STC7916-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7916-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-01889-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Alejandra Mar\u00eda \u00c1lzate Quintero frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Oralidad de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 05001310300720180043800. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderada, reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en el referido juicio. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. La accionante instaur\u00f3 una demanda ejecutiva en contra de Juan Guillermo Puerta Zuluaga y Claudia Nelly V\u00e1squez P\u00e9rez, que correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, el cual, en audiencia del 6 de marzo de 2020, profiri\u00f3 sentencia y declar\u00f3 \u00abPROBADA la tacha de falsedad formulada por la parte demandada respecto de la alteraci\u00f3n del contenido del t\u00edtulo cuyo monto original era de $24.000.000 y fue irregularmente mutado por $724.000.000\u00bb, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n a favor de la accionante por $24.000.000 y la conden\u00f3 a pagar a favor de los all\u00ed ejecutados \u00ab$140.000.000 conforme lo establecido en el art\u00edculo 274 del CGP\u00bb. <\/p>\n
2.2. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la actora interpuso recurso de apelaci\u00f3n y, el 9 de diciembre de 2021, la Corporaci\u00f3n accionada la confirm\u00f3 y conden\u00f3 en costas a la parte demandante. <\/p>\n
2.3. Al respecto, la gestora cuestiona que \u00aben la providencia recurrida hay un an\u00e1lisis desequilibrado de las dos declaraciones de las partes [\u2026] se aparta gravemente de[l] [\u2026] valor de la fotograf\u00eda y la forma de valorarla [\u2026] se est\u00e1 desconociendo [\u2026] el ejercicio pleno y absoluto [\u2026] del principio de la autonom\u00eda de la voluntad de los contratantes [\u2026] dado que [\u2026] es plenamente valida cualquier decisi\u00f3n que respecto de los negocios celebrados entre las partes concreten las mismas [\u2026] desconoce claramente la norma del art\u00edculo 882 del C\u00f3digo del Comercio que permite hacer el pago a trav\u00e9s de t\u00edtulos de contenido crediticio como los t\u00edtulos valores [\u2026] [y desconoce] el principio de la necesidad de la prueba contenido en el art\u00edculo 164 [\u2026] [olvidan el principio de la carga de la prueba que contiene el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Adujo que \u00abno est\u00e1 probada la alteraci\u00f3n del t\u00edtulo valor que soporta la ejecuci\u00f3n\u00bb, por lo que \u00abse desconoce la presunci\u00f3n de autenticidad del t\u00edtulo del cual habla el 793 del C\u00f3digo de Comercio, y los principios de autonom\u00eda y su literalidad contenidos en el art\u00edculo 626 y 627 de la misma codificaci\u00f3n [\u2026]\u00bb. Considera que \u00abera deber del Juez, tener por v\u00e1lido y obligatorio el valor escrito en letras [\u2026] con el texto del mencionado valor [\u2026] por los expresos, concretos y n\u00edtidos mandatos de la norma que contiene el [\u2026]art\u00edculo 623\u00bb. Por lo que acusa las decisiones de incurrir en defectos f\u00e1ctico y sustantivo, por cuanto \u00abno tiene apoyo probatorio, toma su decisi\u00f3n basada solo en la prueba por los demandantes (sic) representada en una fotograf\u00eda [\u2026] existe en las providencias cuestionadas fallas sustanciales atribuibles a las deficiencias probatorias dentro del proceso\u00bb, am\u00e9n de que se \u00abaplican normas jur\u00eddicas que no son aplicables al caso [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, dejar \u00absin efecto alguno [\u2026] las actuaciones surtidas en los despachos accionados\u00bb y \u00abORDENAR a la Sala [\u2026] Civil del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELL\u00cdN, que profiera una nueva sentencia, en la cual se haga una valoraci\u00f3n adecuada del precedente judicial\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn se opuso al ruego y destac\u00f3 la legalidad de la sentencia proferida en el caso bajo estudio. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3 que el proceso ingres\u00f3 al despacho el 7 de junio del presente a\u00f1o y se encuentra a la espera de ser avocado, por lo que \u00abno ha dictado ninguna decisi\u00f3n al interior del mismo de la cual se pueda endilgar alguna responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la parte actora pretende el amparo de los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con la providencia emitida por la Corporaci\u00f3n cuestionada el 9 de diciembre de 2021, que confirm\u00f3 la del 6 de marzo de 2020, pues se incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico y sustantivo y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Al respecto, en primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales y para realizar un nuevo estudio probatorio1, pues, de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces, de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejado de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Revisadas las probanzas adosadas al plenario se evidencia que, el 9 de diciembre de 2021, el Colegiado acusado2 profiri\u00f3 sentencia y confirm\u00f3 la proferida por el Juzgado querellado el 6 de marzo de 2020, en cuanto declar\u00f3 probada la tacha de falsedad formulada por la parte demandada por la alteraci\u00f3n del contenido del t\u00edtulo, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n a favor de la demandante por $24.000.000 y, a su vez, la conden\u00f3 a pagar a los ejecutados $140.000.000, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 274 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En dicha providencia defini\u00f3 como problemas jur\u00eddicos la acreditaci\u00f3n de la alteraci\u00f3n del t\u00edtulo valor base de la ejecuci\u00f3n y la indebida valoraci\u00f3n probatoria. En desarrollo de estos, realiz\u00f3 un detallado recuento