STC8148-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8148-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02043-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hernando Monroy contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio y su Secretar\u00eda, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abacceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abdignidad humana\u00bb y m\u00ednimo vital, los que dijo vulnerados por las autoridades judiciales acusadas al resultar condenado en costas en el juicio recriminado a pesar de contar con amparo de pobreza. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00ab[o]rdenar al Tribunal [convocado]\u2026 resolver la solicitud de aclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n de la sentencia del 28 de marzo de 2022\u00bb, y acorde a \u00ab[su] condici\u00f3n socioecon\u00f3mica, reconocida por la misma autoridad accionada al conceder[l]e amparo de pobreza, absolver[lo] del pago de\u2026 ($2.000.000) por costas procesales\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 el actor que en el juicio de pertenencia que inco\u00f3 contra Graciela Amparo Arango respecto del predio con folio inmobiliario Nro. 236-35653, en el que \u00e9sta lo contrademand\u00f3 en reivindicaci\u00f3n, a pesar de que desde el 10 de diciembre de 2019 el Tribunal convocado le concedi\u00f3 amparo de pobreza, al emitir la sentencia de segunda instancia, el 28 de marzo de 2022, adem\u00e1s de acceder a las pretensiones reivindicatorias, lo conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
2.2. Con la demanda de amparo del ep\u00edgrafe, en concreto, el accionante adujo que la referida condena contrar\u00eda el ordenamiento jur\u00eddico al pasar por alto el amparo de pobreza del que era beneficiario y que aunque el 28 de mayo de 2022 deprec\u00f3 a la Colegiatura convocada la \u00abaclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n de la sentencia\u00bb en ese aspecto, su Secretar\u00eda \u00abdeniega la solicitud\u2026 argumentando que \u201c\u2026el proceso\u2026 fue remitido al juzgado\u2026 el 20 de mayo de 2022\u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas e indic\u00f3 que al \u00abmemorial a que alude el accionante, no se le dio el tr\u00e1mite correspondiente, como era entrarlo al despacho, ni tampoco se dio a conocer [al]\u2026 magistrado [ponente] la presentaci\u00f3n de la petici\u00f3n al momento de su recepci\u00f3n, sino que de esta se inform\u00f3 hasta el\u2026 23 de junio del corriente a\u00f1o, con ocasi\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb, por lo que \u00absolicit\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn, y una vez se cuente con el mismo, se resolver\u00e1\u2026 la petici\u00f3n formulada por el tutelante\u00bb. <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, al momento de someter a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente al ruego tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese entendido, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juzgador natural se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de condenar en costas al accionante en la sentencia que en segunda instancia emiti\u00f3 el 28 de marzo \u00faltimo, la autoridad criticada incurri\u00f3 en clara v\u00eda de hecho, comoquiera que, ciertamente, sin explicaci\u00f3n v\u00e1lida alguna, con ello, pas\u00f3 por alto su decisi\u00f3n de 10 de diciembre de 2019, en la que, al hallar satisfechos los presupuestos contemplados en el precepto 160 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, otorg\u00f3 a aqu\u00e9l amparo por pobre, por lo que, acorde a la parte final del inciso primero del canon 163 ib\u00eddem, no pod\u00eda condenarlo en costas. <\/p>\n
En efecto, aunque en el aludido auto del 10 de diciembre de 2019 el Tribunal encartado concedi\u00f3 \u00abel amparo de pobreza al demandante inicial y demandado en reconvenci\u00f3n Hernando Monroy\u00bb, al concluir que estaban \u00abacreditados los presupuestos fijados en el art\u00edculo 160 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en raz\u00f3n a las manifestaciones realizadas por el apoderado del accionante, las que se entiende hechas bajo la gravedad de juramento por la sola presentaci\u00f3n de la petici\u00f3n\u00bb; al momento de emitir la sentencia de segunda grado el 28 de marzo de 2022, lo conden\u00f3 en costas, por aqu\u00e9lla resultar \u00abdesfavorable para el demandante inicial\u00bb, sin ning\u00fan tipo de explicaci\u00f3n v\u00e1lida suficiente. <\/p>\n
4. En un asunto de similares contornos, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que, mutatis mutandis, se muestra plenamente aplicable al de ahora, para establecer la procedencia del resguardo tutelar esta Sala dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026se observa que el juzgado accionado, el 12 de agosto de 2014, concedi\u00f3 amparo de pobreza a la accionante. <\/p>\n
De igual forma, se aprecia que en fallo del 08 de abril de 2015, a prop\u00f3sito de que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, conden\u00f3 al pago de costas a la demandante. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que resulta incompatible con las normas que regulan el tr\u00e1mite de la imposici\u00f3n de la condena en costas cuando la persona condenada est\u00e1 amparada de pobreza y los principios del derecho procesal. <\/p>\n
