STC8171-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00238-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de febrero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Ricardo Enrique Ferreira Lara le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 11001 31 04 016 2013 00061. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderada, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abpetici\u00f3n\u00bb, \u00abdignidad humana\u00bb, \u00abigualdad\u00bb, \u00abdefensa\u00bb, \u00abseguridad social\u00bb y \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, para que se ordenara a las autoridades fustigadas: <\/p>\n
i) Dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n de 20 de diciembre de 2011, por medio de la cual la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica de Bogot\u00e1 suspendi\u00f3 las Resoluciones n\u00b0 1644 de 10 de noviembre de 1997 y 2070 de 20 de mayo de 1998. <\/p>\n
ii) Revocar las Resoluciones RDP26636 de 30 de junio de 2015 y RDP 016871 de 26 de abril de 2016, expedidas por la UGPP para materializar dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
iii) Reconocer y cancelar perjuicios materiales, lucro cesante y da\u00f1o emergente en relaci\u00f3n con las diferencias que le han dejado de pagar desde la aludida \u00absuspensi\u00f3n\u00bb, hasta que sea incluido en n\u00f3mina con el valor de la prestaci\u00f3n a la que ten\u00eda derecho antes de tal mandato. <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que la UGPP, en acatamiento de la \u00abresoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb emitida el 20 de diciembre de 2011 por la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica de Bogot\u00e1, en la causa penal que se adelanta contra Manuel Heriberto Zabaleta Rodr\u00edguez (exdirector del Fondo de Pasivo Social de Puertos de Colombia) por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n, confirmada por la Fiscal\u00eda 22 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (7 nov. 2012), mediante Resoluciones RDP 26636 de 30 de junio de 2015 y RDP016871 de 26 de abril de 2016, \u00absuspendi\u00f3\u00bb los efectos jur\u00eddicos y econ\u00f3micos de las Resoluciones n\u00b0 1644 de 10 de noviembre de 1997 y n\u00b02070 de 20 de mayo de 1998, disminuyendo su mesada pensional. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 – Ley 600 de 2000 – absolvi\u00f3 a Zabaleta Rodr\u00edguez de algunos supuestos f\u00e1cticos, lo conden\u00f3 a 115 meses de prisi\u00f3n como autor de la referida conducta punible por los dem\u00e1s hechos atribuidos, levant\u00f3 las medidas decretadas por la Fiscal\u00eda frente al gestor, al no evidenciar irregularidad alguna en el reconocimiento de la indexaci\u00f3n y, exhort\u00f3 a la UGPP para que hiciera uso de la facultad establecida en el art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con los veredictos C835 de 2003 de la Corte Constitucional y el fallo de 19 de agosto de 2010 de la Secci\u00f3n Segunda del Consejo de Estado (18 sep. 2019). <\/p>\n
Indic\u00f3 que dicha sentencia fue modificada por el superior en relaci\u00f3n con algunas resoluciones respecto de las cuales encontr\u00f3 responsable al procesado y lo \u00ababsolvi\u00f3\u00bb de otras, autoridad que, en su opini\u00f3n, no era la llamada a revisar la validez de los actos administrativos cuya ilicitud no fue comprobada dentro del litigio, pues ello corresponde a la UGPP (9 dic. 2021). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que solicit\u00f3 a la UGPP revocara o anulara las Resoluciones RDP 26636 de 30 de junio de 2015 y RDP016871 de 26 de abril de 2016 y \u00able reconociera y cancelara los perjuicios materiales, lucro cesante y da\u00f1o emergente\u00bb (3 sep. 2021), rogativa a la que no accedi\u00f3 (Res. RDP027897, 20 oct. 2021). <\/p>\n
Refiri\u00f3 que en el mismo sentido requiri\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (16 dic. 2021), quien no ha expedido pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho porque no se surti\u00f3 el tr\u00e1mite de que trata el art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003, en el que se hubiese advertido que las Resoluciones n\u00b0 1644 de 10 de noviembre de 1997 y n\u00b0 2070 de 20 de mayo de 1998 no fueron dictada por Manuel Heriberto Zabaleta Rodr\u00edguez; situaci\u00f3n que le est\u00e1 causando un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, al paso que afect\u00f3 el monto de su \u00abmesada pensional\u00bb y, por ende, su congrua subsistencia, la de su n\u00facleo familiar, as\u00ed como el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias adquiridas, en tanto tiene 75 a\u00f1os de edad y presenta problemas de salud. <\/p>\n
