STC7938-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7938-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00466-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Esperanza Ar\u00e9valo S\u00e1nchez contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y el Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A., extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Veintid\u00f3s Laboral del Circuito de esta ciudad, Seguros de Vida Alfa S.A., partes autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 11001-31-05-022-2016-00082-00 (Rad. Corte 80770). <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3, aunque no de manera expresa, que se deje sin efectos la sentencia de casaci\u00f3n proferida por la accionada y \u00abdejar inc\u00f3lume la sentencia del 31 de octubre de 2017 y ordenar a Porvenir el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez a partir del 5 de septiembre de 2015\u00bb. <\/p>\n
El escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n adosados permiten hacer el siguiente compendio: La promotora padece de vasculitis reumoide, diabetes mellitus y es insulinorequiriente, tiene 56 a\u00f1os de edad, cotiza en el Fondo de Pensiones Porvenir S.A. y por su estado de salud Seguros de Vida Alfa S.A. le calific\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 68.98% con fecha de estructuraci\u00f3n 4 de septiembre de 2015, raz\u00f3n por la que inst\u00f3 ante el fondo de pensiones el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez, pero no obtuvo respuesta. Acudi\u00f3 a la justicia ordinaria laboral y el Juzgado Veintid\u00f3s Laboral del Circuito de esta ciudad accedi\u00f3 a sus pretensiones bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa (7 mar. 2017), apelaron los litigantes y el Tribunal confirm\u00f3 lo as\u00ed resuelto (31 oct. 2017); postularon casaci\u00f3n Porvenir S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A. y la magistratura acusada cas\u00f3 el veredicto de segundo grado y en sede de instancia revoc\u00f3 la del juzgado (CSJ SL4575-2021, 5 oct.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que el juez plural de casaci\u00f3n no tuvo en cuenta que \u00abha cotizado m\u00e1s de 850 semanas en toda su vida laboral, que se encontraba cotizando al momento de estructuraci\u00f3n de la invalidez, de la misma manera a la entrada en vigencia de la ley 860 de 2003 y que contaba con m\u00e1s de 300 semanas antes de la citada fecha, cumpliendo con creces los requisitos de la ley 100 de 1993 y del acuerdo 049 de 1990 (\u2026)\u00bb, sus precarias condiciones de salud y no tiene medios econ\u00f3micos para solventar su vida. <\/p>\n
2. La accionada defendi\u00f3 su prove\u00eddo. El juez de conocimiento se\u00f1al\u00f3 que la determinaci\u00f3n all\u00ed adoptada se emiti\u00f3 con anterioridad a su posesi\u00f3n. Porvenir S.A. respald\u00f3 el veredicto objetado. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia no accedi\u00f3 a la s\u00faplica al concluir la razonabilidad en la decisi\u00f3n objeto de reproche. <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3 e insisti\u00f3 en que en su caso deb\u00eda concederse la prestaci\u00f3n ya que \u00abdurante 16 a\u00f1os y medio el sistema pensional recibi\u00f3 por parte de la accionante 3.5% de sus cotizaciones para garantizar el pago de la pensi\u00f3n de invalidez y sobrevivientes y los gastos de administraci\u00f3n, en comparaci\u00f3n a la cotizaci\u00f3n por 50 semanas dentro de los 3 a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace objetado se ratificar\u00e1, por cuanto de la providencia reprochada no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta superlativa. <\/p>\n
Ciertamente, en el citado fallo la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, al realizar el an\u00e1lisis del cargo propuesto por Porvenir S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A., se\u00f1al\u00f3 que no era objeto de discusi\u00f3n: <\/p>\n
i) que la se\u00f1ora Claudia Esperanza Ar\u00e9valo S\u00e1nchez, presenta una p\u00e9rdida de la capacidad laboral de origen no profesional del 68,98%; <\/p>\n
ii) que la fecha de estructuraci\u00f3n del estado de invalidez corresponde al 4 de septiembre de 2015; y <\/p>\n
iii) que para la citada data, no cumpli\u00f3 con las 50 semanas exigidas en la Ley 860 de 2003, esto es, dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la invalidez. <\/p>\n
