STC7907-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7907-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2022-00241-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 25 de mayo de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por la Jhon Jairo Loaiza Hoyos contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Medell\u00edn. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2018-01037-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El aqu\u00ed accionante interpuso demanda ejecutiva en contra de Juan Sebasti\u00e1n Loaiza Oquendo, con el fin de que se libre \u00abmandamiento ejecutivo de pago [en su contra] por la [\u2026] suma de [\u2026] $67.500.000 [\u2026] y los intereses moratorios sobre la suma adeudada [\u2026]\u00bb1. Asunto que fue repartido al Juzgado Octavo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Robledo, el cual lo rechaz\u00f3 por carecer de competencia el 30 de julio de 20182 y lo remiti\u00f3 a su hom\u00f3logo Segundo de El Bosque (Medell\u00edn), quien igualmente rehus\u00f3 del conocimiento \u2013con auto del 19 de septiembre de 2018-. Y lo envi\u00f3 a los Juzgados Civiles Municipales de Medell\u00edn3. <\/p>\n
2.2. En consecuencia, el Despacho Trece Civil Municipal de Medell\u00edn libr\u00f3 mandamiento de pago el 17 de octubre de 20184. Posteriormente \u2013el 10 de diciembre de ese a\u00f1o-, orden\u00f3 al extremo actor \u00abintentar la notificaci\u00f3n de la parte demandada y acreditarla ante el Despacho [\u2026] so pena de ordenar la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito\u00bb5. Frente a ello, el gestor \u00abinform\u00f3 al Juzgado cambio de direcci\u00f3n del ejecutado [\u2026]\u00bb6. Frente a lo cual, el juez autoriz\u00f3 notificar en el nuevo destino7 -auto del 21 de febrero de 2019-. As\u00ed las cosas, el demandante inform\u00f3 que \u00aballeg\u00f3 constancia de citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal, recibida en debida forma el pasado 8 de marzo de 2019, por lo tanto, solicit[\u00f3] autorizaci\u00f3n para enviar la notificaci\u00f3n por aviso\u00bb8. Sin embargo, el Juzgado, con prove\u00eddo del 4 de abril de 2019, requiri\u00f3 \u00aba la parte interesada para que intente nuevamente la citaci\u00f3n para la notificaci\u00f3n personal, siguiendo los lineamientos del art. 291 del C.G.P.\u00bb9. Luego, en providencia del 30 de abril de 2019, el juez encontr\u00f3 que no se hab\u00edan surtido las gestiones dictadas, por lo que solicit\u00f3 \u00aba la parte demandante, para que dentro del t\u00e9rmino de 30 d\u00edas [\u2026] cubra la carga procesal que le corresponde, esto es, intentar notificar al demandado [\u2026] so pena de declarar desistido el presente tr\u00e1mite\u00bb10. El extremo actor, a trav\u00e9s de memorial del 16 de mayo de esa anualidad, arrim\u00f3 constancia de \u00abnotificaci\u00f3n [personal fallida] y solicitud de [\u2026] realizar notificaci\u00f3n por aviso\u00bb11. <\/p>\n
2.4. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Trece Civil Municipal de Medell\u00edn, con fallo del 18 de enero de 2022, determin\u00f3 \u00abdeclarar la prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria\u00bb, y \u00abcesar la ejecuci\u00f3n en contra del [demandado]. Igualmente, levant\u00f3 \u00abla medida de embargo de remanentes [\u2026]\u00bb16. Inconforme con esa resoluci\u00f3n, el actor impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n17. <\/p>\n
2.5. El Despacho S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Medell\u00edn, en prove\u00eddo del 29 de marzo siguiente, dispuso \u00abconfirmar la sentencia proferida el 18 de enero de 2022 [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2.6. As\u00ed las cosas, el promotor, por v\u00eda de tutela, se\u00f1al\u00f3 que de su parte siempre existi\u00f3 un actuar diligente frente a todas las actuaciones que le correspondi\u00f3 cumplir, por tanto, adujo que el juzgado incurri\u00f3 en los defectos f\u00e1ctico y procedimental \u2013por desconocimiento del precedente y exceso ritual manifiesto-. Ello pues, por un lado, \u00abdeben descontarse los 4 meses en que tard\u00f3 el juzgado [de primer grado] para nombrar curador al demandado\u00bb. Adem\u00e1s, anot\u00f3 que los jueces de instancia \u00abindican que la prescripci\u00f3n analizada solo es de car\u00e1cter