STC8045-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8045-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01842-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Elsa Reyes de Arrieta, Jos\u00e9 Luis e Iv\u00e1n Dar\u00edo Tristancho Reyes y Rosal\u00eda, Beatriz Eugenia, Dar\u00edo, Mariela, Germ\u00e1n, Cristian, Juan Carlos y Gloria Esther Reyes G\u00f3mez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Quinto de Familia de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la sucesi\u00f3n n\u00ba 2010-00629-00. <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogada, los actores reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos \u00aba la personalidad jur\u00eddica, debido proceso e identidad\u00bb, los cuales estiman trasgredidos por la negativa del fallador accionado a adoptar los correctivos necesarios, en orden a que (i) la Dian permita actualizar el RUT de la causante y as\u00ed poder presentar la declaraci\u00f3n de renta de la sucesi\u00f3n il\u00edquida, desde el momento del fallecimiento; y (ii) se corrija la totalidad de los dep\u00f3sitos judiciales constituidos en ese mortuorio ante el Banco Agrario, en cuanto al nombre de la persona de cuya sucesi\u00f3n se trata. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, relataron que esos obst\u00e1culos obedecen a la imprecisi\u00f3n que el juzgador accionado cometi\u00f3 al abrir a tr\u00e1mite el juicio liquidatorio, en el que, adem\u00e1s de no incluirse n\u00famero de c\u00e9dula alguno, se dispuso \u00abdeclarar abierto y radicado el proceso de SUCESI\u00d3N TESTADA de la causante ANA SOF\u00cdA G\u00d3MEZ DE REYES Y\/O ANA SOF\u00cdA G\u00d3MEZ SARMIENTO\u00bb, ambivalencia que ha imposibilitado hasta la fecha agotar las diligencias administrativas que se requieren, para llevar a t\u00e9rmino la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
Alegaron que desde el a\u00f1o 2014 han venido elevando insistentes solicitudes al fallador convocado y a las entidades p\u00fablicas involucradas con miras a solucionar el impase, sin obtener respuesta favorable, pues estas se niegan a adoptar una soluci\u00f3n definitiva, escud\u00e1ndose en la responsabilidad que, para esos efectos, se atribuyen rec\u00edprocamente. <\/p>\n
Anotaron, finalmente, que el tribunal accionado tambi\u00e9n inst\u00f3 en dos oportunidades a la DIAN para que permitiera la actualizaci\u00f3n del RUT de la causante, bajo el entendido que actualmente no existe ninguna duda sobre su verdadera identidad; diligencias que resultaron infructuosas ante la negativa de la entidad administrativa, quien sigue absteni\u00e9ndose de habilitar el ajuste, so pretexto de algunas imprecisiones cometidas en los prove\u00eddos con los que se le elevaron dichos requerimientos. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidieron que se ordene al accionado \u00aboficiar al Banco Agrario de Colombia, a efecto que proceda a corregir el nombre de la causante ANA SOF\u00cdA G\u00d3MEZ DE REYES, en aquellos t\u00edtulos judiciales en los que qued\u00f3 err\u00f3neamente reportado el apellido como ANA SOF\u00cdA G\u00d3MEZ SARMIENTO (\u2026) y proferir auto aclaratorio indicando que la identificaci\u00f3n plena de la causante corresponde a ANA SOF\u00cdA G\u00d3MEZ DE REYES, identificada con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 27.939.270, a efecto que la DIAN proceda a actualizar el RUT de la causante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Dian hizo un recuento de las gestiones que ha acometido con relaci\u00f3n al tr\u00e1mite que incumbe a la solicitud de amparo; defendi\u00f3 la legalidad de las mismas; enfatiz\u00f3 que la denunciada trasgresi\u00f3n de derechos fundamentales no le es atribuible; y agreg\u00f3 que a los accionantes se les asign\u00f3 una cita para actualizar el RUT de la causante. <\/p>\n
2. Mario Jes\u00fas Reyes G\u00f3mez pidi\u00f3 desestimar el auxilio, en consideraci\u00f3n a que la controversia puesta a conocimiento del juez de tutela debe ser dirimida por el fallador accionado, en la oportunidad legalmente prevista para el efecto. <\/p>\n
