STC7982-2022 (1)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7982-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00194-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Luis Alfonso Jim\u00e9nez Z\u00fa\u00f1iga, Pedro Lucas Mel\u00e9ndez Ortega, Gilson Altamar Payares, Crist\u00f3bal Ortega Gonz\u00e1lez, Rosilda Caicedo Valiente, Vicki Torres Caicedo y Ledis Lorena C\u00e9spedes Pach\u00f3n instauraron en contra de la Corte Constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abigualdad\u00bb, \u00abterritorio ancestral\u00bb, \u00ablibre determinaci\u00f3n\u00bb, \u00abautonom\u00eda y gobierno propio\u00bb, \u00abparticipaci\u00f3n\u00bb, \u00abconsentimiento previo, libre he informado\u00bb, \u00abrestituci\u00f3n y fortalecimiento a nuestras tierras, territorio y recursos naturales bi\u00f3ticos y abi\u00f3ticos\u00bb, \u00abidentidad cultural\u00bb, \u00abterritorio\u00bb, \u00abpropiedad privada proindivisa\u00bb, \u00abvida en condiciones dignas\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia de las comunidades negras afrodescendientes de la isla de bar\u00fa\u00bb, para que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026). Segundo: [Se] Ordenar[a] a la Honorable Corte Constitucional, que en el t\u00e9rmino de 48 horas desde la notificaci\u00f3n del fallo (\u2026) acoja la presente solicitud de insistencia atendiendo los siguientes criterios orientadores de selecci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Tercero: [Se] prev\u00e9n[gan] a las altas cortes: Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, para que en adelante no vulnere[n] o amenace[n] los derechos fundamentales a la igualdad y por conexidad a la identidad cultural y territorio. <\/p>\n
Cuarto: Ordenar[a] a [la] (\u2026) Corte Constitucional rendir informe sobre el cumplimiento. <\/p>\n
Quinto: Ordenar[a] a los organismos de control nacional y solicitar[a] a los organismos internacionales, realizar el seguimiento del cumplimiento del fallo, y en caso de verificarse por usted se\u00f1or juez el incumplimiento del fallo adopte directamente todas las medidas necesarias para la protecci\u00f3n de los derechos, e inicie el incidente de desacato correspondiente. <\/p>\n
Para ello adujeron que en el juicio reivindicatorio que Luc\u00eda Alvarado Pacheco (q.e.p.d.) inco\u00f3 en contra de Pablo Obrego y otros, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia al resolver el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que formularon Primevalveservice S.A.S. y Fonade (rad. 2009-01877), dej\u00f3 sin valor la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el 2 de julio de 2008, al encontrar fundada la causal consistente en \u00abexistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb (18 en. 2021). <\/p>\n
Se\u00f1alaron que, en consecuencia, Mar\u00eda Via\u00f1a Alvarado instaur\u00f3 acci\u00f3n tuitiva contra esta Corporaci\u00f3n, desestimada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (STL2521-2021), decisi\u00f3n que convalid\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal (STP443-2021), al paso que la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n el expediente n\u00b0 T-8.347.947 \u00abavocando la discrecionalidad privativa\u00bb (28 sep. 2021) y no acept\u00f3 la insistencia que el Defensor del Pueblo present\u00f3 (14 dic.), a pesar de que exist\u00eda \u00abm\u00e9rito para ser revisado\u00bb, en atenci\u00f3n a que devela \u00abun problema jur\u00eddico relevante para el desarrollo de la jurisprudencia constitucional\u00bb, debido a que otorg\u00f3 un \u00abtrato privilegiado y preferente a Fonade, Primevalveservice SAS y Primeother Ltda\u00bb, en contraposici\u00f3n del \u00abtrato discriminatorio y racista (\u2026) [que dio a] los negros, afrodescendientes, herederos de los colonos de la isla de bar\u00fa que la compraron en proindiviso y (\u2026) los concejos comunitarios de comunidades negras de Bar\u00fa – Isla\u00bb, quienes son \u00absujetos de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb y, para su subsistencia y desarrollo manifiestan depender de tal \u00abterritorio de asentamiento\u00bb, cuyo \u00abcomponente tradicional y ancestral\u00bb reviste trascendencia constitucional de cara a su \u00abidentidad cultural\u00bb, \u00abcostumbre[s] y tradiciones.\u00bb <\/p>\n