2.- La UGPP defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y adujo que el resguardo es infundado, por cuanto: a) El fallo del Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 (18 sep. 2019) \u00abse encuentra surtiendo en grado de apelaci\u00f3n de tal manera que no est\u00e1 ejecutoriado y en firme siendo procedente por parte de [dicha] (\u2026) entidad mantener [la] suspensi\u00f3n [de las aludidas Resoluciones] a la espera de las resultas el recurso (\u2026)\u00bb, m\u00e1xime cuando el tutelante no acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, en tanto \u00absigue recibiendo su mesada pensional ajustada a derecho por un valor de $ 5,316,837.16\u00bb, as\u00ed como \u00ablos servicios de salud suministrados por el Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales\u00bb y, b) Mediante Resoluci\u00f3n RDP27897 de 20 de octubre de 2021 respondi\u00f3 el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que radic\u00f3 el accionante el 3 de septiembre y lo notific\u00f3 el 10 de noviembre (gu\u00eda n\u00b0RA344046145CO). <\/p>\n
Manuel Heriberto Zabaleta Rodr\u00edguez coadyuv\u00f3 la guarda, enfatizando que en el pleito criminal no se demostr\u00f3 que los \u00abreajustes reconocidos al pensionado Ricardo Enrique Ferreira Lara, fueron dolosamente adquiridos o est\u00e1n mal liquidados\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 lo surtido en la encuadernaci\u00f3n controvertida y pidi\u00f3 negar el amparo por improcedente, porque el \u00ablevantamiento de las medidas provisionales\u00bb que orden\u00f3 el 18 de septiembre de 2019 \u00abpodr\u00e1 cumplirse una vez cobre ejecutoria\u00bb y, el querellante \u00abno es parte en el (\u2026) proceso penal, dejando de lado las acciones propias para constituirse en parte, acorde a los preceptos 138- 139 de la Ley 600 de 2000, ni (\u2026) ha formulado petici\u00f3n alguna a [dicho] (\u2026) Juzgado relacionada con la inconformidad que de forma improcedente expone ahora (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 pregon\u00f3 la inviabilidad del auxilio, en vista que no se satisface el presupuesto de la subsidiariedad, ya que en el \u00abproceso penal\u00bb est\u00e1 en tr\u00e1mite el recurso de casaci\u00f3n y no se demostr\u00f3 la configuraci\u00f3n de un \u00abperjuicio irremediable\u00bb que justifique la ayuda superlativa transitoria. <\/p>\n
La Coordinaci\u00f3n de la Unidad Delegada de la Fiscal\u00eda ante el Tribunal comunic\u00f3 que la Fiscal\u00eda Veintid\u00f3s fue suprimida a trav\u00e9s de Resoluci\u00f3n n\u00b0 000484 de 21 de julio de 2016. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 399 Especializada del Grupo Foncolpuertos de la Unidad Ley 600 de 2000 de Bogot\u00e1 adver\u00f3 que el 10 de febrero de 2022 contest\u00f3 el pedimento formulado por Ferreira Lara el 16 de diciembre de 2021, inform\u00e1ndole que carec\u00eda de competencia para \u00abdenegar o acceder a tal reclamaci\u00f3n, ya que de conformidad con la sentencia [d]el 18 de septiembre de 2019 proferida por el [Juzgado] 16 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, le corresponde a la UGPP realizar las actividades que le fueron ordenadas en la misma, una vez quede ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal, resolvi\u00f3 <\/p>\n
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital y seguridad social de Ricardo Enrique Ferreira Lara. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las resoluciones de suspensi\u00f3n dictadas por la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP- en su contra, y ORDENAR que, dentro del t\u00e9rmino de un (1) mes contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a realizar el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003 y, mediante acto administrativo debidamente motivado, determine si es o no procedente suspender el reajuste pensional que ven\u00eda percibiendo. <\/p>\n
