STC8011-2022 (1)<\/p>\n
<\/p>\n
JORGE FORERO SILVA <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04683-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
STC8011-2022 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Resuelve esta Sala Civil de Conjueces de la Corte Suprema de Justicia, la acci\u00f3n de tutela promovida por el ciudadano EDGAR ENRIQUE DAZA MART\u00cdNEZ, contra \u201cEL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, EL JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA, EL PRESIDENTE DE LA REP\u00daBLICA JUAN MANUEL SANTOS Y LA UNIDAD PARA LA ATENCI\u00d3N Y REPARACI\u00d3N INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN ESPECIAL AL SE\u00d1OR ENRIQUE ARDILA FRANCO DIRECTOR TECNICO DE REPARACIONES de esta ciudad\u201d (sic), quien considera que se le ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1).- El se\u00f1or EDGAR ENRIQUE DAZA MART\u00cdNEZ acude a la acci\u00f3n que nos ocupa, para reclamar que se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, que presumiblemente las autoridades ya mencionadas le han transgredido, debido a que la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, no ha dado prelaci\u00f3n al pago de una indemnizaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
2).- Solicita en la demanda lo siguiente: <\/p>\n
\u201c1- Ordene de forma inmediata a el se\u00f1or ENRIQUE ARDILA FRANCO me haga entre de la indemnizaci\u00f3n administrativa por desplazamiento ocurrido en el 2010 de forma inmediata y sin mas dilataciones debido a el riesgo en que me encuentro. <\/p>\n
2- Ordenar a la personer\u00eda realizar las gestiones para ayudarme a realizar estas solicitudes y as\u00ed evitar un da\u00f1o irreversible a mi integridad.\u201d (sic) <\/p>\n
\u201c3- ordenar a el ministerio de educaci\u00f3n vincularme a los programas de educaci\u00f3n superior que esta entidad lidera para la poblaci\u00f3n desplazada.\u201d (sic) <\/p>\n
\u201c4- me vinculen de forma exitosa a los programas de educaci\u00f3n superior y me realicen las pruebas icfes de forma gratuita debido a mis condiciones de pobreza.\u201d (sic) <\/p>\n
\u201c5- me vinculen a los programas de generaci\u00f3n de ingresos. <\/p>\n
\u201c7- ordenar a el ejercito nacional y al ministro de defensa reconocerme la reparaci\u00f3n por los da\u00f1os y perjuicios ocasionados a mi familia por la perdida de mi hijo bar\u00f3n en el embarazo y el riesgo a que sometieron a mi esposa por secuestrarme y obligarme a prestar servicio militar aun siendo v\u00edctima del conflicto.\u201d (sic) <\/p>\n
\u201c8- Paga una sanci\u00f3n ejemplar a estos funcionarios ya que destrozaron mi familia con este accionar y acabaron de esta forma con la vida de uno de mis hijos y pusieron la vida de mi hija mayor Violeta Daza P\u00e9rez en riesgo gracias a su forma perversa de actuar con las personas de escasos recursos.\u201d (sic) <\/p>\n
3).- Analizado el escrito de tutela, se aduce en ella, que fue \u201cvictima de conflicto armado (..) reclutado de forma obligatoria por el batall\u00f3n de artiller\u00eda la popa, (\u2026)\u201d; igualmente agrega el accionante: \u201cme mantuvieron secuestrado por varios meses\u201d, esto debido a que se le oblig\u00f3 prestar servicio militar obligatorio, en \u00e9pocas en que su esposa se encontraba en estado de embarazo, y que deb\u00eda cancelar la cantidad de tres millones de pesos para que le expidan la libreta militar. <\/p>\n
4).- Agrega el ciudadano EDGAR ENRIQUE DAZA MART\u00cdNEZ que pese a lograr por v\u00eda de tutela, que el Tribunal Superior de Valledupar le reconociera una \u201cindemnizaci\u00f3n administrativa por desplazamiento\u201d, gracias al \u00e9xito de una apelaci\u00f3n al fallo de primera instancia que emiti\u00f3 el Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad, el se\u00f1or ENRIQUE ARDILA FRANCO, como servidor p\u00fablico de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, \u201cha logrado distorsionar los fallos\u201d por no estar en circunstancias de vulnerabilidad, lo que le obliga a esperar el turno correspondiente. <\/p>\n
