STC7913-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7913-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01886-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Bibiana Ortiz Casallas en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Tercero de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de radicado 2018-00433. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, tutela efectiva, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad jur\u00eddica, imparcialidad, independencia, objetividad, salud y el derecho a \u00abvivir una vida libre de violencia\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. En el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal por ella promovido en contra de su \u00abexesposo\u00bb, Pedro Enrique Acosta Guzm\u00e1n, distinguido con el radicado 2018-00433, el 14 de diciembre de 2021 present\u00f3 una solicitud de recusaci\u00f3n en contra de la titular del despacho de familia accionado. <\/p>\n
2.2. Las causas que motivaron la interposici\u00f3n de dicha recusaci\u00f3n tuvieron que ver con diversas irregularidades que, a su juicio, se presentaron en una diligencia surtida en un \u00abtr\u00e1mite incidental de levantamiento de medidas cautelares\u00bb el 22 de agosto de 2019 y otras que posteriormente han sucedido en el tiempo, como la negativa de \u00aboficiar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 para que informara el monto y tope de [unos[ valores que fueron objeto de las medidas cautelares\u00bb, cercenarle la posibilidad de contestar el \u00abincidente de honorarios promovido por quien fuera [su] apoderado, el se\u00f1or Efra\u00edn G\u00f3mez Burbano\u00bb, entre otras; por tales anomal\u00edas, sostiene que ha formulado diversas denuncias penales y disciplinarias, inclusive, una solicitud de \u00abvigilancia administrativa\u00bb. <\/p>\n
2.3. La juzgadora recusada, en auto de 25 de enero de 2022, desestim\u00f3 tal pedimento y, el 14 de febrero siguiente, el Tribunal declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n planteada. <\/p>\n
3. La gestora tacha de irregular la actuaci\u00f3n adelantada por los accionados, por cuanto est\u00e1 acreditado que la funcionaria judicial cognoscente siente, respecto de ella, una clara animadversi\u00f3n, lo cual impide que el caso sea definido con objetividad, independencia e imparcialidad. Afirma que el prove\u00eddo de 25 de enero anterior es errado, ya que el Juzgado no se refiri\u00f3 a \u00abcada uno de los hechos expuestos\u00bb en la recusaci\u00f3n, y se \u00abdespach[\u00f3] diciendo sat\u00edricamente que la recusaci\u00f3n objeto de estudio presenta los mismos argumentos de la anterior recusaci\u00f3n por [ella] planteada, y que s\u00f3lo le adiciona como hecho nuevo que en el a\u00f1o 2021 present\u00e9 denuncia penal en su contra\u00bb, todo lo cual \u00abraya con la realidad, pues un an\u00e1lisis superfluo de la primera recusaci\u00f3n planteada expone, como \u00fanico hecho de recusaci\u00f3n la existencia de queja disciplinaria ante el Consejo Seccional de la Judicatura, encaus\u00e1ndose la causal n 7 del art\u00edculo 141 del C.G.P:, por ninguna esfera interpretativa cabr\u00eda afirmar que los 21 hechos expuestos en la actual recusaci\u00f3n se acomodan en absoluto al memorial que plante[\u00f3] la primera recusaci\u00f3n[,] y como si fuera poco, todos los hechos expuestos como indicios de la enemistad grave, fueron posteriores a lo expuesto en el memorial multicitado\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El despacho de familia solicit\u00f3 desestimar el auxilio implorado, en vista de que su gesti\u00f3n se ha ce\u00f1ido a lo previsto en la ley y a que a la actora se le hab\u00edan respetado todos sus derechos. <\/p>\n
2. El Tribunal demandado asegur\u00f3 que se aten\u00eda a lo considerado en el prove\u00eddo del 14 de febrero de 2022. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que se revoquen las determinaciones de 25 de enero y de 14 de febrero de 2022, por las cuales se neg\u00f3 la recusaci\u00f3n por ella planteada en el juicio cuestionado. <\/p>\n
