STC8191-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8191-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01891-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los accionantes, a trav\u00e9s de apoderado, invocaron la guarda de las prerrogativas a la \u00abreparaci\u00f3n a poblaci\u00f3n v\u00edctima de desplazamiento\u00bb, \u00abdignidad humana\u00bb, \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abfamilia\u00bb, \u00abigualdad\u00bb, \u00abintegridad personal, f\u00edsica y sicol\u00f3gica\u00bb, \u00abpropiedad privada\u00bb, \u00abvida\u00bb, \u00abvivienda digna\u00bb y \u00abbuena fe exenta de culpa\u00bb, para que \u00abrevise la sentencia No. 9 del 4 de mayo de 2022 dictada por el Tribunal [fustigado] (\u2026)\u00bb y, en consecuencia, se les reconociera \u00abcomo ocupantes de buena fe exenta de culpa es decir buena fe cualificada\u00bb, \u00abv\u00edctimas para que sean identificad[as] sus afectaciones, a fin de otorgarles la indemnizaci\u00f3n administrativa a que haya lugar (\u2026)\u00bb y, \u00abla compensaci\u00f3n econ\u00f3mica del art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujeron que la Magistratura querellada, en la acci\u00f3n especial de restituci\u00f3n de tierras que promovi\u00f3 Sonia Betty Hilamo Garc\u00eda agenciando los derechos de su progenitor Evaristo Hilamo Acosta (exp. 2019-00026-01), decidi\u00f3: <\/p>\n
\u00abPrimero. Desestimar la oposici\u00f3n formulada por los se\u00f1ores Hern\u00e1n Pillimue Mosquera, Jos\u00e9 Guasaquillo y Luz Mila Mosquera (\u2026). <\/p>\n
Segundo. Reconocer al se\u00f1or Evaristo Hilamo Acosta (C.C. 1.458.115) y su familia (\u2026), la calidad de v\u00edctimas del conflicto armado interno y en consecuencia, ordenar a la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas que adelante el tr\u00e1mite de identificaci\u00f3n de afectaciones, a fin de otorgarles la indemnizaci\u00f3n administrativa a que haya lugar, seg\u00fan la intensidad y naturaleza de los hechos victimizantes. <\/p>\n
Tercero. Reconocer y proteger el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras del se\u00f1or Evaristo Hilamo Acosta y de la masa sucesoral de la se\u00f1ora Hilaria Garc\u00eda, en calidad de ocupantes, respecto del predio rural \u201cLa Esperanza\u201d, (\u2026) identificado con c\u00f3digo catastral 19110-00-01-0025-0018-000, matr\u00edcula inmobiliaria n\u00fam. 132-6665882 (\u2026). <\/p>\n
Sexto. Declarar probada la presunci\u00f3n de despojo consagrada en el literal a) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011, en consecuencia, declarar la ausencia de consentimiento o de causa l\u00edcita del documento de compraventa suscrito el 31 de agosto de 2001, mediante el cual el se\u00f1or Evaristo Ilamo Acosta vendi\u00f3 un lote ubicado en la vereda La Esperanza al se\u00f1or Hern\u00e1n Pillimue (\u2026). <\/p>\n
Octavo. Ordenar a los se\u00f1ores Hern\u00e1n Pillimue Mosquera, Jos\u00e9 Guasaquillo y Luz Mila Mosquera, que m\u00e1ximo dentro del t\u00e9rmino de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, hagan entrega real y material del predio \u201cLa Esperanza\u201d (\u2026). <\/p>\n
D\u00e9cimo sexto. Reconocer a los se\u00f1ores Jos\u00e9 Guasaquillo y Luz Mila Mosquera, la calidad de segundos ocupantes del predio \u201cLa Esperanza\u201d (\u2026), en consecuencia, se ordena al Grupo COJAI de la UAEGRTD, implemente en su favor y del grupo familiar, la medida de protecci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 10 del Acuerdo 33 de 2016\u2026\u00bb (4 may. 2022). <\/p>\n
Afirmaron que dicha Corporaci\u00f3n incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho porque \u00abno los reconoci\u00f3 como opositores de buena fe exenta de culpa\u00bb ni orden\u00f3 a su favor el pago de la compensaci\u00f3n de que trata el canon 98 de la Ley 1448 de 2011, a pesar de que: i) No existe indicio de que hubiesen sido colaboradores de alg\u00fan grupo armado al margen de la ley ni, tenido que ver con el supuesto despojo; ii) Son v\u00edctimas de desplazamiento por los mismos hechos que Evaristo, al punto que est\u00e1n inscritos en el registro \u00fanico de v\u00edctimas del conflicto; iii) Ostentan especial protecci\u00f3n constitucional por ser \u00abadultos mayores\u00bb, a saber, tener m\u00e1s de 60 a\u00f1os; iv) Son personas reconocidas y con arraigo en la regi\u00f3n; v) Han sido \u00abv\u00edctimas\u00bb de amenazas as\u00ed como del acto terrorista acaecido en el a\u00f1o 2014; y, vi) En el a\u00f1o 2006 compraron de \u00abbuena fe\u00bb, \u00absin la