Acotaron que \u00ablas tierras que reclaman las personas naturales y jur\u00eddicas ajenas o extra\u00f1as a la etnia negra o afrodescendiente de bar\u00fa- Isla y de los descendientes de los colonos que compraron en proindiviso la isla de bar\u00fa, como herederos, poseedores y propietarios; fue un producto de un fraude procesal y cosa juzgada fraudulenta\u00bb. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral pregon\u00f3 la inviabilidad del ruego, porque no se acreditan \u00ablos requisitos para la viabilidad excepcional de tutela contra tutela\u00bb. <\/p>\n
La Superintendencia de Notariado y Registro, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial \u2013 Enterritorio, la Alcald\u00eda Mayor de Cartagena de Indias Distrito Tur\u00edstico y Cultural, el Ministerio del Interior, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, el Instituto Colombiano de Antropolog\u00eda e Historia \u2013 ICANH, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, la Agencia Nacional de Tierras y la Sala de Casaci\u00f3n Penal pidieron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00faltima que destac\u00f3 que la \u00abcensura de los demandantes se dirige contra actuaciones y\/o omisiones de la Corte Constitucional y no contra esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo defendi\u00f3 la legalidad del proceder del m\u00e1ximo \u00f3rgano constitucional en punto a la \u00absolicitud de revisi\u00f3n e insistencia\u00bb, en tanto encuentra fundamento en su autonom\u00eda y discrecionalidad. <\/p>\n
La Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz inform\u00f3 que \u00abno se encontraron tr\u00e1mites relacionados con los sujetos colectivos\u00bb. <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Legal Afro de la C\u00e1mara de Representantes acot\u00f3 que \u00abpuede apoyar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales [de] los accionados mediante la promoci\u00f3n de proyectos de ley, celebraci\u00f3n de audiencia p\u00fablicas o realizaci\u00f3n de control pol\u00edtico, sin embargo, no tiene ninguna competencia para dictaminar una soluci\u00f3n de fondo en el tema propuesto\u00bb. <\/p>\n
La Junta de Acci\u00f3n Comunal y el Consejo de Comunidades Negras del Corregimiento de Santa Ana Isla Bar\u00fa coadyuv\u00f3 el amparo, exigiendo que: <\/p>\n
\u00abi).- La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, revoque el fallo por ser una v\u00eda de hecho, y que proceda a conceder al amparo solicitado en tutela, y se ordene a la Corte Constitucional que seleccione para Revisi\u00f3n la T\u20138347947. <\/p>\n
ii).- La Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil, Revoque en todo y cada una de sus partes las Sentencias Supercitadas por ser una V\u00edas de Hechos, y se procede a conceder el amparo solicitado en tutela y se ordena a la Corte Constitucional que seleccione para Revisi\u00f3n la T\u20138347947. <\/p>\n
iii).- Que las Honorables Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, procedan al estudio y desmonte, modificaci\u00f3n del numeral (12) de Nuestra Constituci\u00f3n Nacional donde los Estatutos de la Corte Constitucional est\u00e1n por encima de la Dignidad Humana, Vida, Igualdad, Libertad de los grupos \u00c9tnicos Colombianos: Negros, Afrodescendientes, Raizales, Palenqueros; Ind\u00edgenas, Room y Campesinos. Present\u00e1ndoles al Congreso de Colombia el Proyecto Acto Legislativo. <\/p>\n
iv).- Que la Defensor\u00eda del Pueblo de la Rep\u00fablica de Colombia, nos coadyuve en toda la defensa, tramites, etc., ante las Organizaciones garantes de la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos Nacionales e Internacionales; y ante las Altas Cortes Colombianas y ante el Congreso de Colombia. <\/p>\n
v).- Que se ordene a la Agencia Nacional de Tierras \u2013 ANT a la Titulaci\u00f3n Colectiva, de toda la Isla de Bar\u00fa, a favor de la Comunidad Comunitaria Negra y de los Descendientes Ancestrales de los colonos o propietarios de la Isla de Bar\u00fa, en base a las Escrituras P\u00fablicas debidamente citadas, como sus Islas y Archipi\u00e9lagos del Rosario y San Bernardo e Isla Fuerte \u201cSin dejar por fuera a los Herederos Ancestrales\u2026\u201d <\/p>\n
vi).- Que se ordene a las Autoridades citadas y anunciadas para que obren conforme a sus funciones. <\/p>\n
