STC7971-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7971-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00699-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Ver\u00f3nica Pinto Vinasco, en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Once de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, libertad, salud y \u00abfundamentales prevalentes\u00bb de su hijo menor de edad, presuntamente vulneradas por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse Declare que las autoridades accionadas a trav\u00e9s de distintos actos vulneraron los derechos fundamentales invocados, as\u00ed\u00bb: <\/p>\n
5.2.1 Que la Comisar\u00eda\u2026 y el Juzgado [accionado]\u2026 vulneraron [su] debido proceso\u2026 al abrir a tr[\u00e1]mite el incidente de desacato por los hechos sucedidos el 2 de agosto de 2017, dar curso al mismo y sancionar[la]\u2026, con arresto de 30 d\u00edas, \u2026a pesar de que dicho incidente no pod\u00eda tramitarse por desistimiento previo del se\u00f1or\u2026 Villamizar y, por ende, debe\u2026 ordenarse al Juzgado\u2026 dejar sin efecto no s\u00f3lo las decisiones judiciales del primero de septiembre de 2017 y 28 de junio de 2021, sino todo lo actuado en el mencionado incidente por ser improcedente. <\/p>\n
5.2.2 En subsidio, reconocer que el Juzgado\u2026 vulner[\u00f3] el debido proceso, \u2026la libertad, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y la proscripci\u00f3n constitucional de penas y faltas imprescriptibles al confirmar la sanci\u00f3n impuesta\u2026, a pesar de que habr\u00eda operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n respecto de los hechos del 2 de agosto de 2017, por lo cual deben ampararse dichos derechos y ordenarse al Juzgado\u2026 dejar sin efecto todo lo actuado desde el auto del primero de septiembre de 2017, incluyendo\u2026 el mismo, para que se reconozca dicha realidad objetiva que enerva la posibilidad imponer la sanci\u00f3n. <\/p>\n
5.2.3 En subsidio, reconocer que el Juzgado\u2026 vulner[\u00f3] el debido proceso, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, el derecho de defensa y el derecho a la libertad, al sancionar[la]\u2026 mediante las decisiones del primero de septiembre de 2017 y 28 de junio de 2021, las cuales carecen de motivaci\u00f3n, y por ende deben ampararse dichos derechos y ordenarse al Juzgado\u2026 dejar sin efecto todo lo actuado desde el auto del primero de septiembre de 2017, incluyendo en el mismo, para que el pronunciamiento de dicho despacho se ajuste a los derechos fundamentales que le asisten\u2026 <\/p>\n
5.2.4 En subsidio, reconocer que el Juzgado\u2026 vulner[\u00f3] el debido proceso, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, el derecho de defensa y el derecho a la libertad, al sancionar[la]\u2026 mediante la decisi\u00f3n del\u2026 28 de junio de 2021, la cual carece de motivaci\u00f3n, particularmente en lo que ata\u00f1e al desconocimiento del HECHO SUPERADO y por ende deben ampararse dichos derechos y ordenarse al Juzgado\u2026 dejar sin efecto todo lo actuado desde el 28 de junio de 2021, incluyendo\u2026 el mismo, para que el pronunciamiento de dicho despacho se ajuste a [sus] derechos fundamentales\u2026, particularmente para que determine si se ha configurado o no el hecho superado y la sanci\u00f3n se torna innecesaria, conforme a lo pedido en el 19 de abril de 2021. <\/p>\n
5.2.5 En subsidio, reconocer que el Juzgado\u2026 vulner[\u00f3] el derecho a la salud emocional de la madre y del menor, as\u00ed como los derechos fundamentales del menor y su inter\u00e9s superior, \u2026al sancionar[la]\u2026 mediante las decisiones del primero de septiembre de 2017 y 28 de junio de 2021, las cuales ponen en riesgo dichos derechos y por ende deben ampararse los mismos, orden\u00e1ndose al Juzgado\u2026 dejar sin efecto todo lo actuado desde el auto del primero de septiembre de 2017, incluyendo\u2026 el mismo, para que el pronunciamiento de dicho despacho se ajuste a los derechos fundamentales que le[s] asisten\u2026 <\/p>\n
5.2.6 En subsidio, reconocer que el Juzgado\u2026 y la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, vulneraron [sus] derecho[s] al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la libertad, \u2026al impedir[le]\u2026 impugnar, ante una autoridad judicial, la privaci\u00f3n de la libertad impuesta por el Juzgado\u2026, orden\u00e1ndose\u2026 [a dicho] Tribunal\u2026 dejar sin efecto todo lo actuado desde el auto del 13 de diciembre 2021, incluyendo\u2026 el mismo, para que, en su lugar, \u2026resuelva los recursos de apelaci\u00f3n presentados en contra de los autos del 28 de junio de 2021 y 19 de julio de 202 (sic). <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. El 29 de marzo de 2017 la Comisar\u00eda Tercera de Familia de Car\u00e1cter Policivo de Bogot\u00e1 impuso medida de protecci\u00f3n en contra de la accionante y a favor de Andr\u00e9s Felipe Villamizar Ortiz, con ocasi\u00f3n de la cual orden\u00f3 a la primera \u00ababstenerse\u2026 de propiciar cualquier tipo de conducta que represente: agresiones f\u00edsicas, verbales o psicol\u00f3gicas, ofensas, agravios, esc\u00e1ndalos, amenazas u otro comportamiento que constituya violencia intrafamiliar en contra del se\u00f1or\u2026 Villamizar Ortiz en cualquier lugar p\u00fablico o privado donde \u00e9l pudiere encontrarse; as\u00ed mismo\u2026[,] abstenerse de involucrar a su hijo\u2026 en cualquiera de las conductas anteriormente descritas\u00bb. <\/p>\n
2.2. Tras un incidente de incumplimiento inicial en el que se mult\u00f3 a la quejosa, al considerar nuevamente desatendida la decisi\u00f3n referida a espacio, por segunda vez, Villamizar Ortiz promovi\u00f3 otro incidente de desacato. <\/p>\n
