STC8156-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8156-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00109-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 23 de mayo de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa localidad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en los procesos atacados. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene \u00abcumplir [los] t\u00e9rminos de tiempo perentorios que le impone la ley 472 de 1998\u00bb; y \u00abnotificar las acciones populares a la parte accionada\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez promovi\u00f3 acciones populares contra \u00abTe quiero y M\u00e1s\u00bb (2022-00201) y \u00abGran Hotel\u00bb (2022-00202), que fueron admitidas con autos de 18 de abril de los corrientes, decisiones corregidas con prove\u00eddos del 27 de abril siguiente. <\/p>\n
2.2. Expres\u00f3 el gestor del resguardo que, en los asuntos acusados, \u00ab\u2026 no se notifica a la accionada en los t\u00e9rminos de tiempo que manda la ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El municipio de Pereira dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que \u00abno tiene conocimiento de lo acontecido dentro de las acciones populares [criticadas]\u2026 y por tanto no conoce c\u00f3mo se ha desarrollado tales procesos\u00bb. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo expres\u00f3 que carece, de igual manera, de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00abtoda vez que las pretensiones solicitadas por el accionante se dirigen al Juzgado Tercero Civil del Circuito [y] de [dichas s\u00faplicas], no se evidencia, ni aparece demostrado o definida la forma en que esta Entidad ha amenazado, vulnerado o puesto en peligro los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira precis\u00f3 que \u00aben lo que va corrido de este a\u00f1o 2022, por parte de\u2026 Mario Restrepo y Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez, [se] han presentado innumerables acciones populares de las cuales 166 han correspondido a ese despacho, mismas a las que, en la medida de lo posible y hasta donde f\u00edsica y mentalmente se pueda por parte del personal del despacho, se han tratado de evacuar\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que, \u00abadem\u00e1s de las acciones populares, se tramitan tambi\u00e9n\u2026 acciones de tutela de primera y segunda instancia, consultas de incidente y tr\u00e1mites en incidentes de desacato; as\u00ed como tr\u00e1mite de procesos civiles, siendo f\u00edsicamente imposible darle celeridad a todo\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n que: <\/p>\n
\u2026 [son] innumerables [las] peticiones que en cada popular hacen los accionantes, no s\u00f3lo en estas que son motivo de acci\u00f3n de tutela, sino en todas, haciendo la misma solicitud, sobre cumplimiento de t\u00e9rminos\u2026, mismo que vuelve y se repite, f\u00edsicamente imposible de cumplir por cuanto no se trata de una, dos o tres acciones populares sino m\u00e1s de 200 que en el momento se est\u00e1n tramitando en este despacho y los accionantes haciendo peticiones repetidas entorpecen el tr\u00e1mite de las mismas. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda destac\u00f3 que le fueron comunicados \u00ablos autos que admiten las respectivas acciones populares\u00bb y, en consecuencia, \u00abse ha designado a las diferentes personer\u00edas municipales como agentes del Ministerio P\u00fablico\u2026\u00bb. <\/p>\n
5. Comercializadora Dorado RC SAS \u2013 Gran Hotel Sucursal Pereira, inform\u00f3 que \u00abel\u2026 12 de mayo de 2022, el Juzgado Tercero Civil de Circuito de Pereira, [l]e notific\u00f3 la acci\u00f3n popular interpuesta por\u2026 Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez, con radicado 2022-202\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abdesde la ejecutoria de la providencia que corrigi\u00f3 el auto admisorio de la demanda y la proposici\u00f3n del amparo tan solo trascurrieron 3 d\u00edas, lo que descarta de plano la configuraci\u00f3n de la mora procesal alegada\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, manifest\u00f3 que \u00absi en gracia de discusi\u00f3n, se admitiera que existi\u00f3 tardanza atribuible al juzgado\u2026, en aplicaci\u00f3n del componente subjetivo que se debe estudiar en cada caso concreto, en el presente existen circunstancias que justificar\u00edan el retardo, sin que se pueda entender injustificado\u00bb; y que \u00abel juzgado ya intent\u00f3 la notificaci\u00f3n de los accionados en ambas acciones populares\u2026, aunque en una de ellas no se tuvo \u00e9xito porque la direcci\u00f3n electr\u00f3nica que se indic\u00f3 en la demanda no se ubic\u00f3 por el servidor, luego la pasividad que en el tr\u00e1mite se le imput\u00f3, ya desapareci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del resguardo, en s\u00edntesis, destac\u00f3 que la sede judicial acusada \u00abno cumple con el tr\u00e1mite constitucional, c\u00e9lere y preferente que le impone art 84 ley 472 de 1998\u00bb, que la trasgresi\u00f3n que denunci\u00f3 contin\u00faa pues \u00abse intent\u00f3 notificar el auto admisorio, pero no se logr\u00f3 en una acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que tiene \u00ab12 acciones populares en [el] despacho [judicial accionado], [que] no cumple con el tr\u00e1mite constitucional\u00bb, por lo que reclam\u00f3 que \u00absi el accionado no logra tramitar con celeridad [sus] 12 acciones populares\u2026, entonces, [que sean remitidas a un] despacho\u2026 que cumpla art 5, 84 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se verifica que la inconformidad del querellante se circunscribe a la tardanza que, seg\u00fan \u00e9l, se ha suscitado en el tr\u00e1mite de las acciones populares objeto de censura constitucional. <\/p>\n
Con base en tal premisa, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
Pues bien, del informe allegado por el juzgado accionado, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la tardanza de la que se duele el gestor del resguardo no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino del c\u00famulo de procesos que est\u00e1 tramitando el juzgado accionado, dentro de los cuales se encuentran m\u00e1s de 200 de naturaleza constitucional y todas de tr\u00e1mite preferente, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, revisadas las piezas procesales, se verifica que el estrado accionado ha adelantado las diligencias necesarias para lograr el enteramiento de las entidades demandadas en los litigios acusados y, si bien no lo ha logrado perfeccionar en las dos acciones materia de reproche, lo cierto es que de tal comportamiento muestra la intenci\u00f3n del querellado en cumplir con la actuaci\u00f3n que se pregona insatisfecha. <\/p>\n
3. Finalmente, en lo que ata\u00f1e a la petici\u00f3n que elev\u00f3 el promotor, en sede de impugnaci\u00f3n, enfilada al cambio de juzgado de sus acciones populares, baste con decir que dicho aspecto constituye un hecho nuevo, no expuesto en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por el convocado, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa del aqu\u00ed accionado. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
4. Baste lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8156-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8156-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00109-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 23 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64759","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64759","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64759"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64759\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64759"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64759"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64759"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}