2. AMPARAR el derecho de petici\u00f3n de Ricardo Enrique Ferreira Lara. Por tanto, ORDENAR a la Fiscal\u00eda 399 Especializada del Grupo Foncolpuertos de la Unidad Ley 600 de 2000 adscrita a la Direcci\u00f3n Seccional de Bogot\u00e1 que, si no lo ha hecho a\u00fan, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, le comunique en debida forma la contestaci\u00f3n del 10 de febrero de 2022. <\/p>\n
3. En lo dem\u00e1s, NEGAR la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
Ello, en atenci\u00f3n a que: 1) El impulsor es \u00absujeto de especial protecci\u00f3n\u00bb y, aunque \u00abtuvo la posibilidad de constituirse como tercero incidental en el proceso (\u2026), lo cierto es que dicha situaci\u00f3n est\u00e1 afectando de manera grave sus garant\u00edas fundamentales\u00bb, por cuanto \u00abla indexaci\u00f3n de la mesada (\u2026) constituye una gran parte de su m\u00ednimo vital teniendo en cuenta que el neto a pagar pas\u00f3 a ser menos de la mitad de lo que ven\u00eda percibiendo\u00bb; 2) \u00ab[L]o correcto hubiera sido que la UGPP, en cumplimiento de la orden emitida por la Fiscal\u00eda (\u2026), procediera a realizar los tr\u00e1mites consagrados en la Ley 797 de 2003 [art. 19]\u00bb; 3) El sentido de la \u00abrespuesta\u00bb que la UGPP suministr\u00f3 a la \u00abpetici\u00f3n\u00bb de 3 de septiembre de 2021, \u00abescapa de los aspectos que puede verificar el juez de tutela\u00bb; y, 4) La \u00abcontestaci\u00f3n\u00bb que brind\u00f3 la Fiscal\u00eda 399 Especializada del Grupo Foncolpuertos de la Unidad Ley 600 de 2000 de Bogot\u00e1, no fue puesta en conocimiento del reclamante. <\/p>\n
4.- La UGPP impugn\u00f3 insistiendo en los argumentos plasmados en la \u00abcontestaci\u00f3n a la tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anticipa la infirmaci\u00f3n parcial del fallo de primer grado, dado que el vigor que se pretende restar a las Resoluciones RDP Nos. 26636 de 30 de junio de 2015 y 016871 de 16 de abril de 2016, por medio de las cuales la UGPP concret\u00f3 la disposici\u00f3n emitida por la Fiscal\u00eda para conjurar los efectos del delito que se atribuy\u00f3 a Manuel Zabaleta Rodr\u00edguez, depende de lo que se solvente en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (9 dic. 2021), <\/p>\n
Ello, porque hasta tanto no se dirima dicho medio impugnaticio, el precursor debe esperar a que el juez cognoscente, en el marco del juicio penal, analice y establezca si el sindicado el expedir los actos administrativos a trav\u00e9s de los cuales se le reconocieron \u00abderechos pensionales\u00bb, se estructur\u00f3 o no el peculado por apropiaci\u00f3n y, por ende, si la \u00absuspensi\u00f3n\u00bb de tales directrices debe o no mantenerse. <\/p>\n
En tal sentido, es claro que la \u00abtutela\u00bb se torna prematura, comoquiera que mientras no se desentra\u00f1e el aludido remedio, no es viable incursionar en este \u00e1mbito residual, ya que ello implicar\u00eda una indebida intromisi\u00f3n en los fueros propios de los juzgadores ordinarios, en raz\u00f3n a que esa discusi\u00f3n ha de ser dilucidada en primer lugar por el juez natural, en la que el interesado puede exponer las razones por las cuales sus \u00abderechos\u00bb no est\u00e1n asociados al il\u00edcito, sin que a trav\u00e9s de este sendero especial\u00edsimo pueda soslayarse las herramientas id\u00f3neas de defensa que al efecto otorga la ley adjetiva. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que esta Colegiatura ha insistido, en que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017 y STC6904-2020, entre otras). <\/p>\n
Adicionalmente, en un caso de contornos similares, estim\u00f3 <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es viable a trav\u00e9s de este sendero dejar sin vigor las resoluciones por medio de las cuales la Unidad Administrativa accionada concret\u00f3 la orden emitida para conjurar los efectos del delito que la Fiscal\u00eda le atribuy\u00f3 a Manuel Zabaleta Rodr\u00edguez, en los casos de Cruz Benedicto Julio Acosta, Horacio Cantillo Narv\u00e1ez, Myriam del Socorro Yoleani Daza y de la menor interviniente. <\/p>\n