2.3. Surtidas las etapas respectivas, el 25 de agosto de 2017 la Comisar\u00eda resolvi\u00f3 ese segundo tr\u00e1mite incidental de incumplimiento, declar\u00f3 probados los hechos que lo fundamentaron, acaecidos el d\u00eda 2 anterior, y conforme al literal b) del precepto 7\u00ba de la Ley 294 de 1996 (modificado por el canon 4 de la Ley 575 de 2000), impuso a la accionante \u00absanci\u00f3n m\u00ednima de arresto por\u2026 (30) d\u00edas\u00bb. Determinaci\u00f3n respecto de la cual dispuso surtir el respectivo grado jurisdiccional de consulta ante el Juzgado encausado. <\/p>\n
2.4. La \u00faltima autoridad judicial referida, el 1\u00ba de septiembre de 2017, respald\u00f3 lo dispuesto por la Comisar\u00eda pero, tras esa decisi\u00f3n, se formularon m\u00faltiples recursos y peticiones de nulidad que aqu\u00e9l rechaz\u00f3 al encontrarlos improcedentes. <\/p>\n
2.5. Ante esa situaci\u00f3n, narr\u00f3 la aqu\u00ed accionante que interpuso otra acci\u00f3n de tutela que, el 7 de febrero de 2018, con alcance parcial, concedi\u00f3 la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 (fallo que posteriormente confirm\u00f3 esta Corte), restando efectos al prove\u00eddo de 1\u00ba de noviembre de 2017 y ordenando desatar de fondo el recurso de reposici\u00f3n propuesto frente a la ratificaci\u00f3n de la medida de arresto. <\/p>\n
2.6. El 2 de marzo de 2018, con ocasi\u00f3n de la referida orden constitucional, el Juzgado dispuso, de oficio, la valoraci\u00f3n psiqui\u00e1trica y psicol\u00f3gica \u00absobre la afectaci\u00f3n mental de violencia intrafamiliar a la se\u00f1ora\u2026 Pinto Vinasco\u00bb, y tras el ejercicio del respectivo derecho de contradicci\u00f3n, el 28 de junio de 2021 resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n propuesto por la censora contra su providencia de 1\u00ba de septiembre de 2017, modific\u00e1ndola en el sentido que la medida de arresto en contra de \u00e9ste deb\u00eda materializarse domiciliariamente. <\/p>\n
2.7. El 19 de julio de 2021 neg\u00f3 el recurso horizontal incoado contra esa determinaci\u00f3n, as\u00ed como la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n subsidiaria planteada frente a la misma y la solicitud de cesaci\u00f3n de efectos de la sanci\u00f3n de arresto. <\/p>\n
2.8. Finalmente, luego de mantenerse la negativa a la concesi\u00f3n de la alzada y remitirse el diligenciamiento al superior para el agotamiento del recurso de queja, el 13 de diciembre \u00faltimo el Tribunal convocado encontr\u00f3 bien denegada la concesi\u00f3n de la censura vertical. <\/p>\n
2.9. En esta oportunidad, en s\u00edntesis, la accionante critic\u00f3 el tr\u00e1mite del segundo incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n aduciendo, en especial, la valoraci\u00f3n probatoria insatisfactoria por parte del juzgador, de la que adujo, se deriv\u00f3, una evidente carencia de motivaci\u00f3n para disponer su arresto, dej\u00e1ndose de observar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta y sus exculpaciones, lo que implic\u00f3 la ausencia del debido juicio de responsabilidad que la situaci\u00f3n demandaba, m\u00e1xime cuando en la actualidad esa sanci\u00f3n se tornaba innecesaria al haberse superado la circunstancia que la motiv\u00f3; el desconocimiento de la perspectiva de g\u00e9nero en el an\u00e1lisis del caso concreto as\u00ed como la prescripci\u00f3n de los hechos que dieron lugar a ese tr\u00e1mite incidental; la falta de apreciaci\u00f3n del acuerdo privado en el que las partes pactaron desistir de las m\u00faltiples actuaciones administrativas y judiciales rec\u00edprocamente instauradas ante el conflicto familiar desatado entre ellas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, enfatiz\u00f3 que esa infundada medida de arresto no s\u00f3lo la afecta directamente a ella sino a su hijo menor de edad, en esencia, porque obstaculiza la materializaci\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas dispuesto a su favor, en tanto que no podr\u00eda desplazarse para recogerlo y entregarlo, en los t\u00e9rminos previamente acordados; y que el Tribunal acusado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho porque, de forma injustificada, dej\u00f3 de atender el asunto en segunda instancia, cercen\u00e1ndole la posibilidad de agotar los recursos de ley frente a la aludida sanci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991.1 <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a rese\u00f1ar \u00ablos datos para efectos de notificaciones de las partes e intervinientes dentro del proceso\u2026 objeto de la queja constitucional\u00bb; historiar el tr\u00e1mite all\u00ed surtido y remitir el link de acceso al expediente contentivo del asunto fustigado. <\/p>\n
2. El Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1 deprec\u00f3 declarar \u00abla improcedencia del amparo\u2026 por cuanto\u2026 no hay una flagrante vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb, comoquiera que las actuaciones en la asunto recriminado \u00abse desplegaron conforme a la norma aplicable y con miramiento de las circunstancias actuales, sin entrar a discutir los escenarios ajenos, como la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos por el Covid – 19, y propiamente los suscitados por\u2026 Pinto Vinasco, a trav\u00e9s de los m\u00faltiples recursos y acci\u00f3n de tutela que prolongaron la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Andr\u00e9s Felipe Villamizar Ortiz defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones recriminadas, destac\u00f3 que la accionante omiti\u00f3 referenciar diferentes situaciones, incluso decisiones administrativas y judiciales, que derruyen sus afirmaciones respecto a los supuestos actos de violencia ejercidos por \u00e9l, y se opuso a la prosperidad del resguardo porque, en lo medular, nunca desisti\u00f3 del tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n cuestionada, en tanto que aunque existi\u00f3 un proyecto de acuerdo al respecto, una vez suscrito, fue incumplido por la accionante; el ruego tutelar insatisface el presupuesto de la inmediatez, comoquiera que su t\u00e9rmino deb\u00eda