2. Al respecto, debe precisarse que, si bien el reclamo se dirige contra las dos decisiones proferidas, el examen se circunscribir\u00e1 a la dictada el 14 de febrero anterior, pues fue la que, en \u00faltimas1, defini\u00f3 lo concerniente a la recusaci\u00f3n formulada por la tutelante. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el aludido auto de 14 de febrero pasado, el Tribunal criticado, luego de compendiar los antecedentes del caso y de establecer el marco normativo aplicable, frente a los argumentos de la ahora accionante, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab2.- En el asunto puesto a consideraci\u00f3n, como claramente se destac\u00f3 en la parte de antecedentes, la demandante Ortiz Casallas, secundada por su apoderado judicial, ha recusado para seguir conociendo del proceso a la se\u00f1ora Juez Tercero de Familia de la ciudad con base en la causal 9\u00aa del art\u00edculo 141 ibidem (\u2026). <\/p>\n
Dicha causal, no obstante ser subjetiva, debe ser probada como lo ha se\u00f1alado la Corte Constitucional en sentencia C-390 de 1993 y el sentimiento de enemistad debe provenir siempre del juez hacia las partes, su representante o apoderados[,] pues si el funcionario judicial no abriga similares sentimientos, la causal de recusaci\u00f3n no puede prosperar ya que la ley lo que quiso decir es que se presente esa situaci\u00f3n en el \u00e1nimo del funcionario y frente a los sujetos procesales. <\/p>\n
Si ello es as\u00ed, bien vistas las cosas, advierte este Despacho que los argumentos expuestos por la demandante y su apoderado judicial no alcanzan a tener m\u00e9rito para configurar el impedimento invocado, pues, en verdad, las afirmaciones de las que hacen alarde, de contera no llevan impl\u00edcit[os] hechos trascendentes que permitan establecer inequ\u00edvocamente que existe duda acerca de la imparcialidad de la funcionaria para seguir conociendo la causa en referencia, como tampoco la presencia de una enemistad con el calificativo de grave debidamente demostrada de parte de la se\u00f1ora juez frente a los sujetos procesales intervinientes, m\u00e1xime cuando ella categ\u00f3ricamente en el auto de 25 de enero pasado manifest\u00f3 no tener ning\u00fan sentimiento de animadversi\u00f3n frente a la parte actora y su apoderado judicial[,] a quienes s\u00f3lo ha conocido por raz\u00f3n del desarrollo del presente asunto judicial\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, puso de presente que \u00ab\u00e9ste no [era] el estadio procesal pertinente para ventilar los eventuales reproches en contra de las decisiones adoptadas dentro del tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n liquidatoria, pues para ello deben las partes hacer uso, en caso de considerarlo pertinente, de las herramientas previstas por el legislador para tal efecto y de las cuales ha sido respetuosa en su aplicaci\u00f3n la juzgadora de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
4. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada se evidencia que el Tribunal consider\u00f3, motivadamente, que la causal de recusaci\u00f3n alegada por la aqu\u00ed gestora no se estructuraba y tal conclusi\u00f3n, independientemente de que sea o no compartida, no se muestra abiertamente arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas y de la normatividad que gobierna el asunto, as\u00ed como de jurisprudencia relacionada, que, en efecto, ha se\u00f1alado que la causal de impedimento por amistad \u00edntima o enemistad grave hace referencia a un criterio subjetivo, que corresponde con el fuero interno del individuo, en este caso, del juzgador, quien dijo no tener esos sentimientos, los cuales tampoco fueron acreditados. <\/p>\n
Se observa, pues, una disparidad de criterios entre lo considerado por el Colegiado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden2. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, se impone desestimar el ruego exigido. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En ese sentido, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que, cuando una decisi\u00f3n fue estudiada por el ad quem, \u00abla valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2\u0002 Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la STC7607-2021). <\/p>\n
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