STC7914-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7914-2022, <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2022-00115-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 19 de mayo de 2022, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Asmeth Yamith Palencia Salazar contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo bajo radicado 2017-00064. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, honra, buen nombre, trabajo e igualdad presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, en el tr\u00e1mite ya referido. <\/p>\n
En sustento, se\u00f1al\u00f3 que en el proceso ejecutivo que promovi\u00f3 en contra de Agropecuaria La Gabriela JA EU, en el cual ya se hab\u00eda ordenado seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva en providencia de 5 de noviembre de 2021 decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito conforme al numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Censur\u00f3 que, el Juzgado de conocimiento no tuvo en cuenta que la \u00faltima actuaci\u00f3n procesal fue el 20 de septiembre de 2019, cuando \u00e9l retir\u00f3 el \u00aboficio de embargo No. 2014 de 2019\u00bb, as\u00ed como tampoco advirti\u00f3 la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura a partir del 16 de marzo de 2020, hasta el 31 de junio de 2020, y tampoco lo requiri\u00f3 previo a decretar el desistimiento t\u00e1cito \u00abcomo lo ordena el num. 1 del art. 317 del C.G.P., para que le informara al despacho que hab\u00eda pasado con el oficio 2024 de 2019, pero si decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de forma sorpresiva\u2026lo cual es totalmente ilegal\u2026\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que solicit\u00f3 control de legalidad, y el 2 de diciembre de 2021 le fue negado, determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, no obstante, el Juzgado mantuvo la decisi\u00f3n y neg\u00f3 la alzada. <\/p>\n
El 16 de febrero siguiente, el Juzgado convocado nuevamente le manifest\u00f3 al actor que deb\u00eda estarse a lo resuelto el 5 de noviembre de 2021, decisi\u00f3n contra la cual tambi\u00e9n interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n \u00abAnte esta decisi\u00f3n tan injusta, y en la forma reprochable como se refiere el despacho de m\u00ed, en pocas palabras he actuado como un verdadero delincuente\u2026\u00bb, y en providencia de 17 de marzo de 2022 confirm\u00f3 las decisiones recurridas y neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Concluy\u00f3 el accionante que al haberse subido las anteriores providencias en la p\u00e1gina web de la rama judicial, se ha difundido que \u00e9l tramit\u00f3 un proceso en causa propia y que all\u00ed se declar\u00f3 un desistimiento t\u00e1cito, en consecuencia, \u00abvarios clientes que tienen acceso a esa web, han divulgado en el gremio de colegas que yo perd\u00ed mi propio pleito por descuido, perezoso, y que seg\u00fan el se\u00f1or Juez Primero Civil del Circuito, quise enga\u00f1ar al despacho con maniobras habilidosas, por lo que mi nombre como abogado recto y honorable que he sido siempre, se est\u00e1 haciendo pedazos con esos comentarios y como resultado de esas informaciones, se me est\u00e1n retirando los clientes que me proveen trabajo para subsistir, caus\u00e1ndome esa decisi\u00f3n ilegal graves perjuicios irremediables\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva \u00abDecretar la nulidad del auto del d\u00eda 05 de Noviembre de 2021 donde se orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por haber operado la figura del desistimiento t\u00e1cito, y del auto del 2 de Diciembre de 2021 donde se neg\u00f3 darle tr\u00e1mite a mi solicitud de control de legalidad\u2026\u00bb. <\/p>\n
Finalmente pidi\u00f3 que, se le ordene al Juzgado convocado \u00abactualizar el estado electr\u00f3nico del proceso ejecutivo\u2026para que constate la subsanaci\u00f3n de este error judicial\u00bb. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva se limit\u00f3 a remitir el link del expediente digitalizado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, neg\u00f3 el amparo, tras considerar que, <\/p>\n
\u00abNo deja de ser llamativo como el accionante dejo pasar la oportunidad de salvar el proceso de su inter\u00e9s de una terminaci\u00f3n que juzga como repentina, s\u00fabita e inesperada, sin oponerse a ella a trav\u00e9s de los medios ordinarios de impugnaci\u00f3n, para provocar en el juez de conocimiento, la reconsideraci\u00f3n de su decisi\u00f3n, cuando esta no se encontraba a\u00fan ejecutoriada, para preferir hacerlo no solo posteriormente sino casi un mes despu\u00e9s de la emisi\u00f3n del prove\u00eddo definitivo e insistir en ello, ahora si demostrando y acreditando la gesti\u00f3n y diligencia que justamente ech\u00f3 de menos el juzgado accionado y que finalmente llev\u00f3 al proceso a su fatal desenlace\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, advirti\u00f3 que \u00abafirm\u00f3 el accionante que la publicidad de las actuaciones procesales surtidas en el expediente examinado, afect\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales a la honra, al buen nombre y al trabajo, ya que sus clientes y colegas han descalificado su gesti\u00f3n y su profesionalismo, debido a la decisi\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso seguido en causa propia, frente a lo cual, vale decir que no acredit\u00f3 siquiera sumariamente el grave perjuicio que debiera precaverse a trav\u00e9s de la v\u00eda constitucional emprendida\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, quien consider\u00f3 que deb\u00eda flexibilizarse el principio de subsidiariedad, conforme lo ha realizado en varias oportunidades la Corte Constitucional, insistiendo que el Juzgado accionado debi\u00f3 hacer un control de legalidad del proceso ejecutivo. <\/p>\n
