STC7929-2022 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7929-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01923-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que C.I. ARAG\u00d3N S.A.S. instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, extensiva al Juzgado 11 Civil del Circuito de la misma ciudad y a las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil contractual No. 2012-0214-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La empresa accionante solicit\u00f3 que se deje sin valor y efecto la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso en comento (2 diciembre 2021), para que, en su lugar, se emita una decisi\u00f3n que eval\u00fae de manera adecuada las normas aplicables y pruebas obrantes en el expediente. <\/p>\n
Como soporte de su petici\u00f3n adujo que promovi\u00f3 demanda de responsabilidad civil contractual contra Seguros del Estado S.A. con el fin que se declarara la existencia del contrato de seguro y se condenara a dicha aseguradora a pagar los perjuicios que sufri\u00f3 con ocasi\u00f3n de los incumplimientos y da\u00f1os ocasionados por la sociedad Constru M\u00e1rmol Restrepo Ltda. en la ejecuci\u00f3n del contrato de obra celebrado entre las partes. El proceso le correspondi\u00f3 al Juzgado 11 Civil del Circuito de Cali, quien profiri\u00f3 sentencia en la que estableci\u00f3 que la cuant\u00eda de los perjuicios que deb\u00eda pagar Seguros del Estado S.A. no estaba determinada pues la demandante no demostr\u00f3 cu\u00e1les fueron los derivados del incumplimiento (22 agosto 2019). Contra dicha determinaci\u00f3n instaur\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n; no obstante, el Tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n. <\/p>\n
A juicio de la empresa actora, s\u00ed exist\u00eda prueba de los perjuicios que sufri\u00f3, derivados del incumplimiento en el contrato que celebr\u00f3 Constru M\u00e1rmol Restrepo LTDA. Es decir, que las autoridades judiciales no valoraron el informe t\u00e9cnico ejecutivo en donde se tasaron los perjuicios por un valor total de $299.952.348,27; adem\u00e1s, si estimaban que dicha probanza no era suficiente, conforme con los art\u00edculos 165, 169, 170 del C\u00f3digo General del Proceso, deb\u00edan decretar pruebas de oficio. <\/p>\n
De igual forma precis\u00f3 que \u00abse le impuso a la ACCIONANTE una carga procesal arbitraria al se\u00f1alar que tales perjuicios debieron acreditarse con la entrega del laudo arbitral del proceso de responsabilidad civil que se llev\u00f3 contra la contratista o con alguna otra prueba suficiente (cuyas caracter\u00edsticas no especifica). Situaci\u00f3n que resulta parad\u00f3jica pues, como el mismo despacho acusado hab\u00eda reconocido, el contrato debatido no era un seguro de responsabilidad civil y la presencia de CONSTRU M\u00c1RMOL RESTREPO LTDA. (como contratista) no era relevante en el proceso. En pocas palabras, el despacho acusado, bajo su argumentaci\u00f3n, termin\u00f3 aplicando un excesivo ritualismo manifiesto que transform\u00f3 el procedimiento en un obst\u00e1culo para el derecho sustancial de la ACCIONANTE (defecto procedimental)\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 hizo un recuento de las actuaciones realizadas en el proceso en comento y defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. Por su parte, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali se remiti\u00f3 a los raciocinios consignados en la sentencia de segunda instancia emitida en el proceso en comento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo invocado no est\u00e1 llamado a prosperar, toda vez que la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal accionado es razonable; adem\u00e1s, el amparo no cumple \u00edntegramente con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
