STC7920-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7920-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00393-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la Sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 10 de junio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Loraine de Jes\u00fas Gonz\u00e1lez Corcho formul\u00f3 contra la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de intervenci\u00f3n y toma de posesi\u00f3n de la sociedad Colcapital Valores SAS [Exp. 87474] que cursa ante dicha entidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de \u00ablos ni\u00f1os\u00bb, petici\u00f3n, seguridad social, debido proceso y vida digna. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que estuvo vinculada a Colcapital Valores SAS a trav\u00e9s de un contrato laboral, desde el 19 de agosto de 2020 hasta el 10 de octubre de 2021, cuando la Superintendencia de Sociedades, previa intervenci\u00f3n de la sociedad nombrada en los t\u00e9rminos del Decreto 4333 de 17 de noviembre de 2008, decidi\u00f3 \u00abarbitrariamente y sin justa causa\u00bb dar por terminada su relaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
Explic\u00f3, que pese a que la referida entidad no le entreg\u00f3 una carta de terminaci\u00f3n del contrato, el 26 de octubre de 2021 le solicit\u00f3 el reconocimiento de sus prestaciones sociales, as\u00ed como el pago de una indemnizaci\u00f3n a la que consider\u00f3 tener derecho. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que en auto n\u00b0 2021-01-702413 le concedi\u00f3 el pago de una indemnizaci\u00f3n, pero no le reconoci\u00f3 concepto alguno por sus prestaciones sociales, derechos que consider\u00f3 irrenunciables y que debieron ser reconocidos en dicha oportunidad, por lo que el 15 de enero de 2022 le present\u00f3 una nueva petici\u00f3n, que no le fue contestada. <\/p>\n
Inform\u00f3, adem\u00e1s, que su \u00abn\u00facleo familiar lo componen [su] madre anciana y [su] hija de 8 a\u00f1os la cual se encuentra bajo [sus] cuidados personales y depende \u00fanica y exclusivamente de [ella], en raz\u00f3n a que [es] separada [\u2026] madre cabeza de hogar\u00bb, y los derechos de su descendiente prevalecen. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3, \u00abordenar el pago de [sus] prestaciones sociales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La superintendencia de Sociedades, se\u00f1al\u00f3 que la tutela es improcedente, ya que se trata de un asunto legal y econ\u00f3mico, y no est\u00e1 acreditado el requisito de inmediatez, pues se expres\u00f3 un desacuerdo con el Auto 2021-01-792413 del 30 de noviembre de 2021, el cual tiene m\u00e1s de 6 meses de haber sido proferido, aunado a que en contra de la referida decisi\u00f3n no se presentaron recursos. <\/p>\n
Asever\u00f3, que el proceso de intervenci\u00f3n y toma de posesi\u00f3n del cual fue objeto la sociedad Colcapital Valores SAS tiene como prop\u00f3sito fundamental devolverle a los afectados reconocidos los dineros que hayan sido indebidamente captados, y que la norma que regula tal procedimiento no contempla el reconocimiento de acreencias u obligaciones laborales, en la forma en que lo hace la Ley 1116 de 2006, motivo por el que las solicitudes que en tal sentido se presenten deben ser negadas. <\/p>\n
Explic\u00f3 que no tom\u00f3 la decisi\u00f3n de dar por terminado el contrato de la se\u00f1ora Gonzalez Corcho, pues ello era facultad del interventor, quien de acuerdo con el art\u00edculo 9.12. del Decreto 4334 de 2008 pod\u00eda poner fin a cualquier clase de contrato, como una consecuencia legal y propia de la intervenci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, advirti\u00f3 que, \u00abde acuerdo con el art\u00edculo 12 del Decreto 4334 de 2008 [y] el art\u00edculo 2.2.2.15.1.8. de. DUR 1074 de 2015, dispone que una vez de declare la terminaci\u00f3n del proceso de intervenci\u00f3n bajo la medida de toma de posesi\u00f3n, de considerarlo necesario se podr\u00e1 decretar la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial. En caso de que se adopte dicha medida, los acreedores tendr\u00e1n la oportunidad de presentar la reclamaci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 48.5 de la Ley 1116 de 