STC8155-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8155-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00857-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 10 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Luz Marina Cardona de Bojac\u00e1 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y del Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, que dice vulneradas por las sedes judiciales acusadas, por lo que pidi\u00f3 que \u00abse dejen sin efectos\u00bb los autos calendados 9 de diciembre de 2020, 12 de febrero y 8 de abril, ambos de 2021. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Luz Marina Cardona de Bojac\u00e1 promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tr\u00e1mite al que el juzgado accionado vincul\u00f3 al Ministerio del Trabajo y al Consorcio Colombia Mayor. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 27 de abril de 2018, se concedi\u00f3 el amparo deprecado, por lo que se orden\u00f3 al ICBF que \u00abadelantara el correspondiente tr\u00e1mite administrativo para que se reconozcan y paguen a la accionante los aportes parafiscales en pensiones faltantes al sistema de seguridad social por el tiempo debidamente acreditado como madre comunitaria\u00bb, disponi\u00e9ndose la desvinculaci\u00f3n del prenotado Ministerio y del citado Consorcio. <\/p>\n
2.3. Contra esa providencia se interpuso impugnaci\u00f3n, siendo parcialmente confirmada por el Tribunal criticado, \u00abrevocando el numeral que desvincula[ba] al Consorcio Colombia Mayor y ordenando se mantuviera vinculada a esta entidad, quien deber\u00eda concurrir al cumplimiento dentro de sus competencias\u00bb. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, la tutelante promovi\u00f3 incidente de desacato, siendo vinculadas las entidades a quienes se les imparti\u00f3 la orden de tutela, quienes manifestaron estar en imposibilidad de cumplir dicho mandato, por estar fuera de sus competencias. <\/p>\n
2.5. Ante esta situaci\u00f3n, la promotora deprec\u00f3 la modulaci\u00f3n de la orden de amparo, para que se modificara \u00abel numeral cuarto de la sentencia de\u2026 27 de abril de 2018 en el sentido de dejar vinculado a Ministerio del Trabajo para garantizar el goce efectivo del derecho amparado\u00bb, a lo que accedi\u00f3 el a quo con prove\u00eddo de 16 de julio de 2020, decisi\u00f3n que, en sede de apelaci\u00f3n, se dej\u00f3 sin efectos, a trav\u00e9s de auto del 9 de diciembre de esas calendas, para que \u00abel juzgado [estudiara] nuevamente la solicitud de modulaci\u00f3n del fallo\u2026, de cara [a] las partes, corri\u00e9ndole traslado de la petitoria elevada\u2026 y permitiendo un efectivo ejercicio del derecho de contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.6. Posteriormente, mediante providencia del 12 de febrero de 2021, se neg\u00f3 la petici\u00f3n de modulaci\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la actora, siendo confirmada por el Tribunal criticado con determinaci\u00f3n del 8 de abril de 2021. <\/p>\n
2.7. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que las decisiones que negaron la prenotada modulaci\u00f3n, \u00abvulneran el derecho fundamental al debido proceso al rebasar el principio de la cosa juzgada\u00bb; y que \u00abcuenta con m\u00e1s de 1.150 semanas cotizadas por ella misma, con sus propios recursos, pero faltando a\u00fan para poderse pensionar menos de 200 semanas e imposibilidad de seguir cotizando porque su avanzada edad y sus patolog\u00edas le convierten su d\u00eda a d\u00eda en un martirio casi imposible de soportar\u00bb. <\/p>\n
2.8. De otro lado, respecto al principio de inmediatez, destac\u00f3 que \u00abse trata de un caso completamente sui generis, que ha ocasionado una afectaci\u00f3n permanente en el tiempo y que con el paso de los d\u00edas va generando una afectaci\u00f3n mayor\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales precis\u00f3 que \u00abtodas las actuaciones surtidas por esa Colegiatura se encuentran signadas por el respeto a la legalidad, siendo las mismas desplegadas con plena observancia del plexo jur\u00eddico, no siendo la decisi\u00f3n emitida y el tr\u00e1mite surtido en el proceso constitucional de marras la excepci\u00f3n a dicho modo de actuar\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito de esa localidad remiti\u00f3 copias de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
4. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifest\u00f3 que \u00abno se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial, espec\u00edficamente con el de inmediatez\u00bb y, por lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
5. El Ministerio del Trabajo expres\u00f3 que \u00abla presente acci\u00f3n no cumple con los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial\u00bb; y que \u00ablas pretensiones contradicen las Sentencias de Unificaci\u00f3n 079 de 2018 y 273 de 2019, as\u00ed como el hecho que la sentencia del 27 de abril de 2018 se basa en precedente jurisprudencial (Auto 218 de 2017) declarado nulo con anterioridad a su expedici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por cuanto \u00abno se encuentra cumplido el requisito de la inmediatez, toda vez que la censura tuitiva se presenta trascurrido m\u00e1s de 1 a\u00f1o despu\u00e9s de la expedici\u00f3n de la determinaci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n accionada, el 8 de abril de 2021\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante, tras resaltar que es una persona de 70 a\u00f1os y que no cuenta con las semanas requeridas para acceder a pensi\u00f3n por vejez, esgrimi\u00f3 que \u00abel juez de primera instancia\u2026 se limit\u00f3 a considerar que no se cumpl\u00eda el requisito de inmediatez, sin embargo, el mismo Juez reconoci\u00f3 que, en trat\u00e1ndose de asuntos pensionales es un tema que se encuentra superado\u2026\u00bb; por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar las decisiones que negaron la modulaci\u00f3n de la orden de tutela que se dict\u00f3 en el proceso objeto de censura constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, advierte la Sala que, como lo concluy\u00f3 el a quo, la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que la actora cuestion\u00f3 el prove\u00eddo de 8 de abril de 2021, que confirm\u00f3 la dictada el 12 de febrero de 2021, a trav\u00e9s de la que se neg\u00f3 la modulaci\u00f3n de la orden de amparo que deprec\u00f3 la tutelante en el tr\u00e1mite acusado. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir que no resultan de recibo las circunstancias que esgrimi\u00f3 la impugnante para excusar la anotada tardanza, en el sentido de indicar que se trata de derechos pensionales, a los cuales no le es exigible el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
Ello en la medida en que lo aqu\u00ed cuestionado son las decisiones judiciales que negaron la modulaci\u00f3n del fallo de tutela que, previamente, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos de la actora, m\u00e1s no las prestaciones laborales cuyo reconocimiento se persigui\u00f3 en dicho resguardo. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, mem\u00f3rese que, sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia, sin que se imponga analizar de fondo la situaci\u00f3n planteada, porque el incumplimiento del presupuesto de inmediatez impide tal estudio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8155-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8155-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00857-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64758","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64758","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64758"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64758\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64758"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64758"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64758"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}