STC8167-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8167-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2022-00463-01 <\/p>\n
(Aprobado en sala virtual de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 1\u00ba de junio de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Jos\u00e9 Domingo, Le\u00f3nidas, Edilberto y Mar\u00eda Elvinia Alfonso Fern\u00e1ndez le instauraron al Juzgado Tercero de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta urbe, extensiva a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, Natividad Salgado Mart\u00ednez, Luis An\u00edbal Bland\u00f3n y dem\u00e1s involucrados en el consecutivo 1995-05427-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas reclamaron la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, acceso honesto a la administraci\u00f3n de justicia, derecho a la propiedad y respeto a la justicia\u00bb, para que: (i) \u00ab[S]e le ordene al juzgado accionado que fije fecha para la entrega del bien a los suscritos a fin de que se nos deje como depositarios\u00bb; (ii) \u00abSe cite al arrendatario para que precise el monto de los dineros exactos cancelados a la abogada\u00bb; y, (iii) \u00abSe decida de fondo sobre las actuaciones incorrectas de la abogada\u00bb. <\/p>\n
Del escrito genitor y la prueba obrante en el dossier se extrae que el Juzgado Tercero de Familia de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, en el ejecutivo adelantado para el cobro de frutos seguido a continuaci\u00f3n del ordinario de petici\u00f3n de herencia, libr\u00f3 mandamiento de pago en favor de Jos\u00e9 Olegario Alfonso Gordillo, Jorge Eliecer Romero Alfonso y Sighinolffi Romero Alfonso contra Mar\u00eda del Carmen Le\u00f3n G\u00f3mez, por la suma de $24\u00b4169.753.oo (28 abr. 2000), embarg\u00f3 los derechos que llegaren a corresponder a \u00e9sta en el inmueble identificado con F.M. n\u00ba 50C-230374 en la sucesi\u00f3n de Jos\u00e9 Hermenegildo Alfonso n\u00ba 5427 (14 en. 2002) y design\u00f3 como secuestre a Mar\u00eda Victoria Quintero. <\/p>\n
Sostuvieron los actores que su progenitor Jos\u00e9 Olegario Alfonso Gordillo, antes de su deceso (17 nov. 2012), \u00abdecidi\u00f3 confiar en la abogada NATIVIDAD SALGADO MARTINEZ, (\u2026) la representaci\u00f3n de sus asuntos legales (\u2026)\u00bb, quien, en m\u00e1s de 27 a\u00f1os no ha logrado \u00abning\u00fan resultado positivo a la data de la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n, lo \u00fanico que se puede observar es que fue un proceso que se utiliz\u00f3 para legitimar un inadecuado y al parecer inescrupuloso actuar de la abogada en cita\u00bb y, \u00abla \u00fanica beneficiada ha sido la abogada mencionada, quien al parecer ha usufructuado y aprovechado el bien ilegalmente\u00bb, por cuanto el predio cautelado no les ha \u00abgenerado ninguna rentabilidad, impulso del proceso o actuaci\u00f3n alguna tendiente a obtener alg\u00fan beneficio\u00bb. <\/p>\n
Arguyeron que la mencionada profesional les precis\u00f3 \u00abque el inmueble est\u00e1 en venta y que cuando se venda nos iba a entregar la parte que nos correspond\u00eda y el pago de la deuda ejecutiva que se persigue en el proceso mencionado, nosotros solo asent\u00edamos pues desconocemos la ley, somos campesinos oriundos de (\u2026) GARAGOA (\u2026); sin embargo (\u2026) empezamos a sentirnos inquietos por las respuestas que le rog\u00e1bamos a la representante judicial NATIVIDAD, toda vez que empez\u00f3 a cambiar las versiones abruptamente\u00bb, por lo que el 25 de febrero hoga\u00f1o, visitaron el fundo y advirtieron que se encontraba arrendado a Luis An\u00edbal Bland\u00f3n \u00abpara fines comerciales al parecer desde hace much\u00edsimo tiempo, sin que a la fecha la abogada nos hubiese informado sobre esta situaci\u00f3n, ni tampoco inform\u00f3 al juzgado de la muerte de nuestro padre lo cual conoc\u00eda perfectamente\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que pusieron al juzgado querellado \u00aben conocimiento de todas estas situaciones, pidiendo que se citar\u00e1 al arrendatario para que nos dijera desde cu\u00e1ndo ostenta la calidad de arrendatario y todo lo concerniente con nuestro inmueble, que se sancionar\u00e1 a la abogada mencionada a fin de censurarla y que nos ayudar\u00e1n con la entrega del bien por cu\u00e1nto el se\u00f1or An\u00edbal que nos atendi\u00f3 solo ocupa el primer piso\u00bb, empero \u00e9ste exigi\u00f3 a Mar\u00eda Elvinia Alfonso Fern\u00e1ndez \u00abacreditar la calidad en la que act\u00faa\u00bb (28 abr. 2022) e, inobserv\u00f3 que desde el pasado 1\u00ba de marzo, aquella remiti\u00f3 \u00abel registro civil de nacimiento\u00bb para comprobar la calidad que ostenta y tambi\u00e9n \u00absolicitaron notificarle a la abogada que por favor