STC7924-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7924-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01825-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Mar\u00eda del Socorro Monsalve Correa contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2019-00051. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones: <\/p>\n
2.2. La autoridad judicial -con providencia del 28 de junio de 20212- neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. Inconforme con lo decidido, la actora inco\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n3. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -con prove\u00eddo del 11 de enero de 2022- resolvi\u00f3 confirmar el fallo de primera instancia4. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, la actora se duele de que la autoridad judicial accionada incurri\u00f3 en defecto sustantivo por inaplicar los art\u00edculos 13 y 14 de la Ley 44 de 1990 y la sentencia de la Secci\u00f3n Cuarta del Consejo de Estado Radicado No. 19420 del 15 de julio de 2013, respecto del pago de impuestos prediales como prueba de la posesi\u00f3n que ostentaba. Asimismo, apuntal\u00f3 que hubo una indebida valoraci\u00f3n probatoria ya que su condici\u00f3n de poseedora fue sustentada en su interrogatorio y en los testimonios de los testigos, sin que fueran controvertidos ni desvirtuados. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que se declare que la providencia del 11 de enero de 2022 viol\u00f3 el debido proceso por desatender lo reglado en los art\u00edculos 13 y 14 de la Ley 44 de 1990. Conforme a lo anterior, pidi\u00f3 que se ordene revisar la sentencia del 11 de enero de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla5 solicit\u00f3 que fuera denegado el amparo, comoquiera que no se evidencia vulneraci\u00f3n de derecho fundamentales alguno. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que lo que busca la accionante es convertir la tutela en una tercera instancia. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado Octavo del Circuito de la capital del Atl\u00e1ntico6 manifest\u00f3 que atiene a lo ilsutrado en la providencia del 28 de junio de 2021. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulner\u00f3 la prebenda fundamental aducida por la actora, con ocasi\u00f3n del fallo dictado el 11 de enero de 2022, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia. Ello pues, indic\u00f3 que la autoridad judicial no realiz\u00f3 una debida valoraci\u00f3n de los medios suasorios arrimados al plenario, como tampoco tuvo en cuenta la jurisprudencia y normativa aplicable. <\/p>\n
2. Se observa que la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -con providencia del 11 de enero de 2022- confirm\u00f3 el fallo de primera instancia. Para ello, comenz\u00f3 por ilustrar con base en el art\u00edculo 2518 del C\u00f3digo Civil las particularidades de la usucapi\u00f3n como medio para adquirir el dominio de los bienes corporales. <\/p>\n
En seguidas l\u00edneas, explic\u00f3 lo relativo a los elementos integrantes de la posesi\u00f3n, tomando como fundamento la sentencia del 28 de marzo de 1954 LXXVII, 109, de esta Corporaci\u00f3n. Indicando que quien alegue la prescripci\u00f3n extraordinaria \u00able corresponde probar el tiempo en que ha tenido la posesi\u00f3n material sin interrupci\u00f3n, violencia o clandestinidad\u00bb. <\/p>\n
2.1. De cara a la calidad con la que la demandante ostentaba el predio objeto de prescripci\u00f3n, manifest\u00f3 que \u00abinicialmente ingres\u00f3 al inmueble desde el a\u00f1o 2002 en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito con la propietaria de aquel y que posteriormente \u2013en el a\u00f1o 2003- vari\u00f3 su calidad de tenedora \u2013arrendataria- a poseedora, al celebrar conjuntamente con su ex c\u00f3nyuge un contrato de promesa de compraventa respecto del referido bien. De esta forma, arguye la demandante que si bien es cierto inicialmente ostent\u00f3 la calidad de arrendataria, dicha calidad mut\u00f3 a la de poseedora con la celebraci\u00f3n del suscrito contrato de promesa de compraventa\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo anterior, resalt\u00f3 que se encuentra demostrado en el plenario que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el d\u00eda 25 de junio de 2003, entre la se\u00f1ora LORENA SAAVEDRA OBANDO \u2013quien actu\u00f3 a trav\u00e9s de su apoderada IVONNE DE LA VEGA DE VALDES-, como promitente vendedora y los se\u00f1ores JORGE ENRIQUE SANTANDERGAMARRA y MAR\u00cdA