STC8153-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8153-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00552-01 <\/p>\n
Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo que se profiri\u00f3 el 28 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron D\u00e9bora Yulied Zapata Espinosa, William Fernando L\u00f3pez Allin y Luis Fernando V\u00e9lez Garc\u00eda contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclamaron protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, libertad sindical, negociaci\u00f3n colectiva, primac\u00eda del derecho sustancial sobre el formal, favorabilidad, m\u00ednimo vital e igualdad, que dicen vulnerados por las sedes judiciales convocadas, por lo que pidieron que \u00abse anule el fallo proferido el d\u00eda 27 de septiembre de 2021\u00bb y, en consecuencia, \u00abse confirme el fallo de primera instancia emitido\u2026 el\u2026 [primero] de noviembre de 2017\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. D\u00e9bora Yulied Zapata Espinosa, William Fernando L\u00f3pez Allin y Luis Fernando V\u00e9lez Garc\u00eda promovieron demanda ordinaria laboral contra la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Comfenalco Antioquia, con la finalidad de que se ordenara su reintegro al cargo que ven\u00edan desempe\u00f1ando o a otro de igual o mayor categor\u00eda, junto con el pago de todas las prestaciones que dejaron de recibir, desde la fecha en la que quedaron cesantes hasta que efectivamente fueran reinstalados. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del primero de noviembre de 2017, se declararon pr\u00f3speras las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la demandada, siendo revocada con providencia del 4 de mayo de 2018, para en lugar, negar las s\u00faplicas. <\/p>\n
2.3. Contra esa \u00faltima determinaci\u00f3n, la parte demandante formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue desestimado con fallo del 27 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que las sedes judiciales convocadas \u00abdesconocieron\u2026 la jurisprudencia\u2026 de la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u00bb, conforme a la cual, tendiendo los supuestos f\u00e1cticos de su caso, gozaban de \u00abfuero circunstancial\u00bb al momento de su despido; y que \u00abolvidaron que el art\u00edculo 36 del Decreto 1469 de 1978 estipula que la protecci\u00f3n a que se refiere el art\u00edculo 25 del Decreto 2351 de 1965 [fuero circunstancial]\u2026 inicia con la presentaci\u00f3n del pliego de peticiones al empleador y termina cuando se ha solucionado el conflicto colectivo\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agregaron que \u00ablos accionados omitieron la prueba obrante en el proceso y la que\u2026 miraron no la apreciaron bien, la editaron para argumentar una situaci\u00f3n que va en contra de la realidad probatoria\u2026\u00bb; y que \u00aben lugar del Juez realizar una interpretaci\u00f3n favorable a [su] intereses hizo lo contrario tom[\u00f3] una posici\u00f3n hermen\u00e9utica desfavorable, desconociendo [que] el principio de favorabilidad es un elemento que [se] debe observar\u2026 al momento de fallar\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal manifest\u00f3 que \u00abno le [era] posible emitir concepto\u00bb, comoquiera que \u00abno ejerci\u00f3 labor de intervenci\u00f3n en el curso del proceso [cuestionado] y no se tiene a [su] alcance los fallos confutados\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn resalt\u00f3 que \u00abno se re\u00fanen los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales\u00bb; y que \u00abla providencia proferida por la Sala se bas\u00f3 en el estudio de la situaci\u00f3n foral de los accionantes, con fundamento en la normativa constitucional -art\u00edculo 55 superior-, y el precedente judicial asentado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
3. La Uni\u00f3n Sindical de Trabajadores de La Salud de Comfenalco pidi\u00f3 conceder el resguardo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, habida cuenta que: <\/p>\n