5).- Se afirma tambi\u00e9n en la acci\u00f3n de tutela objeto de estudio, que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al conocer diferentes acciones de tutela, incurren en: <\/p>\n
\u201cfraude al debido proceso (\u2026) ya que se dejaron llevar de la respuesta enviada por la unidad de victimas dando competa credibilidad a lo manifestado por esta, pese a que ha enviado respuestas falsas diciendo que ya me hab\u00edan dicho que me dar\u00edan una respuesta definitiva en el 2022 siendo que me han dado varias fechas y de eso tiene pleno conocimiento el tribunal, el juzgado y los mismos magistrados de la corte pero no les conviene verlo porque quieren proteger a Ardila Franco pasando por alto las normas de la constituci\u00f3n y los derechos humanos de personas en estado de vulnerabilidad\u201d <\/p>\n
(\u2026.) tal y como lo dije anterior mente soy l\u00edder social de las comunidades afrodescendientes y desplazadas en la guajira y el cesar, por esta raz\u00f3n he sido v\u00edctima de m\u00faltiples delitos por parte de grupos al margen de la ley y de amenazas contra mi vida, por esta raz\u00f3n presente acci\u00f3n de tutela la cual correspondi\u00f3 al juez segundo de familia en el cual me negaron la acci\u00f3n de tutela, pero presente apelaci\u00f3n y en segunda instancia fallo el tribunal en mi favor, ordenando a la unidad de victimas que hicieran las gestiones para que sin pasar de mitad de a\u00f1o de este a\u00f1o esta entidad me entregara por lo menos una de las indemnizaciones reconocidas por esta entidad debido a los hechos de los cuales he sido v\u00edctima, pero pese a que este tiempo se venci\u00f3 y presente incidente de desacato la unidad de victimas en cabeza del se\u00f1or Enrique Ardila franco, ha logrado burlar esta orden judicial ya que hasta el momento no ha dado cumplimiento a esta y sigue poniendo en riesgo mi integridad, por esto he presentado peticiones a el tribunal superior y a el juez segundo de familia as\u00ed como al se\u00f1or Ardila franco pero no logro que me respondan y tampoco el se\u00f1or Ardila da cumplimiento a la orden judicial.\u201d(sic) <\/p>\n
6).- Formulada la acci\u00f3n de tutela que ahora es motivo de decisi\u00f3n, por reparto correspondi\u00f3 al entonces Magistrado \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, quien se declar\u00f3 impedido para conocer de la misma, debido a que particip\u00f3 en Salas de Decisi\u00f3n en las que se dictaron sentencias STC7139 de junio 17 de 2021, y STC10957 de agosto 27 del a\u00f1o 2020, que de alguna forma tienen conexi\u00f3n con los hechos de esta nueva demanda. <\/p>\n
7).- Salvo la Magistrada Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, que inicialmente no se declar\u00f3 impedida, los otros Magistrados de la Sala, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque, Francisco Ternera Barrios e Hilda Gonz\u00e1lez Neira, se declararon impedidos por las mismas razones que expuso el entonces Magistrado de la Sala, \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, pues la causal 6 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, se ajustaba al motivo para apartarse del conocimiento del asunto. <\/p>\n
8).- Luego, por medio de auto del 29 de marzo del a\u00f1o que avanza, la Magistrada Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez se declar\u00f3 impedida, debido a que ya hab\u00eda conocido y decidido una previa acci\u00f3n de tutela presentada por el mismo ciudadano EDGAR ENRIQUE DAZA MART\u00cdNEZ, en la que solicit\u00f3 las mismas peticiones que aduce en esta nueva acci\u00f3n, y se bas\u00f3 en la misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica que argumenta en la acci\u00f3n que se somete a estudio. <\/p>\n