2006, aplicable por remisi\u00f3n del art\u00edculo 15 del Decreto 4334 de 2008\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. A su turno, la interventora de la sociedad Colcapital Valores SAS acredit\u00f3 que el 17 de febrero de 2022 le pag\u00f3 a la tutelante $1\u00b4110.839 como indemnizaci\u00f3n por la terminaci\u00f3n unilateral de la relaci\u00f3n laboral, por lo que actualmente no cuenta con otra obligaci\u00f3n pendiente, pues las dem\u00e1s acreencias reclamadas deber\u00e1n someterse a las etapas propias del proceso de intervenci\u00f3n instituido en el Decreto 4334 de 2008 que constituye una etapa previa a un eventual proceso de liquidaci\u00f3n, en el cual se puede solicitar el reconocimiento pretendido. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los se\u00f1ores Jes\u00fas David Sierra Padilla, Robinson Dante Mej\u00eda Guti\u00e9rrez, V\u00edctor Hugo V\u00e1squez Arag\u00f3n, Kevin Emilio Escalante de la Hoz, Yolanda Mar\u00eda Molina Caro, Rose Mary Galezo de la Torre, Jos\u00e9 Manuel Guerrero Rada, Juana Hern\u00e1ndez Vargas, Oscar Castro B, Yeisa Mej\u00eda Vanegas, Natalia Margarita Diaz Pareja, Wendy Ram\u00edrez Pe\u00f1a y Rosa Marina Nabas P\u00e9rez manifestaron estar en desacuerdo con la posici\u00f3n asumida por la Superintendencia de Sociedades, pues la decisi\u00f3n de negar el reconocimiento de sus derechos laborales, adem\u00e1s de ir en contra de la legislaci\u00f3n laboral, afecta de manera grave y directa otras prerrogativas constitucionales como sus derechos a la vida digna, al m\u00ednimo vital, a la salud y a la seguridad social. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla declar\u00f3 improcedente el amparo, por ausencia del requisito subsidiariedad, en la medida en que la accionante no present\u00f3 ning\u00fan recurso contra del auto n\u00b0 2021-01-702413 de 30 de noviembre de 2021. <\/p>\n
Por otra parte, neg\u00f3 la pretensi\u00f3n relacionada con un supuesto derecho de petici\u00f3n radicado el 15 de enero de 2022, ya que no se acredit\u00f3 su presentaci\u00f3n ante la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La dirigi\u00f3 la accionante para criticar que su acci\u00f3n hubiese sido fallada pasados 47 d\u00edas, as\u00ed como que se registr\u00f3 una falta de motivaci\u00f3n, habida cuenta que no se analizaron \u00abprofundamente\u00bb sus argumentos, \u00abdescuidando y menospreciando los derechos fundamentales de [su] menor hija [la que] se encuentra en una extrema necesidad porque no [ha] podido sufragar sus necesidades b\u00e1sicas de salud, estudio y vivienda\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3, que se\u00f1alar que no agot\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n en contra del aludido prove\u00eddo es una \u00abfalacia\u00bb, toda vez que no aparec\u00eda relacionada en el mismo, lo cual constitu\u00eda una falta de legitimidad por activa (sic). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario accionado hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho que, eventualmente, le abrir\u00eda paso a este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre que se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos, entre otros, que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial existentes, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. [CSJ STC11845-2021, STC1526-2022, STC6747-2022 y STC7559-2022]. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con el agotamiento de los recursos ordinarios, esta Corte ha reiterado constantemente que la tutela no fue incorporada al ordenamiento procesal para sustituir o desplazar las competencias de las autoridades judiciales, habida cuenta que: <\/p>\n
\u00abno se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb [CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC 2012-00320- 01, y citada en STC8306-2021, STC10471-2021, STC1911-2022 y STC2655-2022, entre muchas]. <\/p>\n
3. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se extrae de los hechos y las pretensiones expuestos en el escrito inicial, as\u00ed como de la respuesta suministrada por la entidad accionada, que la inconformidad de la se\u00f1ora Loraine de Jesus Gonz\u00e1lez Corcho se origin\u00f3 en lo decidido en el auto n\u00b0 2021-01-792413 de 30 de noviembre de 2021, proferido por la Superintendencia de Sociedades en el proceso de intervenci\u00f3n y toma de posesi\u00f3n del cual ha sido objeto la sociedad Colcapital Valores SAS [Exp. 87474] puesto que, si bien es cierto, dicha autoridad le reconoci\u00f3 \u00abla indemnizaci\u00f3n [que le] cancelaron [se abstuvo de ordenar el] pago de [sus] prestaciones sociales\u00bb, cuyo desembolso pretende a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de tutela, para cumplir con sus obligaciones frente a su hija y su progenitora. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el escrito de impugnaci\u00f3n destac\u00f3 que el argumento expuesto en primera instancia para negarle el amparo, por no haber agotado el recurso de reposici\u00f3n en contra del aludido prove\u00eddo constitu\u00eda \u00abuna falacia toda vez que es inapropiado e inamisible acelerar -sic- que [ten\u00eda] que recurrir un auto donde no apare[c\u00eda] relacionada lo cual constituye falta de legitimidad por activa\u00bb, puesto que, \u00abpor circunstancias hasta hoy desconocidas [no la] relacionaron en dicho auto donde se recono[cieron] \u00fanicamente las indemnizaciones y [se] desestim[\u00f3] el pago de las prestaciones sociales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En relaci\u00f3n con lo anterior, el expediente que contiene la actuaci\u00f3n cuestionada permite observar a la Sala, que se encuentra acreditado que, en efecto, el 26 de octubre de 2021 a trav\u00e9s del memorial radicado con el n\u00b0 2021-01-630601, la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Corcho le comunic\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades que fue \u00abempleada de la financiera colcapital valores SAS, hoy en intervenci\u00f3n [y que] desde el 19 de Agosto 2020 [le adeudaban] por concepto de: liquidaci\u00f3n: 2.003.253 indemnizaci\u00f3n: $996.014\u00bb; asimismo, le alleg\u00f3 copia de su \u00abcontrato individual de trabajo a t\u00e9rmino indefinido\u00bb, su correspondiente liquidaci\u00f3n y otro memorial titulado \u00abPresentaci\u00f3n de cr\u00e9dito laboral\u00bb, para que este fuera \u00abreconocido dentro de los proyectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos de voto [\u2026] asignando a [su] acreencia el privilegio de primera clase\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. En el auto de 30 de noviembre de 2021, se neg\u00f3 la petici\u00f3n con fundamento en que \u00aben la intervenci\u00f3n judicial bajo la medida de toma de posesi\u00f3n [\u2026] no se contempla el reconocimiento de acreencias establecido en la Ley 1116 de 2006 [por lo que] una vez [se] declar[ara] la terminaci\u00f3n del proceso [\u2026] de considerarlo necesario se podr[\u00eda] decretar la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial [en la que] los acreedores tendr[\u00edan] la oportunidad de presentar la reclamaci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 48.5 de la Ley 1116 de 2006, aplicable por remisi\u00f3n del art\u00edculo 15 del Decreto 4334 de 2008\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, en la parte pertinente del auto se resolvi\u00f3: \u00abPrimero. Negar las solicitudes contenidas en memoriales [\u2026] 2021-01-630601 de 26 de octubre [\u2026] en relaci\u00f3n con el reconocimiento, calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y pago de obligaciones de naturaleza laboral, distintos a indemnizaciones por terminaci\u00f3n del contrato, de acuerdo con lo expuesto.\u00bb. [\u00c9nfasis no original] <\/p>\n
<\/p>\n
6. Lo anterior, permite observar, que contrario a lo afirmado por la impugnante, si bien es cierto, su nombre no fue expresamente mencionado en la providencia criticada, el n\u00famero de radiado de su pretensi\u00f3n si lo fue, sin que fuera estrictamente necesario cumplir con el requisito echado de menos por la accionante, puesto que, por el alto n\u00famero de peticiones y personas que se encuentran involucradas en el asunto, resultaba razonable que la Superintendencia se limitara a mencionar en el auto la informaci\u00f3n necesaria para que los interesados tuviesen conocimiento de la actuaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Ahora bien, el