STC8150-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8150-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2022-00168-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 7 de junio de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Leidy Jhoana Orjuela D\u00edaz contra el Juzgado Segundo de Familia de Itag\u00fc\u00ed. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos las\u2026 decisiones\u2026 del 9 de marzo de 2022\u2026 y\u2026 del 12 de mayo de 2022\u00bb y, en consecuencia, \u00abordenar al juzgado [criticado] que libre\u2026 exhorto para la notificaci\u00f3n de la parte demandada\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Leidy Jhoana Orjuela D\u00edaz promovi\u00f3 demanda declarativa contra una menor de edad, en condici\u00f3n de heredera determinada de Hernando Ram\u00edrez Hincapi\u00e9, as\u00ed como tambi\u00e9n frente a los herederos indeterminados de dicho causante, con la finalidad de que se declarara que entre ella y el prenotado de cujus existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho y, adem\u00e1s, sociedad patrimonial. <\/p>\n
2.2. Mediante prove\u00eddo del 4 de noviembre de 2021, se admiti\u00f3 el libelo y, seguidamente, con auto del 16 de diciembre siguiente, se requiri\u00f3 a la actora para que notificara a la representante legal de la adolescente accionada a la direcci\u00f3n que inform\u00f3 la Empresa Promotora de Salud a la cual se encontraba afiliada. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, la actora alleg\u00f3 memorial con el que pretendi\u00f3 acreditar la remisi\u00f3n de los documentos necesarios para la notificaci\u00f3n de la demandada determinada, que fueron desechados con providencia del 12 de mayo de 2022. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del amparo que el despacho judicial accionado incurri\u00f3 en \u00abdefecto sustantivo\u00bb, al \u00abaplicar el art\u00edculo 291 del CGP para surtir la notificaci\u00f3n judicial de la parte demandada en su domicilio en el exterior[,] [n]orma claramente inaplicable al caso concreto\u2026\u00bb, habida cuenta que para el enteramiento de su antagonista se debi\u00f3 atender lo reglado en la ley 1073 de 2006, por medio de la cual se aprob\u00f3 la convenci\u00f3n sobre la notificaci\u00f3n o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en Materia Civil o Comercial; y que \u00abla v\u00eda de los recursos contra providencias judiciales no es la elecci\u00f3n en el caso concreto porque el tiempo de respuesta o tr\u00e1mite dentro de la justicia ordinaria, ir\u00eda en contra de los derechos de la accionante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Segundo de Familia de Itag\u00fc\u00ed precis\u00f3 que \u00abfrente a la decisi\u00f3n del 12 de mayo de 2022\u2026, por la cual no se tuvo por efectiva la notificaci\u00f3n, pese a ser objeto de reparo, como m\u00ednimo de reposici\u00f3n, no fue atacada por la [actora]\u2026 circunstancia que\u2026 hace improcedente la [tutela], en raz\u00f3n al principio de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abno se atendi\u00f3 el requisito de subsidiariedad\u00bb, toda vez que \u00abning\u00fan recurso se interpuso\u00bb contra los prove\u00eddos cuestionados. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La tutelante reiter\u00f3 que \u00abla v\u00eda de recursos contra providencias judiciales no fue la elecci\u00f3n de esta parte, en el caso concreto porque el tiempo de respuesta o tr\u00e1mite dentro de la justicia ordinaria, ir\u00eda en contra de los derechos de la accionante[,] [s]obre todo si se tiene en cuenta que los t\u00e9rminos dispuestos para que el demandado en el exterior comparezca a notificarse al proceso son muy extensos\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que \u00aben las actuaciones del despacho fue clara la posici\u00f3n del juzgado frente a la notificaci\u00f3n en el extranjero, la cual puede verse palmariamente en la respuesta que present\u00f3\u00bb, por lo que \u00abno iba a obtener una respuesta positiva por parte del juzgado a trav\u00e9s de ning\u00fan recurso, para efectuar la notificaci\u00f3n efectiva a la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, se concluye que la solicitud de resguardo es inviable, habida cuenta que, como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, la accionante omiti\u00f3 censurar en reposici\u00f3n los prove\u00eddos cuestionados, esto es, los fechados 9 de marzo y 12 de mayo, ambos de estas calendas, a trav\u00e9s de los que, respectivamente, se neg\u00f3 el exhorto que reclam\u00f3 la demandante para la notificaci\u00f3n en extranjero de su contraparte y no se tuvo en cuenta el intento de notificaci\u00f3n que se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de empresa de correo. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el querellante desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. En este punto, cabe a\u00f1adir que no son de recibo para la Corte los argumentos que esgrimi\u00f3 la impugnante para excusar la citada incuria, pues, de un lado, no se verifica dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite del proceso cuestionado, que lleve a predicar que, de haberse interpuesto el medio de impugnaci\u00f3n, su resoluci\u00f3n se hubiese dilatado por un amplio periodo de tiempo. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en cuanto a la posibilidad de que su reclamo no fuese acogido, baste con decir que es una afirmaci\u00f3n carente de sustento probatorio y, adem\u00e1s, para ahondar en razones, cabe a\u00f1adir que, sobre la idoneidad y eficacia del recurso de reposici\u00f3n, ha sostenido esta Sala que: <\/p>\n
\u2026 no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia. (STC2016-2014 20 feb., rad. 00201-00; STC8534-2014, 3 jul., rad. 00128-01; STC10218-2014, 1\u00b0 ago., rad. 00265-01; STC3953-2015, 9 abr., rad. 00686-00; reiteradas en STC2574-2016, 2 mar., rad. 00362-00). <\/p>\n
4. Baste lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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