9).- En diligencia de sorteo de conjueces que se llev\u00f3 a cabo el 20 de abril del a\u00f1o en curso, aceptaron los doctores Dora Consuelo Ben\u00edtez Tob\u00f3n, Jos\u00e9 Alberto Gait\u00e1n Mart\u00ednez, Fernando Augusto Jim\u00e9nez Valderrama, Elvin Guillermo Abreo Trivi\u00f1o, Juan Fernando Bechara Porras, Luis Ram\u00f3n Garc\u00e9s D\u00edaz, y Jorge Forero Silva, este como conjuez ponente. <\/p>\n
10).- Aceptados los impedimentos declarados por los Magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, se admiti\u00f3 la tutela mediante auto del 10 de junio pasado, en cuya providencia se dispuso para los accionados que ejerciten su defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, mediante la jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica (E), present\u00f3 frente a la acci\u00f3n de tutela, un escrito de respuesta con suficientes documentos probatorios, mediante el cual se opone al \u00e9xito del amparo, debido a que el se\u00f1or EDGAR ENRIQUE DAZA MART\u00cdNEZ, ha acudido en pasadas ocasiones, alegando hechos similares a los aqu\u00ed invocados, aduciendo las mismas peticiones que en esta acci\u00f3n se est\u00e1n planteando. <\/p>\n
Expresa en su escrito de defensa, lo siguiente: <\/p>\n
\u201cSe evidencia en nuestro sistema que el accionante ya hab\u00eda instaurado acci\u00f3n de tutela solicitando indemnizaci\u00f3n administrativa por v\u00eda judicial mediante tutela ante el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1, mediante proceso 11001310300220220012000, el d\u00eda 04 de mayo de 2022, el cual actualmente se encuentra archivado. <\/p>\n
Se evidencian adem\u00e1s m\u00faltiples acciones constitucionales interpuestas ante la Honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL-, entre ellas la radicada bajo referencia 11001020300020220128600 en fecha 28 de abril de 2022, la cual actualmente tambi\u00e9n se encuentra archivada.\u201d <\/p>\n
Reitera en sus explicaciones la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, que los presuntos derechos vulnerados, le han sido garantizados desde antes de las tutelas promovidas, por lo que emiti\u00f3 oficio de favorabilidad n\u00famero 202141028449371 del 27 de agosto del 2021, y que las diferentes peticiones que el accionante les ha dirigido, se contestaron en comunicaciones 202172038633071, 20227200676941 y 202272012191881, respectivamente de fechas diciembre 14 de 2021, enero 13 de 2022 y mayo 17 de 2022. <\/p>\n
Por su parte, las otras entidades accionadas guardaron silencio con respecto al derecho de defensa que les asiste. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Examinados los t\u00e9rminos de la acci\u00f3n de tutela impetrada por EDGAR ENRIQUE DAZA MART\u00cdNEZ, se comprob\u00f3 que se funda en id\u00e9nticos argumentos de acci\u00f3n de tutela que anteriormente el mismo ciudadano promovi\u00f3, bas\u00e1ndose en los mismos hechos, y las peticiones son exactamente las mismas que se transcribieron en el hecho dos de los antecedentes de esta providencia, y que se tramit\u00f3 por la Sala Civil de esta Corporaci\u00f3n, con radicado n\u00famero 11001020300020210397000, concluyendo con sentencia del 15 de marzo del a\u00f1o que avanza de la Magistrada MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ, en la cual entre otras razones, se neg\u00f3 la TUTELA promovida pues ya hab\u00eda fallos de tutelas anteriores, como ocurri\u00f3 en sentencia STC7139 del a\u00f1o 2021, resuelta por esta Sala, y confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia STL10048-2021. Que igualmente en nueva acci\u00f3n de tutela esta Sala profiri\u00f3 sentencia STC10957-2021, negando la acci\u00f3n invocada, pues no hubo irregularidades que transgredieran los derechos presuntamente vulnerados, dice uno de sus apartes: <\/p>\n