As\u00ed mismo, volvi\u00f3 a reprochar que el Juzgado lo maltrat\u00f3 con sus providencias, motivo por el cual ya dos clientes suyos, decidieron no contar mas con sus servicios. <\/p>\n
Igualmente, resalt\u00f3 que las providencias no deb\u00edan ser publicadas porque a su juicio son abiertamente ilegales, caus\u00e1ndole perjuicios irremediables. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la cual, se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos, entre otros, que se observe el elemento de la inmediatez, connatural a su ejercicio y, por supuesto, que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial existentes, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (STC11845-2021, STC1526-2022 y STC6747-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisado el expediente que contiene las decisiones reprochadas al Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva, esto es el auto que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito y la providencia que neg\u00f3 el control de legalidad solicitado, se observa, que frente al primero no se acredita el presupuesto de la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela, pues el actor ning\u00fan recurso plante\u00f3 frente dicha providencia. <\/p>\n
En ese orden, se concluye que el accionante desperdici\u00f3 las oportunidades que tuvo para solicitar ante el Juez de instancia, lo que ahora pretende a trav\u00e9s de este mecanismo residual y extraordinario. <\/p>\n
Ha de tenerse presente, que como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal. <\/p>\n
En consecuencia, no se cumple con el requisito de la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela, pues se resalta que este mecanismo excepcional no se ha establecido para ser utilizado en forma alternativa o sustitutiva de los medios ordinarios o para subsanar la desidia de las partes, ante la falta de proposiciones oportuna de los mismos. (Ver entre otras, CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487- 2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01, STC820-2020, STC6580-2021, STC12011-2021, STC784-2022 y, STC2296-2022). <\/p>\n
Ahora bien, aunque excepcionalmente puede pasarse por alto el requisito mencionado, se requiere la ocurrencia de un perjuicio irremediable, no obstante, en este evento, el actor no prob\u00f3 la gravedad de su situaci\u00f3n econ\u00f3mica o personal, la inminencia del da\u00f1o, la urgencia del resguardo, esto es, \u00abno se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado (\u2026) denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pase por alto los tr\u00e1mites, proceso o procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (CSJ STC11816-2016, citada en STC1415-2021). <\/p>\n
2. As\u00ed mismo, frente a la providencia de 11 de enero de 2022 que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 el control de legalidad solicitado por el actor, se observa que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva, le insisti\u00f3 al demandante, que el proceso se encontraba legalmente terminado sin que hubiera recurrido tal determinaci\u00f3n \u00aby con ello agotada la competencia del juzgado para emitir cualquier otro pronunciamiento, raz\u00f3n suficiente y contundente para negar su pedido\u00bb. <\/p>\n
Igualmente advirti\u00f3 que, \u00abLa figura de control de legalidad no fue prevista para suplir los recursos que los abogados dejaron de interponer por vencerse en silencio el t\u00e9rmino de que dispon\u00edan para ello\u00bb, motivo por el cual concluy\u00f3 que \u00absi se dejan precluir las oportunidades previstas por la propia ley procesal, cada quien es due\u00f1o de su suerte y no puede achacarle a la justicia la consecuencias de su propio descuido\u00bb. <\/p>\n
Argumentos que ha reiterado en las diversas solicitudes que el ejecutante ha presentado al Juzgado convocado, en aras de reactivar el proceso que ya se encuentra legalmente culminado. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, para la Corte los argumentos desarrollados por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva al resolver cada una de las solicitudes presentadas por el actor luego de que el proceso ejecutivo hubiera culminado, resultan consistentes, claros y est\u00e1n exentos de capricho, como para ameritar la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que, efectivamente el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito sin que el demandante hubiere formulado recurso en el que planteara los motivos por los cuales a su juicio no deb\u00eda decretarse el mismo, y si bien, con posterioridad e insistentemente elev\u00f3 varias solicitudes, no puede entenderse como subsanada su desidia, pues el proceso ya se encontraba legalmente terminado. <\/p>\n
3. En ese orden, el ataque dirigido a descalificar la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica realizada por el Juez de instancia, aparece como una diferencia conceptual no susceptible de ser avalada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, instrumento que no es una instancia adicional para obtener una mejor opini\u00f3n m\u00e1xime, cuando la interpretaci\u00f3n del Juez de instancia, no resulta caprichosa o que la misma configure una v\u00eda de hecho. (Ver entre otras, CSJ Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022). <\/p>\n
4. Finalmente, aunque el promotor se queja que el Juzgado public\u00f3 en la p\u00e1gina de la rama judicial las providencias que considera ilegales, situaci\u00f3n que afirm\u00f3 le ha causado que sus clientes le terminen los contratos de prestaci\u00f3n de servicios, lo cierto es que el Juzgado public\u00f3 tales providencias conforme a lo exig\u00eda el Decreto 806 de 2020, y como se dijo, no se observa la ilegalidad alegada por el actor en las mismas. <\/p>\n
5. De conformidad con lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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