En efecto, si bien el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 365 del C\u00f3digo General del Proceso], dispone que ser\u00e1 condenad[a] en costas la parte vencida en el proceso, siempre y cuando aparezcan causadas, tal y como ocurri\u00f3 en el caso concreto, lo cierto es, que existe norma especial que regula las costas procesales cuando la condenada es una personas amparada por pobre, a saber, el art\u00edculo 163 ib\u00eddem [hoy 154 del C\u00f3digo General del Proceso], precept\u00faa que \u00abEl amparado por pobre no estar\u00e1 obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuaci\u00f3n, y no ser\u00e1 condenado en costas\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Luego entonces, el argumento que utiliz\u00f3 la Juez accionada para condenar en costas a la demandante, es decir, haber salido vencida en el proceso, hip\u00f3tesis contemplada en el art\u00edculo 392 citado [hoy 365 del C\u00f3digo General del Proceso], no es aplicable al caso concreto, precisamente porque el art\u00edculo 163 ej\u00fasdem [hoy 154 del C\u00f3digo General del Proceso], regula de forma especial los efectos de la figura de pobreza que ampara a la actora. <\/p>\n
As\u00ed que no es posible para un juzgador aplicar norma diferente, porque ello ser\u00eda trasgredir los derechos de las personas que no se hallan en capacidad de atender los gastos del proceso y que oportunamente utilizaron las herramientas adecuadas para hacer valer tal condici\u00f3n al interior del proceso, tem\u00e1tica frente a la cual esta Corte ha pronunciado: <\/p>\n
El amparo de pobreza se concede \u201ca quien no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso adquirido a t\u00edtulo oneroso\u201d (art\u00edculo 160 C\u00f3digo de Procedimiento Civil) [hoy 151 del C\u00f3digo General del Proceso] y por efecto del mismo \u201cel amparado por pobre no estar\u00e1 obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuaci\u00f3n, y no ser\u00e1 condenado en costas\u201d (art\u00edculo 163 ib\u00eddem) [hoy 154 del C\u00f3digo General del Proceso]. <\/p>\n
Dicha instituci\u00f3n procesal tiene como prop\u00f3sito reconocido garantizar los derechos fundamentales de igualdad (art\u00edculo 13 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia (art\u00edculo 229, ejusdem), as\u00ed como tambi\u00e9n el debido proceso (art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento) Auto de 28 de marzo de 2012, exp. 2006-00537-01. <\/p>\n
De lo que viene de analizarse, se estima suficiente para concluir, que la decisi\u00f3n adoptada frente a la condena en costas, sin duda vulnera la garant\u00eda fundamental al debido proceso de la accionante, porque el operador judicial contravino los efectos procesales del amparo de pobreza contemplado en el art\u00edculo 163 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 154 del C\u00f3digo General del Proceso] y dem\u00e1s normas concordantes. <\/p>\n
Resulta entonces procedente la acci\u00f3n de tutela como mecanismo adecuado para restablecer el orden constitucional transgredido y brindar protecci\u00f3n a los derechos constitucionales de la actora que fueron vulnerados, en ausencia de otro medio de defensa judicial que le permita propender por la protecci\u00f3n efectiva de \u00e9stos\u2026 en lo que tiene que ver con la condena en costas (CSJ STC9017-2015, 13 jul., rad. 2015-00096-01). <\/p>\n
5. En consecuencia, se conceder\u00e1 la salvaguarda rogada, ordenando a la Colegiatura recriminada que, tras dejar sin efecto la condena en costas impuesta en la sentencia de segunda instancia, adicione \u00e9sta en cuanto a determinar, en la forma que legalmente corresponda, si en el asunto hay lugar a imponerla, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Hernando Monroy. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo de la actuaci\u00f3n fustigada, tras dejar sin valor ni efecto la condena en costas que impuso al accionante en la sentencia de segunda instancia que profiri\u00f3 el 28 de marzo de 2022, y todas las decisiones que de ella dependan, en el juicio de pertenencia instaurado por \u00e9l contra Graciela Amparo Arango, en el que \u00e9sta formul\u00f3 demanda reivindicatoria en reconvenci\u00f3n (radicado 50689-31-89-001-2011-00211), adicione tal providencia determinando, en la forma que legalmente corresponda, si en ese asunto hay lugar a imponerla, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de este pronunciamiento. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo. <\/p>\n
Segundo. Ordenar al Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn remitir de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente digital contentivo del asunto objeto de la queja constitucional a la Colegiatura referida a espacio, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8148-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8148-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02043-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hernando Monroy contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio y su […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64750","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64750","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64750"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64750\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64750"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64750"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64750"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}