STC8157-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8157-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00880-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Salud Total EPS S.A. frente a la sentencia del pasado 12 de mayo, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Fredy Oswaldo Segura Alfonso contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial (Sala Penal) y el Juzgado 47\u00b0 Penal del Circuito, ambos de esta misma capital, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Establecimiento Carcelario \u00abLa Picota\u00bb y aquella entidad promotora de salud. Al tr\u00e1mite fueron vinculados la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Fiduciaria Central S.A. y, el Consorcio de Atenci\u00f3n en Salud (PPL), as\u00ed como los part\u00edcipes e interesados en el asunto punitivo que suscita la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El promotor deprec\u00f3, mediante apoderada, la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso, \u00aboportunidad, seguridad social, [dignidad], salud y vida\u00bb, presuntamente conculcados por las dependencias requeridas. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene \u00ab[d]ejar sin efecto\u00bb lo dirimido por los juzgadores repelidos; \u00abfacilitar\u00bb, por cuenta del INPEC, la c\u00e1rcel y la EPS, todo tipo de \u00abtraslados\u00bb frente a las \u00abcitas y procedimientos\u00bb de salud y que le fueron prescritos. <\/p>\n
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Adujo haber allegado una solicitud de \u00abprisi\u00f3n domiciliaria por grave enfermedad e incompatibilidad de la reclusi\u00f3n\u00bb que purga en la C\u00e1rcel \u00abLa Picota\u00bb con el \u00abtratamiento ordenado por los galenos del Hospital de Kennedy\u00bb; sin embargo, tal petitorio lo desestim\u00f3 el despacho judicial de conocimiento en auto de 26 de enero de los corrientes, mismo que acab\u00f3 por ratificarlo el Superior funcional, en senda de alzada suya, por conducto de providencia de 2 de marzo postrero. <\/p>\n
Critic\u00f3, de un lado, que tales dispensadores de justicia no accedieran al descrito \u00abbeneficio\u00bb en sus resoluciones de condena y de cara a su petici\u00f3n \u00faltima, pese a estar acreditada la precaria situaci\u00f3n de salud que padece a consecuencia de un \u00abataque en el cerebro\u00bb; de otro, que el INPEC y el director de la penitenciar\u00eda donde se encuentra apresado han omitido ejecutar las labores de \u00abtraslado\u00bb para las citas y procedimientos m\u00e9dicos programados por Salud Total EPS S.A. y, por otra parte, que esta entidad promotora (a la que se halla afiliado) tampoco le facilitara algunos ex\u00e1menes y consultas, entre ellos, con \u00abespecialista en [n]eurolog\u00eda\u00bb. <\/p>\n
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3. La medida provisional suplicada la otorg\u00f3 el a-quo constitucional, al momento de la admisi\u00f3n. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado 47\u00b0 Penal del Circuito de esta ciudad se opuso al \u00e9xito de la clama, por no vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
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2. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) tambi\u00e9n se mostr\u00f3 en contra de la prosperidad del amparo, por falta de acreditaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
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3. Salud Total EPS S.A. dijo haber acatado la orden cautelar del prove\u00eddo admisorio de la querella tutelar. <\/p>\n
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4. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y Consorcio de Atenci\u00f3n en Salud (PPL) resaltaron, por aparte, que los ataques les son extra\u00f1os. <\/p>\n
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5. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Pero la concedi\u00f3 de cara al establecimiento carcelario y a Salud Total EPS S.A. dada la abierta trasgresi\u00f3n a los intereses de persona privada de la libertad, pues mientras la \u00faltima, competente seg\u00fan la previsi\u00f3n del art\u00edculo 1\u00b0, par\u00e1grafo, inciso 2\u00b0 del decreto 1142 de 20161, ha omitido autorizar al accionante sendas valoraciones (citas) por \u00abneurolog\u00eda, hematolog\u00eda, reumatolog\u00eda y medicina interna\u00bb (y los \u00abservicios m\u00e9dicos\u00bb derivados), pese a necesitarlos conforme a lo dicho en \u00abhistoria cl\u00ednica\u00bb, lo cierto es que el \u00faltimo ente, esto es, la c\u00e1rcel, debe facilitar los correspondientes \u00abtraslados\u00bb. <\/p>\n
Conmin\u00f3 a las anteriores autoridades proceder en la forma arriba anotada; es decir, proporcionando los servicios y colaborando en los traslados, respectivamente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por Salud Total EPS S.A., quien esgrimi\u00f3 haber emprendido todas las autorizaciones que necesitaba el aqu\u00ed precursor y discrep\u00f3 de la \u00abABSTRACTA\u00bb orden que le fue impartida, a lo que a\u00f1adi\u00f3 que no le asiste a aquel la atribuci\u00f3n de \u00abPEDIR POR PEDIR\u00bb sobre \u00abHECHOS FUTUROS\u00bb y ajenos al \u00ab[p]lan de [b]eneficios en [s]alud\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