descontarse desde la emisi\u00f3n del auto de 28 de junio de 2021, a trav\u00e9s del cual se confirm\u00f3 el dictado el 1\u00ba de septiembre de 2017, porque el recurso de \u00abqueja no tiene efecto suspensivo\u00bb; \u00ab[e]xiste cosa juzgada, en relaci\u00f3n con el auto del 1 de septiembre del 2017 y en relaci\u00f3n con el acuerdo del 19 de septiembre del 2017 firmado entre las partes, puesto que fue objeto de la demanda de tutela interpuesta en junio 24 de 2017\u00bb; la censora cuenta con el incidente de desacato si lo pretendido es que se d\u00e9 cumplimiento al fallo emitido con ocasi\u00f3n de dicho libelo tutelar; el que se haya dejado de resolver sobre la petici\u00f3n de finalizaci\u00f3n del tr\u00e1mite de medida de protecci\u00f3n, por hecho superado, la supuesta irregularidad por dar curso al segundo incidente de desacato frente a la medida de protecci\u00f3n e, incluso, la supuesta prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n, no hacen viable el reclamo constitucional sino que imponen solicitar a la Comisar\u00eda su definici\u00f3n, lo que no se hizo, denot\u00e1ndose la carencia del presupuesto de la subsidiariedad en la interposici\u00f3n de este reclamo supralegal; no se presenta la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta por no existir disposici\u00f3n legal que as\u00ed lo establezca, aunado a que, acorde al precepto 2530 del C\u00f3digo Civil, aqu\u00e9lla se suspende en favor de los incapaces, como el hijo menor de edad de la pareja. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, en todo caso, en el fallo de tutela emitido con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n que precedi\u00f3 \u00e9sta, tambi\u00e9n respecto al tr\u00e1mite del segundo incidente de desacato a la medida de protecci\u00f3n, \u00abcon hechos en parte comunes a la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb, se dio \u00abuna orden absurda, dejar sin valor ni efecto alguno el auto del 1 de noviembre del 2017, el cual aparentemente se resolv\u00eda sobre la orden de arresto y ordenaba decidirlo dentro de los 10 d\u00edas siguientes, conforme a los criterios ordenados en la tutela\u00bb, cuando lo \u00fanico decidido en ese prove\u00eddo fue la censura propuesta en cuanto a aqu\u00e9l en el que se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n en cuanto al dictado el 27 de septiembre de ese a\u00f1o, en el cual no se repuso el del d\u00eda 1\u00ba anterior que resolvi\u00f3 sobre la medida de arresto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa perspectiva, encuentra la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En primer lugar, en lo tocante con el prove\u00eddo emitido el 13 de diciembre de 2021 por el Tribunal convocado, es evidente que dicha autoridad explic\u00f3 con suficiencia los motivos para concluir que la determinaci\u00f3n adoptada por el Juzgado, el 28 de junio anterior, no era susceptible del recurso de apelaci\u00f3n y, por ende, fue acertada la negativa frente a su concesi\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, all\u00ed expuso algunas generalidades en torno al recurso de queja, para lo cual acudi\u00f3 al precepto 352 del C\u00f3digo General del Proceso y la jurisprudencia que encontr\u00f3 adecuada (CSJ AC468-2017); seguidamente anot\u00f3 que, \u00aben cuanto se refiere al tr\u00e1mite de las acciones o medidas de protecci\u00f3n y a los incidentes de incumplimiento, el tr\u00e1mite es jurisdiccional, luego cabe preciar que las Comisar[\u00ed]as de Familia son autoridades administrativas que tambi\u00e9n desempe\u00f1an funciones judiciales (CSJ, AC, 5 Jul. 2013, rad. 2012-02433-00, reiterado en CSJ AC889-2019 Y ac1375-2929 (sic))\u00bb; y que \u00abcuando en el incidente de incumplimiento se impone sanci\u00f3n, en esa circunstancia, procede el grado jurisdiccional de consulta\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, a continuaci\u00f3n, de forma categ\u00f3rica, consign\u00f3 que, entonces, \u00abresulta palmario que la Comisar[\u00ed]a de Familia es funcionario de primera instancia y el Juzgado de Familia de segunda en cuanto a la consulta se refiere, pues en palabras de la jurisprudencia \u201ces claro tambi\u00e9n que en relaci\u00f3n con el proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, el superior funcional del ente administrativo con funciones jurisdiccionales, como lo es tambi\u00e9n del Juez Municipal, es el de la especialidad de familia\u201d (CSJ, sentencia STC9848-2021)\u00bb. Afirmaci\u00f3n \u00faltima que as\u00ed reforz\u00f3: <\/p>\n
\u2026Consecuencia forzosa de lo anterior es que las determinaciones que adopte el funcionario de segundo grado no son susceptibles del recurso de apelaci\u00f3n. En primer lugar, porque el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 321 del estatuto procesal disciplina que \u201c[t]ambi\u00e9n son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia\u201d. En segundo lugar, no existe norma especial que consagre la apelabilidad del prove\u00eddo que resuelve la consulta en \u00e9sta clase de asuntos. <\/p>\n
Y al aplicar tales consideraciones al caso concreto resolvi\u00f3 que fue bien denegada la alzada propuesta contra el auto que modific\u00f3 la medida de arresto (en el sentido de permitir que este fuera de car\u00e1cter domiciliario), comoquiera que la accionante fue sancionada y, \u00abprecisamente en garant\u00eda de sus derechos fundamentales\u2026[,] devino el tr\u00e1mite de la consulta, agotando as\u00ed las dos instancias, lo que proscribe tramitar una tercera instancia\u00bb; conclusi\u00f3n que, in extenso, as\u00ed soport\u00f3: <\/p>\n
\u2026el Juzgado\u2026, en el asunto de la referencia, no act\u00faa como funcionario de primer nivel, sino que su competencia deviene como superior funcional de la Comisaria de Familia que impuso la sanci\u00f3n a efectos de tramitar la consulta de la misma, luego las determinaciones que \u00e9l profiera no son susceptibles del recurso vertical. <\/p>\n