DEL SOCORRO MONSALVE CORREA, como promitentes compradores, se celebr\u00f3 un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble, a trav\u00e9s del cual, la promitente de vendedora promet\u00eda vender, al tiempo que los promitentes compradores promet\u00edan comprar el inmueble que hoy es objeto de usucapi\u00f3n, estableciendo que el valor de la venta ascend\u00eda a la suma de $85.000.000. M.L. (Ver Folio 12 y siguientes del Cuaderno Principal). Cabe precisar que al interior del referido negocio jur\u00eddico no se dispuso la entrega de la posesi\u00f3n a los promitentes compradores. Resulta necesario aclarar en este punto que solo es posible alegar la posesi\u00f3n inmediatamente posterior a la celebraci\u00f3n de un contrato de promesa de compraventa si en \u00e9ste expresamente se dispone que el bien se entrega bajo tal calidad al promitente comprador. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, se insiste que al ingresar al bien y al celebrar el contrato de promesa de compraventa la autodenominada poseedora reconoc\u00eda en la promitente vendedora un mejor derecho sobre el predio. Ante esta situaci\u00f3n, resultaba necesario acreditar el momento exacto en el que la demandante mut\u00f3 su calidad de tenedora a la de poseedora, es decir se deb\u00eda acreditar el fen\u00f3meno la de interversi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb. (Se subraya) <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la demandante estaba llamada a acreditar el momento en que mut\u00f3 su condici\u00f3n mera tenedora a poseedora, es decir el instante en que oper\u00f3 la transformaci\u00f3n, demostrando la ejecuci\u00f3n de actos categ\u00f3ricos e inequ\u00edvocos propios del titular real del derecho de dominio y desconociendo abiertamente cualquier derecho ajeno sobre el bien, toda vez que el mero paso del tiempo no muda la mera tenencia en posesi\u00f3n. Sin embargo, valorado el acervo probatorio construido al interior del proceso, no se logra establecer el momento en que se present\u00f3 el fen\u00f3meno de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo, a partir de la ejecuci\u00f3n de actos posesorios inequ\u00edvocos tendientes a rechazar el derecho que inicialmente reconoc\u00eda en la demandada\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, trat\u00e1ndose de las pruebas testimoniales practicadas, apuntal\u00f3 que <\/p>\n
\u00abSi bien es cierto, las declaraciones de las se\u00f1oras MARBEL LUZ MIELES RAMIREZ y VIOLETA MARGARITA JARAMILLO SUAREZ son coincidentes en reconocer a la demandante como propietaria del inmueble, \u00e9stas por s\u00ed solas no son suficientes para demostrar la condici\u00f3n de poseedora de la demandante y mucho menos el momento en que adquiri\u00f3 tal calidad. <\/p>\n
Cabe precisar que inicialmente, en su declaraci\u00f3n, la se\u00f1ora MARBEL LUZ MIELES manifest\u00f3 que la demandante ingres\u00f3 al inmueble en la calidad de arrendataria, pero que posteriormente inici\u00f3 la negociaci\u00f3n para la compraventa con el prop\u00f3sito de adquirir el domino del bien. Posteriormente, cuando se le pregunta si la demandante le ha realizado mejoras al inmueble, responde de manera afirmativa, agregando que le ha practicado una serie de mejoras, tales como: remodelaci\u00f3n de concina, mejora de patio, la construcci\u00f3n de un estudio musical, la remodelaci\u00f3n de los ba\u00f1os, la elaboraci\u00f3n de una habitaci\u00f3n (altillo), se\u00f1alando que desconoce la fecha exacta de la realizaci\u00f3n de tales mejoras, no obstante indica que la construcci\u00f3n del estudio se hab\u00eda llevado a cabo hac\u00eda aproximadamente 5 o 6 a\u00f1os. Finalmente indic\u00f3 que todos los gastos de mantenimiento del inmueble, as\u00ed como los pagos de los impuestos, corr\u00edan por cuenta de la demandante. <\/p>\n
En el mismo sentido, la se\u00f1ora VIOLETA MARGARITA JARAMILLO SUAREZ manifest\u00f3 que la demandante ingres\u00f3 al inmueble en el a\u00f1o 2001, inicialmente como inquilina, pero pasado un tiempo ella le coment\u00f3 que hab\u00eda negociado la casa, por lo cual la empezaron a reconocer como propietaria a partir del a\u00f1o 2003. Indic\u00f3 que la se\u00f1ora MAR\u00cdA DEL SOCORRO le ha hecho mejoras al inmueble, precisando que reemplaz\u00f3 la puerta del garaje por una el\u00e9ctrica, que le instal\u00f3 pisos, adecu\u00f3 cuarto y ba\u00f1o de servicio, remodel\u00f3 la concina, el patio, construy\u00f3 un estudio, remodel\u00f3 los ba\u00f1os y construy\u00f3 un balc\u00f3n en la habitaci\u00f3n principal. Posteriormente se le pregunt\u00f3 cu\u00e1ndo se practicaron tales mejoras, a lo cual respondi\u00f3 que lo largo de su estad\u00eda, pero que las mejoras m\u00e1s visibles se realizaron hace aproximadamente 5 o 6 a\u00f1os. Coincide asimismo con su antecesora en se\u00f1alar que la demandante es quien realiza el pago de impuestos, gastos de administraci\u00f3n y cualquier otro que recaiga sobre el inmueble\u00bb. <\/p>\n
