STC8154-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8154-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00572-01 <\/p>\n
Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo que se profiri\u00f3 el 31 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Gimnesa Mar\u00eda Ruiz Vargas contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Gimnesa Mar\u00eda Ru\u00edz Vargas promovi\u00f3 demanda laboral contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (hoy Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario -Fiduagraria SA-), en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del ISS \u2013 PAR ISS, con la finalidad de que \u00abse declarara que entre ellas existi\u00f3 un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido, que se ejecut\u00f3 de manera continua e ininterrumpida desde el 27 de enero de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2013\u00bb; que, adem\u00e1s, se reconociera que \u00abel v\u00ednculo fue terminado de manera unilateral y sin justa causa\u00bb por su empleadora y, en consecuencia, se le condenara a pagar, entre otras prestaciones, \u00abprimas de servicio, vacaciones, cesant\u00eda, intereses, sanci\u00f3n moratoria, aportes al sistema de seguridad social integral, y a la caja de compensaci\u00f3n familiar; indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa; sanci\u00f3n moratoria; nivelaci\u00f3n salarial\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 19 de mayo de 2017, se accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones, pues se absolvi\u00f3 a la demandada de pagar la sanci\u00f3n moratoria que reclam\u00f3 la actora, decisi\u00f3n que apelaron ambas partes, siendo modificada con providencia del 17 de abril de 2018, en el sentido de, entre otras determinaciones, \u00abcondenar a la entidad accionada por concepto de sanci\u00f3n moratoria\u2026, [que] procede a partir del 8 de agosto de 2013 y hasta el 31 de marzo de 2015\u00bb. <\/p>\n
2.3. Contra esa decisi\u00f3n ambas partes formularon recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue desestimado con fallo del 15 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que el ad quem convocado \u00abrevoc\u00f3 la decisi\u00f3n de absolver a Fidudagraria de la condena a la indemnizaci\u00f3n moratoria\u2026, pero limit\u00f3 la misma, a la fecha de finalizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del ISS\u00bb; y que el juez de casaci\u00f3n \u00abpara no casar la limitaci\u00f3n de la condena al pago de la indemnizaci\u00f3n moratoria\u2026 no tuvo en cuenta que el Estado colombiano\u2026 celebra contratos con entidades fiduciarias a quienes designa como voceras y administradoras del patrimonio aut\u00f3nomo de remanentes, que se subrogan en todas y cada una de las obligaciones de la entidad liquidada y, por consiguiente, quedan obligadas a cumplir con las mismas\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que \u00ab[l]a decisi\u00f3n de limitar el pago de la indemnizaci\u00f3n moratoria al momento de la finalizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del ISS contenida en las providencias judiciales aqu\u00ed enjuiciadas, no fue tomada con base en las pruebas obrantes en el expediente, ni ci\u00f1\u00e9ndose a lo previsto en el art\u00edculo 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb; y que \u00abde conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 65 del CST la indemnizaci\u00f3n moratoria corre hasta el momento en que se verifique el pago y la norma rige para todos por igual, es decir, cualquier persona natural o jur\u00eddica o cualquier entidad p\u00fablica\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que \u00abno se ha[n] vulnerado [los] derecho[s] fundamental[es]\u2026 a la aqu\u00ed accionante en las decisiones adoptadas por esa Corporaci\u00f3n, pues las mismas estuvieron acordes a la norma vigente, encontr\u00e1ndose ajustadas a derecho, y reciente jurisprudencia de [su] m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resalt\u00f3 que, en la providencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, \u00abse consignaron los motivos de la decisi\u00f3n, que se encuentran ajustados al derecho constitucional del debido proceso, a las reglas procedimentales generales y especiales que son de obligatorio cumplimiento para esta jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Administradora Colombiana de Pensiones dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. El abogado Jorge Merlano Matiz, quien dijo fungir \u00aben calidad de mandatario judicial de la parte demandada PAR ISS- Instituto de los Seguros Sociales Liquidado\u00bb, sin que aportara poder que lo facultara para representar a dicho sujeto en esta sumaria tramitaci\u00f3n, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
5. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, habida cuenta que la Sala de Casaci\u00f3n criticada \u00abresolvi\u00f3 el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera razonada, justificada en las pruebas obrantes en el proceso, en las normas y en la jurisprudencia que reg\u00edan la materia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora, inicialmente, precis\u00f3 que su reclamo constitucional \u00abse circunscribe a la limitaci\u00f3n de la condena a la indemnizaci\u00f3n moratoria a la que fue condenadas por mala fe el ISS, a la fecha de finalizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de dicho instituto, a pesar de que, en virtud del contrato de fiducia celebrado con el Estado, Fiduagraria se subroga en todas las obligaciones de la entidad\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la legalidad de la decisi\u00f3n que limit\u00f3 el pago de la sanci\u00f3n moratoria a la fecha en la que culmin\u00f3 la liquidaci\u00f3n del ISS. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia de 15 de septiembre de 2021 (SL4127-2021), que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que se formul\u00f3 en el juicio criticado, al margen que se comparta, no luce arbitraria, habida cuenta que la sede judicial acusada, respecto al t\u00e9rmino sobre el que habr\u00eda de liquidarse la sanci\u00f3n moratoria que reclam\u00f3 la demandante, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, expres\u00f3 que: <\/p>\n