3. Las inmobiliarias Gesti\u00f3n Urbana S.A. y Esteban R\u00edos S.A.S., administradoras de dos predios objeto del juicio de sucesi\u00f3n, advirtieron que sus actuaciones se han limitado a cumplir las directrices impartidas por el fallador de la causa en los t\u00e9rminos por \u00e9l indicados. <\/p>\n
4. El Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga histori\u00f3 el mortuorio que ac\u00e1 interesa; recalc\u00f3 que las providencias que all\u00ed se han emitido, no constituyen trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales de los accionantes y dijo atenerse al contenido de los prove\u00eddos con los cuales se ha pronunciado, de manera reiterada, frente a la solicitud de correcci\u00f3n que aqu\u00ed nuevamente formulan los actores. <\/p>\n
5. El Banco Agrario dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en consideraci\u00f3n a que son los despachos judiciales los encargados de reportar cualquier novedad que guarde relaci\u00f3n con los dep\u00f3sitos judiciales constituidos a su favor. <\/p>\n
6. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil manifest\u00f3 que \u00abconsultado el Archivo Nacional de Identificaci\u00f3n (ANI) se encontr\u00f3 a nombre de ANA SOF\u00cdA G\u00d3MEZ DE REYES la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 27.939.270 expedida el 18 de abril de 1962, en la ciudad de Bucaramanga, Santander. Actualmente dicho documento de identidad se encuentra cancelado por muerte en virtud de la Resoluci\u00f3n No. 3753 del 16 de mayo de 2011\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abse revis\u00f3 la Gesti\u00f3n Electr\u00f3nica Documental que brinda informaci\u00f3n del tr\u00e1mite de primera vez del documento de identidad y se encontr\u00f3 que la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 27.939.270 fue tramitada desde el primer momento a nombre de ANA SOF\u00cdA G\u00d3MEZ DE REYES. No obstante, en este documento se puede apreciar que al momento de cedularse la ciudadana inform\u00f3 ser hija de MATILDE SARMIENTO y JES\u00daS G\u00d3MEZ\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales all\u00ed invocadas, que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales para la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela, siendo ellos: \u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Se conceder\u00e1 el pretendido auxilio, en consideraci\u00f3n a que no encuentran ning\u00fan fundamento serio los obst\u00e1culos administrativos que las accionadas aducen para no dar definitiva soluci\u00f3n al juicio sucesoral que concierne a esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Para convenir en ello, es importante anteponer que no resiste mayor discusi\u00f3n en este asunto el hecho de que el referido mortuorio est\u00e1 paralizado en la actualidad, ante la imposibilidad de los all\u00ed intervinientes de sufragar el costo del impuesto de renta de la sucesi\u00f3n il\u00edquida, por los a\u00f1os gravables que han transcurrido desde el fallecimiento de la causante. Tampoco discutieron los vinculados a esta actuaci\u00f3n, que esa dificultad obedece fundamentalmente a la orientaci\u00f3n del auto de apertura del juicio liquidatorio, en el cual el fallador de primera instancia incluy\u00f3 el nombre de casada de la fallecida, y tambi\u00e9n el que consider\u00f3 que habr\u00eda sido el de soltera (conformado por el primer apellido de sus dos progenitores). <\/p>\n
Esa denunciada anomal\u00eda (que m\u00e1s que una verdadera irregularidad, se muestra como una razonable medida preventiva del juzgador de conocimiento, encaminada a precaver posibles dificultades en la integraci\u00f3n de la litis, en una \u00e9poca en la que la identidad de la causante no estaba completamente definida), para este momento ya se encuentra completamente superada, en virtud de los m\u00faltiples pronunciamientos aclaratorios con los que los falladores accionados han precisado a la DIAN la inequ\u00edvoca identificaci\u00f3n de la de cujus (entre ellos, de 24 de noviembre de 2015, 20 de enero de 2016 y 23 de agosto de 2018); prove\u00eddos pese a los cuales la entidad administrativa sigue insistiendo en la necesaria correcci\u00f3n o aclaraci\u00f3n del auto de apertura del proceso sucesoral (el proferido el 6 de octubre de 2010). <\/p>\n