6. Manifiesta el apoderado inconforme que es impugnable \u201cla decisi\u00f3n que impone la privaci\u00f3n de la libertad ante una autoridad judicial distinta a la que la profiri\u00f3\u201d. <\/p>\n
En contrario, ha de precisarse que la restricci\u00f3n de la libertad de la se\u00f1ora VER\u00d3NICA PINTO VINASCO no fue impuesta por el Juzgado Once de Familia sino por la Comisar\u00eda Tercera de Familia, y en el segundo grado de competencia funcional se resolvi\u00f3 confirmar dicha restricci\u00f3n para posteriormente modificarla a efectos de se\u00f1alar que la medida de arresto se debe cumplir en el domicilio de la incidentada. Ahora, frente a la restricci\u00f3n de la segunda instancia en \u00e9sta clase de tr\u00e1mites ha orientado la jurisprudencia: <\/p>\n
Ciertamente, sin importar si la orden para hacer cesar la violencia <\/p>\n
intrafamiliar proviene de la autoridad administrativa o de la judicial, el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 18 de la citada Ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 12 de la Ley 575 de 2000, consagra que \u00abcontra la decisi\u00f3n definitiva sobre una medida de protecci\u00f3n que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, proceder\u00e1 en el efecto devolutivo, el Recurso de Apelaci\u00f3n ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia\u00bb, y en el siguiente inciso indica que \u00abser\u00e1n aplicables al procedimiento previsto en la presente ley las normas procesales contenidas en el Decreto n\u00famero 2591 de 1991, en cuanto su naturaleza lo permita\u00bb. <\/p>\n
Significa lo anterior que en el decurso procesal solo hay lugar a que el superior funcional revise lo actuado en dos eventos concretos: El primero, cuando se interpone recurso de apelaci\u00f3n contra la resoluci\u00f3n o sentencia que se dicta al finalizar la audiencia en la que se intent\u00f3 sin \u00e9xito la conciliaci\u00f3n, y \u00abluego de haberse practicado las pruebas pertinentes y o\u00eddos los descargos de la parte acusada\u00bb (inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 17 ibidem); n\u00f3tese que en relaci\u00f3n con las pruebas, adem\u00e1s de los criterios de pertinencia, conducencia y oficiosidad, no alude a la procedencia de recursos. <\/p>\n
Y el segundo, cuando en el incidente de desacato se impone sanci\u00f3n, pues en esa circunstancia, como tambi\u00e9n acontece con la acci\u00f3n de tutela a cuyo tr\u00e1mite se remite, procede el grado jurisdiccional de consulta, en tanto el precepto 17 de la citada Ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 11 de la Ley 575 de 2000, se\u00f1ala que el mismo funcionario \u00abmantendr\u00e1 la competencia para la ejecuci\u00f3n y el cumplimiento\u00bb, y canon 12 del Decreto 652 de 2001 prev\u00e9 que \u00abel tr\u00e1mite de las sanciones por incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se realizar\u00e1, en lo no escrito con sujeci\u00f3n a las normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de 1991, en sus art\u00edculos 52 y siguientes del cap\u00edtulo V de sanciones\u00bb. Resalta la Sala\u201d (CSJ, sentencia STC9848-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que esa determinaci\u00f3n (de la cual deriv\u00f3 que se tuviera por culminado el tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n con la actuaci\u00f3n del Juzgado convocado, pues no exist\u00eda instancia adicional alguna que debiera agotarse ante el Tribunal) no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la tutelante no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que las oficinas judiciales criticadas concluyeron, con apoyo en las normas aplicables al caso concreto (Leyes 294 de 1996 y 575 de 2000, Decretos 2591 de 1991 y 652 de 2001), as\u00ed como en la jurisprudencia sobre la materia, que el tr\u00e1mite del segundo incidente de desacato frente a la medida de protecci\u00f3n concluy\u00f3 con el prove\u00eddo en el cual el Juzgado resolvi\u00f3, por v\u00eda de reposici\u00f3n y en sede de consulta, modificar la orden de arresto inicialmente dispuesta por la Comisar\u00eda de Familia. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha[n] hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juzgador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
2.2. Precisado lo anterior, tambi\u00e9n es evidente la inviabilidad del ruego constitucional respecto a los dem\u00e1s reproches de la quejosa, al carecer del requisito de la inmediatez, habida cuenta que entre las datas en que el Juzgado dispuso, de un lado, modificar la medida de arresto (28 de junio de 2021), y de otro, no acceder a la reposici\u00f3n propuesta frente a esa decisi\u00f3n (19 de julio de 2021), y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (1\u00ba de marzo de 2022), transcurrieron m\u00e1s de siete (7) meses, super\u00e1ndose el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
N\u00f3tese que la Sala no desconoce la mencionada interposici\u00f3n del recurso de queja propuesto contra la determinaci\u00f3n de 19 de julio de 2021 de no conceder el recurso de apelaci\u00f3n frente al prove\u00eddo del 28 de junio anterior; sin embargo, lo cierto es que, sumada a la abierta improcedencia de tal alzada, lo cierto es que, como insistentemente lo ha dicho esta Corte, el lapso al que se refiere el requisito de la inmediatez \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01) y aquella censura no restaba firmeza a las decisiones criticadas al Juzgado, por lo que su falta de definici\u00f3n no altera las anteriores conclusiones, en tanto que, mutatis mutandis, \u00abla interposici\u00f3n del recurso de queja no suspende la prosecuci\u00f3n del proceso, ni el cumplimiento de la providencia cuya apelabilidad se discute, puesto que la ley no prev\u00e9 tal suspensi\u00f3n y tan s\u00f3lo se remiten copias al superior para el estudio correspondiente, mas no el original del expediente como si fuera en el efecto suspensivo\u00bb (CSJ STC, 24 jul. 2009, rad. 2009-00205-01). <\/p>\n