\u2026 la ratio decidendi de la sentencia atacada se circunscribe al hecho de que la demanda de casaci\u00f3n se present\u00f3 de forma deficiente, lo que implic\u00f3 que no era posible acceder a las pretensiones del recurrente. En vista de que los cargos formulados en la demanda de tutela no se dirigen a controvertir este aspecto formal, es claro que, a primera vista, no ser\u00eda posible determinar que sobre tal pronunciamiento se hubiera concretado alguno de los defectos alegados, pues ellos se circunscriben a atacar aspectos diferentes, que hacen parte del obiter dicta del pronunciamiento cuestionado. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, precis\u00f3 que \u00abno se evidencia la materializaci\u00f3n de ninguna causal espec\u00edfica de procedencia de la tutela en contra de providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los accionantes destacaron que \u00abes evidente que la demanda de casaci\u00f3n atac\u00f3 todos y cada uno de los argumentos del\u2026 fallo de la Sala\u2026 Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn\u00bb y, por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia de 27 de septiembre de 2021 (SL4553-2021), que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que se formul\u00f3 en el juicio criticado, al margen que se comparta, no luce arbitraria, habida cuenta que la sede judicial acusada, tras poner de relieve los defectos de t\u00e9cnica que ostentaba la demanda de casaci\u00f3n, que imped\u00edan un an\u00e1lisis de fondo de los cargos planteados, con apoyo en la normatividad, as\u00ed como tambi\u00e9n la jurisprudencia aplicable al caso, y tras rese\u00f1ar las pruebas recaudadas, expres\u00f3 que: <\/p>\n
Aun si se obviara lo expuesto y se analizaran las inconformidades del censor para con la decisi\u00f3n cuestionada, no se encontrar\u00eda un error f\u00e1ctico, como tampoco jur\u00eddico, por estas razones: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Los anteriores medios de convicci\u00f3n, objetivamente analizados, ense\u00f1an que la organizaci\u00f3n sindical, present\u00f3 pliego de peticiones a la accionada, el 2 de marzo de 2012, quien se neg\u00f3 a negociarlo, por existir, en su interior, una convenci\u00f3n colectiva vigente. <\/p>\n
La solicitante, ante esa situaci\u00f3n, formul\u00f3 queja ante el Ministerio del Trabajo, que no fue favorable a sus intereses, as\u00ed como una acci\u00f3n de tutela que correspondi\u00f3 en primera instancia a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, quien amparo los derechos se\u00f1alados como conculcados y orden\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda adelantar la etapa de arreglo directo; esta, el 26 de junio de esa anualidad, cit\u00f3 a la organizaci\u00f3n sindical a iniciar ese ciclo, el martes 26 del mismo mes y a\u00f1o, lo que efectivamente sucedi\u00f3 y se extendi\u00f3 hasta el 15 de julio de igual calenda. <\/p>\n
Lo anterior, ense\u00f1a que la organizaci\u00f3n sindical, en atenci\u00f3n a la conducta asumida por la accionada, acudi\u00f3 a las gestiones administrativas y judiciales, para iniciar las conversaciones del arreglo directo, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 433 numeral 2\u00b0 del CST (al efecto, puede consultarse, entre otras, la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL 4142-2019). <\/p>\n
Empero, finalizada esta y pese a que se inform\u00f3 de esa situaci\u00f3n a la direcci\u00f3n territorial del Ministerio del Trabajo el 18 de julio del mismo a\u00f1o (empresa) y el 19 de id\u00e9ntica fecha (sindicato), solo hasta el 25 de septiembre de 2012, la Uni\u00f3n Sindical de Trabajadores y Empleados de Comfenalco, requiri\u00f3 convocar el Tribunal de Arbitramento, argumentando, que no se realiz\u00f3 con anterioridad, porque los directivos de la compa\u00f1\u00eda, negaron el permiso sindical solicitado de forma verbal. <\/p>\n
Esa afirmaci\u00f3n, no encuentra respaldo en ninguno de los medios denunciados por la censura; de ah\u00ed que no pueda otorg\u00e1rsele credibilidad, pues implicar\u00eda avalar que las partes puedan fabricar medios de convicci\u00f3n, para su beneficio, no cumpliendo, por lo tanto, con la finalidad de generar certeza sobre ese evento. <\/p>\n