Establecido lo anterior, la magistratura de casaci\u00f3n, cimentada en el precedente de la Sala permanente CSJ SL2358-2017, reiterado en CSJ SL2610-2021, determin\u00f3 que el marco normativo a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez (4 sep. 2015) era el dispuesto en la Ley 860 de 2003, y partiendo de esa base analiz\u00f3 la posibilidad de diferir sus efectos por tres a\u00f1os luego de su vigencia y en ese escenario expres\u00f3: <\/p>\n
[e]n el primero de los pronunciamientos jurisprudenciales evocados, se explic\u00f3 c\u00f3mo opera dicha temporalidad y la situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta en el cambio normativo de la Leyes 100 de 1993 a 860 de 2003, dependiendo de si el afiliado se encontraba cotizando o no al momento del tr\u00e1nsito legislativo (26 de diciembre de 2003). <\/p>\n
Respecto a la temporalidad se adujo que la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no puede tener una permanencia indefinida, porque generar\u00eda que el cambio dispuesto por el legislador resultara vano o in\u00fatil, lo que adem\u00e1s implicar\u00eda el desconocimiento de la obligatoriedad del ciudadano de pertenecer al sistema y cumplir con las cotizaciones establecidas o requeridas en la ley vigente. <\/p>\n
Desde la perspectiva anterior, si la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa tiene cabida por v\u00eda de excepci\u00f3n y su aplicaci\u00f3n es restrictiva, no es dable emplearla con un car\u00e1cter indefinido. Tampoco es factible, en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, alterar la normativa que se ha de aplicar. <\/p>\n
As\u00ed luego de citar la SL2358-2017, donde se puntualiz\u00f3 el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n temporal de tal prerrogativa, sostuvo que: <\/p>\n
(\u2026) se observa que al haberse estructurado la p\u00e9rdida de capacidad laboral de la demandante el 4 de septiembre de 2015, es decir, con posterioridad al 26 de diciembre de 2006, l\u00edmite fijado por la jurisprudencia actual e imperante de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no pod\u00eda \u00e9sta ser acreedora a la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa por el tr\u00e1nsito legislativo entre las citadas Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea argumentativa concluy\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) al no verificarse los supuestos para la aplicaci\u00f3n del postulado de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, conforme a la l\u00ednea de pensamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, cuyos precedentes son de obligatorio cumplimiento en virtud de lo previsto por la Ley 1781 de 2016, para la Sala el Tribunal incurri\u00f3 en los desatinos que las dos recurrentes le enrostran al sentenciador de alzada, por lo que, sin m\u00e1s consideraciones, habr\u00e1 de casarse la sentencia impugnada. <\/p>\n
Ante la prosperidad de la casaci\u00f3n y constituido en sede de instancia puntualiz\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) la se\u00f1ora Claudia Esperanza Ar\u00e9valo S\u00e1nchez no cumple con los requisitos exigidos por el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, ni con aquellos previstos para la habilitaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa establecidos en la sentencia CSJ SL2358-2017, por lo que se encuentran llamados al \u00e9xito los argumentos expuestos en la apelaci\u00f3n tanto por Porvenir S.A. como por Seguros de Vida Alfa S.A., lo que de contera lleva a la revocatoria de la decisi\u00f3n condenatoria de primer grado, quien como se recuerda, tambi\u00e9n concedi\u00f3 el derecho pensional, dando cabida al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
As\u00ed se afirma, en tanto la actora en los tres a\u00f1os inmediatamente anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, esto es, entre el 4 de septiembre 2012 y el 4 de septiembre de 2015, en realidad, cuenta con 9,14 semanas cotizadas (f.\u00b0 112 a 116), debiendo en dicho interregno contar con un m\u00ednimo de 50 semanas como lo exige el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003. <\/p>\n
Tampoco re\u00fane las condiciones previstas en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, puesto que para la \u00faltima fecha anotada y verificada la historia laboral debidamente depurada, registra un total de 759,85 semanas, las cuales est\u00e1n conformadas por 448,57 cotizadas en el r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida que fueron efectuadas entre el 26 de enero de 1990 y el 27 de noviembre de 2001 (f.\u00b0 121) m\u00e1s 311,28 aportadas al RAIS y que realizadas entre diciembre de 2001 y el 4 de septiembre de 2015 (f.\u00b0 112 a 116), cantidad muy inferior al 75% de las exigidas para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, que en su caso y al no ser beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto por el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, se requiere de 1300 semanas, cuyo 75% corresponder\u00eda a 975 semanas cotizadas. <\/p>\n