2.3. En todo caso, aunque la ausencia del anterior presupuesto impide al fallador de tutela ocuparse del fondo del asunto sometido a su consideraci\u00f3n, sumado a que, como qued\u00f3 dicho en el tr\u00e1mite tutelar impulsado con antelaci\u00f3n por la quejosa contra el mismo incidente que aqu\u00ed cuestiona, no se observ\u00f3, en el proceder de los accionados, \u00abuna conducta omisiva tendiente a evitar el an\u00e1lisis del caso bajo una \u00abperspectiva de g\u00e9nero[\u00bb], como insistentemente lo sostiene la gestora del amparo\u00bb (STC3320-2018); en gracia de discusi\u00f3n, para la Sala tampoco se muestran arbitrarias las conclusiones contenidas en los prove\u00eddos emitidos por el Juzgado el 28 de junio y el 19 de julio de 2021, en tanto que, bajo un an\u00e1lisis conjunto del material suasorio recaudado, aceptable y justificado del caso concreto, acertadamente, esa sede judicial concluy\u00f3, en lo medular, que i) era inviable acceder a revocar la sanci\u00f3n de arresto por el supuesto desistimiento de la actuaci\u00f3n por parte del denunciante, pues la ocurrencia de esto \u00faltimo all\u00ed no se acredit\u00f3; y ii) la quejosa incumpli\u00f3 por segunda vez la medida de protecci\u00f3n al reincidir en los actos de violencia contra su expareja, sin que acreditara que ello ocurri\u00f3 por alg\u00fan estado mental excepcional que lo justificara, como quiso excusarlo, bajo una supuesta afectaci\u00f3n depresiva, en tanto que las pericias arrimadas al tr\u00e1mite fueron insuficientes para ello y tambi\u00e9n para establecer la afectaci\u00f3n que la medida de arresto pod\u00eda irradiarle en ese \u00e1mbito. <\/p>\n
En lo que aqu\u00ed interesa, en el primero de los citados prove\u00eddos el Juzgado previamente desech\u00f3 la aparente carencia de competencia que la quejosa le endilg\u00f3 a la Comisar\u00eda respecto al tr\u00e1mite del aludido segundo incidente de incumplimiento. Al respecto as\u00ed razon\u00f3 aquella autoridad: <\/p>\n
En el recurso bajo examen, la inconformidad se plantea a partir de varias aristas, que a decir verdad, devienen contradictorias en los supuestos de hechos alegados; inicia el reparo con la FALTA DE COMPETENCIA, tras considerar que desde el inicio del tr\u00e1mite auto del 12 de abril de 2017- la competente es y deb\u00eda ser la Comisaria 3\u00aa de Familia y no la 15 de Familia, pero ya en otro \u00edtem, el 4\u00ba, plantea la FALTA DE COMPETENCIA de esa Comisar\u00eda 3\u00aa por existir una medida de protecci\u00f3n en favor de la aqu\u00ed incidentada y por dem\u00e1s no corresponder a la localidad. <\/p>\n
He aqu\u00ed entonces varios ingredientes del primer punto, reducido en la competencia del tr\u00e1mite incidental, y sin ahondar en mayores considerandos por innecesarios, al respecto, se recuerda que el asunto o tr[\u00e1]mite de marras surge a ra\u00edz de un segundo incidente por desacato de la medida de protecci\u00f3n N\u00b0 048 de 2017, cuyo actuar arranca por la denuncia del se\u00f1or\u2026 VILLAMIZAR ORTIZ, ante hechos de violencia intrafamiliar con menci\u00f3n del 14 de marzo como \u00faltima fecha de agresi\u00f3n, litigio radicado y asignado a la Comisar\u00eda Tercera de Familia de Santa Fe, autoridad finalmente, quien falla con medida en favor del se\u00f1or VILLAMIZAR y en contra de la se\u00f1ora\u2026 PINTO VINASCO, seg\u00fan acta del 29 de marzo de 2017, escenario llevado a cabo en presencia de las partes, sin apelaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Con solo tener ese referente, declina cualquier reparo frente la competencia en el desacato de medida de protecci\u00f3n, porque no se puede perder de vista el derrotero aplicable -Ley 294 de 1996- al preceptuar en el Art. 17 que el FUNCIONARIO QUE EXPIDI\u00d3 LA ORDEN DE PROTECCI\u00d3N MANTENDR\u00c1 LA COMPETENCIA PARA LA EJECUCI\u00d3N Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCI\u00d3N; sobra aqu\u00ed cualquier explicaci\u00f3n, la norma claramente sienta el par\u00e1metro de competencia de la autoridad administrativa, demarcado en el hecho del conocimiento de esa situaci\u00f3n de origen de VIF, de ah\u00ed para no admitir la censura por falta de competencia, porque en el asunto bajo examen, la Comisar\u00eda 3\u00aa de Familia de Santaf\u00e9 conoci\u00f3 desde la apertura del historial, asignando tramite y con pronunciamiento de fondo, luego a la luz del debido proceso contaba y sigue con la facultad para afrontar las eventualidades propias del litigio de medida de protecci\u00f3n, como lo es el desacato, sea cual sea su numeraci\u00f3n. <\/p>\n
Ya de cara al an\u00e1lisis del material probatorio recaudado, contrario a lo considerado por la censora, adecuadamente motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
Se alega una indebida valoraci\u00f3n de las pruebas y un enfoque subjetivo de la Comisar\u00eda, por la inobservancia de las vicisitudes al interior del proceso, en el cual dice el apoderado, sobresal\u00eda el estado de salud de\u2026 PINTO VINASCO, quien pas\u00f3 por un cuadro depresivo, agravado por los diferentes escenarios en los cuales se vio envuelta, como el hecho de desprenderse de su hijo lactante y los sucesos de violencia, contexto del que se apega para sustentar la ausencia de los elementos de la culpabilidad, relevante en la calificaci\u00f3n de la medida de arresto. <\/p>\n