Por otro lado, contrario a lo estimado por los censores, el sindicato, aun cuando minoritario, goza de las prerrogativas de protecci\u00f3n y libertad sindical, que comprenden, las de autonom\u00eda de asociaci\u00f3n, derecho negociaci\u00f3n colectiva, junto con la atribuci\u00f3n de celebrar negociaciones con el empleador, las que, de no llegar a buen t\u00e9rmino, pueden finalizar en la convocatoria de una Tribunal de Arbitramento, siguiendo los causes previstos en la ley para ello (al respecto, puede consultarse, entre otras, la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL1944-2021). <\/p>\n
As\u00ed, los art\u00edculos 433 a 436 del CST, regulan lo relativo a la iniciaci\u00f3n de las conversaciones, su duraci\u00f3n, la forma de actuar en caso de lograrse un acuerdo y en la de no arribar a un consenso total o parcial. El 444 del mismo ordenamiento, informa que concluida la etapa de arreglo directo \u00ablos trabajadores podr\u00e1n optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisi\u00f3n de un Tribunal de Arbitramento\u00bb, posibilidades que dice, han de ser \u00abdecididas dentro de los diez (10) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la terminaci\u00f3n de la etapa de arreglo directo, [\u2026]\u00bb, debiendo agregarse que son sometidos a arbitramento obligatorio, entre otros, <\/p>\n
b) Los conflictos colectivos de trabajo en que los trabajadores optaren por el arbitramento, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 444 de este C\u00f3digo\u00bb y \u00abc) Los conflictos colectivos del trabajo de sindicatos minoritarios, siempre y cuando la mayor\u00eda absoluta de trabajadores de la empresa no hayan optado por la huelga cuando esta sea procedente\u00bb (art\u00edculo 452 de igual Estatuto). <\/p>\n
Consecuente con lo expresado, la Uni\u00f3n Sindical de Trabajadores y Empleados de Comfenalco, deb\u00eda optar por la huelga o el Tribunal, conforme al art\u00edculo 444, precisando, que esta Corporaci\u00f3n, por ejemplo, en la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL 4142-2019, asent\u00f3, que no en todos los casos, la sola presentaci\u00f3n del pliego de peticiones, hace eterna la garant\u00eda del fuero circunstancial hasta la firma de la convenci\u00f3n, pacto, o la ejecutoria de un laudo arbitral, ya que, pueden presentarse acontecimientos en los que la controversia cesa de manera anormal, cuando se incumplen las fases para solucionar el diferendo o al no existir, por parte de quienes lo promovieron, inter\u00e9s suficiente para concluirla, pese a contar con mecanismos para adelantar, en debida forma, la negociaci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, esta Sala ha indicado, que la duraci\u00f3n o plazo fijado en la Ley, no puede tomarse de manera imperativa, porque, pueden existir circunstancias que justifiquen su demora, siendo necesario analizar lo sucedido en cada caso, para establecer si fue razonable, o prudente, el lapso de m\u00e1s al previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para dar fin a la negociaci\u00f3n colectiva y establecer, si se gener\u00f3 la extinci\u00f3n anormal del fuero circunstancial (sentencias de casaci\u00f3n CSJ SL 6732-2015 y CSJ SL 4066-2016). <\/p>\n
En este asunto, como se destac\u00f3, ninguna justificaci\u00f3n por parte del sindicato se demostr\u00f3, para no solicitar la convocatoria del Tribunal de arbitramento dentro del t\u00e9rmino de ley, siendo oportuno agregar que, para el Juez de la segunda instancia, esa demora se present\u00f3 como una estrategia en b\u00fasqueda de cobijo del fuero circunstancial, tanto que, se cre\u00f3 otro sindicato y se present\u00f3 otro pliego de peticiones en el a\u00f1o 2013, semejante al inicial, deducci\u00f3n, en todo caso, no recriminada por los demandantes. <\/p>\n