No sobra precisar que si bien la actora con posterioridad al 4 de septiembre de 2015, fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, contin\u00fao cotizando hasta el mes de diciembre de igual anualidad (f.\u00b0 116), estas semanas que en total suman 16,57 no son computables para efectos del citado par\u00e1grafo segundo y en todo caso si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que s\u00ed se pueden contabilizar, tampoco alcanzar\u00eda las 975 semanas requeridas para obtener el derecho pensional, pues s\u00f3lo lograr\u00eda reunir un total de 776.42 semanas. <\/p>\n
Lo precedente conduce a revocar la sentencia proferida por el Juzgado Veintid\u00f3s Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, el 7 de marzo de 2017, para en su lugar, declarar probada la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n y como consecuencia de ello, absolver a las demandadas. Al salir avante uno de los medios exceptivos propuestos, se releva esta Corporaci\u00f3n del estudio de los restantes, atendiendo para ello los derroteros consignados en el art\u00edculo 282 del CGP. <\/p>\n
Por \u00faltimo, cabe advertir, que la demandante podr\u00e1 continuar cotizando al sistema de seguridad social, a fin de completar la densidad de semanas requeridas para obtener una eventual prestaci\u00f3n pensional, conforme a la normativa que le sea aplicable al momento de reunir requisitos. <\/p>\n
En este orden de ideas, las conclusiones adoptadas no resultan il\u00f3gicas, de su lectura no refulge la \u00abirrazonable valoraci\u00f3n probatoria alegada\u00bb, ya que esa Colegiatura efectu\u00f3 una evaluaci\u00f3n entendible y una adecuada motivaci\u00f3n que le llev\u00f3 a la determinaci\u00f3n reprochada, la cual se encuentra acorde con la jurisprudencia y la ley para el otorgamiento de la pensi\u00f3n de invalidez bajo el principio de favorabilidad, pues como qued\u00f3 demostrado la fecha de estructuraci\u00f3n de la misma no hac\u00eda viable su aplicaci\u00f3n bajo las premisas que la Sala permanente se\u00f1al\u00f3 en el fallo arriba citado. <\/p>\n
Finalmente, en lo relacionado con los precedentes esbozados en la impugnaci\u00f3n, los mismos difieren en los aspectos factuales y normativos, se dice lo anterior por cuanto en la CSJ SL24242 de 25 de julio de 2005, esa Sala se ocup\u00f3 de una pensi\u00f3n por invalidez y le concedi\u00f3 el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa porque la fecha de estructuraci\u00f3n fue el 1\u00ba de febrero de 1997, y en ese sentido le era aplicable el art\u00edculo 6\u00b0 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, esto es la norma inmediatamente anterior a la Ley 100 de 1993, mientras en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez (4 sep. 2015) la accionante contaba con 39 a\u00f1os de edad, s\u00f3lo cotiz\u00f3 en los tres a\u00f1os anteriores 9,14 semanas, esto es menos de las 50 que exige el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, adem\u00e1s, en su historia laboral sumados los aportes al r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida y al r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad registr\u00f3 un total de 759,85 semanas, raz\u00f3n por la cual la homologa en lo laboral le advirti\u00f3 que pod\u00eda seguir cotizando hasta completar la densidad de semanas para obtener la prestaci\u00f3n pensional. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, lo que revela lo antes rese\u00f1ado es que las pretensiones de la inconforme se oponen por completo a los fines de este camino superlativo, pues resulta del todo claro que lo emplea como \u00faltimo recurso con el fin de contrarrestar las resultas de una actuaci\u00f3n regida por las normas del debido proceso, en las que si bien particip\u00f3 activamente fue vencida y no por ello se puede tildar de injusta o contraria a derecho. <\/p>\n
Por consiguiente, comoquiera que lo rituado por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n no es caprichoso, se ratificar\u00e1 la resoluci\u00f3n dada por la hom\u00f3loga en lo penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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