objetivo, inaplicando la jurisprudencia que al respecto sea (sic) tratado [STC1251-2022], saltando muy a la vista las actuaciones de esta mandataria, pues ni siquiera se centran en analizar puntualmente las medidas que se pretend\u00eda adelantar, por cuanto con el primer requerimiento t\u00e1cito qued\u00f3 demostrada la actuaci\u00f3n adelantada mucho antes de que se promulgara el mismo y con el segundo requerimiento, ya se hab\u00eda realizado la notificaci\u00f3n, entonces no se detienen a revisar puntualmente que la gestiones ya estaban hechas, sino que se proponen analizar objetivamente la prescripci\u00f3n sin descontar tampoco los periodos de tiempo en los que la administraci\u00f3n de justicia tard\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Por otro, resalt\u00f3 que \u00abn\u00f3tese como por encima del derecho sustancial est\u00e1 primando el procesal [en las sentencias de instancia], analizando una situaci\u00f3n de manera objetiva cuando se ha indicado jurisprudencialmente que los t\u00e9rminos indicados en la Ley, puntualmente en el art\u00edculo 94 del C. G. del P., son analizados de manera subjetiva, tanto en sentencias de la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que se revoque \u00abla sentencia de segunda instancia proferida [\u2026] y todas las que sean contrarias, con el fin de que sea analizado de manera juiciosa, completa y de manera subjetiva las diligencias adoptadas por la parte demandante, descontando los periodos de tiempo en que tard\u00f3 la administraci\u00f3n de justicia para librar mandamiento de pago y el nombramiento de curador ad-Litem conforme el precedente y en consecuencia seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado querellado estim\u00f3 la \u00abimprocedencia de esta acci\u00f3n, como quiera que no puede ser considerada como una tercera instancia; m\u00e1s, porque en este caso se le dieron las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que llevaron a toma la decisi\u00f3n cuestionada. Donde incluso, se resalt[\u00f3] un aspecto subjetivo de dejadez del actor que llev\u00f3 a la declaratoria de prescripci\u00f3n, no en vano, tuvo que ser requerido en dos oportunidades por el Juzgado de primer grado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 317 del C. G. del P.\u00bb. <\/p>\n
2. El Despacho Trece Civil Municipal de Medell\u00edn, luego de relatar lo acontecido al interior de la causa, manifest\u00f3 que es \u00ablas decisiones que profieren los Jueces de la Rep\u00fablica en ocasiones son favorables a los demandantes y en otras adversas a ellos, no queriendo significar que por el hecho que no se haya accedido a las pretensiones se le haya vulnerado alg\u00fan derecho fundamental a la parte que hoy funge como accionante, pues este Despacho decidi\u00f3 de fondo las pretensiones del demandante con estricto apego a la normatividad procesal y sustancial vigente\u00bb. <\/p>\n
3. El curador ad litem del extremo pasivo en la causa de marras mencion\u00f3 que \u00abla tutela est\u00e1 llamada a no prosperar teniendo en cuenta el principio de que nadie puede alegar a su favor su propia culpa, [pues] que el proceso haya pasado de un juzgado de peque\u00f1as causas a otro, sin justificaci\u00f3n alguna, situaci\u00f3n que se hubiera mitigado si desde el principio hubiera determinado la competencia por cuant\u00eda de forma juiciosa y diligente\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala constitucional a quo neg\u00f3 el amparo, al considerar que los \u00abjuzgadores en este caso no hicieron m\u00e1s que aplicar la consecuencia prevista en las normas transcritas, alegado como fue por el curador ad litem el medio exceptivo de la prescripci\u00f3n cuyo t\u00e9rmino en este caso deb\u00eda ser contabilizado desde la fecha de vencimiento del t\u00edtulo valor, dada la ineficacia que el hecho de presentaci\u00f3n de la demanda tuvo por no haberse notificado el mandamiento de pago en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o previsto con esa finalidad\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante, manifest\u00f3 que \u00abno se observa en el fallo de tutela que se indicara algo al respecto en cuanto a la inaplicaci\u00f3n de la jurisprudencia que en sede de tutela se ha analizado en estos asuntos, as\u00ed como tambi\u00e9n que el Despacho de Segunda Instancia, analiza