En lo que concierne al inicio del proceso de liquidaci\u00f3n del ISS, ordenado por el Decreto 2013 de 2012, esta Sala de casaci\u00f3n, en providencia CSJ SL3291-2021, record\u00f3 que, en una situaci\u00f3n similar a la presente, en providencia CSJ SL2809-2019, al estudiar dicha norma de cara a la sanci\u00f3n moratoria, adoctrin\u00f3: <\/p>\n
El estado de liquidaci\u00f3n del ISS, ocurrido por el Decreto 2013 de 2012, sigui\u00f3 con la regla general de esa situaci\u00f3n, en cuanto le prohibi\u00f3 iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social, manteniendo su capacidad jur\u00eddica \u00fanicamente para expedir actos, realizar operaciones y celebrar contratos necesarios para su proceso de liquidaci\u00f3n (art. 3\u00ba), pero no dijo, y no pod\u00eda decirlo, que algunos de los derechos laborales de sus trabajadores oficiales quedaban eliminados o incluso suspendidos, pues tales derechos siguen teniendo plena aplicaci\u00f3n mientras subsista el contrato de trabajo y la empresa contin\u00fae con esa capacidad jur\u00eddica <\/p>\n
En consecuencia, el comienzo del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n, tampoco constituye argumento v\u00e1lido para soslayar el pago de las acreencias de la asalariada, ni para exonerar a la entidad de la sanci\u00f3n moratoria. Situaci\u00f3n diferente se presenta con la liquidaci\u00f3n definitiva del ISS, que ocurri\u00f3 el 31 de marzo de 2015, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 5.\u00ba del Decreto 553 de 2015, lo que no conlleva eximir a la pasiva de la sanci\u00f3n, pero s\u00ed limitar su causaci\u00f3n a la fecha antes aludida (CSJ SL3142-2021, SL 2971-2021 y SL986-2019), como lo tuvo en cuenta el ad quem, quien dispuso que \u2039\u2039procede la condena por concepto de indemnizaci\u00f3n moratoria hasta el 31 de marzo de 2015 (\u2026)\u203a\u203a. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Aunque los cargos no abundan en claridad, s\u00ed se deduce que el reclamo se centra en que el sentenciador plural restringi\u00f3 en su extremo final, la contabilizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n moratoria, cuando en sentir de la atacante debe ser hasta el pago efectivo de las acreencias. <\/p>\n
Como se dijo al dirimir el recurso de la pasiva, la determinaci\u00f3n del Tribunal compagina con la doctrina de esta Corporaci\u00f3n, vertida entre otros, en providencias CSJ SL3142-2021, SL 2971-2021 y SL986-2019, por tanto, se reiteran los razonamientos aludidos, en consecuencia, no incurri\u00f3 en la trasgresi\u00f3n normativa endilgada, ni en yerro f\u00e1ctico alguno, por el contrario, acat\u00f3 la inveterada l\u00ednea jurisprudencia sobre la materia. <\/p>\n
Respecto al referido l\u00edmite de liquidaci\u00f3n de la sanci\u00f3n moratoria, en la sentencia SL3142-2021, a cuyas consideraciones se remiti\u00f3 el fallador accionado, el \u00f3rgano de cierre de la especialidad laboral, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 en lo que s\u00ed le asiste raz\u00f3n a la entidad recurrente es en la glosa relacionada con la condena impuesta por concepto de indemnizaci\u00f3n moratoria hasta el momento del pago de los derechos laborales. En efecto, esta Sala en sentencia CSJ SL194-2019 precis\u00f3 que dicha sanci\u00f3n en los eventos de liquidaci\u00f3n de una entidad oficial opera hasta que esta deja de existir, es decir, en trat\u00e1ndose del ISS, ello ocurri\u00f3 el 31 de marzo de 2015, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 5.\u00ba del Decreto 553-2015. As\u00ed lo explic\u00f3 la Corte en dicha oportunidad: <\/p>\n
La Sala subraya que con la extinci\u00f3n definitiva de la entidad, la obligaci\u00f3n se torn\u00f3 de imposible ejecuci\u00f3n y, en tal virtud, se presenta el fen\u00f3meno de la inimputabilidad de la mora, por tanto, no es viable extender la sanci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 del 31 de marzo de 2015. As\u00ed, lo ha entendido esta Corporaci\u00f3n en los eventos de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de entidades en los que tampoco es posible emitir orden de reintegro o de reinstalaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de la existencia de la entidad, entonces, lo mismo sucede en trat\u00e1ndose de la sanci\u00f3n moratoria dado que no es l\u00f3gico condenar por la demora en la atenci\u00f3n de obligaciones a quien se encuentra imposibilitado para cumplir. <\/p>\n
En consecuencia, precisa la Corte Suprema de Justicia su criterio a fin de establecer que cuando ocurre la liquidaci\u00f3n de la entidad, la sanci\u00f3n moratoria se calcula hasta que aquella deja de existir. Esto se explica, porqu\u00e9 al no tener el ISS la posibilidad de atender las obligaciones ordenadas en este tr\u00e1mite judicial con posterioridad a su liquidaci\u00f3n final, necesariamente debe considerarse esta circunstancia para limitar la condena por concepto de indemnizaci\u00f3n moratoria hasta la fecha de extinci\u00f3n de la entidad, acaecida el 31 de marzo de 2015. <\/p>\n
Entonces, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, concluyendo que no es posible extender el cobro de la sanci\u00f3n moratoria m\u00e1s all\u00e1 de la liquidaci\u00f3n definitiva de la entidad demandada, pues la obligaci\u00f3n se torn\u00f3 de imposible ejecuci\u00f3n, lo que descarta la aplicaci\u00f3n estricta de lo dispuesto en el art\u00edculo 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, como lo pretende la tutelante. <\/p>\n
Tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido en precedencia, se reitera, que la procedencia de la tutela, como mecanismo transitorio o definitivo, depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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