STC8190-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8190-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01907-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Esther Robayo Giraldo contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Promiscuo Municipal de Pandi, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00absuspender la diligencia de desalojo y entrega material del cien por ciento (100%) del predio \u201cParcela 1\u201d, FMI 157-92297 a favor de UARGRTD\u2026\u00bb y, en consecuencia, \u00abrealizar la diligencia de desalojo y entrega material del cincuenta por ciento (50%) del predio \u201cParcela 1\u201d, FMI 157-92297\u2026 en los t\u00e9rminos declarados en la sentencia proferida el 16 de diciembre de 20[20] por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2020, el Tribunal criticado desestim\u00f3 la oposici\u00f3n de Esther Robayo Giraldo, declar\u00f3 no probada la buena fe exenta de culpa de la contendiente, por lo que neg\u00f3 la compensaci\u00f3n, ordenando, entre otras, a la Agencia Nacional de Tierras tramitar la caducidad administrativa respecto del 50% de la parcela 1 que le correspond\u00eda a Reinel Valero y, de cumplir Esther con los requisitos de la Ley 160\/94 tenerla como candidata para la adjudicaci\u00f3n de ese derecho y, respecto de la otra cuota parte, \u00abla entrega material del cincuenta por ciento del predio \u201cParcela 1\u201d al Fondo de la UAEGRTD\u00bb. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 la promotora que el Tribunal expidi\u00f3 el despacho comisorio n\u00b0 005-21 con el fin de adelantar la entrega \u00abmaterial del cincuenta por ciento del predio \u201cParcela 1\u201d\u2026\u00bb; que ante la fallida diligencia, el 8 de abril de 2022 dicho colegiado \u00abconmi[n\u00f3] al Juzgado Municipal de Pandi (Cund.) dar cumplimiento a la comisi\u00f3n conferida y proceder al desalojo de la opositora vencida en el proceso\u2026\u00bb; sin embargo, el 10 de mayo de los corrientes expidi\u00f3 oficio en el que se indicaba que \u00abpara los efectos de la materializaci\u00f3n en la entrega que debe realizarse sobre el predio \u201cParcela 1\u201d FMI 157-92297, se precisa tanto al comisionado como a la URT que, por recaer la orden de restituci\u00f3n sobre un derecho de cuota equivalente al cincuenta por ciento de referido predio, el desalojo de quien se encontrare ejerciendo posesi\u00f3n deber\u00e1 realizarse, a\u00fan con el concurso de la Fuerza P\u00fablica, pues ese derecho se ejerce sobre la totalidad del predio y no es factible, hasta que se produzca su divisi\u00f3n, determinar la porci\u00f3n material sobre la que recae\u00bb, situaci\u00f3n \u00faltima que, quebranta sus garant\u00edas iniciales, al disponerse la entrega de la totalidad del fundo. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que se acerc\u00f3 al despacho comisionado, donde le informaron que \u00ab(i)\u2026 efectivamente la diligencia se encontraba fijada para el catorce (14) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022); y (ii) se le indic\u00f3 que durante el desarrollo de la diligencia se verificar\u00eda el desalojo del cien por ciento (100%) predio \u201cParcela 1\u201d y la entrega material a favor de Fondo de la UAEGRTD\u00bb, situaci\u00f3n que tambi\u00e9n le ratificaron en la Agencia Nacional de Tierras. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que disponerse la entrega de la totalidad del predio \u00abamenaza por perturbar la posesi\u00f3n pac\u00edfica que ejerce\u2026 sobre el cincuenta por ciento (50%) del predio \u201cParcela 1\u201d, lo cual fue reconocida en la sentencia del\u2026 16 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal\u00bb, modificando dicho fallo y desconociendo la orden all\u00ed impartida. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que el 16 de diciembre de 2020 profiri\u00f3 sentencia en el juicio fustigado; que con auto de 8 de abril y 10 de mayo de 2022 brind\u00f3 orientaci\u00f3n con el fin de adelantar la entrega, decisiones que no fueron recurridas por la promotora; que la diligencia de entrega ya est\u00e1 programada y es all\u00ed donde la promotora debe exponer sus argumentos; remiti\u00f3 copia de algunas actuaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 3 Judicial II Restituci\u00f3n de Tierras inform\u00f3 que la diligencia de entrega se posterg\u00f3 para el 27 de julio de 2022; indic\u00f3 que la promotora tiene un criterio errado, pues \u00abmientras no se haga la divisi\u00f3n material del predio, no es posible determinar cu\u00e1l es el 50% que debe