En primer lugar, debe destacarse que la Magistratura interpret\u00f3 la demanda y concluy\u00f3 que lo pretendido por la parte actora era el reconocimiento de los perjuicios a los que puede ser sometida a pagar con ocasi\u00f3n del incumplimiento del contrato de obra que celebr\u00f3 con la sociedad Constru M\u00e1rmol Restrepo Ltda. Sobre el particular precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed entonces, se reitera, aunque la redacci\u00f3n de la pretensi\u00f3n cuarta de la demanda puede dar lugar a confusi\u00f3n en cierta medida, lo cierto es que los hechos y una lectura detallada y en conjunto de las pretensiones permite establecer que la condena pretendida por la parte actora est\u00e1 en un todo supeditada a los perjuicios e indemnizaciones que sean reconocidos a favor de C.I. ARAG\u00d3N S.A.S. en el proceso arbitral que dice adelantar ante Constru M\u00e1rmol Restrepo Ltda., motivo por el cual precisamente se dijo en l\u00edneas anteriores que nos encontr\u00e1bamos ante una acci\u00f3n sui g\u00e9neris que, en palabras del apelante, tiene casi como \u00fanico objetivo la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de las acciones derivadas del contrato de seguros, teniendo en cuenta que se debate en otro escenario el incumplimiento del contratista tomador de la p\u00f3liza de cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, infiri\u00f3 que la demandante no ten\u00eda certeza de los perjuicios cuyo pago reclamaba, toda vez que la existencia de los mismos estaba supeditada a la resoluci\u00f3n del proceso arbitral mencionado. En concreto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn este punto, vemos entonces que la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n se persigue, no como efecto de la presentaci\u00f3n de la demanda, sino como efecto de un pronunciamiento judicial fruto de las pretensiones formuladas en el libelo, lo cual no parece acorde si tenemos en cuenta que, se reitera, estamos ante una figura instituida y regulada en sus efectos por el legislador, m\u00e1s no por la judicatura, de manera que la intenci\u00f3n de la parte actora no s\u00f3lo debi\u00f3 ser la de interrumpir civilmente la prescripci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n debi\u00f3 concretar su condena, en lugar de dejarla supeditada a lo que ocurriera en otro proceso <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ahora bien, lo cierto es que la existencia paralela de dos (2) procesos -el arbitral y el de responsabilidad civil contra la aseguradora-, tambi\u00e9n nos ubica ante el dilema que podr\u00eda generar la existencia de dos (2) pronunciamientos judiciales cuyo contenido y alcance podr\u00eda ser dis\u00edmil, lo cual ahora no es posible determinar, pues como lo hemos de recordar, el desarrollo y resultado del tr\u00e1mite de arbitramiento no hizo parte fundamental de los hechos de la demanda y menos a\u00fan fue objeto de la actividad probatoria desplegada por la parte actora; dilema que, ante la imposibilidad de suspender este litigio, por ejemplo, por prejudicialidad, se resuelve aceptando la posibilidad de adelantar ambos procesos, siendo del caso determinar en su momento los efectos que puede tener la decisi\u00f3n que primero se adopte, en el otro, como lo podr\u00eda ser, por ejemplo, la cosa juzgada o la influencia frente al asunto que se defina posteriormente; aspectos que no es del caso analizar ahora al no haberse arrimado al plenario el respectivo laudo arbitral, del cual seg\u00fan se inform\u00f3 en las diferentes audiencias, a\u00fan no hab\u00eda sido proferido.\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, respecto de la ausencia de pruebas que acreditaran la existencia y cuantificaci\u00f3n del perjuicio el Tribunal consign\u00f3: <\/p>\n
De este modo, en criterio de esta Sala, la negativa de la parte apelante de demostrar la cuant\u00eda de los perjuicios por considerarlo innecesario no encuentra sustento alguno y parte -quiz\u00e1s- de un entendimiento errado de la naturaleza del contrato de seguro de cumplimiento y del contenido de la misma p\u00f3liza si tenemos en cuenta que la cl\u00e1usula d\u00e9cima primera dispone que: <\/p>\n