la prescripci\u00f3n objetiva del a\u00f1o del mandamiento de pago doctrinariamente, saltando igualmente a la vista que ni siquiera se hace un esfuerzo por intentar analizar juiciosamente lo que indica esta [parte], es que con el simple hecho de descontar los periodos de tiempo en que tard\u00f3 la administraci\u00f3n de justicia en librar mandamiento de pago y en nombrar curador ad Litem, pese a estar solicitado desde el 17 de julio de 2019, no habr\u00eda lugar a la prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el tutelante. Ello pues, estim\u00f3 que la prescripci\u00f3n decretada no puede ser imputable a su gesti\u00f3n, pues la tardanza del Despacho de primer grado para librar mandamiento de pago y nombrar al curador ad litem, fue la causa para sobrepasar los t\u00e9rminos legales. Circunstancias que soslayaron los falladores de instancia. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que no se tuvieron cuenta los precedentes de esta Sala respecto del t\u00f3pico objeto de cuestionamiento. <\/p>\n
2. De entrada, esta Corporaci\u00f3n advierte que la providencia del a quo habr\u00e1 de ser confirmada, pues el Despacho acusado, expres\u00f3 los motivos por los cuales resolvi\u00f3 confirmar la determinaci\u00f3n de primer grado -acceder a las excepciones planteadas por la pasiva-. Para ello, comenz\u00f3 por indicar el marco normativo que regula el respectivo juicio, el problema jur\u00eddico a resolver, y los c\u00e1nones que reglan lo relativo a la prescripci\u00f3n \u2013art\u00edculos 2512, 2535 y 2539 del C\u00f3digo Civil y 789 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como el 94 del C\u00f3digo General del Proceso-. <\/p>\n
2.1. Frente a lo anterior, sostuvo que al ejercitarse la acci\u00f3n cambiaria directa \u00abel t\u00e9rmino prescriptivo ser\u00eda de 3 a\u00f1os contados a partir del vencimiento del t\u00edtulo \u2013art. 789 C.-, lo que quiere decir, que atendiendo el t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n, dicho computo se iniciar\u00eda a partir del 01 de diciembre de 2016, en consecuencia, para el momento que se inicia la acci\u00f3n cambiaria -10 de abril de 2018 [\u2026], no se hab\u00eda consumado el t\u00e9rmino prescriptivo\u00bb. En ese orden, resalt\u00f3 que no se \u00abpuede pasar por alto lo reglado en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, que estipula que la interrupci\u00f3n se produce con la presentaci\u00f3n de la demanda siempre y cuando el ejecutado sea notificado del mandamiento de pago dentro del a\u00f1o siguiente a la notificaci\u00f3n al demandante del mandamiento ejecutivo, para el caso surtido con el estado No. 176 del 18 de octubre de 2018 [\u2026] por lo que el t\u00e9rmino fenec\u00eda el 18 de octubre de 2019, sin embargo, la realidad que se muestra en autos es que la notificaci\u00f3n al demandado se surti\u00f3 a trav\u00e9s de curador ad litem el d\u00eda 13 de diciembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
2.2. De ese modo las cosas y de cara al caso sub examine, el juez discurri\u00f3 que al aplicar \u00abun criterio objetivo, se tendr\u00eda que concluir, lo inferido por la juez de primera instancia, ello es, que al no haber sido notificado el ejecutado dentro del a\u00f1o, la interrupci\u00f3n a la prescripci\u00f3n no oper\u00f3 con la presentaci\u00f3n de la demanda sino con la notificaci\u00f3n por medio del curador ad litem la que aconteci\u00f3 el 13 de diciembre de 2019, fecha para cuando ya hab\u00eda pasado su cuenta de cobro la prescripci\u00f3n de toda la obligaci\u00f3n, pues recu\u00e9rdese que la misma se hizo exigible el 01 de diciembre de 2016 y la prescripci\u00f3n estaba dada para 01 de diciembre de 2019\u00bb. Fundamento que sustent\u00f3 en doctrina18 y precedentes de esta Corporaci\u00f3n19. As\u00ed las cosas, resalt\u00f3 que \u00abla norma fija unos extremos temporales demasiado precisos y amplios; am\u00e9n de que las \u00fanicas condiciones fijadas, aparecen determinadas con indiscutible claridad y precisi\u00f3n: que la notificaci\u00f3n del auto de mandamiento ejecutivo, se logre hacer al demandado, situaci\u00f3n que en el presente proceso s\u00f3lo se logr\u00f3 el 13 de diciembre de 2019, fecha para la cual ya hab\u00eda operado la prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por otra parte, indic\u00f3 que