intenci\u00f3n de despojar o vulnerar los derechos del se\u00f1or Evaristo Hilamo Acosta\u00bb y \u00abbajo los presupuestos de la legalidad\u00bb el predio objeto de la litis a Hern\u00e1n Pillimue, en donde construyeron su vivienda, lo que evidencia que actuaron \u00abcon diligencia y (\u2026) el convencimiento de que dicho negocio se realiz\u00f3 ajustado a derecho, sin vicios del consentimiento y aspecto alguno que permeara su licitud\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Cali se opuso al amparo, dado que los precursores buscan es revivir debates probatorios ya fenecidos, a m\u00e1s de que no se satisface el requisito de la subsidiariedad, pues aqu\u00e9llos pod\u00edan reclamar la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del predio. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n porque el expediente n\u00ba 2019-00026, corresponde al hom\u00f3logo de Popay\u00e1n \u2013 Cauca. <\/p>\n
La Procuradora Catorce Judicial II Restituci\u00f3n de Tierras de Cali pregon\u00f3 la inviabilidad del resguardo, porque \u00abel punto de inflexi\u00f3n para colegir que los opositores no obraron con buena fe exenta de culpa, (\u2026) devino de su conocimiento del contexto de violencia, a partir del cual se enarbol\u00f3 la conclusi\u00f3n de la activaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de ausencia de consentimiento en el acto de enajenaci\u00f3n del fundo pretendido en restituci\u00f3n\u00bb y, \u00aba pesar de las circunstancias en que se hallaban los opositores, por ser personas que no estaban desprovistas de tierra, y tener otros predios (\u2026), [cierto es que] la decisi\u00f3n que mejor consultaba sus intereses en aplicaci\u00f3n de los principios Pinheiro, era la contemplada en el numeral 10 del Acuerdo 033 de 2016\u00bb. <\/p>\n
El Banco Agrario de Colombia, la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, precisando las \u00faltimas cuatro entidades que lo anhelado escapa al \u00e1mbito de sus funciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se observa el decaimiento del auxilio por cuanto el fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cali, que declar\u00f3 no probada la \u00aboposici\u00f3n\u00bb formulada por Hern\u00e1n Pillimue Mosquera, Jos\u00e9 Guasaquillo y Luz Mila Mosquera, orden\u00f3 a los dos \u00faltimos realizar la entrega real y material del inmueble \u201cLa Esperanza\u201d y, les reconoci\u00f3 la calidad de segundos ocupantes otorg\u00e1ndoles la medida de atenci\u00f3n consistente en la implementaci\u00f3n de un proyecto productivo (4 may. 2022), no luce antojadizo, ni arbitrario. <\/p>\n
En efecto, para arribar a tal conclusi\u00f3n, en cuanto a la \u00abbuena fe exenta de culpa\u00bb en la adquisici\u00f3n del bien, aducida por los \u00abopositores\u00bb, indic\u00f3 que se aportaron los siguientes medios suasorios: <\/p>\n
<\/p>\n
* Documento de compraventa por $70.000, elaborado en papel documentario minerva AA-9054752, suscrito entre los se\u00f1ores An\u00edbal S\u00e1nchez Pillimue como vendedor y Evaristo Ilamo Acosta como comprador, (\u2026) con fecha 30 de abril de 1986 (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
* Documento de compraventa por $70.000, elaborado en papel documentario minerva AA-9727989, suscrito entre los se\u00f1ores An\u00edbal S\u00e1nchez Pillimue como vendedor y Evaristo Ilamo Acosta comprador, con fecha 22 de noviembre de 1986 (\u2026).<\/p>\n
* Documento de compraventa por $100.000, elaborado en hoja de cuaderno, suscrito entre los se\u00f1ores Evaristo Ilamo Acosta como vendedor y Hern\u00e1n Pillimue Mosquera como comprador, con fecha 31 de agosto de 2001 (\u2026). <\/p>\n
Los cuales, precis\u00f3, fueron objeto de prueba dactilosc\u00f3pica respecto a Evaristo Hilamo Acosta por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que dictamin\u00f3 <\/p>\n
\u201cRealizado la confrontaci\u00f3n dactilosc\u00f3pica entre la impresi\u00f3n dactilar obrante en el documento relacionado como (COMPRA \u2013 VENTA POR $70.000.oo M\/te AA-9054752), y las impresiones dactilares obrantes en el documento (TARJETA DECADACTILAR FISCALIA GENERAL DE LA NACI\u00d3N) a nombre de Evaristo Hilamo Acosta, se establece que (\u2026) se IDENTIFICAN entre s\u00ed (\u2026). <\/p>\n
\u201cRealizado la confrontaci\u00f3n dactilosc\u00f3pica entre la impresi\u00f3n dactilar obrante en el documento relacionado como (PROMESA DE COMPRAVENTA POR $70.000.oo AA-9727989), sobre el nombre Evaristo Hilamo Acosta, y las impresiones dactilares (\u2026) a nombre de Evaristo Hilamo Acosta, estableciendo que se NO SE IDENTIFICAN con ninguna de las impresiones dactilares (\u2026). <\/p>\n