dijera que hab\u00eda pasado, (\u2026) LA ABOGADA quien al parecer se ha sustra\u00eddo los dineros y frutos del bien desde hace much\u00edsimo tiempo (\u2026) el bien debe casi 7 a\u00f1os de impuestos y estamos en una situaci\u00f3n de completa indefensi\u00f3n, aunado a ello nos han enviado 3 correos precis\u00e1ndonos que si queremos el expediente debemos pagar la suma de $291.750 m\u00e1s un arancel, pero m\u00e1s all\u00e1 de cualquier copia necesitamos es una ayuda inminente en defensa de esta abogada\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero de Familia de Ejecuci\u00f3n de sentencias de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, y \u00absolicit[\u00f3] respetuosamente no acceder a las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela, toda vez que est\u00e1 demostrado (\u2026) que dentro del tr\u00e1mite del proceso ejecutivo de frutos, se encuentra embargado y secuestrado el 50% del bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 50C-230374, ya que el otro 50% fue entregado en debida forma a los adjudicatarios y por orden del Juzgado 10\u00ba de Familia de Bogot\u00e1 que conoci\u00f3 el proceso ordinario, el cual se encuentra terminado\u00bb. <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Fiscal\u00eda Cuarenta y Tres Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio pidieron su desvinculaci\u00f3n; la primera ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, y la segunda, porque \u00abno se vulneran por parte de [esa] Delegada ninguno de los derechos fundamentales por los accionantes invocados\u00bb. <\/p>\n
Natividad Salgado Mart\u00ednez se opuso a la demanda superlativa. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 ampar\u00f3 el \u00abdebido proceso\u00bb de los promotores, tras cavilar que \u00ab(\u2026) al comprobar que existe un bien que se encuentra bajo medida de secuestro por cuenta del despacho a su cargo y, que en el expediente no obran ni los certificados de dep\u00f3sito, ni los informes mensuales de gesti\u00f3n, su deber era requerir tambi\u00e9n a la secuestre Mar\u00eda Victoria Quintero o quien haga sus veces, para que, de forma inmediata y documentada, d\u00e9 las explicaciones que le corresponden sobre la administraci\u00f3n del bien, con el objeto de establecer las responsabilidades a que haya lugar\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, acot\u00f3 que \u00abLas se\u00f1aladas omisiones vulneran el derecho al debido proceso de todos los ejecutantes, pues no tiene presentaci\u00f3n que 22 a\u00f1os despu\u00e9s no haya como dar respuesta a los ejecutantes, sobre el bien involucrado y los rendimientos que haya podido producir, en consecuencia, (\u2026) ordenando a la juez que, requiera a la secuestre para que rinda cuentas documentadas de su gesti\u00f3n y ponga a disposici\u00f3n del despacho los certificados de dep\u00f3sito correspondientes a los rendimientos que haya podido producir el bien administrado por ella, concedi\u00e9ndole para tal efecto un t\u00e9rmino que no puede superar los 15 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 frente al \u00abal condicionamiento para entregar copia escaneada del expediente hasta tanto la peticionaria acredite la calidad en que act\u00faa, debe anotarse que no se ajusta a derecho, puesto que el art\u00edculo 114 procesal no hace tal exigencia a m\u00e1s que deben expedirse por el secretario sin necesidad de providencia que lo autorice, adicionalmente, conviene precisar que no es dable exigir a los usuarios suma alguna de dinero adicional al arancel judicial, puesto que se incurre en doble cobro y por ende, injustificado, proceder que proh\u00edbe nuestro ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
2.- Los accionantes impugnaron parcialmente el veredicto, destacando que, si bien est\u00e1n de acuerdo con la orden impartida, \u00ab(\u2026) no hubo pronunciamiento alguno frente a la creadora de este gran dilema, siendo est\u00e1 la abogada NATIVIDAD SALGADO MARTINEZ, y es que, en realidad la orden resolutiva del honorable tribunal se puede prestar para que se contin\u00faen vulnerando los derechos de los accionantes, toda vez que la aludida abogada contin\u00faa recibiendo inexplicablemente y sin mediar autorizaci\u00f3n de absolutamente nadie, los c\u00e1nones de arriendo que produce el bien inmueble objeto de los procesos judiciales que se le entregaron en confianza para su gesti\u00f3n y tr\u00e1mite, a la aludida profesional, lo que nunca le inform\u00f3 a absolutamente nadie, el cual vale la pena resaltar no se encuentra desenglobado, lo que de suyo obvia que cualquier rendimiento o fruto que genere el bien debe ser distribuido por las personas que ostentan el dominio y la disposici\u00f3n del mismo\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, luego