resulta indiscutible que los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia tengan que soportar la carga de la mora judicial, a\u00fan m\u00e1s, cuando vulnera los intereses econ\u00f3micos de los mismos. Sin embargo, \u00ab[\u2026] si [el interesado] consideraba que presentaba el juzgado una mora, debi\u00f3 proceder a exigirle a la Juez que adoptara medidas para corregir el desafuero; y si all\u00ed no encontraba respuesta, debi\u00f3 incoar las acciones que buscaran remediar tal anomal\u00eda, por ejemplo, la acci\u00f3n de tutela por mora judicial. Pero es que tambi\u00e9n ten\u00eda la opci\u00f3n de acudir a la vigilancia administrativa que cumple el Consejo Seccional de la Judicatura. Este mecanismo es precisamente para conseguir que [\u2026] no haya dilaciones injustificadas\u00bb. Por tanto, estim\u00f3 que \u00abaqu\u00ed no hubo ninguna mora judicial causante de la consolidaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n. Obs\u00e9rvese que toda la mora para la notificaci\u00f3n del auto de mandamiento ejecutivo se radic\u00f3 s\u00f3lo en la misma parte actora [\u2026], incluso debi\u00f3 el Juzgado de instancia requerirle bajo la sanci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito del art\u00edculo 317 del C.G.P en busca del despliegue de un actuar por parte de la demandante, por lo menos en dos oportunidades (10 de diciembre de 2018 y 30 de abril de 2019)\u00bb. Aunado a que \u00abel tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n a su cargo, lo hizo de forma defectuosa, luego, es tanto como si no lo hubiera realizado. Todas estas acciones y omisiones en modo alguno pueden ser trasladados al Juzgado de Primer Grado\u00bb. <\/p>\n
2.4. Tocante con el argumento expuesto en el escrito de apelaci\u00f3n, relacionado con \u00abla inactividad en la realizaci\u00f3n de la notificaci\u00f3n se debi\u00f3 a la espera de la consolidaci\u00f3n de la medida cautelar\u00bb, sostuvo que \u00abno se entiende por qu\u00e9 si la respuesta de las medidas cautelares se puso en conocimiento el 15 de enero de 2019, solo un mes y medio despu\u00e9s esto es decir 18 de febrero de 2019 solicit\u00f3 cambio de direcci\u00f3n para notificar y ante la respuesta positiva el 21 de febrero de 2019 por parte del Despacho, la citaci\u00f3n para la diligencia de notificaci\u00f3n personal s\u00f3lo fue enviada al demandado el 06 de marzo de 2019, m\u00e1s de tres meses despu\u00e9s de tener informe infructuoso de las medidas embargo\u00bb. Y agreg\u00f3, que a lo anterior se suma \u00absu actuar pasivo entre requerimiento y carga de notificaci\u00f3n, n\u00f3tese solo por colegir a un ejemplo al indicar el Juzgado el 04 de abril de 2019 que la citaci\u00f3n se encontraba indebidamente diligenciada, solo hasta el 16 de mayo de 2019 y en cumplimiento al requerimiento del art\u00edculo de 317 del C.G.P puso en conocimiento la notificaci\u00f3n infructuosa del demandado, acto por el cual se orden\u00f3 emplazamiento el cual realiz\u00f3 el 07 de julio de 2019, ello es pasados casi dos meses despu\u00e9s de emitir la orden el Juzgado\u00bb. Ello, teniendo en cuenta que \u00abel t\u00e9rmino de un a\u00f1o que impone el art\u00edculo 94 del C. G. del P., no est\u00e1 condicionado a que \u00e9l se pueda cumplir o no, si se hace uso de las medidas cautelares; ello no es un argumento que se sustente desde el ordenamiento jur\u00eddico y por tanto no puede tener cabida en esta oportunidad\u00bb. <\/p>\n
2.5. Sumado a lo anterior, destac\u00f3 que \u00absi bien es cierto que luego del emplazamiento le asisti\u00f3 una tardanza al Juzgado al ingresar el emplazamiento y dem\u00e1s diligencias consecuentes, lo cierto fue que previo a ello el Juzgado [s\u00ed fue] diligente al resolver sus requerimientos y fue la parte actora quien no aprovech\u00f3 el tiempo suficiente que tuvo para cumplir con la carga procesal de la notificaci\u00f3n del auto de mandamiento ejecutivo al demandado, y tampoco utiliz\u00f3 los medios id\u00f3neos y eficaces para conseguirlo, a pesar de aparecer claramente consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. Adem\u00e1s, de cara a la acusaci\u00f3n de desconocimiento del precedente, el Despacho estim\u00f3 que la sentencia adosada \u00abse trata de una decisi\u00f3n tomada por la Corte Suprema de Justicia como juez de tutela, con efecto inter partes, que no resulta vinculante a la interpretaci\u00f3n y labor hermen\u00e9utica que aqu\u00ed se est\u00e1 realizando, dado justamente el car\u00e1cter excepcional y residual que caracteriza la acci\u00f3n constitucional de la tutela\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del Juzgado atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y jurisprudencial del tema debatido. <\/p>\n