De lo discurrido, coligi\u00f3 que \u00absi bien es cierto hacen referencia a diversos actos realizados por la demandante sobre el inmueble, no permiten realmente determinar el momento en que aquella vari\u00f3 su condici\u00f3n de mera tenedora a poseedora del inmueble, dado que no se evidencia claramente a partir de cu\u00e1ndo de manera p\u00fablica, abierta, franca, desconoce el derecho del anterior propietario y ejecuta actos posesorios inequ\u00edvocos\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por otro lado, como \u00fanico acto categ\u00f3rico e inequ\u00edvoco de posesi\u00f3n vislumbrado en la causa, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se encuentra circunscrito a la realizaci\u00f3n de mejoras sobre el predio, sin embargo, \u00e9stas tan solo se practicaron hace aproximadamente 6 a\u00f1os. Se arriba a esta conclusi\u00f3n no solo a partir de las declaraciones de las se\u00f1oras MARBEL LUZ MIELES RAMIREZ y VIOLETA MARGARITA JARAMILLO SUAREZ, sino a partir tambi\u00e9n del documento aducido con la demanda denominado \u201cRemodelaci\u00f3n a todo costo\u201d, el cual data del a\u00f1o 2015. Cabe precisar que los documentos en los cuales se advierte la obligaci\u00f3n adquirida por la demandante con el arquitecto Jos\u00e9 Ricardo Jim\u00e9nez Arrieta, no permiten dar cuenta propiamente de las fechas de las mejoras, toda vez que, aunque en ellos se indica la fecha de expedici\u00f3n, siempre se hace por el mismo concepto, a saber, \u201cmantenimiento general a vivienda\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aun cuando se tuviera las remodelaciones como el acto manifiesto a partir del cual principi\u00f3 en la demandante el ejercicio de la posesi\u00f3n, el t\u00e9rmino para adquirir a trav\u00e9s de prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio no pudo finiquitarse hasta el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, es decir en el a\u00f1o 2019, habida cuenta de que no transcurrieron los 10 a\u00f1os requeridos por el legislador\u00bb. (Se subraya) <\/p>\n
2.4. Finalmente, en lo relativo a los otros medios de pruebas arrimados, esgrimi\u00f3 que \u00ablos dem\u00e1s actos alegados, tales como el pago de impuesto predial, pago de servicios p\u00fablicos, mantenimiento del bien o pago de los gastos de administraci\u00f3n, no pueden ser considerados actos posesorios categ\u00f3ricos e inequ\u00edvocos, habida cuenta de que pueden ser ejecutados por sujetos distintos al poseedor y al propietario de bienes\u00bb. <\/p>\n
2.5. Corolario de lo expuesto ut supra, avizor\u00f3 que \u00abno se encuentran configurados los presupuestos para la prosperidad de la pretensi\u00f3n de declaraci\u00f3n de prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio aducida por la demandante\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del \u00d3rgano atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable7. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n (documentales y testimoniales). <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido reiteradamente8 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-9. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia10. <\/p>\n
5. Con base en estas consideraciones, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Hecho primero de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Hecho cuarto de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3\u0002 Hecho quinto de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-10, archivo \u201c06 SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-3, archivo \u201cCONTESTA TUTELA contra 43.412\u201d del expediente digital, <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c11001020300020220182500-0016Oficio\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
8\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, entre otras. <\/p>\n
9\u0002 Al respecto, esta Sala ha sostenido que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
10\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
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