Pues bien, con admiraci\u00f3n de ese reproche y de la orden del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en Sede de Tutela, la Juez de turno consider\u00f3 forzoso disponer mediante auto del dos (02) de marzo de 2018, la valoraci\u00f3n psiqui\u00e1trica y psicol\u00f3gica de la se\u00f1ora\u2026 PINTO VELASCO, para efectos de determinar la afectaci\u00f3n mental en la violencia intrafamiliar en calidad de agresora, no obstante, por requerimiento de la galeno, delimitada en establecer la existencia del padecimiento del cuadro de depresi\u00f3n aguda, con determinaci\u00f3n de la fecha, su persistencia, las manifestaciones caracter\u00edsticas, todo acerca de la enfermedad y en especial enfocada para definir si la medida de arresto impuesta agravaba el estado de salud; ya de otro lado, fue dispuesto el exhorto a la Universidad Externado de Colombia, con miras a obtener los datos de la formaci\u00f3n acad\u00e9mica all\u00ed pregonados, pruebas totalmente colectadas. <\/p>\n
Valga anotar que, respecto de la pericia, result\u00f3 pol\u00e9mico su recaudo, por las objeciones y discusiones jur\u00eddicas que desembocaron en un segundo dictamen, no contemplado en el ordenamiento, pues se trataba de una prueba de oficio, pero aun as\u00ed aceptado por las circunstancias, en las cuales se aplic\u00f3 la perspectiva de g\u00e9nero dada la materia y especialidad del asunto, prolong\u00e1ndose un proceso que en su naturaleza es expedito en un proceso declarativo de varios a\u00f1os. <\/p>\n
De cara a la primera prueba, es decir el dictamen pericial, obra en el plenario el informe presentado por Medicina Legal, elaborado por la Dra\u2026 DUQUE CRUZ, psic\u00f3loga-profesional universitario forense, en cuyo estudio llama la atenci\u00f3n el abordaje, porque tal como lo explic\u00f3 en el interrogatorio evacuado el d\u00eda 19 de abril de 2021, hizo un estudio conjunto a la luz de varias solicitudes de Juzgados de Familia diferentes; ello porque a su juicio, la orden emitida por este Juzgado resultaba compleja, al ser la evaluada la misma agresora del derecho, motivaci\u00f3n por la cual acudi\u00f3 a una evaluaci\u00f3n de varios contextos, en aras de lograr identificar la din\u00e1mica de la situaci\u00f3n, donde le permitiera conocer las caracter\u00edsticas en salud mental a la fecha de la se\u00f1ora VER\u00d3NICA, los rasgos de personalidad, la relaci\u00f3n con el menor y su expareja (aqu\u00ed accionante). <\/p>\n
Y como quiera que concurr\u00edan solicitudes del Juzgado 12 de Familia y Juzgado 9 de Familia de Bogot\u00e1, evacu\u00f3 la entrevista con el se\u00f1or\u2026 VILLAMIZAR ORTIZ, el menor OCTAVIO VILLAMIZAR PINTO, la abuela paterna y una tercera (en su momento cuidadora), los cuales estim\u00f3 v[\u00e1]lidos en trat\u00e1ndose del estudio del comportamiento humano, sin embargo este Juzgador disiente de la metodolog\u00eda, porque la entrevista de la persona solicitada, se present\u00f3 en un margen de tiempo separado, cuyo resultado o informe estuvo atado a una valoraci\u00f3n global, recibido finalmente en el Juzgado aproximadamente 1 a\u00f1o despu\u00e9s, es decir por fuera del tiempo en el que deb\u00eda acontecer. <\/p>\n
Con todo y el ejercicio de la galeno, los instrumentos aplicados no resultaron acordes con la finalidad de la prueba, porque los resultados no tuvieron mayor interpretaci\u00f3n, las conclusiones resultaron ajenas de la orden emitida por la llana raz\u00f3n de no responder las inquietudes elevadas acercas (sic) del estado de salud mental de\u2026 PINTO VINASCO y la incidencia de una sanci\u00f3n privativa de la libertad, todo el trabajo se ocup\u00f3 en la din\u00e1mica de la custodia, la afectaci\u00f3n en ese \u00e1mbito, la relaci\u00f3n de pareja, olvidando por completo el enfoque de este Juzgado. <\/p>\n
Tan solo sobresale que la se\u00f1ora\u2026 PINTO VINASCO presenta rasgos de depresi\u00f3n mayor, dilucidado en la audiencia, como aquella persona que no sufre de esa enfermedad, que la ha ido superando, asimismo se describe como una mujer reactiva, en quien reposa una situaci\u00f3n de orden ansioso que debe ser trabajada y regulada, a la postre en la faceta e mam\u00e1, se describe como un ser humano entregada a su hijo, cuidadosa de las visitas, con afectividad y acoplamiento en el v\u00ednculo maternal, cualidad ultima de fuerza vinculante a la hora de ponderar las circunstancias. <\/p>\n
Se obtuvo igualmente otra pericia, \u2026en gracia de la objeci\u00f3n planteada por la parte incidentada, desarrollada por un profesional particular, el Dr\u2026 MORA IZQUIERDO, quien se ocup\u00f3 por efectuar un control cr\u00edtico del informe de Medicina Legal y no por abordar la prueba en el contexto solicitado. El perito sin duda hizo un buen trabajo anal\u00edtico, pero no deviene apropiado para la situaci\u00f3n, en la medida que no emite un concepto concreto de la se\u00f1ora\u2026 PINTO VINASCO; ello, sin agregar la ausencia del estudio o entrevista directa con la incidentada y el hecho de no cerciorarse de la fuente documental entregada para el informe, tras recibir la informaci\u00f3n por parte del\u2026 apoderado justamente de la persona evaluada, debiendo acudir a una control imparcial, dado el inter\u00e9s de la defensa. <\/p>\n
A pesar de todo ello, precisamente atendiendo las alegaciones de la quejosa en cuanto a la afectaci\u00f3n no s\u00f3lo de sus derechos sino de los de su hijo menor de edad, en punto al obst\u00e1culo que la medida de arresto constituir\u00eda para su relaci\u00f3n familiar, precisamente, en pro de sus garant\u00edas, bajo un ponderado an\u00e1lisis de las garant\u00edas superiores del ni\u00f1o, el Juzgado resolvi\u00f3 que aquella retenci\u00f3n fuera domiciliaria para que pudiera satisfacerse el r\u00e9gimen de visitas establecido a favor de la madre. Al respecto, in extenso, dijo: <\/p>\n
Aun as\u00ed, este Juzgador se detiene en un concepto clave, espec\u00edficamente en la incidencia de la sanci\u00f3n de arresto, pues el perito con base en su larga experiencia, los antecedentes observados del caso, deja ver que una medida privativa de la libertad colocar\u00eda en riesgo la estabilidad que ha logrado la se\u00f1ora PINTO VINASCO, llev\u00e1ndola al punto de un retroceso con afectaci\u00f3n obvia en la salud mental, apreciaci\u00f3n no desacertada, porque sin ser este Juzgador un versado en el campo de la psicolog\u00eda o psiquiatr\u00eda, se tiene la convicci\u00f3n que el escenario actual es otro, donde confluyen varios factores, no solo la privaci\u00f3n de ese derecho fundamental, sino la separaci\u00f3n y desprendimiento del hijo con quien ha ganado bastante terreno en lo corrido de los \u00faltimos 3 a\u00f1os, todo lo cual conducir\u00eda inevitablemente a un impacto negativo en cualquier esfera del ser humano, m\u00e1s trat\u00e1ndose de un periodo considerable de 30 d\u00edas de arresto. <\/p>\n