Tal contingencia resulta lesiva de las garant\u00edas fundamentales invocadas en el libelo incoativo de esta actuaci\u00f3n, pues, como lo ha puntualizado esta Corporaci\u00f3n frente a casos semejantes, \u00abviola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos\u00bb (STC 3 de julio de 2014, exp. 2014-01337-00; retomada en STC de 25 de septiembre de 2014, exp. 2014-02061-00). <\/p>\n
Ahora bien, cierto es que, en principio, es a los juzgadores de la causa a quienes corresponde adoptar todos los correctivos que resulten necesarios en orden a superar los escollos que de cualquier manera impidan el cumplimiento de sus resoluciones. As\u00ed lo ha destacado la Corte, al se\u00f1alar que \u00abel juez constitucional no puede sustituir ni desplazar competencias propias de otras autoridades judiciales o administrativas, ni anticipar o revocar decisiones sobre un asunto sometido a su consideraci\u00f3n, so pretexto de una supuesta violaci\u00f3n a derechos fundamentales\u00bb (CSJ, STC 18 feb., 2010, exp. 2009 00430; 22 feb., 2010, exp. 2009 01902, entre otros). <\/p>\n
Por similares razones tambi\u00e9n se ordenar\u00e1 al Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga que efect\u00fae las averiguaciones y gestiones a que haya lugar, para unificar, en la forma que legalmente corresponda, los datos que figuran en los t\u00edtulos judiciales constituidos para la sucesi\u00f3n en referencia, especialmente en lo que ata\u00f1e a la cabal identificaci\u00f3n de la causante, pues ciertamente las diferencias que presentan los t\u00edtulos representativos de los dep\u00f3sitos judiciales, tambi\u00e9n se muestran como un obst\u00e1culo al derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los accionados. <\/p>\n
Insiste la Sala en que \u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales\u2026\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937). <\/p>\n
Para ello, tendr\u00e1 en cuenta, entre otras cosas, los procedimientos que le fueron informados por parte del Banco Agrario, en la comunicaci\u00f3n de 15 de noviembre de 2018, referida en la solicitud de amparo. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se conceder\u00e1 la solicitud de amparo en estudio, ante la injustificada negativa de las autoridades querelladas en cumplir los deberes que les corresponden en cuanto al proceso de sucesi\u00f3n sobre el que versa este tr\u00e1mite sumario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. TUTELAR los derechos a un debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Elsa Reyes de Arrieta, Jos\u00e9 Luis e Iv\u00e1n Dar\u00edo Tristancho Reyes y Rosal\u00eda, Beatriz Eugenia, Dar\u00edo, Mariela, Germ\u00e1n, Cristian, Juan Carlos y Gloria Esther Reyes G\u00f3mez. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales que, si no lo ha hecho ya, dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, adopte los correctivos a que haya lugar para habilitar la actualizaci\u00f3n del Registro \u00danico Tributario de Ana Sof\u00eda G\u00f3mez de Reyes, requeridos para la liquidaci\u00f3n y pago del impuesto de renta de la sucesi\u00f3n de dicha causante. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR al Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga que, en el mismo t\u00e9rmino indicado en el numeral precedente, acometa las gestiones administrativas correspondientes para unificar los datos que figuran en los t\u00edtulos judiciales constituidos para la sucesi\u00f3n que incumbe a esta tramitaci\u00f3n, especialmente en lo que ata\u00f1e a la identificaci\u00f3n de la causante. <\/p>\n
CUARTO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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