art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto 4334 de 20081 se\u00f1ala que el proceso de toma de posesi\u00f3n \u00abse sujetar\u00e1 exclusivamente a [sus] reglas especiales [y que] en lo no previsto, [en] el C\u00f3digo Contencioso Administrativo\u00bb, de esa manera es claro, que el \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb de que trata el art\u00edculo 242 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo \u2013 CPACA [modificado por el art\u00edculo 61 de la Ley 2080 de 20212] era procedente para que la solicitante formulara ante la autoridad jurisdiccional que dirige el asunto las inconformidades que plante\u00f3 en la acci\u00f3n de tutela, en tanto que se trat\u00f3 de un \u00abauto\u00bb distinto al que decret\u00f3 las medidas consagradas en el art\u00edculo 7\u00b0 de la primera de las normas en cita3 y, por tanto, susceptible de dicho medio de impugnaci\u00f3n. Sin embargo, as\u00ed no sucedi\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
8. De tal manera, es indudable que esta acci\u00f3n estaba llamada a su fracaso, porque la actora desaprovech\u00f3 los recursos ordinarios con los que contaba para debatir, ante el Juez natural, los aspectos que de manera tard\u00eda expuso en este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Esto, a su vez, se traduce en el indiscutible incumplimiento del requisito la subsidiariedad necesario para asumir el estudio a fondo de situaciones como la relatada, ya que esa desidia descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad accionada, con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas fundamentales presuntamente amenazadas. <\/p>\n
Este tipo de errores hace improcedente la acci\u00f3n, pues debido a su finalidad ius fundamental, la misma \u00abno est\u00e1 concebida para [\u2026] subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb [CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01, STC2009- 2022, STC2738-2022 y STC7559-2022]. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
10. Ahora bien, en lo que hace referencia a su queja relativa a que se super\u00f3 el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas para decidir la acci\u00f3n de tutela, debe observar la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Corcho que esta fue radicada inicialmente ante un Juzgado Penal del Circuito Especializado de Barranquilla que tuvo que rechazarla por competencia, y que la misma arrib\u00f3 al Tribunal Superior de primer grado hasta el 1\u00b0 de junio de 2022, autoridad que finalmente avoc\u00f3 el conocimiento de la acci\u00f3n y se pronunci\u00f3 dentro aludido periodo, pues su fallo se emiti\u00f3 el d\u00eda 10 de junio posterior. En consecuencia, se concluye que la interesada no verific\u00f3 que su tutela sufri\u00f3 una contingencia que impidi\u00f3, razonablemente, que se cumpliera con su expectativa, sin que tal situaci\u00f3n amerite -en esta instancia- mayor estudio. <\/p>\n
<\/p>\n
11. Finalmente, debe recordarse que la persona que alega la ocurrencia de un perjuicio irremediable o la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, a pesar de la informalidad que reviste a la acci\u00f3n de tutela, tiene la obligaci\u00f3n de probar los hechos que consigna en su escrito inicial, para lo que no basta con realizar una simple afirmaci\u00f3n sin sustento probatorio, pues es claro que los jueces no pueden conceder un amparo que no se encuentre edificado en la verdadera consumaci\u00f3n de la transgresi\u00f3n denunciada. <\/p>\n
<\/p>\n
12. Como consecuencia de lo expuesto se confirmar\u00e1 la sentencia cuestionada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Por el cual se expide un procedimiento de intervenci\u00f3n en desarrollo del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008. <\/p>\n
2\u0002 Por medio de la cual se reforma el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongesti\u00f3n en los procesos que se tramitan ante la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Cuyo Par\u00e1grafo 1\u00b0, Modificado por el art\u00edculo 2\u00b0 del Decreto 4705 de 2008 indica, contrario censu que contra dicha providencia \u00abno proceder\u00e1 recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
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