de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica en extenso e indic\u00f3 que, \u00absi bien la demandante en el interrogatorio que absolvi\u00f3 afirm\u00f3 que ella misma antepuso el n\u00famero siete (7) a la cifra ya escrita de $24.000.000.oo, por acuerdo con los aceptantes del t\u00edtulo valor, que a esta obligaci\u00f3n de $24.000.000.oo se sumarian otras que el demandado ten\u00eda con ella por $35.000.000.oo, $38.000.000.oo, $230.000.000.oo, $20.000.000.oo y $80.000.000.oo, para un total de $403.000.000.oo, m\u00e1s el 75% de ganancia sobre dichos montos que fueron tomados como aporte al negocio con ETB, esto es, $302.250.000.oo, para un total de $705.250.000.oo, que sumados a $24.000.000.oo, que prest\u00f3 el d\u00eda de la negociaci\u00f3n a los demandados, ascienden a $729.250.000.oo, y que teniendo en cuenta el monto de las utilidades que obtendr\u00eda la dejaron por $724.000.000.oo; lo cierto, es que este dicho se encuentra hu\u00e9rfano de prueba; no obstante, que afirm\u00f3 que se reuni\u00f3 al momento de la negociaci\u00f3n en su apartamento con los demandados para acordar el diligenciamiento de la letra de cambio, as\u00ed como el monto total de la obligaci\u00f3n, la codemandada Claudia Nelly V\u00e1squez P\u00e9rez, como lo se\u00f1al\u00f3 el ejecutado Puerta Zuluaga, afirm\u00f3 que la letra la suscribi\u00f3 en su residencia y la misma conten\u00eda como cifra a pagar $24.000.000.oo y, que nunca estuvo en el apartamento de la demandante, que no lo conoce; es m\u00e1s, al plenario no se alleg\u00f3 prueba alguna sobre la presencia de los ejecutados en el apartamento de la demandante el d\u00eda de la negociaci\u00f3n del importe del cambial, como de las dem\u00e1s obligaciones que la pretensora afirma le adeudaba el codemandado Juan Guillermo Puerta Zuluaga\u00bb. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, resalt\u00f3 que tampoco se advirti\u00f3 que \u00abentre ellos se lleg\u00f3 a un acuerdo frente a la negociaci\u00f3n con ETB, donde el codemandado Juan Guillermo Puerta Zuluaga reconocer\u00eda a la ejecutante por los dineros que aportara, el 75% como ganancia; ahora, si bien \u00e9ste por escritura p\u00fablica No. 2.193 del 23 de agosto de 2016, conferida en la Notar\u00eda 22 de Medell\u00edn, como representante legal de la sociedad Intelligent Solutions S.A.S., otorg\u00f3 un poder general a la ejecutante, no tuvo como finalidad hacerla participe en dicha negociaci\u00f3n, porque se confiri\u00f3 para que asumiera la representaci\u00f3n de la sociedad ante la Empresa de Telecomunicaciones de Bogot\u00e1 S.A. E.S.P., y adelantara las gestiones necesarias para contestar y llevar hasta su fin la acci\u00f3n de controversias contractuales formuladas por esa empresa en contra de las sociedades Intelligent Solutions S.A.S. y CYTELSAT\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, sostuvo que \u00abllama poderosamente la atenci\u00f3n de la Sala, que a la obligaci\u00f3n objeto de recaudo se sum\u00f3 el 75% de utilidades, por dineros que supuestamente el extremo activo de la relaci\u00f3n sustancial aport\u00f3 para la negociaci\u00f3n con ETB, que los demandados reconocieron como ganancia, cuando el negocio a\u00fan no hab\u00eda llegado a feliz t\u00e9rmino; pues en cambio, esa negociaci\u00f3n con la sociedad CYTELSAT no se cristaliz\u00f3 y al demandado le devolvieron parte de los dineros que hab\u00eda aportado, sin reconocer ganancia o utilidad alguna, como lo afirm\u00f3 la pretensora y lo ratific\u00f3 Claudia Nelly V\u00e1squez P\u00e9rez en la versi\u00f3n que suministr\u00f3\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, destac\u00f3 que \u00ab[L]os demandados como \u00fanicos aceptantes se obligan conforme al texto primigenio del t\u00edtulo valor; esto es, por $24.000.000.oo, cifra que inicialmente se incorpor\u00f3 a la letra de cambio, como incluso, as\u00ed lo reconoci\u00f3 la demandante y que luego alter\u00f3 anteponiendo el n\u00famero 7, para que quedar\u00e1 por un total de $724.000.000.oo, sin que hubiera probado que los obligados dieron el consentimiento para alterar el texto del cambial como lo afirma en el recurso de apelaci\u00f3n; como tampoco desvirt\u00fao la presunci\u00f3n de que la suscripci\u00f3n de la letra de cambio ocurri\u00f3 antes de la alteraci\u00f3n, como lo consagra el art. 631 del C. de Comercio\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, asever\u00f3 que \u00ab[T]ampoco es posible dar aplicaci\u00f3n al art. 623 Ibidem, para dar prelaci\u00f3n a la cifra u obligaci\u00f3n escrita en letras, sobre la que aparece escrita en n\u00fameros como lo afirma y pretende la recurrente, porque en este caso la discordancia no constituye un error en la elaboraci\u00f3n de la letra de cambio, como tampoco corresponde a una dicotom\u00eda en las cifras expresadas en n\u00fameros y palabras; sino, que obedece a una alteraci\u00f3n del texto del documento, como se ha venido precisando y qued\u00f3 dilucidado\u00bb, por lo que concluy\u00f3 que se impon\u00eda la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primer grado y conden\u00f3 a la demandada a pagar las costas causadas en segunda instancia. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas y a tono con la actuaci\u00f3n procesal evidenciada, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por los juzgadores de instancia -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparados en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido, se impone negar la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
<\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que \u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo\u2026\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 7 oct. 2015, rad. 2336-00 y STC4937-2016 21 abr. 2016 rad. 2016-00057-01). <\/p>\n
2\u0002 Ha sostenido la jurisprudencia que cuando las providencias de instancia han sido objeto de recursos \u00abla valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
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