STC7921-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7921-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01938-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ana Raquel Vargas Gonz\u00e1lez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso penal de radicado 2008-01909-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la causa referida. <\/p>\n
2.1. Indica que, surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 -con sentencia del 6 de diciembre de 2016- resolvi\u00f3 condenarla a \u00ab33.45 meses de prisi\u00f3n y multa de [\u2026] 60.25 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb. Inconforme, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. La Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1, al resolver la alzada, revoc\u00f3 parcialmente lo decidido \u00aben concreto el beneficio de \u201csuspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena por un t\u00e9rmino de prueba de 2 a\u00f1os\u201d\u00bb. En desacuerdo con lo decidido, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. La Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n -con auto del 27 de agosto de 2019- decidi\u00f3 \u00abinadmitir la demanda de casaci\u00f3n\u00bb, y advirti\u00f3 que \u00abde conformidad con lo dispuesto en el art. 184 inc. 2\u00ba de la Ley 906 de 2004, contra la presente decisi\u00f3n procede el mecanismo de insistencia, con atenci\u00f3n de las reglas definidas jurisprudencialmente por la Sala\u00bb1. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, por v\u00eda de tutela, anota que lo \u00abque hace el H.T.S. de BOGOT\u00c1, es una discriminaci\u00f3n \u201cODISA\u201d, que se aparta en demas\u00eda, de la funci\u00f3n de la pena, y de su fin esencial, para el logro de la convivencia en los precisos t\u00e9rminos que se conciben como ideales en el contrato social\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abno resulta de recibo en consecuencia, que se escudri\u00f1e en lo m\u00e1s profundo de un \u201cagujero negro\u201d, para deslegitimar, un beneficio con fines sociales altruistas, y pureza en el esp\u00edritu, que nos conduzca, al ideal de convivencia, incluyendo aquellos, que, en mal momento, salieron, o desviaron su camino. Negarlo. Ser\u00eda negar, la posibilidad de un restablecimiento de la vida misma en sus or\u00edgenes, otrora no reglada, y despu\u00e9s reglamentada por el hombre para garantizar los derechos y deberes rec\u00edprocos\u00bb. Y, agrega que \u00abla forma como el H.T.S. de Bogot\u00e1, en un ejercicio, mental, al producir el fallo, se apresura a atribuir circunstancias especiales, de agravaci\u00f3n, para justificar la negativa al subrogado, o cualquier otro beneficio, sin tener en cuenta, que no todas las personas vinculadas en la comisi\u00f3n punitiva, son y hacen lo mismo. Ni tampoco surgen a la palestra como influencer (sic) frente a potenciales clientes, que bien pudieron ser, sus propios compa\u00f1eros de trabajo, como servidores p\u00fablicos, o bien lo sea, compa\u00f1eros de trabajo en una empresa privada. De igual manera, un tercer caso, que corresponde, a [la accionante], que fung\u00eda como ama de casa\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se oficie al Tribunal cuestionado \u00abpara que en lo pertinente modifique su fallo, dejando inc\u00f3lume el fallo de primera instancia, proferido por el Juzgado [de primera instancia]\u00bb. Asimismo, se comunique \u00abal director de la C\u00e1rcel Pedregal [\u2026] para que sea liberada de inmediato\u2026\u00bb. <\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal querellado solicit\u00f3 que \u00abla presente demanda sea resuelta a la luz de los principios de subsidiariedad e inmediatez que son esencia de esta acci\u00f3n constitucional [\u2026]\u00bb2. <\/p>\n
2. El Juzgado Diecisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 adujo que dicha dependencia judicial \u00abno se encuentra inmersa en violaci\u00f3n a derecho fundamental, de manera [que solicit\u00f3 que] se declare la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional\u00bb3. <\/p>\n
3. El Director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad El COPED El Pedregal de Medell\u00edn, requiri\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva4. <\/p>\n
4. La Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada \u00abno satisface los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, ni demuestra realmente configurada alguna de las cuales de procedibilidad de la acci\u00f3n contra providencias judiciales\u00bb5. <\/p>\n
5. El Despacho Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn refiri\u00f3 que esa dependencia judicial \u00abresulta ajeno al reclamo que se hace con la acci\u00f3n interpuesta\u00bb6. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por la promotora. Ello pues, estima que la sentencia de segunda instancia, por un lado, no tuvo en cuenta la condici\u00f3n de la actora al momento de cometerse el delito. Y, por otro, result\u00f3 una decisi\u00f3n discriminatoria que soslay\u00f3 los fines de la pena. <\/p>\n
2. De entrada, esta Corporaci\u00f3n advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional pues, no se atendi\u00f3 al requisito de inmediatez7. Lo anterior, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profiri\u00f3 el auto que calific\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n8 el \u00ab27 de agosto de 2019\u00bb9, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, el \u00ab6 de mayo de 2022\u00bb10. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n rebatida. <\/p>\n
2.1. Respecto al citado principio ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb11. En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, cabe resaltar que dicha exigencia puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad del actor para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, la permanencia en el tiempo de la amenaza, entre otras12. Sumado a ello, se ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada13. Bajo ese contexto, en el presente caso esta Corporaci\u00f3n no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que flexibilizan o eximan del principio de inmediatez, pues lo alegado y la falta de medio de convicci\u00f3n no justifican la tardanza anotada. <\/p>\n
3. Finalmente, conforme a lo expuesto por la censora, relativo a que impetr\u00f3 \u00abun recurso de reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n en contra del auto mediante el cual se realiz\u00f3 la legalizaci\u00f3n de la captura\u00bb el 2 de marzo de los corrientes ante el Juzgado Diecisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, la Sala observa que ello no modifica lo considerado previamente, pues resultan hechos ajenos con los planteamientos esbozados en la demanda de tutela, en la medida que los cuestionamientos constitucionales est\u00e1n dirigidos es contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1. Determinaci\u00f3n que fue objeto del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la cual, puso fin a la causa penal ahora debatida. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ AP3650-2019. 27 de agosto de 2019. Rad. 50.893. <\/p>\n
3\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 16 de junio de 2022. <\/p>\n
4\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 16 de junio de 2022. <\/p>\n
5\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 21 de junio de 2022. <\/p>\n
6\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 21 de junio de 2022. <\/p>\n
7\u0002 Definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. <\/p>\n
8\u0002 Que puso fin a la controversia suscitada. <\/p>\n
9\u0002 Notificada el 10 de septiembre de 2019. Seg\u00fan Rama Judicial \u2013 Consulta de procesos. <\/p>\n
10\u0002 Seg\u00fan se identifica en el escrito de tutela. <\/p>\n
11\u0002 Precisamente, la Sala ha reiterado que: \u00abEn efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea\u00bb (\u2026). <\/p>\n
\u00abAquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC3069-2019, citada y reiterada en STC098-2022). <\/p>\n
12\u0002 As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010. <\/p>\n
13\u0002 Por cuanto \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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