STC8140-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8140-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01984-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Mar\u00eda Cecilia Bautista Barbosa, quien act\u00faa en nombre propio y como agente oficiosa de su compa\u00f1ero permanente Luis Alberto Rivera, instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, extensiva al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas – Direcci\u00f3n Territorial Magdalena Medio y Personer\u00eda Municipal, Defensor\u00eda del Pueblo y Comisaria de Familia de San Alberto \u2013C\u00e9sar y a las partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras No. 68081-3121-001-2017-00114-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora solicit\u00f3 que se le ordene al Juez 1\u00ba Civil del Circuito de Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja que suspenda la diligencia de desalojo programada para el d\u00eda 27 de abril de 2022, hasta tanto la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras d\u00e9 cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal accionado en el proceso en comento, de forma tal que se le garantice el acceso a una vivienda digna de su propiedad, antes de que procedan con la entrega. <\/p>\n
En sustento adujo que ella y su esposo son adultos mayores, pues cada uno cuenta con 75 y 77 a\u00f1os, respectivamente. Destac\u00f3, adem\u00e1s, que su compa\u00f1ero padece parkinson, depresi\u00f3n, ansiedad, no controla esf\u00ednteres, sus extremidades son \u00absim\u00e9tricas r\u00edgidas con dolor\u00bb, por lo que permanece en cama, permanentemente usa pa\u00f1al y requiere silla de ruedas para su movilidad. Se\u00f1al\u00f3 que habitan \u00aben la calle 4b 7-49 barrio la marina [municipio de San Alberto- Cesar] desde hace m\u00e1s de 12 a\u00f1os, adecuamos la vivienda para poder tener acceso f\u00e1cil a cada uno de los espacios de la vivienda para poder desarrollar las actividades b\u00e1sicas de mi esposo\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras no ha dado cumplimiento al fallo; no obstante, el Juez comisionado para adelantar la diligencia de entrega les comunic\u00f3 que la misma se realizar\u00eda el 27 de abril de 2022. Resalt\u00f3 que no cuentan con suficientes ingresos para pagar arriendo, servicios p\u00fablicos y suplir sus necesidades b\u00e1sicas diarias. <\/p>\n
2. El Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral para las V\u00edctimas alegaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que no han vulnerado derechos de los actores. <\/p>\n
La Defensor\u00eda del Pueblo coadyuv\u00f3 las pretensiones de la actora en raz\u00f3n a que las condiciones de vulnerabilidad manifiesta en la que se encuentran Mar\u00eda Cecilia Bautista Barbosa y su Esposo Luis Alberto Rivera Gamboa permiten afirmar que de realizarse el desalojo se afectar\u00eda sus derechos fundamentales. <\/p>\n
La Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras adujo que el amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el Tribunal de Restituci\u00f3n de Tierras es el competente para establecer c\u00f3mo deben cumplirse sus \u00f3rdenes. Precis\u00f3 que en varias oportunidades le solicit\u00f3 a la Magistratura que establezca el valor de adquisici\u00f3n que debe tener el predio urbano que requieren los actores pero la petici\u00f3n ha sido negada en tres ocasiones. Se\u00f1al\u00f3 que ha intentado pagar el arriendo de un inmueble en el que los segundos ocupantes puedan habitar, pero ellos no han querido aceptar la oferta. Tambi\u00e9n inform\u00f3 que \u00ablos segundos ocupantes manifestaron su inter\u00e9s de adquirir un inmueble urbano en San Alberto, Cesar; as\u00ed las cosas, se solicit\u00f3 la consulta de predios en la base de datos del Fondo de la UAEGRTD y FRISCO, la cual arroj\u00f3 cero (0) predios disponibles para su adquisici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal convocado adujo que no ha vulnerado derechos fundamentales de los gestores y que es la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras la encargada de cumplir la sentencia emitida en el proceso de restituci\u00f3n de tierras y de garantizarle a los segundos ocupantes una vivienda digna mientras se cumple la medida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional ser\u00e1 concedido, toda vez que se hace imperioso salvaguardar los derechos de la accionante y su agenciado, con el fin de garantizar su vida digna. <\/p>\n