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2. Deviene \u2013circunscrito el debate al memorial impugnatorio\u2013 cual lo sostuvo el a-quo constitucional, que no se tiene conocimiento de que el ahora quejoso hubiera recibido por parte de su EPS, Salud Total, la atenci\u00f3n exigida a partir de la historia cl\u00ednica derivada del episodio cerebrovascular sufrido por \u00e9l en julio del a\u00f1o pasado, consistente en cita de control por hematolog\u00eda, reumatolog\u00eda y medicina interna, salvo la de neurolog\u00eda, que ya hab\u00eda sido programada a ra\u00edz de la medida provisional conferida en el auto de admisi\u00f3n. Luego, le correspond\u00eda a la comentada entidad promotora acreditar la inconformidad referente a que s\u00ed proporcion\u00f3 las autorizaciones necesarias, pero no lo hizo, m\u00e1xime cuando ninguna de las obrantes en el pantallazo impreso en la impugnaci\u00f3n hace alusi\u00f3n a las especialidades arriba comentadas; escrito que, adem\u00e1s, por momentos, parece aludir a una persona distinta del ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
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Entonces, no son de acogida las aseveraciones hechas por la recurrente Salud Total en trat\u00e1ndose de la supuesta abstracci\u00f3n de la orden impartida en primera instancia con respecto a tal empresa por amparar \u00abHECHOS FUTUROS\u00bb, as\u00ed como de lo infundado de las pretensiones de la demanda de marras, toda vez que, de un lado, el mandato a ella dado fue claro en compelirla, a la postre, a disponer la \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb al accionante \u00abpor parte de neurolog\u00eda, hematolog\u00eda, reumatolog\u00eda y medicina interna, a fin de que los galenos determinen los servicios que deben ofrecer para tratar sus patolog\u00edas\u00bb y, de otro, como fuera advertido atr\u00e1s, tampoco desacredit\u00f3 apropiadamente las omisiones denunciadas por aquel, ni mucho menos que las citas m\u00e9dicas en comento estuvieran por fuera del \u00ab[p]lan de [b]eneficios en [s]alud\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es del caso mantener la protecci\u00f3n brindada por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal en favor del aqu\u00ed peticionario, porque a\u00fan en su condici\u00f3n de persona privada de la libertad le asisten derechos, entre esos el de la salud, el cual no puede ser amenazado ni trasgredido, conforme lo tiene sentado la jurisprudencia superior. <\/p>\n
Es que, como lo ha doctrinado la Corte Constitucional, <\/p>\n
El derecho a la salud de las personas privadas de la libertad debe entonces ser garantizado en condiciones de igualdad a todos los habitantes del pa\u00eds, no solo porque se encuentra estrechamente vinculado con los derechos a la vida y a la dignidad humana, sino tambi\u00e9n porque trat\u00e1ndose de los internos existe una \u201crelaci\u00f3n especial de sujeci\u00f3n del interno con el Estado y la ausencia de justificaci\u00f3n para su limitaci\u00f3n dentro del marco general del derecho punitivo\u201d. <\/p>\n
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\u2026En conclusi\u00f3n, los patrones internacionales vinculantes para Colombia y la normativa interna contienen disposiciones que exigen al Estado y, en particular, a las autoridades penitenciarias, garantizar las condiciones m\u00ednimas que permitan a las personas privadas de la libertad llevar una subsistencia digna en el lugar en el que se encuentren recluidos. La atenci\u00f3n en salud para esa poblaci\u00f3n no puede ser restringida ni limitada; por el contrario, debe ser adecuada, digna, oportuna y cumplir con las condiciones de infraestructura y personal m\u00e9dico necesarios para garantizar su goce efectivo\u2026 (CC T-193\/17). <\/p>\n
Y en sinton\u00eda con lo antedicho, m\u00e1s recientemente decant\u00f3 el alto Tribunal: <\/p>\n
[L]a Corte enfatiza que toda persona tiene derecho a acceder al Sistema de Salud de manera oportuna, sin que pueda verse afectada por barreras administrativas o burocr\u00e1ticas de las entidades encargadas de prestar los servicios de salud. Esto se refuerza frente a quienes se encuentran privados de la libertad, caso en el cual, el INPEC, la USPEC y, de ser el caso, las EPS correspondientes tienen la obligaci\u00f3n de coordinar y articular sus funciones para garantizar la atenci\u00f3n oportuna, continua e integral que requieran los reclusos… (T-063\/20). <\/p>\n
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3. Lo consignado conlleva, por ende, a resolver de modo ratificatorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente env\u00edense las diligencias respectivas a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ablas Entidades Promotoras de Salud \u2013 EPS(\u2026) deber\u00e1n adoptar los mecanismos financieros y operativos, necesarios (\u2026) respecto de la atenci\u00f3n intramural de los servicios de salud de la Poblaci\u00f3n Privada de la Libertad a cargo del INPEC\u00bb. <\/p>\n
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