de refutar cada una de las manifestaciones de la togada Natividad Salgado Mart\u00ednez en la contestaci\u00f3n a este resguardo, elevaron \u00abpetici\u00f3n especial\u00bb, para que \u00abse ordene la adecuada administraci\u00f3n del inmueble y se concedan las pretensiones en su totalidad peticionadas en el escrito tutelar, se le impongan las sanciones a esta abogada quien no representa en nada a la honorable justicia de este pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Circunscrita la Corte a los reproches esgrimidos en el \u00abescrito de impugnaci\u00f3n\u00bb, ab initio, se advierte la convalidaci\u00f3n de la sentencia de primer grado, por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
1.1.- Mem\u00f3rese que, la tercera pretensi\u00f3n de los quejosos, cuya definici\u00f3n por el a quo echan de menos, es que se \u00abdecida de fondo sobre las actuaciones incorrectas de la abogada\u00bb en el coercitivo n\u00ba 1995-05427, adicionada en esta instancia para que \u00abse le impongan las sanciones a esta abogada quien no representa en nada a la honorable justicia de este pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, si bien el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no produjo declaraci\u00f3n alguna frente a ese t\u00f3pico por lo que les asistir\u00eda raz\u00f3n en ese aspecto, esa circunstancia, per se, no torna viable dicho reclamo, en tanto frente a las acusaciones contra la abogada Natividad Salgado Mart\u00ednez por incurrir en presuntas conductas con trascendencia penal y\/o disciplinaria, se advierte a los censores, que son ellos quienes deben acudir directamente ante los organismos competentes, porque esta v\u00eda no ha sido estatuida para ese prop\u00f3sito, ya que como en forma reiterada se ha sostenido, \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC15096-2017, STC1166-2018, STC3570-2021 reiteradas en STC5445-2022). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la ayuda supralegal tampoco estar\u00eda llamada a prosperar en este punto, ya que, como lo destac\u00f3 el Juzgado Tercero de Familia de Ejecuci\u00f3n de sentencias y se observa del infolio, la queja que formul\u00f3 Mar\u00eda Elvinia Alfonso Fern\u00e1ndez, poniendo en conocimiento de ese estrado \u00ablas graves conductas\u00bb de \u00abla abogada NATIVIDAD SALGADO MARTINEZ, [quien] es la arrendadora y al parecer se ha beneficiado de los dineros percibidos de [ese] predio desde hace mucho tiempo, sin informar absolutamente nada\u00bb \u2013 (3 mar. 2022, documento: 11001311001019950542700_C01(003) (2).pdf)-, se encuentra en curso, ya que la titular de ese estrado no la ha definido, por lo que, en virtud de la exigencia de la subsidiariedad, se espera que sea ella quien la solvente, en atenci\u00f3n a que el juzgador de este medio tuitivo no puede asumir facultades que le corresponden a aqu\u00e9l. <\/p>\n
Al efecto, esta Colegiatura ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01, citada en STC10202-2021 y STC7162-2022). <\/p>\n
1.2.- Frente al anhelo de los precursores, expresado en el \u00abescrito de impugnaci\u00f3n\u00bb, tendiente a que \u00abse ordene la adecuada administraci\u00f3n del inmueble\u00bb en el decurso combatido, adem\u00e1s de no haber sido elevado ante el iudex natural y traducirse en el fin \u00faltimo perseguido con el \u00abfallo de tutela\u00bb del Tribunal, constituye una alegaci\u00f3n novedosa no expuesta en el l\u00edbelo inaugural, por lo que, de ella no se enter\u00f3 al a quo ni a los llamados a este tr\u00e1mite, raz\u00f3n por la cual no pueden ser examinada en esta etapa, pues afectar\u00eda el \u00abderecho de defensa\u00bb de quienes no pudieron controvertirla concretamente. <\/p>\n
Esta Magistratura ha esgrimido, sobre dicho t\u00f3pico: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u00bb (CSJ STC 10 may. 2011, rad. 00416-01, reiterada en STC175-2017, 19 enero, rad. 2016-02054-01 y STC8838-2021, citadas en STC5053-2022). <\/p>\n
2.- Como colof\u00f3n, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8167-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC8167-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2022-00463-01 (Aprobado en sala virtual de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 1\u00ba de junio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64767","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64767","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64767"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64767\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64767"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64767"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64767"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}