Y si ello es previsible con la se\u00f1ora VER\u00d3NICA es apenas razonable pensar en la gran afectaci\u00f3n e impacto negativo en el hijo en com\u00fan\u2026, de tan solo 4 a\u00f1os y medio, plena etapa de infancia en que requiere del acompa\u00f1amiento de sus padres, pues como lo adujo la perito de Medicina Legal, el ni\u00f1o para su desarrollo integral y arm\u00f3nico necesita de una estabilidad emocional, una tranquilidad en todo sentido, luego cualquier cambio en su hogar o transici\u00f3n en su contexto actual, entrar\u00e1 indiscutiblemente a formar parte de su historia, a generar quiz\u00e1s un trastorno por la alteraci\u00f3n de su diario vivir, situaciones que no debe porque afrontar a esa edad. <\/p>\n
M[\u00e1]s all\u00e1 de las diferencias entre los padres, de la violencia singular o conjunta de las partes, de verificar el cumplimiento de la sanci\u00f3n o ser flexible ante la perspectiva de g\u00e9nero, aqu\u00ed en este proceso debe primar los derechos fundamentales del menor al tenor del Art. 44 de la Constituci\u00f3n Nacional, con resguardo internacional a trav\u00e9s de los convenios suscritos en la materia, donde se le da prevalencia a los intereses del menor; por consiguiente, en esta Instancia no hay lugar a aplicar solamente una visi\u00f3n subjetiva del desacato, se debe forzosamente asignar un enfoque garante de los derechos e inter\u00e9s del ni\u00f1o. <\/p>\n
La decisi\u00f3n debe responder al inter\u00e9s superior de[l] [menor]\u2026, en otras palabras, debe ser una expresi\u00f3n de la garant\u00eda de los derechos fundamentales reconocidos en el \u00e1mbito constitucional e internacional como prevalentes en toda actuaci\u00f3n. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-452 de 2012 retoma los conceptos claves para la protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, de obligatoria observancia por las autoridades, al determinar que: <\/p>\n
\u201c\u2026 el objetivo de todas las actuaciones oficiales o privadas que conciernan a los ni\u00f1os debe ser la prevalencia de los derechos e intereses de los menores, como sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional.\u201d <\/p>\n
En virtud de ello, resalta como criterios para la garant\u00eda de un desarrollo arm\u00f3nico e integral: i) la prevalencia del inter\u00e9s del menor; ii) la garant\u00eda de las medidas de protecci\u00f3n que su condici\u00f3n de menor requiere; y iii) la previsi\u00f3n de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y en condiciones de libertad y dignidad. <\/p>\n
(i) la garant\u00eda del desarrollo integral del menor. <\/p>\n
(ii) la preservaci\u00f3n de las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor. <\/p>\n
(iii) la protecci\u00f3n del menor frente a riesgos prohibidos. <\/p>\n
(iv) el equilibrio con los derechos de los parientes biol\u00f3gicos sobre la base de la prevalencia de los derechos del menor; y <\/p>\n
(v) la necesidad de evitar cambios desfavorables en las condiciones presentes del ni\u00f1o o la ni\u00f1a involucrados. <\/p>\n
En el asunto bajo examen, hay que partir de la base del incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n dentro del historial N\u00b0 048 de 2017 de conocimiento de la Comisar\u00eda 3\u00aa de Familia de Santaf\u00e9; no se puede tener otra apreciaci\u00f3n en cuanto no fue objeto de discusi\u00f3n dentro del recurso interpuesto, en ning\u00fan ac\u00e1pite se reprocha la tesis de la inobservancia de la medida impuesta en contra de la se\u00f1ora\u2026 PINTO VINASCO, todo lo contrario, la defensa se encauzo por desviar el estudio a otro historial sin desconocer lo ocurrido, a juicio de este Despacho, se trat\u00f3 de argumentar una situaci\u00f3n de leg\u00edtima defensa y de la ocurrencia de una actuaci\u00f3n involuntaria propia de la inestabilidad y estado mental en aquel momento. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, se recuerda que el desobedecimiento a la medida de protecci\u00f3n, por segunda vez, en un periodo inferior a los 2 a\u00f1os, acarrea por disposici\u00f3n del Art. 7 Literal b de la Ley 294 de 19962, la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n de arresto entre 30 y 45 d\u00edas; como en el Lite, la se\u00f1ora VER\u00d3NICA incurri\u00f3 en el segundo desacato, luego es coherente la sanci\u00f3n impuesta por la autoridad administrativa, consistente en arresto de 30 d\u00edas. <\/p>\n
La piedra angular de ese acontecer, es la ejecuci\u00f3n de la medida, porque la privaci\u00f3n se debe dar en un establecimiento penitenciario, empero, si se mira la realidad actual, concurren varios aspectos que conllevan a reflexionar sobre la efectividad, uno de ellos la situaci\u00f3n de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus-Covid 19, el cual viene azotando al pa\u00eds desde mediados del mes de marzo de 2020, con alerta en sitios con sobrepoblaci\u00f3n, tales como los centros carcelarios, bajo ese punto, someter el cumplimiento estricto en una c\u00e1rcel compromete a\u00fan m\u00e1s el ambiente. <\/p>\n
Otro ingrediente a tener en cuenta, es la afectaci\u00f3n y desequilibrio emocional que podr\u00eda ocasionar el hecho de verse encerrada en un lugar de dif\u00edcil manejo, dada las costumbres, el status social, pero principalmente la repercusi\u00f3n con respecto de su hijo\u2026, a quien no podr\u00e1 ver en ese lapso de tiempo. Como fue expuesto, una medida de esa \u00edndole, complica la relaci\u00f3n de madre e hijo. <\/p>\n
