STC8166-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8166-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2022-00111-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 10 de junio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la tutela que Gerardo Alonso Herrera Hoyos instaur\u00f3 en contra del Juzgado Civil del Circuito de Andes. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara a la autoridad acusada: (i) Autorizar y entregar el t\u00edtulo judicial, tal como lo dispuso en auto emitido el 12 de mayo de 2022; y, (ii) Subsidiariamente, continuar con el ejecutivo (rad. 2021-00054) puesto que \u00abno puede existir terminaci\u00f3n por pago total de la obligaci\u00f3n, cuando [no] se [ha] entregado [el] dinero\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan el pliego introductorio y sus anexos, el estrado criticado declar\u00f3 terminado por pago total de la obligaci\u00f3n, el ejecutivo (rad. 2021-00054) que el gestor promovi\u00f3 en contra de \u00c1lvaro Rafael Parra Col\u00f3n en calidad de Notario \u00danico de ese municipio para cobrar la condena en costas contenida en la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2021 y, por consiguiente, dispuso la elaboraci\u00f3n del \u201ct\u00edtulo judicial\u201d que reposaba en el Banco Agrario de Colombia a favor del quejoso (12 may. 2022). <\/p>\n
Adujo el petente que, \u201ccasi un mes despu\u00e9s\u201d el despacho no ha realizado las diligencias que se requieren y por esa raz\u00f3n no ha podido desembolsar el dinero, pese a que se lo ha solicitado \u201ca saciedad\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado Civil del Circuito de Andes narr\u00f3 las etapas surtidas en la lid discutida y afirm\u00f3 que desde el 3 de junio de este a\u00f1o cumpli\u00f3 la \u201corden de fraccionamiento y el 6 de junio se autoriz\u00f3\u201d para que Gerardo Alonso retire los emolumentos; actuaci\u00f3n que le comunic\u00f3 al e-mail y le \u201cindic\u00f3 que puede hacer efectivo el mismo, dirigi\u00e9ndose a una oficina del Banco Agrario, presentando su documento de identificaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
El Procurador 10 Judicial II para Asunto Civiles dijo que \u201cpodr\u00eda darse viabilidad al reclamo del accionante siempre y cuando quede establecido que, en efecto, de manera caprichosa o arbitraria, la juez de conocimiento se niega a cumplir con el acto procesal sin sustento alguno\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 el resguardo, toda vez que, despu\u00e9s de relatar lo acontecido en el litigo cuestionado, no advirti\u00f3 \u00abretraso excesivo o desproporcionado del juzgado accionado en el tr\u00e1mite ejecutivo de inter\u00e9s para el actor\u00bb y, adem\u00e1s, las \u00abactuaciones dejan en evidencia la falsedad en la que incurri\u00f3 el actor al afirmar en el escrito de tutela que frente a sus solicitudes de entrega del t\u00edtulo judicial nada le fue respondido\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00absi bien en el curso de la presente acci\u00f3n de tutela, es decir el 6 de junio de 2022, se satisfizo finalmente el pedimento del actor en el sentido de que fuera puesto a su disposici\u00f3n el t\u00edtulo, no fue el apremio constitucional el que determin\u00f3 ello por cuanto mucho antes de la activaci\u00f3n de este mecanismo el juzgado ya estaba adelantando las gestiones tendientes a atender la insistente solicitud del actor de tal suerte que s\u00f3lo estaba pendiente de la autorizaci\u00f3n del fraccionamiento del t\u00edtulo por parte del Banco Agrario, siendo \u00e9sta concedida e informada el 3 de junio de 2022\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sancion\u00f3 al precursor con multa de un (1) SMLMV equivalente a 26.31 UVT, a favor del Consejo Superior de la Judicatura, \u00abatendiendo el fracaso de la tutela (\u2026) por el proceder temerario y de mala fe del accionante\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por el accionante, quien, con similares argumentos a los expuestos en el escrito genitor, reiter\u00f3 el desconocimiento de la dependencia fustigada de los t\u00e9rminos perentorios que impone la Ley 472 de 1998. Asimismo, disinti\u00f3 de la sanci\u00f3n que le fij\u00f3 el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, habida cuenta que, para ello, \u00abse debi\u00f3 abrir incidente a fin de que justificara [su] actuar (\u2026) pero nunca [lo] pueden sancionar en sentencia y as\u00ed lo ha consignado la CSJ (\u2026) STL14431 de 2014\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n recurri\u00f3 Javier El\u00edas Arias refutando el correctivo aplicado por el a quo, por cuanto, \u00abparece que sale m\u00e1s caro la enfermedad que el fallo\u00bb, aunado a que no se logr\u00f3 probar \u00abla temeridad y menos su mala fe\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia el decaimiento del auxilio y la ratificaci\u00f3n parcial de lo confutado, porque los d\u00edas 3 y 6 de junio \u00faltimos, esto es, en el curso de esta salvaguarda, el Juzgado Civil del Circuito de Andes, despu\u00e9s de que el Banco Agrario de Colombia le notific\u00f3 de la actualizaci\u00f3n en la base de datos y la respectiva aprobaci\u00f3n del \u201ct\u00edtulo judicial n\u00ba 413010000023383\u201d por valor de $730.000 (fl. 1; cdno \u201cConstanciaFraccionamientoT\u00edtulo\u201d), expidi\u00f3 la \u201corden de pago dep\u00f3sitos judiciales\u201d con \u201coficio n\u00ba 2022000016\u201d a favor de Gerardo Alonso Herrera Hoyos (fl. 1; cdno \u201c028OrdenPagoDJ04ActorPopular); tr\u00e1mite que le enter\u00f3 a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico litigantesasociados2040@gmail.com con el fin que acudiera a la entidad financiera y reclamara los estipendios con el documento de identificaci\u00f3n (fl. 1; cdno \u201c029ConstanciaComunicaciAutorizacionT\u00edtulo). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se torna inane el an\u00e1lisis de fondo del embate del suplicante. Sobre dicho t\u00f3pico, la Corte Constitucional, recientemente, esboz\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 3.4. El fen\u00f3meno de la carencia actual de objeto como causal de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, seg\u00fan el Decreto Ley 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, se presenta en tres hip\u00f3tesis: (i) cuando existe un hecho superado, (ii) se presenta da\u00f1o consumado o (iii) se est\u00e1 ante una circunstancia sobreviniente. <\/p>\n
3.5. La jurisprudencia constitucional ha indicado que el primer evento, esto es, hecho superado, se presenta cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la acci\u00f3n de tutela6. Es decir, que, por razones ajenas a la intervenci\u00f3n del juez de tutela, desaparece la causa que origin\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del accionante, cuya protecci\u00f3n se reclamaba (\u2026)\u00bb T 052 de 2022, 18 feb. <\/p>\n
2.- Ahora, la censura del tutelante y de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, vinculado a esta v\u00eda excepcional, exhibida en el escrito de impugnaci\u00f3n, relacionada con la sanci\u00f3n impuesta por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, con apoyo a lo preceptuado en los art\u00edculos 79, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, en consonancia con el 25 del Decreto 2591 de 1991, al configurarse la \u201ctemeridad del actor\u201d, se subraya que s\u00ed sale avante, en tanto que, de la revisi\u00f3n minuciosa del paginario, no se logr\u00f3 verificar la imprudencia que la Magistratura atribuy\u00f3 al querellante en el proceso criticado (rad. 2021-00054). <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que no se avizora la duplicidad indebida en el ejercicio de la \u00abacci\u00f3n tutela\u00bb, en donde el inconforme, con anterioridad, halla interpuesto contra el Juzgado Civil del Circuito de Andes otro amparo, reprochando actuaciones adelantadas en ese ejecutivo (rad. 2021-00054) con similares anhelos a los aqu\u00ed planteados y que se infiera, a partir de lo all\u00e1 expresado, que los participantes, objeto y hechos sean equivalentes. <\/p>\n
De manera que, como la \u00absanci\u00f3n y\/o multa\u00bb que se asigna en la \u00abacci\u00f3n tutela\u00bb a favor del Consejo Superior de la Judicatura, es con el prop\u00f3sito de castigar la conducta abusiva en la que incurri\u00f3 el \u00abactor temerario\u00bb, en raz\u00f3n al desgaste que le produce a la administraci\u00f3n de justicia por obstaculizar a los dem\u00e1s ciudadanos su acceso, en el sub j\u00fadice, se itera, no se comprob\u00f3 dicha agresi\u00f3n. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha cavilado que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ahora bien, es menester enfatizar que la beneficiaria de la sanci\u00f3n que ha de pagar el censor es la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s del Consejo Superior de la Judicatura, lo que encuentra soporte en que, como de anta\u00f1o lo ha sostenido el m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional, espec\u00edficamente al abordar el tema del proceder temerario respecto a la proposici\u00f3n de acciones de tutela, tal tipo de actuaci\u00f3n afecta de manera general a la administraci\u00f3n de justicia, dificultando a los dem\u00e1s coasociados el acceso a ella. As\u00ed lo dej\u00f3 sentado la Corte Constitucional desde el 3 de octubre de 1995, al consignar: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Pero, otra cosa muy diferente es que se abuse dolosamente de su ejercicio, entonces, la conducta abusiva perjudica la administraci\u00f3n de justicia, impide, obstaculiza que el acceso a la justicia de OTROS se desarrolle normalmente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.1.- Con base en lo discurrido, el veredicto atacado ser\u00e1 invalidado en lo que concierne a este punto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
SEGUNDO: REVOCAR la multa de 1 SMMLV impuesta al accionante contenida en el numeral segundo de dicha providencia. <\/p>\n
TERCERO: Informar por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8166-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC8166-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2022-00111-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 10 de junio de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64766","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64766","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64766"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64766\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64766"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64766"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64766"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}