vii).- Le solicitamos a ustedes, que por medio de la Agencia Nacional de Tierra ANT, El instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, la Oficina de Registros de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, La Unidad Nacional de Restituci\u00f3n de Tierra y otros se Ordene, la Redistribuci\u00f3n Real y Equitativa de las tierras por Condue\u00f1os y entre los troncos de cada colonos; para evitar que nadie se quede con lo que no le corresponde y que otros queden por fuera, siendo expropiados de sus tierras por mala repartici\u00f3n y por exclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Magistratura, \u00fanicamente es viable el examen de las \u00abtutelas\u00bb dirigidas contra el decurso de otra guarda, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb o \u00abcuando la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela es producto de un fraude\u00bb o \u00absi se reprochan actos anteriores o posteriores a esa providencia, lesivos del debido proceso\u00bb ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC11220-2020; STC2551-2021). <\/p>\n
2.- De entrada, se advierte el decaimiento de la salvaguarda, toda vez que los actores la dirigieron contra las determinaciones adoptadas en la \u00abtutela\u00bb que Mar\u00eda Via\u00f1a Alvarado promovi\u00f3 en contra de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, sin que se configuren las excepciones antes enunciadas, ni la de \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb invocada por aqu\u00e9llos. <\/p>\n
2.1.- En lo concerniente con la \u00abla acci\u00f3n de tutela\u00bb para controvertir resoluciones emitidas en el tr\u00e1mite de una contienda tuitiva de id\u00e9ntico linaje, la jurisprudencia ha dejado sentado de tiempo atr\u00e1s, que ejercidos en el primer decurso residual los instrumentos de defensa, a saber, la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional y el recurso de insistencia para pedir a \u00e9sta su escogencia, queda agotada cualquier oportunidad judicial para que en un nuevo escenario superlativo se vuelva a examinar una providencia dictada por otro juzgador constitucional. <\/p>\n
De modo que obrar acatando dichos lineamientos, \u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ STC2038-2020). <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha explicado, que: <\/p>\n
(\u2026) el derecho de amparo constitucional no procede contra sentencias judiciales dictadas en el curso de tutela anterior, debido a que, de admitirse tal posibilidad, se permitir\u00eda una espiral sin l\u00edmite de acciones de dicha estirpe en procura de discutir las decisiones que deben cumplirse antes que someterse nuevamente a juicio de id\u00e9ntica naturaleza, pues no puede soslayarse el hecho relevante que lo considerado son garant\u00edas superiores, al extremo que, si el debate se reinicia, tales derechos y su vigencia en cada caso particular resultar\u00edan atacados y erosionada en forma profunda la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe comportar\u2026 Igualmente, ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos (STC, 2 oct. 2008, rad. 01619-00; reiterada en STC8097-2016, 16 jun., rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
2.2.- En el sub lite, comoquiera que la \u00abtutela\u00bb reprochada fue excluida de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional mediante prove\u00eddo de 28 de septiembre de 2021, se colige que ha operado el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la \u00abinmutabilidad de la cosa juzgada [constitucional]\u00bb respecto del tr\u00e1mite y fallo all\u00ed expedidos, que imposibilita el desarrollo de un nuevo debate frente a materias ya definidas y finiquitadas, es decir, que se reabra la discusi\u00f3n sobre aqu\u00e9llas actuaciones, quedando as\u00ed el veredicto ejecutoriado, resultado oponible a quienes participaron en tal litigio. <\/p>\n
Postura jur\u00eddica pregonada en los siguientes t\u00e9rminos <\/p>\n
[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo… ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental (STC, 19 jul. 2011, rad. 2011-01439-00; reiterada en STC2884-2015, 13 mar. 2015, rad. 2015-00092-01). <\/p>\n
En torno a la figura de la \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb, ha de tenerse en cuenta que esta Colegiatura ha esgrimido, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) Una vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012, STC11577-2019, reiterada en STC4997-2020 y STC9102-2021). <\/p>\n