En el mismo sentido, la Sala sostiene que si bien el funcionario querellado indic\u00f3 que el t\u00e9rmino fijado en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso -interrumpir la prescripci\u00f3n con la presentaci\u00f3n de la demanda, siempre que se haya notificado al demandado dentro del a\u00f1o siguiente del mandamiento ejecutivo- era objetivo, anotaci\u00f3n que ha sido revaluada por esta Corporaci\u00f3n20, tambi\u00e9n lo es, que ello resulta una conducta que debe ser calificada en cada caso. Por lo tanto, en el asunto se vislumbra que la aseveraci\u00f3n rese\u00f1ada en la apelaci\u00f3n, tocante con la mora judicial atribuida al juez a quo, fue analizada plenamente por el Despacho cuestionado. Y, al respecto, el mismo encontr\u00f3 que fue una conducta tard\u00eda del interesado. Consideraciones que acompa\u00f1a esta Sala, pues de la revisi\u00f3n del legajo se evidencia que en diferentes momentos procesales el demandante retras\u00f3 con su actuar el normal desarrollo del juicio ejecutivo de marras21. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice, lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto22. <\/p>\n
5. Por lo considerado, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 9 a 12 del archivo PDF \u00ab01Expediente\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 14 a 15. Ib\u00eddem <\/p>\n
3\u0002 Folios 18 a 19. Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folio 21. Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 22. Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Folio 23. Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Folio 24. Ib\u00eddem. <\/p>\n
8\u0002 Folios 25 a 28. Ib\u00eddem. <\/p>\n
9\u0002 Folio 29. Ib\u00eddem. <\/p>\n
10\u0002 Folio 30. Ib\u00eddem. <\/p>\n
11\u0002 Folios 31 a 34. Ib\u00eddem. <\/p>\n
12\u0002 Folios 35 a 36. Ib\u00eddem. <\/p>\n
13\u0002 Folios 37 a 39. Ib\u00eddem. <\/p>\n
14\u0002 Folios 40 a 41. Ib\u00eddem. <\/p>\n
15\u0002 Folios 42 a 43. Ib\u00eddem. <\/p>\n
16\u0002 Archivo PDF \u00ab06SentenciaPrimeraInstancia\u00bb. <\/p>\n
17\u0002 Archivo PDF \u00ab06SustentacionRecursoApelacion\u00bb. <\/p>\n
18\u0002 L\u00f3pez Blanco, Fabio. Procedimiento Civil, Tomo I. D\u00e9cima Edici\u00f3n. Bogot\u00e1-Colombia. Editorial Dupre Editores. P\u00e1g. 518. <\/p>\n
19\u0002 CSJ 4 de abril de 2013. Rad. 2004-00457-01 y CSJ 12 de febrero de 2007. Rad. 1999-00749. <\/p>\n
20\u0002 Pues se considera subjetivo \u2013CSJ STC 2 de mayo de 2014. Rad. 00834-00. Entre otras-. Toda vez que al interior de los juicios se pueden presentar circunstancias exclusivamente imputables a los funcionarios judiciales que no deben ser soportadas por los usuarios de la administraci\u00f3n. En ese orden, esa mora judicial debe descontarse del t\u00e9rmino que ten\u00eda la parte para llevar a cabo su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
21\u0002 CSJ STC 13 de julio de 2020. Rad. 2020-01290-00. Asunto de similares contornos, en que la Sala neg\u00f3 el amparo deprecado al concluir que lo decidido por los jueces de instancia, luego de analizar que la tardanza en el desarrollo de la respectiva notificaci\u00f3n, no se debi\u00f3 a una conducta imputable al juzgador querellado. <\/p>\n
22\u0002Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
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STC7907-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7907-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2022-00241-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64710","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64710","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64710"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64710\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64710"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64710"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64710"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}