En primer lugar destaca que la Sala que lo pretendido por los accionantes pudo haber sido solicitado ante la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta, para que all\u00ed, en atenci\u00f3n a las facultades previstas en la ley 1448 de 2011, la autoridad judicial tomara las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de su decisi\u00f3n; no obstante, comoquiera que los gestores acreditaron ser sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional porque son adultos mayores, toda vez que superan los 60 a\u00f1os de edad, y comoquiera que Luis Alberto Rivera padece enfermedades que limitan su movilidad, se superar\u00e1 el requisito de subsidiariedad, con el fin de dar plena garant\u00eda a sus derechos fundamentales, pues someterlos a otro tipo de tr\u00e1mites puede resultar m\u00e1s gravoso para ellos. Dilucidado lo anterior, procede la Sala con el an\u00e1lisis de fondo del caso objeto de estudio. <\/p>\n
En esencia, el problema jur\u00eddico gravita sobre la tensi\u00f3n que existe en el cumplimiento de las ordenes emitidas por el Tribunal accionado en la sentencia que profiri\u00f3 en el proceso de restituci\u00f3n de tierras No. 2017-00114-01, pues de un lado orden\u00f3 la restituci\u00f3n del bien a favor de los demandantes y, de otro, reconoci\u00f3 a los aqu\u00ed actores, opositores en el tr\u00e1mite, la calidad de segundos ocupantes y, en consecuencia, dispuso para ellos una medida de compensaci\u00f3n consistente en la entrega, por parte de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, de un inmueble de similares caracter\u00edsticas al que deben restituir. En concreto en la sentencia 011 de 5 de marzo de 2021, en lo particular, la Magistratura dispuso: <\/p>\n
PRIMERO: Amparar el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras al se\u00f1or LEOPOLDOS BARBOSA VERGEL identificado con cedula de ciudadan\u00eda N\u00b0 91209646 y a ROSALBA RODRUGUEZ LASSO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA N\u00b0 63347140 as\u00ed como su grupo familiar integrado para la fecha del desplazamiento por juan CARLOS BARBOZA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadan\u00eda 1.098.679.378 y MARLON FABIAN BARBOSA RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadan\u00eda N\u00b0 1.095.925..354 conforme con los considerandos que preceden. <\/p>\n
SEGUNDO: DECLARAR impr\u00f3spera la oposici\u00f3n formulada por MARIA CECILIA BAUTISTA BARBOSA y LUIS ALBERTO RIVERA, por las razones arriba enunciadas. NEGARLES la condici\u00f3n de adquirentes de buena fe exenta de culpa. RECONOCERLES, no obstante, la condici\u00f3n de \u201cSegundos ocupantes\u201d, con la medida de atenci\u00f3n que m\u00e1s adelante se dispondr\u00e1. <\/p>\n
TERCERO: RECONOCER a favor LEOPOLDOS BARBOSA VERGEL identificado con cedula de ciudadan\u00eda N\u00b0 91209646 y a ROSALBA RODRUGUEZ LASSO identificada con cedula de ciudadan\u00eda N\u00b0 63347140 la restituci\u00f3n material y jur\u00eddica de que trata el inciso 1 del art 72 de la ley 1448 de 2011, respecto del predio urbano ubicado en la calle 4b N\u00b0 7-49 del barrio la marina municipio de san Alberto- Cesar distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 196-13392 de la oficina de instrumentos p\u00fablicos de Aguachica y numero catastral 20710010100360008000 con un \u00e1rea georreferenciada de 132 m2, mismo que aparece descrito y alineado en el proceso de las siguientes especificaciones. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
D\u00c9CIMO SEGUNDO: Como medida de atenci\u00f3n a los segundos ocupantes MARIA CECILIA BAUTISTA BARBOSA Y LUIS ALBERTO RIVERA, se DISPONE <\/p>\n
(12.1) ORDENAR al director de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n De Restituci\u00f3n De Tierras Despojadas y con cargo a los recursos del fondo de esa misma entidad, que titule y entregue a elecci\u00f3n de los opositores un nuevo inmueble rural o urbano en las condiciones previstas en la misma normatividad. <\/p>\n
Para iniciar el tr\u00e1mite se concede al fondo de la unidad el t\u00e9rmino de 8 d\u00edas h\u00e1biles contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia y la medida de atenci\u00f3n se deber\u00e1 concretar en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de un mes, vencido el cual, deber\u00e1 hacer su entrega material. <\/p>\n
(12.2) ORDENAR al director de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas que a partir de la fecha en que MARIA CECILIA BATISTA RIVERA y LUIS ALBERTO RIVERA entreguen a los aqu\u00ed solicitantes el predio de que tratan las diligencias, les garantice a aquellos y su n\u00facleo familiar, la permanencia en una vivienda digna mediante el pago de una renta mensual hasta cuando efectivamente se materialice la medida de atenci\u00f3n antes dispuesta, sin perjuicio del deber que les asiste a los opositores para gestionar desde ahora, todos los tr\u00e1mites y actividades que resulten necesarios, tendientes a la consecuci\u00f3n de un terreno. <\/p>\n