Esto, porque tales directrices son objeto de an\u00e1lisis en el proceso penal, y es all\u00ed donde se debe definir si las prestaciones conferidas con intervenci\u00f3n del sindicado est\u00e1n o no afectadas por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n, y no al juez de tutela, escenario en donde, adem\u00e1s, los interesados en hacerlas valer tienen la posibilidad de exponer las razones por las cuales sus derechos no est\u00e1n asociados al il\u00edcito\u00bb (STC5436-2021, reiterada en STC10892-2021). <\/p>\n
2.- Ahora bien, no desconoce la Sala que Ferreira Lara tiene 75 a\u00f1os de edad y, por ello, es considerado como adulto mayor (T-015 de 2019); sin embargo, dicha condici\u00f3n per se, no es \u00abpresupuesto\u00bb suficiente para conceder el ruego constitucional. <\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha predicado, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u2026\u00bb (STC3070-2020, reiterada en STC2263-2021, 8 mar., rad. n\u00ba 2021-00017-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, pese a que expres\u00f3 que la situaci\u00f3n puesta de presente le est\u00e1 ocasionado un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, se vislumbra que ello no va m\u00e1s all\u00e1 de ser un enunciado, al paso que no acredit\u00f3 la gravedad de lo acontecido, la inminencia del da\u00f1o, ni la impostergabilidad de las medidas anheladas, de cara al \u00abmedio de defensa\u00bb pendiente de desatar, que resulta ser \u00abid\u00f3neo\u00bb y apto para definir la \u00abcontroversia\u00bb, si se tiene en cuenta que el quejoso no demostr\u00f3 la afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital o que est\u00e9n comprometidas sus necesidades b\u00e1sicas; por el contrario, la UGPP inform\u00f3 que este \u00absigue recibiendo su mesada pensional (\u2026) por un valor de $ 5,316,837.16 M\/Cte.\u00bb y disfruta de \u00ablos servicios de salud suministrados por el Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales\u00bb, en tanto \u00ablas resoluciones cuyos efectos se suspendieron fueron las que reajustaron la mesada pensional y no las que reconocieron la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Circunstancia, en relaci\u00f3n con la cual, esta Corte ha sostenido, que: \u00ab(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, 20 feb. rad 00140-01 y STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01, STC15930-2018, y STC3455-2020). <\/p>\n
3.- De otro lado, se observa que el \u00abderecho de petici\u00f3n fue garantizado a Ricardo Enrique por la UGPP, en la medida que la \u00absolicitud\u00bb que le elev\u00f3 el 3 de septiembre de 2021, fue \u00abcontestado\u00bb de forma clara, precisa y congruente con lo pedido mediante Resoluci\u00f3n RDP27897 de 20 de octubre de 2021, y lo notici\u00f3 el 10 de noviembre, sin importar que la soluci\u00f3n ofrecida sea o no favorable a sus intereses. <\/p>\n
4.- Lo mismo no acaeci\u00f3 con el requerimiento que present\u00f3 a la Fiscal\u00eda 399 Especializada del Grupo Foncolpuertos de la Unidad Ley 600 de 2000 de Bogot\u00e1 el 16 de diciembre de 2021, ya que lo observado por la Sala es que, aunque la respuesta se emiti\u00f3 en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional, no fue comunicada al interesado, transgredi\u00e9ndole as\u00ed el aludido \u00abderecho\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que deba ratificarse la concesi\u00f3n del amparo solo en lo que concierne a este punto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR EL NUMERAL PRIMERO de la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas y, SE CONFIRMA en todo lo dem\u00e1s. <\/p>\n
SEGUNDO: Informar por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8171-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00238-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de febrero de 2022 por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64771","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64771","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64771"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64771\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64771"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64771"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64771"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}