\u201cCorresponder\u00e1 al Asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, as\u00ed como la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida. SEGURESTADO deber\u00e1 demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. SEGURESTADO est\u00e1 obligado a efectuar el pago del siniestro, dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o Beneficiario acredite, a\u00fan extrajudicialmente, su derecho ante SEGURESTADO de acuerdo con lo dicho en los p\u00e1rrafos anteriores. Dentro del mismo t\u00e9rmino, SEGURESTADO podr\u00e1 tomar a su cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual sustituir\u00e1 al Afianzado en todos sus derechos y obligados derivados del contrato asegurado\u201d, sin exigir en modo alguno una condena judicial -o arbitral en este caso- en contra de Constru M\u00e1rmol Restrepo Ltda., cuando bien pudo arrimarse a este proceso todo el material probatorio que permitiera establecer su derecho o no a la indemnizaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Entonces, a pesar de todo lo que pudo haber ocurrido en el proceso arbitral seguido en contra de Constru M\u00e1rmol Restrepo Ltda. y de la negativa de la aseguradora de participar en dicho litigio, lo cierto es que, tal como lo consider\u00f3 el juez a-quo, el objeto de este proceso bien pudo extenderse a obtener la declaratoria de responsabilidad contractual de la aseguradora, demostrando a trav\u00e9s de todos los medios probatorios pertinentes la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, pero como la parte actora no lo hizo y m\u00e1s bien insisti\u00f3 en su recurso de apelaci\u00f3n que su pretensi\u00f3n no se encaminaba a demostrar el monto de los perjuicios, siendo improcedente por lo ya dicho acceder a las pretensiones en la forma en que fueron invocadas, es del caso confirmar en todas sus partes el fallo objeto de apelaci\u00f3n, con lo cual damos respuesta a nuestro \u00faltimo problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Lo anterior deja en evidencia que el Tribunal s\u00ed valor\u00f3 las circunstancias propias del caso concreto. Advirti\u00f3 que en un tr\u00e1mite arbitral se cuestiona lo referente al incumplimiento de un contrato de obra por parte de Constru M\u00e1rmol Restrepo Ltda. y que lo que la actora pretende con el proceso civil es interrumpir la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n que tendr\u00eda contra Seguros del Estado, quien no es parte en el proceso arbitral; no obstante, la Magistratura tambi\u00e9n encontr\u00f3 que la demandante no prob\u00f3 los perjuicios respecto de los cuales pretend\u00eda que se declarara responsable a Seguros del Estado, lo que condujo al fracaso de sus pretensiones en ambas instancias. En esas condiciones, debe admitirse que al margen que el impulsor no comparta tales inferencias, las mismas no pueden tildarse de sesgadas, producto como son de una plausible ex\u00e9gesis del marco f\u00e1ctico, normativo y probatorio del caso, lo que excluye la intervenci\u00f3n del juez del amparo, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, el Juez constitucional \u00ab(\u2026) no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (ST 7 mar. 2008. Rad. 2007-00514-01), ya que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ST 28 mar. 2012. Rad. 2012-00022-01, STC8581-2021 memoradas en STC2322-2022). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se advierte que en lo referente a la falta de valoraci\u00f3n del informe t\u00e9cnico ejecutivo realizado por la arquitecta Luz Norha Cuellar Duque, con el cual, seg\u00fan la actora, acredit\u00f3 el monto de los perjuicios que sufri\u00f3, encuentra la Sala que no se cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que tal argumento no fue invocado al presentar la apelaci\u00f3n. Al respecto, t\u00e9ngase en cuenta que el recurrente centr\u00f3 sus argumentos en la aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo de Comercio, la incongruencia de la sentencia de primer grado, y la falta de valoraci\u00f3n de la no comparecencia de Seguros del Estado al tr\u00e1mite arbitral y, de los contratos de obra y seguro. Luego, al no haber sido aducido nada sobre la prueba de los perjuicios con el referido informe, no puede exponerse tal reparo en sede constitucional, pues ese proceder desconoce las reglas previstas en el tr\u00e1mite del proceso verbal. As\u00ed, mem\u00f3rese que no se puede acudir al amparo constitucional \u00ab[(\u2026) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela (\u2026) \u00bb. (STC3579-2020). <\/p>\n
En ese orden de ideas, decaer\u00e1 el amparo tal como fue anunciado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada. Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicio <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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