Ahora, no queda duda que la razonabilidad de la decisi\u00f3n no est\u00e1 en tela de juicio y que las ordenes emitidas son propias del proceso de restituci\u00f3n de tierras y se ajustan al marco de la ley 1448 de 2011 y de lo previsto en la sentencia C-330 de 2016, la dificultad surge cuando los tr\u00e1mites administrativos han dado lugar a que se programe la diligencia de entrega del inmueble objeto de restituci\u00f3n, sin que los segundos ocupantes, sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional por su edad y estado de salud, hayan sido beneficiarios de la entrega del inmueble concedido como medida compensatoria. <\/p>\n
Para resolver el asunto resulta relevante se\u00f1alar que en el expediente se encuentra acreditado que Mar\u00eda Cecilia Bautista Barbosa tiene 75 a\u00f1os, que Luis Alberto Rivera cuenta con 80 a\u00f1os y padece, seg\u00fan consta en su historia cl\u00ednica: \u00ab1. ENFERMEDAD DE PARKINSON 2.- DEPRESI\u00d3N ANSIEDAD 3.- POSTRACI\u00d3N EN CAMA NO CONTROLA ESFINTERES. HALLAMOS PTE EN SILLA DE RUEDAS TEMBLO FINO GENERALIZADO MANIFIESTA MUCHO DOLOR EN CUELLO ESPALDA LIMITACIONES EN LOS MOVIMIENTOS DOLOR EN CABEZA IZQUIERDA Y PIERNA IZQUIERDA (\u2026)\u00bb; adem\u00e1s, ambos fueron reconocidos como segundos ocupantes, es decir que pertenecen al grupo de \u00abpersonas que habitan en los predios objetos de restituci\u00f3n o derivan de ellos su m\u00ednimo vital), que se encuentran en condici\u00f3n de vulnerabilidad y que no tuvieron ninguna relaci\u00f3n (ni directa, ni indirecta) con el despojo o el abandono forzado del predio\u00bb1. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se observa en el plenario la manifestaci\u00f3n realizada por la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras atinente a que no ha dado cumplimiento a la orden de entrega de un predio a favor de los aqu\u00ed actores, en raz\u00f3n a que desconoce el valor que debe tener el mismo; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos segundos ocupantes manifestaron su inter\u00e9s de adquirir un inmueble urbano en San Alberto, Cesar; as\u00ed las cosas, se solicit\u00f3 la consulta de predios en la base de datos del Fondo de la UAEGRTD y FRISCO, la cual arroj\u00f3 cero (0) predios disponibles para su adquisici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, en lo referente a la medida de pago de arrendamiento, la mencionada entidad inform\u00f3 que ha surtido los tr\u00e1mites para la b\u00fasqueda de un inmueble, pero que los interesados requieren un predio de una sola planta con tres habitaciones, en raz\u00f3n al estado de salud de Luis Alberto Rivera y aunque les han presentado algunas opciones, las mismas han sido rechazadas porque los beneficiarios no aceptan las condiciones en que se encuentran los mismos y en otras ocasiones porque Mar\u00eda Cecilia Bautista han aducido que \u00abno va a desalojar el inmueble en el cual habita hasta que no cuente con escrituras del nuevo predio que se le va a titular\u00bb, y aunque postularon otro bien, el arriendo del mismo estaba supeditado a la adquisici\u00f3n del bien en un lapso de 6 meses, raz\u00f3n por la cual no se realiz\u00f3 la negociaci\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido, se encuentra probado que el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito Especializado de Barrancabermeja program\u00f3 la diligencia de entrega para cumplir con la orden de restituci\u00f3n; adem\u00e1s, dicha autoridad ofici\u00f3 a la Comisar\u00eda de Familia del Municipio de San Alberto para que requiriera a los hijos de los segundos ocupantes con el fin que \u00abbrinden apoyo y protecci\u00f3n a sus padres en caso de ser necesario\u00bb so pena de estar incursos en delito de violencia intrafamiliar por abandono. <\/p>\n
De los medios suasorios referidos se infiere que tal como lo adujo la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, los aqu\u00ed accionantes no han desplegado todas las acciones necesarias para ser beneficiarios de la medida de arriendo, pues es claro que han sido renuentes a recibir la misma; sin embargo, tambi\u00e9n se evidencia que su actuar, aunque cuestionable, tiene origen en la falta de diligencia de la mencionada Unidad para adelantar los tr\u00e1mites relacionados con el cumplimiento de la primera orden contenida en el ordinal d\u00e9cimo segundo de la sentencia emitida por el Tribunal accionado consistente en que se \u00abtitule y entregue a elecci\u00f3n de los opositores un nuevo inmueble rural o urbano\u00bb. Al respecto mem\u00f3rese que fue dicha autoridad administrativa quien se\u00f1al\u00f3 que no ha cumplido el mandato judicial en raz\u00f3n a que desconoce el valor del predio que debe entregar, aspecto respecto del cual el Tribunal convocado ya le indic\u00f3 que para tal fin debe atender el reglamento que la rige. <\/p>\n
