STC7922-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7922-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01946-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Luz Marleni Jim\u00e9nez Salazar contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Civil del Circuito de Marinilla y el Municipio de Marinilla, as\u00ed como a las partes e intervinientes del proceso con radicado 2014-00450-00 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad procesal y la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El municipio de Marinilla promovi\u00f3 en contra de la tutelante un proceso de expropiaci\u00f3n del predio identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 018-23398, sus mejoras y anexidad, asunto que conoci\u00f3 el Juzgado Civil del Circuito de esa misma ciudad, el cual, por providencia del 26 de marzo de 2015, al no encontrar oposici\u00f3n, dispuso \u00abla expropiaci\u00f3n pretendida, la tasaci\u00f3n de perjuicios a trav\u00e9s de perito, la entrega anticipada del bien y la cancelaci\u00f3n de inscripci\u00f3n de la demanda y la inscripci\u00f3n en el registro inmobiliario, de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 19 de febrero de 2016 fue allegado el dictamen pericial ordenado, que fue objetado por la parte demandante, por lo que el juez de la causa, mediante prove\u00eddo del 7 de junio de 2016, ofici\u00f3 al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, para que se nombrara un perito id\u00f3neo que estableciera los valores del inmueble a expropiar. <\/p>\n
2.3. El 10 de agosto de 2017 se rindi\u00f3 el citado dictamen estimando el precio del inmueble \u00abpor la vil suma de $19.934.480, adem\u00e1s, asign\u00f3 al \u00e1rea supuestamente no titulada, un valor de $10.934.480\u00bb. El 29 de noviembre de 2019, el Juzgado acogi\u00f3 como \u00fanico aval\u00fao el presentado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi y \u00abdetermin\u00f3 el valor del bien en $24.380.964, actualizo el valor consignado para el 2014, neg\u00f3 el reconocimiento del lucro cesante solicitado por la parte demandada, as\u00ed, como la calidad de interesado que alegara el arrendatario\u00bb. Esta decisi\u00f3n fue confirmada por el Tribunal el 18 de junio de 2020. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se declare que la providencia del 18 de junio de 2020 incurri\u00f3 \u00aben las causales especiales de procedibiliadad (sic) de la tutela contra providencias judiciales [\u2026]\u00bb y, en consecuencia, \u00abse NOMBRE pluralidad de peritos de conformidad al art\u00edculo 456 del C.P.C.\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil Laboral del Circuito de Marinilla afirm\u00f3 que \u00abel an\u00e1lisis del caso en concreto fue realizado conforme a las normas que regulan la materia y la valoraci\u00f3n probatoria en cumplimiento a las normas procesales\u00bb. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda Municipal de Marinilla pidi\u00f3 negar el amparo, pues no se cumpli\u00f3 con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende que se protejan las garant\u00edas invocadas, las cuales consider\u00f3 vulneradas por la autoridad accionada como consecuencia de la providencia emitida el 18 de junio de 2020. <\/p>\n
2. Pues bien, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que no se cumple con el presupuesto general de la inmediatez, exigido para la salvaguarda impetrada, por cuanto, entre el momento en que fue proferida la providencia atacada -18 de junio de 20201- y la fecha de interposici\u00f3n de la presente tutela -9 de junio de 2022-, transcurrieron m\u00e1s de los 6 meses definidos como razonables por la jurisprudencia para acudir a la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2.1. Al respecto, esta Colegiatura ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026 En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020-00030-01). <\/p>\n
2.2. Este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad de los interesados para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb2. Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez. <\/p>\n
3. Por las razones anotadas, se debe negar la salvaguarda impetrada, por improcedente. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Notificada por estado electr\u00f3nico del 25 de junio de 2020 (cuaderno 2 apelaci\u00f3n, archivo 5, folio 21, expediente digital). <\/p>\n
2\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
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STC7922-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC7922-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01946-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Luz Marleni Jim\u00e9nez Salazar contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64724","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64724","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64724"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64724\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64724"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64724"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64724"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}