3n que desencaden\u00f3 la tragedia la cual, a su vez se auspici\u00f3 por la ausencia de supervisi\u00f3n sobre las labores. Bien es sabido que, del numeral 2 del art\u00edculo 57 del CST, se desprende la obligaci\u00f3n de proporcionar al trabajador todas las medidas de protecci\u00f3n a efectos de evitar accidentes de trabajo. Para el cumplimiento dicha obligaci\u00f3n, a los empleadores les corresponde identificar, conocer, evaluar y controlar los riesgos potenciales a los cuales pueden estar expuestos sus trabajadores (CSJ SL1900-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la empresa no impidi\u00f3 que la maniobra se efectuara, pese a las condiciones evidenciadas, ya que no contaba con una instrucci\u00f3n sobre el particular. En gracia de discusi\u00f3n, si se admitieran los argumentos de la empresa, seg\u00fan los cuales el protocolo que prohib\u00eda que el descargue se realizara a proximidad era \u00abverbal\u00bb, surge evidente que el mismo no se puso en pr\u00e1ctica. Al proceder de esa forma, su conducta fue omisiva con relaci\u00f3n a la protecci\u00f3n de la integridad de quienes participaban en las operaciones de cargue y descargue, lo que signific\u00f3 un abandono de su deber de tutela con relaci\u00f3n a la vida de los trabajadores dejando, de ese modo, el resultado librado al azar\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en sede de instancia, se refiri\u00f3 a las pruebas que habr\u00edan demostrado la culpa patronal, aspecto sobre el cual precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abAl descender al sub lite, en el plenario obran las probanzas que habr\u00edan demostrado dicha culpa patronal en torno al incumplimiento de las obligaciones de protecci\u00f3n y seguridad asignadas al empleador. Los elementos de prueba, que dan cuenta de la responsabilidad del empleador en la ocurrencia del accidente se resumen en i) el \u00ab\u00e1rbol causal del accidente\u00bb elaborado por la llamada a juicio; ii) el formato de investigaci\u00f3n de incidentes y accidentes de trabajo para empresas afiliadas a la ARL SURA; iii) en este \u00faltimo se incluye la declaraci\u00f3n informal, manuscrita, rendida por John Elver Rodr\u00edguez Ortiz, conductor tracto cami\u00f3n que provoc\u00f3 el accidente; iv) la prueba trasladada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, consistente en la investigaci\u00f3n penal por los hechos en que falleci\u00f3 causante, en el que se encuentra el registro fotogr\u00e1fico del lugar de los hechos y las entrevistas efectuadas el mismo d\u00eda del fat\u00eddico a las personas que presenciaron el hecho, entre ellas lo depuesto por el jefe de patio Oscar Enrique Pinz\u00f3n Zamudio\u00bb. (Negrillas de esta Sala) <\/p>\n
N\u00f3tese entonces, que no fue s\u00f3lo el estudio de la prueba trasladada lo que llev\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 a declarar que la sociedad demandada era responsable del accidente que ocasion\u00f3 la muerte de Jos\u00e9 Rodrigo Ort\u00edz Guzm\u00e1n, sino la apreciaci\u00f3n en conjunto que efectu\u00f3 con los dem\u00e1s elementos probatorios allegados, entre ellos el \u00e1rbol causal del accidente, el formato de investigaci\u00f3n de incidentes y accidentes de trabajo de la ARL SURA, el cual inclu\u00eda la declaraci\u00f3n informal rendida por John Elver Rodr\u00edguez Ortiz, quien igualmente rindi\u00f3 testimonio en la investigaci\u00f3n penal. <\/p>\n
3.1 Ahora bien, sobre los principios de consonancia y congruencia que seg\u00fan la reclamante fueron desconocidos por la Corporaci\u00f3n accionada excediendo sus facultades ultra y extra petita, al haberlo condenado por sumas superiores a las pretendidas en la demanda y por conceptos no solicitados, se precisa que estudiada la decisi\u00f3n objeto de censura, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, infundada o contraria, susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
N\u00f3tese que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 tras determinar la responsabilidad del empleador en la ocurrencia del accidente a t\u00edtulo de culpa, consider\u00f3 procedente la indemnizaci\u00f3n plena de perjuicios que cubr\u00eda el da\u00f1o emergente y lucro cesante consolidado y futuro contemplados en el art\u00edculo 216 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, debidamente indexados. En ese sentido, procedi\u00f3, en sede instancia, a efectuar los c\u00e1lculos de la siguiente forma: <\/p>\n
\u00ab[P]ara el c\u00e1lculo de la indemnizaci\u00f3n total y ordinaria por perjuicios referida en el art\u00edculo 216 CST, se seguir\u00e1n los derroteros trazados por la jurisprudencia de esta Sala, entre otras, en la sentencia CSJ SL, 30 jun. 2005, rad. 22656 ajustados a la situaci\u00f3n particular de la reclamante. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con el da\u00f1o emergente, y seg\u00fan se desprende del art\u00edculo 1614 del C\u00f3digo Civil, aplicable en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 19 del CST, consiste en \u2039\u2039el perjuicio o la p\u00e9rdida que proviene de no haberse cumplido la obligaci\u00f3n o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento\u203a\u203a. No obstante, en el proceso no se evidencia la p\u00e9rdida de elementos patrimoniales, o gasto alguno generado o que deba generarse en el futuro ni el arribo de pasivos a causa de los hechos sobre los cuales se dedujo la responsabilidad, por lo que ninguna condena ha de librarse por dicho concepto, guardadas las previsiones del art\u00edculo 60 CPTSS y del art\u00edculo 177 del CPC hoy 167 del CGP. <\/p>\n
Sobre el lucro cesante esta Corte ha considerado que comprende tanto el consolidado como el futuro. La Corporaci\u00f3n ha admitido que para determinarlo, el juzgador debe sustentarse en las f\u00f3rmulas matem\u00e1ticas y con fundamento en los criterios jur\u00eddicos que ha adoptado, teniendo en cuenta la edad del trabajador al momento del accidente, expectativa de vida del damnificado, salario devengado, entre otras variables. <\/p>\n
As\u00ed, se toma como referencia lo discurrido en sentencia CSJ SL, 4 jul. 2007, rad. 27501, en la que se acept\u00f3 acoger la f\u00f3rmula que hab\u00eda adoptado la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte para calcular estos conceptos indemnizatorios. <\/p>\n