En otras palabras, la falta de iniciaci\u00f3n de los tr\u00e1mites para la entrega del bien concedido a favor de los aqu\u00ed actores, que est\u00e1 a cargo de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras y las afirmaciones relacionadas con que en el municipio de San Alberto (Cesar) no existen inmuebles urbanos que permitan cumplir con la orden de entrega de un inmueble, ha propiciado que los gestores del amparo se resistan a recibir la medida de arrendamiento, lo cual estiman como una forma de presi\u00f3n para que se cumpla \u00edntegramente con el reconocimiento que les fue hecho en la sentencia que los protegi\u00f3 por su calidad de segundos ocupantes. Ahora, tal proceder ser\u00eda inadmisible, si no fuera evidente que el cambio de vivienda implica para los actores una variable importante en el componente de su vida digna toda vez que el estado de salud de Luis Albero Rivera, su falta de movilidad y el uso de una silla de ruedas, le obliga a tener un espacio que se adapte a sus necesidades, el cual ya encuentra en el inmueble que habita y que tambi\u00e9n deber\u00eda tener en el que se le asigne definitiva o temporalmente; es decir, que el comportamiento que han desplegado los gestores est\u00e1 justificado, en la media que con el mismo se busca la salvaguarda de un adulto mayor en situaci\u00f3n de discapacidad. <\/p>\n
En este punto no puede olvidarse que la jurisprudencia constitucional le ha reconocido valor a los Principios Pinheiro como parte integrante del bloque de constitucionalidad en un sentido lato \u00aben la medida en que concretan el sentido de normas contenidas en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia\u00bb2. Sobre el contenido de dichos principios la Corte Constitucional ha compendiado lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab63.1. El principio 17.1 establece la obligaci\u00f3n de los Estados de \u201cvelar por que los ocupantes secundarios est\u00e9n protegidos contra el desalojo forzoso arbitrario o ilegal\u201d. Se\u00f1ala que en caso de que el desplazamiento sea inevitable para efectos de restituci\u00f3n de viviendas, tierras y territorios, los Estados deben garantizar que el desalojo \u201cse lleve a cabo de una manera compatible con los instrumentos y las normas internacionales de derechos humanos\u201d, otorgando a los afectados garant\u00edas procesales, como las consultas, la notificaci\u00f3n previa, adecuada y razonable, recursos judiciales y la posibilidad de reparaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
63.2. El principio 17.2 Se\u00f1ala que los Estados deben velar por las garant\u00edas procesales de los segundos ocupantes, sin menoscabo de los derechos de los propietarios leg\u00edtimos, inquilinos u otros titulares, a retomar la posesi\u00f3n de las viviendas, tierras o patrimonio abandonado o despojado forzosamente. <\/p>\n
<\/p>\n
63.3. El principio 17.3 Indica que, cuando el desalojo sea inevitable, los estados deben adoptar medidas para proteger a los segundos ocupantes, en sus derechos a la vivienda adecuada o acceso a tierras alternativas, \u201cincluso de forma temporal\u201d, aunque tal obligaci\u00f3n no debe restar eficacia al proceso de restituci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimashttps:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/relatoria\/2016\/C-330-16.htm – _ftn55. <\/p>\n
<\/p>\n
63.4. El Principio 17.4 establece que los ocupantes secundarios que han vendido las viviendas, tierras o patrimonio a terceros de buena fe, podr\u00edan ser titulares de mecanismos de indemnizaci\u00f3n. Sin embargo, advierte que la gravedad de los hechos de desplazamiento puede desvirtuar la formaci\u00f3n de derecho de buena fe\u00bb3 (Destaca la Sala). <\/p>\n
<\/p>\n
Entonces, si la justicia restaurativa est\u00e1 llamada a proteger a las v\u00edctimas reconocidas y a los segundos ocupantes con medidas de restituci\u00f3n y compensaci\u00f3n que les permitan el goce efectivo de sus derechos humanos, conforme a lo expuesto, puede afirmarse que en el presente asunto es necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional con el fin de amparar el derecho a la vida digna y a la vivienda de los accionantes, sin lesionar los derechos que le fueron reconocidos a los demandantes en restituci\u00f3n. <\/p>\n