Asimismo, el ad quem no desconoci\u00f3, como lo entienden los recurrentes, que al interior de una compa\u00f1\u00eda es viable la existencia de varios sindicatos, dado que, en su providencia se\u00f1al\u00f3, que respetaba la libertad sindical, as\u00ed como el criterio que permit\u00eda la creaci\u00f3n de diferentes organizaciones; que presentaran sus reclamos y se beneficiaran del fuero circunstancial, pero aleg\u00f3, que no pod\u00eda avalar, distintos pliegos, con el fin de mantener una protecci\u00f3n foral, ya que, con esa figura, se pretendi\u00f3 cubrir un lapso de tiempo que sobrepaso los t\u00e9rminos legales de la negociaci\u00f3n colectiva. <\/p>\n
Es decir, para el Juzgador, se present\u00f3 un abuso en las formas previstas en la constituci\u00f3n y la ley, al entender que el sindicado, como titular de los derechos previstos en el ordenamiento, hizo uso de estos, de manera contraria a sus fines, lo que implicar\u00eda una vulneraci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 95 de la CN, seg\u00fan el cual se deben \u00abrespetar los derechos ajenos y no abusar de los propios\u00bb, as\u00ed como al principio de buena fe de que trata el 85 Superior y el 55 del CST (sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL415-2021). <\/p>\n
Ahora, no se pasa por alto que el Juez de segundo grado, con sustento en la decisi\u00f3n de tutela de la Sala Civil de esta Corte, que revoc\u00f3 la orden impartida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dedujo, que como no exist\u00eda un conflicto colectivo, a su juicio, la garant\u00eda foral, corri\u00f3 hasta ese momento, con lo que ciertamente desconoci\u00f3 que ese diferendo finaliz\u00f3 con la sentencia de anulaci\u00f3n proferida por la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, esa equivocaci\u00f3n no tiene la virtualidad de llevar a infirmar la decisi\u00f3n de segundo grado, en tanto se soport\u00f3 en otras razones, relativas a lo extenso del procedimiento y en la inactividad del sindicato, que no solo lo destac\u00f3 respecto al tiempo que se tom\u00f3 para convocar el Tribunal de Arbitramento, sino tambi\u00e9n en la falta de impulso entre la resoluci\u00f3n que lo orden\u00f3, que la fue del 12 de abril de 2013 y en su notificaci\u00f3n, que para la empresa se llev\u00f3 a cabo hasta el 8 de septiembre de 2014, sin que las comunicaciones dirigidas al Vicepresidente de la Rep\u00fablica y a la Procuradur\u00eda General para asuntos del trabajo y la seguridad social, de manera contundente, informen que se adelantaron todas las acciones judiciales y administrativas que le eran propias a esa asociaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que el fuero perseguido por los demandantes no debe permanecer indefinido en el tiempo, como que el sindicato es el interesado en llevarlo a buen t\u00e9rmino, dentro de un plazo razonable, siendo este el dispuesto en la ley, sin que, los particulares, como tampoco las autoridades administrativas, puedan desconocerlo (sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL, 16 mar 2005, rad. 23843). <\/p>\n
Siendo eso as\u00ed, esa garant\u00eda pierde sentido, cuando el proceso se encuentra estancado por un per\u00edodo prolongado, como aqu\u00ed sucede y se verifica tanto al momento de solicitar la convocatoria del Tribunal de arbitramento, como en la notificaci\u00f3n del acto administrativo que lo orden\u00f3, sin que, se repite, se hubieran utilizado los mecanismos legales para impulsarlo. <\/p>\n
Entonces, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, concluyendo que, atendiendo las normas que regulan el tr\u00e1mite de conflictos colectivos, al haberse convocado, por parte del Sindicato del que hac\u00edan partes los demandantes, el Tribunal de Arbitramento, por fuera de los t\u00e9rminos que contempla el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, sin que se probara la existencia de alguna circunstancia que justificara dicha tardanza, el \u00abfuero circunstancial\u00bb que esgrimieron los actores se extingui\u00f3, por lo que no estaba vigente al momento de su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
Tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido en precedencia, se reitera, que la procedencia de la tutela, como mecanismo transitorio o definitivo, depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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