3.- Valga resaltar que, si bien, los querellantes denunciaron la configuraci\u00f3n de una \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb en el resguardo confutado, evento que tornar\u00eda viable el an\u00e1lisis de fondo de la queja sometida a estudio, cierto es que, no fueron claros en establecer c\u00f3mo se materializ\u00f3 dicho \u00abfraude\u00bb en las determinaciones del juzgador constitucional, en tanto lo atribuyeron al negocio jur\u00eddico a trav\u00e9s del cual los demandantes del proceso reivindicatorio (cuestionado en el primer amparo) adquirieron las tierras en disputa y, no a la \u00abtutela\u00bb misma. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que lo manifestado en ese aspecto, fue que \u00ablas tierras que reclaman las personas naturales y jur\u00eddicas ajenas o extra\u00f1as a la etnia negra o afrodescendiente de bar\u00fa- Isla y de los descendientes de los colonos que compraron en proindiviso la isla de bar\u00fa, como herederos, poseedores y propietarios; fue un producto de un fraude procesal y cosa juzgada fraudulenta\u00bb. <\/p>\n
Sobre dicho aspecto esta Sala ha colegido: <\/p>\n
\u00abDe tal manera que, la cosa juzgada fraudulenta se materializa cuando, culminada la totalidad de las etapas procesales, la decisi\u00f3n del juez es producto de la infracci\u00f3n directa a la ley derivada de una interpretaci\u00f3n normativa contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial lo que traduce en un perjuicio il\u00edcito para terceros y la comunidad, por ende la finalidad de esta excepci\u00f3n frente a la improcedencia general de la tutela contra tutela es evitar que las situaciones consolidadas y derivadas de actos fraudulentos permanezcan indemnes\u00bb (STC13370-2021, rad. 2021-00132-01). <\/p>\n
4.- Las s\u00faplicas tendientes a que se advierta a las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia que no \u00abvulnere[n] (\u2026) los derechos fundamentales a la igualdad y por conexidad a la identidad cultural y territorio\u00bb, y se mande a la primera \u00abrendir informe sobre el cumplimiento\u00bb, se \u00abOrden[e] a los organismos de control nacional y solicit[e] a los organismos internacionales, realizar el seguimiento del cumplimiento del fallo, y en caso de verificarse (\u2026) el incumplimiento del fallo (\u2026) inicie el incidente de desacato\u00bb, son extra\u00f1as a los fines de esta herramienta, cuyo prop\u00f3sito es conjurar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los privilegios b\u00e1sicos, de manera que cualquier otra pretensi\u00f3n le es ajena y, por tanto, conlleva su fracaso. <\/p>\n
5.- En punto a la intervenci\u00f3n de los coadyuvantes, se evidencia que, las rogativas por ellos elevadas no puede ser estudiadas por esta Sala, debido a que \u00absu intervenci\u00f3n en esta especie de tr\u00e1mite excepcional bajo la figura procesal de la coadyuvancia, implica el respaldo de las razones que sustentan el reclamo, m\u00e1s no una oportunidad para promover sus propias pretensiones (\u2026)\u00bb (STC11096-2019 reiterada en STC1691-2021 y STC5108-2021). <\/p>\n
6.- Ergo, es clara la improsperidad de la s\u00faplica supralegal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este prove\u00eddo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIMENEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
EDGAR JAVIER MUNEVAR ARCINIEGAS <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
MIQUELINA OLIVERI MEJ\u00cdA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7982-2022 (1) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC7982-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00194-00 (Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la tutela que Luis Alfonso Jim\u00e9nez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64735","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64735","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64735"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64735\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64735"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64735"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64735"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}