Para tal fin se hace imperioso disponer medidas que permitan armonizar el cumplimiento de las \u00f3rdenes proferidas en la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta en el proceso de restituci\u00f3n No. 68081-3121-001-2017-00114-01 y en consecuencia: 1. se le ordenar\u00e1 a la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas que sin dilaci\u00f3n alguna y en un t\u00e9rmino no superior a 10 d\u00edas, inicie las diligencias necesarias para dar cumplimiento a la orden consistente en que se \u00abtitule y entregue a elecci\u00f3n de los opositores un nuevo inmueble rural o urbano\u00bb emitida por en el proceso referido; 2. se le ordenar\u00e1 al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito Especializado de Barrancabermeja que antes de realizar la diligencia de entrega del bien objeto de restituci\u00f3n, verifique que los derechos fundamentales de vida digna y vivienda de Mar\u00eda Cecilia Bautista Barbosa y Luis Alberto Rivera se encuentran salvaguardados a trav\u00e9s del cumplimiento y tr\u00e1mite de las medidas que les fueron concedidas a su favor como segundos ocupantes; 3. se requerir\u00e1 a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta para que en uso de la facultades que le otorga la ley 1448 de 2011, proceda a adoptar las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de las ordenes que emiti\u00f3 en la sentencia referida y 4. se exhortar\u00e1 a los accionantes para que adelanten las diligencias que sean necesarias con el fin que puedan acceder a todos los beneficios que les fueron reconocidos, incluido el referente al arrendamiento mensual de una vivienda hasta tanto se le haga entrega del inmueble que ser\u00e1 de su propiedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve: <\/p>\n
PRIMERO: Conceder el amparo instado por Mar\u00eda Cecilia Bautista Barbosa y Luis Alberto Rivera conforme a las razones expuestas. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas que sin dilaci\u00f3n alguna y en un t\u00e9rmino no superior a 10 d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, inicie las diligencias necesarias para dar cumplimiento a la orden contenida en la sentencia 011 de 5 de marzo de 2021 emitida en proceso de restituci\u00f3n mencionado, consistente en que se \u00abtitule y entregue a elecci\u00f3n de los opositores un nuevo inmueble rural o urbano\u00bb , efecto para el cual deber\u00e1 atender lo dispuesto por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta durante todo el curso procesal. <\/p>\n
TERCERO: Ordenar al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito Especializado de Barrancabermeja que previo a realizar la diligencia de entrega del bien objeto de restituci\u00f3n en el proceso No. 68081-3121-001-2017-00114-02, verifique que los derechos fundamentales de vida digna y vivienda de Mar\u00eda Cecilia Bautista Barbosa y Luis Alberto Rivera se encuentran salvaguardados a trav\u00e9s del cumplimiento y tr\u00e1mite de las medidas que les fueron concedidas a su favor como segundos ocupantes en la sentencia emitida en dicho asunto. <\/p>\n
CUARTO: Requerir a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta para que en uso de la facultades que le otorga la ley 1448 de 2011, proceda a adoptar las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de las ordenes que emiti\u00f3 en la sentencia a la que se ha hecho alusi\u00f3n en esta providencia. <\/p>\n
QUINTO: Exhortar a Mar\u00eda Cecilia Bautista Barbosa y Luis Alberto Rivera para que adelanten las diligencias que sean necesarias con el fin de que puedan acceder a todos los beneficios que les fueron reconocidos como segundos ocupantes, incluido el referente al arrendamiento mensual de una vivienda hasta tanto se le haga entrega del inmueble que ser\u00e1 de su propiedad. <\/p>\n
SEXTO: Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-330 de 2016. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 2016 <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-330 de 2016. <\/p>\n
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STC8140-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC8140-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01984-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la tutela que Mar\u00eda Cecilia Bautista Barbosa, quien act\u00faa en […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64745","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64745","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64745"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64745\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64745"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64745"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64745"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}