ser entregado. Y en tal sentido, la orden abarca la totalidad del predio; esto obedece a que, no se puede determinar un espacio determinado o cuerpo cierto a recuperar y por tanto se deba se\u00f1alar de manera formal la recuperaci\u00f3n de la totalidad del predio. No obstante, es evidente que la tutelante debe continuar disfrutando del 50% del predio que ha venido explotando desde a\u00f1os atr\u00e1s. Y que, en un futuro, pueda adelantar las acciones legales que considere procedentes a fin de que legalice y se determine de manera cierta, el porcentaje de predio que le corresponde. De tal manera que no se pierda la esencia del proceso de restituci\u00f3n de tierras, el cual pretende garantizar la restituci\u00f3n con seguridad jur\u00eddica y sin generar resquemores sociales con las personas que puedan ser afectadas con los fallos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Hidrocarburos pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al no tener ninguna relaci\u00f3n directa ni indirecta, jur\u00eddica o material con las alegaciones de la promotora. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas indic\u00f3 que no es la encargada de efectuar diligencias de entrega y\/o desalojos de los predios restituidos, pues es una facultad que le corresponde al fallador judicial, raz\u00f3n por la que no puede atender las s\u00faplicas de la peticionaria. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Agencia Nacional de Tierras inform\u00f3 que ya adelant\u00f3 el tr\u00e1mite de caducidad administrativa del predio con folio 157-92297; que el inform\u00f3 a la promotora el tr\u00e1mite a impartir, de cara a dar cumplimiento a la orden d\u00e9cima primera, con el fin de adjudicar el derecho de cuota de dicho predio que le correspond\u00eda a Reinel Valero; que no es el competente para resolver las peticiones tutelares. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, considera la Corte que esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la sentencia de 16 de diciembre de 2020, concluy\u00f3 que la oposici\u00f3n formulada por la promotora no sal\u00eda avante, al considerar que: <\/p>\n
Esther Robayo Giraldo recibi\u00f3 la totalidad del bien conocido como \u201cParcela 1\u201d por documento de cesi\u00f3n de derechos firmado por Reinel Valero en el a\u00f1o 2004. En ese documento se expres\u00f3 la intenci\u00f3n de Valero de ceder la totalidad de los derechos a la ac\u00e1 opositora, sin tener en cuenta que no pod\u00eda disponer de la cuota que en ese momento correspond\u00eda a su compa\u00f1era permanente, Luz Marina Quesada Acosta. La reclamante sali\u00f3 del bien, en el marco de ese acuerdo, vi\u00e9ndose en la obligaci\u00f3n de firmar un documento adicional de cesi\u00f3n a t\u00edtulo gratuito que solo beneficiaba a Esther Robayo. <\/p>\n
La reclamante, en el marco de su declaraci\u00f3n, coment\u00f3 que el documento firmado en el a\u00f1o 2006 fue impulsado por Esther y Manuel Robayo, este \u00faltimo padre de la ac\u00e1 opositora, quienes la buscaron para que firmara \u201cun papel\u201d, donde solicitaba al INCODER la adjudicaci\u00f3n de su cuota parte a favor de Esther Robayo. <\/p>\n
El acuerdo suscrito entre Valero y Robayo Giraldo en el 2004 presenta serias dudas en su formaci\u00f3n, asimil\u00e1ndose m\u00e1s a una donaci\u00f3n, sin insinuaci\u00f3n notarial, que a una compraventa. Se insiste; Reinel Valero no dispuso solamente de su cuota parte en la adjudicaci\u00f3n, lo hizo respecto a la totalidad del predio, en desmedro de la cuota parte (50%) que ostentaba Luz Quesada por la formalizaci\u00f3n. Tal consenso no signific\u00f3 contraprestaci\u00f3n para Luz Quesada, dejando a la reclamante en un estado de necesidad sin parang\u00f3n con la situaci\u00f3n de los dem\u00e1s parceleros; perdi\u00f3 su v\u00ednculo material con el predio, precisamente en raz\u00f3n de ese acuerdo, sin posibilidad de sustento econ\u00f3mico, a cargo de dos hijos menores para esa fecha. <\/p>\n
Y es que la propia declaraci\u00f3n de la opositora en sede judicial cubre con un insalvable manto de duda la voluntariedad de esa transacci\u00f3n, si en cuenta se tiene que Luz Quesada declar\u00f3 suscribir el documento fechado noviembre de 2006 bajo presi\u00f3n, desplegada por la opositora y su padre, Manuel Robayo, firmando el documento en total desmedro de su condici\u00f3n de v\u00edctima de la violencia y mujer cabeza de familia. <\/p>\n