Ya finalmente, resulta de importancia, el impacto a generarse en el ni\u00f1o, porque de cumplirse estrictamente la medida privativa de la libertad, de entrada, interrumpe el derecho de compartir con su madre, vi\u00e9ndose ausente del cari\u00f1o, afecto, acompa\u00f1amiento, que contribuyen a la formaci\u00f3n integral, derecho dif\u00edcil de preservar si la se\u00f1ora VER\u00d3NICA estuviere en el penitenciario, M[\u00e1]xime que no es un lugar adecuado de visitas para el menor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, conforme los criterios de la jurisprudencia, se tiene las siguientes connotaciones: <\/p>\n
(i) El crecimiento y desarrollo arm\u00f3nico e integral de[l] [ni\u00f1o]\u2026 no se ver\u00eda proyectado si se aparta de su progenitora por 30 d\u00edas, porque tal separaci\u00f3n interrumpe la estabilidad emocional y el lazo afectivo; debi\u00e9ndose garantizar precisamente ese v\u00ednculo. <\/p>\n
(ii) Al no ser previsible ni cierto el goce de ese derecho fundamental de compartir y no ser separado de la madre, no se puede hablar de preservaci\u00f3n de esa prerrogativa constitucional. <\/p>\n
(iii) Lo anterior, provocar\u00eda un riesgo inminente en el desarrollo del ni\u00f1o, quien se encuentra en una fase de crecimiento donde apremia de la participaci\u00f3n de los padres. <\/p>\n
(iv) Entre el cumplimiento de la medida en una c\u00e1rcel o en la unidad residencial, la opci\u00f3n m\u00e1s favorecedora es \u00e9sta \u00faltima, o por lo menos poco lesiva de los derechos del menor. El solo hecho de continuar con las visitas, el contacto de madre e hijo contribuye son la satisfacci\u00f3n de sus intereses. <\/p>\n
(v) Justamente, si se optar\u00e1 por la pretensi\u00f3n subsidiaria, de privaci\u00f3n en el domicilio, evitar\u00eda cambios o alteraciones en el entorno donde se ha desenvuelto el ni\u00f1o, quien se insiste necesita de una actuaci\u00f3n responsable de sus padres, tanto del que vive como de del que no vive. <\/p>\n
En compendio, como los derechos fundamentales y prevalentes de[l] [ni\u00f1o]\u2026 se ver\u00edan comprometidos con la restricci\u00f3n de la libertad de su progenitora\u2026 en un establecimiento penitenciario, este Despacho resuelve favorablemente la reposici\u00f3n con adopci\u00f3n de la pretensi\u00f3n subsidiaria, no por las razones alegadas, sino motivado en la protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor; por lo tanto, a pesar de no estar previsto en la norma reguladora del tema, se acude a la potestad de garante de los derechos del ni\u00f1o, y ubicados as\u00ed, se modifica la sanci\u00f3n impuesta por la Comisar\u00eda de Familia, en el sentido que la ejecuci\u00f3n ha de establecerse en el domicilio de la se\u00f1ora\u2026 PINTO VINASCO\u2026 <\/p>\n
Por tal suerte se ha de MODIFICAR el auto recurrido, y de contera oficiar a la Comandancia de Polic\u00eda Metropolitana para que desplieguen las actuaciones tendientes al cumplimiento de la medida de arresto domiciliario en contra de la se\u00f1ora\u2026 PINTO VINASCO por un periodo de 30 d\u00edas, con preservaci\u00f3n del derecho de ver a su hijo\u2026 y continuar o retomar sus estudios virtuales. <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, insiste la Corte que no se demostr\u00f3 que las autoridades accionadas hayan inobservado el \u00abenfoque de g\u00e9nero\u00bb que invoc\u00f3 la inconforme, comoquiera que, se itera, sus decisiones se fundaron en los elementos de juicio que fueron aportados y las normas que regulan el tema objeto de discusi\u00f3n. <\/p>\n
4. Lo consignado impone denegar la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se recuerda que esta Sala de Casaci\u00f3n, con la participaci\u00f3n de conjueces, el pasado 26 de mayo no acept\u00f3 los impedimentos manifestados por algunos de los Magistrados integrantes de la misma para conocer de este asunto, ello, al concluir que en la actual queja constitucional no son objeto de censura \u00abla sanci\u00f3n de arresto inicialmente emitida en el juicio ahora rebatido\u00bb, ni el fallo supralegal en el que en pasada ocasi\u00f3n esta Corte auscult\u00f3 tal t\u00f3pico (STC3320-2018), destacando, de forma expresa, que \u00abesta se dirige contra lo resuelto por el Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1 en los autos del primero de septiembre de 2017 (que impuso una sanci\u00f3n 30 d\u00edas de arresto contra tutelante por incumplimiento de la medida 048-2017), 28 de junio de 2021 (por el cual resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n incoado contra el anterior prove\u00eddo) y 19 de julio de 2021 (que neg\u00f3 la alzada intentada), as\u00ed como contra la providencia emitida el 13 de diciembre siguiente por la Sala de Familia del Tribunal Superior\u2026 de Bogot\u00e1 (que decidi\u00f3 el recurso de queja). En concreto, se cuestiona la orden de arresto dictada en el proceso cuestionado, confirmada en prove\u00eddo del 28 de junio de 2021, por carecer de sustentaci\u00f3n, no analizar aspectos como el hecho superado endilgado y el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n y por no abordar el asunto desde una perspectiva de g\u00e9nero, entre otros\u00bb (AC2218-2022). <\/p>\n
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STC7971-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7971-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00699-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Ver\u00f3nica Pinto Vinasco, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64734","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64734","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64734"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64734\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64734"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64734"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64734"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}