El lucro cesante tasado en los t\u00e9rminos se\u00f1alados debe gravarse con la deducci\u00f3n del 25% que la jurisprudencia establece como destinado a los gastos personales del occiso y que debe ser descontado del lucro cesante consolidado y futuro, seg\u00fan la jurisprudencia de la Corte, este corresponde al porcentaje que el trabajador pudo destinar para cubrir sus propios gastos. As\u00ed lo explic\u00f3 en la sentencia CSJ SC, 5 oct. 2004, rad. 6975, acogida en la sentencia arriba citada. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que los perjuicios se deben cuantificar con ocasi\u00f3n a los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad, observando criterios t\u00e9cnicos actuariales, de conformidad con el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, de acuerdo con las circunstancias ya rese\u00f1adas, se realizan los c\u00e1lculos tomando como salario promedio el ingreso base de liquidaci\u00f3n que se certifica, en equivalencia a $820.510 mensuales, al cual se le incrementa el 30% por concepto de factor prestacional tal como se ha procedido en providencias como CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 39867 y se indexa a la fecha del c\u00e1lculo\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, realiz\u00f3 las respectivas operaciones para determinar el valor de la condena a pagar como indemnizaci\u00f3n plena de perjuicios a favor de Jinna Jyzenia Guti\u00e9rrez Penagos y su menor hija. <\/p>\n
En un asunto de similar donde se discuti\u00f3 el principio de congruencia y las facultades ultra y extra petita del juez laboral, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral expuso: <\/p>\n
\u00ab[L]a entidad recurrente eleva una petici\u00f3n subsidiaria, alegando que el Tribunal viol\u00f3 el principio de congruencia y excedi\u00f3 las facultades ultra petita que le asisten al juez laboral pues, aunque en el escrito de la demanda inicial, los actores solicitaron una determinada suma a t\u00edtulo de perjuicios materiales y morales, el Tribunal, sin soporte alguno, impuso una condena por un monto superior, el que resulta excesivo, por lo que pide que la sentencia se ajuste a los t\u00e9rminos pretendidos inicialmente. <\/p>\n
Al respecto, la Corte advierte que, aunque el monto de las condenas a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por culpa del empleador fue fijado por el juez de primera instancia en el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la Electrificadora del Caribe S.A. nada se dijo sobre este espec\u00edfico aspecto, lo que explica por qu\u00e9 en el fallo de segundo grado no exista referencia alguna a la legalidad de las sumas que, a t\u00edtulo de perjuicios materiales y morales, le fue impuesta a la empresa demandada (\u2026). <\/p>\n
Con todo, aunque la censura pretende acreditar la existencia de un error en la valoraci\u00f3n del escrito de la demanda inicial y en el dictamen pericial rendido en el proceso, alegando que se excedieron las facultades del juez de primer grado, la Sala debe precisar, frente al primer aspecto, que sin perjuicio del monto que las partes hubieran solicitado en la demanda inaugural, en virtud de la facultad ultra petita que le asiste al juez de primera instancia, le es viable condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, en los eventos en que aparezca que \u00e9stas son inferiores a las que realmente le correspondan al trabajador, como lo hizo el juez de primera instancia en este caso (CSJ SL1604 -2014)\u00bb. (SL3994-2018). (subrayas de esta Sala). <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, se advierte que la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, comoquiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o irregularidad que revele los defectos alegados por la Distribuidora de Suministros La Hacienda SAS y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la Sala de Descongesti\u00f3n accionada fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas obrantes en el expediente, as\u00ed como en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, encontrando la responsabilidad de la sociedad empleadora en la ocurrencia del accidente que ocasion\u00f3 la muerte del trabajador, por lo cual, en sede de instancia la conden\u00f3 al pago de una cuant\u00eda por concepto de lucro cesante y da\u00f1o moral a favor de la demandante y su hija. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen de que la compa\u00f1\u00eda actora comparta o no esas apreciaciones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a un an\u00e1lisis coherente del expediente, as\u00ed como a la leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que revelaba el proceso. <\/p>\n
Por tanto, las divergencias exteriorizadas por la reclamante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
Tampoco los cuestionamientos de la sociedad reclamante, tienen la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la sentencia atacada pues en estrictez, ante su expectativa de que en esta sede se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas en el tr\u00e1mite ordinario y extraordinario o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se destaca que la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (Ver entre otras CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, t\u00e9ngase presente, que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes CSJ STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y STC3514-2022, entre muchos. <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n asignada a esta Sala el 14 de junio de 2022. <\/p>\n
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STC7904-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC7904-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02267-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64709","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64709","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64709"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64709\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64709"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64709"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64709"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}