Por lo que, de cara a la \u00abParcela 1\u00bb en cuanto a las medidas a adoptar, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Luz Marina Quesada Acosta ser\u00e1 beneficiaria de restituci\u00f3n por equivalencia, en los t\u00e9rminos descritos por el literal c, art\u00edculo 97 de la Ley 1448 de 2011. A cargo a los recursos del Fondo de la UAEGRTD, se le entregar\u00e1 un predio de similares caracter\u00edsticas al despojado, teniendo en cuenta la cuota parte del 50% bajo su titularidad. <\/p>\n
La restituci\u00f3n material se considera imposible, en primer lugar por su avanzada edad y condiciones particulares de su n\u00facleo familiar. De esta manera deviene en improbable su retorno. De realizarse a la fuerza, ello implicar\u00eda un riesgo para su vida y\/o integridad personal. En segundo estadio, siempre manifest\u00f3 su deseo de no regresar al inmueble. <\/p>\n
El predio que le ser\u00e1 entregado por el Fondo de la UAEGRTD deber\u00e1 coincidir con las caracter\u00edsticas del que fuera imposible de restituir, atendiendo su derecho de cuota. Se ordenar\u00e1 la entrega material del bien en los t\u00e9rminos descritos por el art\u00edculo 100, Ley 1448 de 2011, al Fondo de la UAERGTD. Se ordenar\u00e1 la pr\u00e1ctica de diligencia de entrega a cargo del Juez Promiscuo Municipal de Pandi (Cund.). <\/p>\n
La cuota parte que corresponde a Luz Marina Quesada Acosta, en cuanto al predio imposible de restituir, deber\u00e1 ser transferida al Fondo de la UAEGRTD, procediendo de acuerdo con lo dispuesto en el literal k, art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011. La transferencia se constituye como requisito previo para la entrega del bien equivalente. La equivalencia deber\u00e1 ser tenida en cuenta de acuerdo al aval\u00fao que sobre la parcela ya reposa en el expediente -IGAC. Cualquier disposici\u00f3n relativa al cumplimiento de la orden que ac\u00e1 se profiere tendr\u00e1 lugar en sede posfallo de restituci\u00f3n, atendiendo las competencias y facultades previstas en el art\u00edculo 102 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Respecto al cincuenta por ciento que corresponde a la formalizaci\u00f3n asignada a Reinel Valero por la \u201cParcela 1\u201d, cedida a Esther Robayo por documento firmado en el a\u00f1o 2004, se ordenar\u00e1 a la Agencia Nacional de Tierras, adelante el tr\u00e1mite de caducidad administrativa y si es del caso, y de cumplirse con los requisitos sentados por la Ley 160 de 1994 y el DL-902 de 2017, tenga a Esther Robayo como candidata para la adjudicaci\u00f3n de ese derecho. <\/p>\n
Raz\u00f3n por la que, en el tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n del fallo, el 10 de mayo de 2022 Tribunal, en pro de vigilar el cumplimiento de las \u00f3rdenes all\u00ed impartidas, precis\u00f3, entre otras, que: <\/p>\n
Para los efectos de la materializaci\u00f3n en la entrega que debe realizarse sobre el predio \u201cParcela 1\u201d, FMI. 157-92297, se precisa tanto al comisionado como a la URT que, por recaer la orden de restituci\u00f3n sobre un derecho de cuota equivalente al cincuenta por ciento del referido predio, el desalojo de quien se encontrare ejerciendo posesi\u00f3n deber\u00e1 realizarse, a\u00fan con el concurso de la Fuerza P\u00fablica, pues ese derecho se ejerce sobre la totalidad del predio y no es factible, hasta que se produzca su divisi\u00f3n, determinar la porci\u00f3n material sobre la que recae, tal cual se expuso en auto del pasado ocho de abril hoga\u00f1o. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa fue una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada de cara a lo decidido en el fallo de 16 de diciembre de 2020, adopt\u00f3 medidas para el cumplimiento y la ejecuci\u00f3n del mismo, relievando que, en efecto la gestora no tiene reconocido el derecho de cuota sobre el 50% que le correspond\u00eda a Reinel Valero, pues lo dispuesto fue que la Agencia Nacional de Tierras adelantara el tr\u00e1mite de caducidad administrativa frente a dicho porcentaje y de cumplirse con los requisitos de la Ley 160 de 1994 y el DL 902 de 2017 tuviera a Esther Robayo como candidata para la adjudicaci\u00f3n de ese derecho (tr\u00e1mite que tiene pendiente por adelantar, con el fin de intentar la titularidad de esa cuota parte), de ah\u00ed que, el auto de 10 de mayo de 2022 est\u00e1 en consonancia con lo decidido en el fallo, en pro de adelantar su ejecuci\u00f3n, pues, tal como qued\u00f3 visto, a la promotora, en ese asunto, no se le reconoci\u00f3 la cuota parte de Reinel Valero a la accionante, raz\u00f3n por lo que lo procedente es la entrega del fundo. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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