\u201c\u2026 con independencia de que la Sala la comparta, no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, descart\u00e1ndose de esa manera la presencia de una v\u00eda de hecho, si en cuenta se tiene que el l\u00edmite temporal m\u00e1ximo y, en cuanto ata\u00f1e a los cuestionamientos elevados frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar y el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, dentro del tr\u00e1mite de la tutela, dispuesto por el fallador constitucional para el acatamiento de su orden supralegal a\u00fan no ha fenecido, pues contrario a lo sostenido por el accionante, su finalizaci\u00f3n no se fij\u00f3 en el primer semestre del a\u00f1o en curso sino en el \u201csegundo trimestre\u201d, como qued\u00f3 visto en los antecedentes de caso, lo cual tornaba inviable la actual imposici\u00f3n de sanciones, independientemente de lo que, a futuro, deban resolver los juzgadores naturales frente al particular (..)\u201d <\/p>\n
Este mecanismo extraordinario, ha sido varias veces adelantado por el se\u00f1or EDGAR ENRIQUE DAZA MART\u00cdNEZ, por lo que debe negarse esta nueva acci\u00f3n, conforme a lo prescrito en el art\u00edculo 38 el Decreto 2591 de 1991, que dice: \u201c(\u2026) cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes.\u201d <\/p>\n
La Sala Civil de esta Corporaci\u00f3n ha sido reiterada en negar tales amparos, y as\u00ed impedir: \u201c(\u2026) la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u201d STC2255-2021. <\/p>\n
El ciudadano EDGAR ENRIQUE DAZA MART\u00cdNEZ desconoce los fallos de tutela ya pronunciados, y busca con esta nueva acci\u00f3n, que se acceda a sus pedimentos. Este proceder resulta temerario, por lo que ha de requerirse al se\u00f1or Daza Mart\u00ednez para que se abstenga de impetrar nuevas acciones de tutela sobre asuntos ya resueltos, pues esa conducta inapropiada propicia congesti\u00f3n en la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho que \u00aben los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ STC-4726 2015; reiterada en CSJ. STC 13387 2017). <\/p>\n
Frente a esa regla, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han admitido la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial, o tambi\u00e9n contra actuaciones judiciales, siempre que se cumplan los requisitos generales y espec\u00edficos. <\/p>\n
En esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
En el caso sub-examine, si bien es cierto, que el amparo promovido no se dirige contra sentencia de tutela, s\u00ed se encamina a desconocer otros fallos de tutela, y en las sentencias previamente dictadas, no se presentan las excepciones fijadas en la sentencia SU-627 del 2015 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
En s\u00edntesis, lo expuesto es suficiente para negar el amparo solicitado mediante la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, esta Sala de Conjueces de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: NEGAR el amparo instado de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa. <\/p>\n
Segundo: PREVENIR al accionante para que no promueva nuevas Tutelas, que se fundamenten en los mismos hechos expuestos en la acci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
Tercero: COMUNICAR a los interesados por cualquier medio expedito, lo resuelto en esta providencia. <\/p>\n
Cuarto: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para una eventual revisi\u00f3n, si esta decisi\u00f3n no fuere impugnada. <\/p>\n
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE <\/p>\n
JORGE FORERO SILVA <\/p>\n
Conjuez ponente <\/p>\n
DORA CONSUELO BEN\u00cdTEZ TOB\u00d3N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JOS\u00c9 ALBERTO GAIT\u00c1N MART\u00cdNEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
ELVIN GUILLERMO ABREO TRIVI\u00d1O <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JUAN FERNANDO BECHARA PORRAS <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
LUIS RAM\u00d3N GARC\u00c9S D\u00cdAZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
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