\u201cRealizada la confrontaci\u00f3n dactilosc\u00f3pica entre la impresi\u00f3n dactilar obrante en el documento relacionado como (Hoja de cuaderno Compra Venta por $ 100.000 MCTE), y las impresiones dactilares (\u2026) a nombre de Evaristo Hilamo Acosta, se establece que (\u2026) se IDENTIFICAN entre s\u00ed (\u2026). <\/p>\n
Luego, trajo a colaci\u00f3n las declaraciones extrajuicio rendidas por Alexander Guasaquillo Medina y Mery Liliana Ch\u00e1vez, quienes, resalt\u00f3, coincidieron \u00aben dar cuenta sobre la negociaci\u00f3n celebrada entre los se\u00f1ores Hern\u00e1n o Fernando Pillimue Mosquera y Evaristo Hilamo Acosta, en la cual actuaron el primero como testigo y la segunda como la persona que elabor\u00f3 el documento de compraventa\u00bb. <\/p>\n
Ello, si se tiene en cuenta que: a) El peritazgo rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses certific\u00f3 \u00abque la huella contenida en el documento de compraventa s\u00ed corresponde a la del se\u00f1or Evaristo\u00bb y los testimonios de Alexander Guasaquillo y Mery Liliana Ch\u00e1vez dan fe de los par\u00e1metros en que se desarroll\u00f3 la negociaci\u00f3n y, b) Los \u00abopositores\u00bb fueron quienes aportaron el \u00abdocumento\u00bb original a trav\u00e9s del cual Evaristo adquiri\u00f3 el bien mediante compraventa celebrada con An\u00edbal S\u00e1nchez Pillimue, negocio no controvertido. <\/p>\n
En dicho sentido, afirm\u00f3 que en el sub judice oper\u00f3 la \u00abpresunci\u00f3n de ausencia de consentimiento en el negocio jur\u00eddico de compraventa celebrado entre el reclamante como vendedor y el se\u00f1or Hern\u00e1n Pillimue Mosquera como comprador\u00bb, debido a que no se evidenci\u00f3 el \u00abconsentimiento libre y voluntario\u00bb del primero para enajenar el inmueble, en la medida en que la \u00abnegociaci\u00f3n se celebr\u00f3 previo a un desplazamiento masivo de los habitantes de la vereda donde se ubica el predio objeto de reclamaci\u00f3n, incluido el se\u00f1or Evaristo Hilamo y su n\u00facleo familiar, que por el temor a retornar dej\u00f3 abandonado su inmueble y posteriormente lo vendi\u00f3\u00bb. De ah\u00ed que hubiese concluido que lo procedente era \u00abdeclara[r la] (\u2026) inexistencia\u00bb del contrato, as\u00ed como \u00abla nulidad de las negociaciones subsiguientes, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
Respecto al monto cancelado por el vendedor, a saber, $100.000, adver\u00f3 que no se estructuraba \u00abla presunci\u00f3n contenida en el literal d) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011, pues (\u2026) de acuerdo con el hist\u00f3rico de aval\u00faos allegado por el IGAC, el valor catastral de ese inmueble para el a\u00f1o 2001 ascend\u00eda a $150.000, adem\u00e1s [de] trata[rse] de un lote bald\u00edo sin mejoras (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, razon\u00f3 que no era viable declarar demostrados los fundamentos de la \u00aboposici\u00f3n\u00bb y, por ende, deb\u00eda ser amparado el \u00abderecho a la restituci\u00f3n\u00bb del predio, en raz\u00f3n a que <\/p>\n
(\u2026) la oposici\u00f3n no logr\u00f3 derribar la presunci\u00f3n de ausencia de consentimiento en el negocio jur\u00eddico de compraventa celebrado entre el se\u00f1or Hern\u00e1n Pillimue y el solicitante, como tampoco acreditaron que su actuaci\u00f3n fue en derecho y de buena fe exenta de culpa, (\u2026) pues aun teniendo en cuenta que el predio objeto de reclamaci\u00f3n se trata de un bald\u00edo, (\u2026) y que por tanto no daba lugar a que se cumplieran las m\u00ednimas ritualidades exigidas por la ley para la v\u00e1lida tradici\u00f3n de bienes inmuebles, esto es, la celebraci\u00f3n de un contrato de compraventa a trav\u00e9s de Escritura P\u00fablica y que ese instrumento fuere debidamente registrado, lo que s\u00ed se vislumbra en este caso es que la negociaci\u00f3n se realiz\u00f3 con pleno conocimiento por parte del se\u00f1or Hern\u00e1n Pillimue, de la situaci\u00f3n de violencia que sufr\u00eda la zona donde se ubica el predio y que la salida de la vereda del se\u00f1or Evaristo Hilamo Acosta y su n\u00facleo familiar, dejando abandonada su vivienda, fue consecuencia del desplazamiento forzado, sin que haya retornado por el temor que le generaba ese contexto, sin que sea de buen recibo (\u2026), lo afirmado por la oposici\u00f3n, que muchos habitantes retornaron y que si el reclamante no lo hizo es porque ya ten\u00eda arraigo en otro lugar. <\/p>\n
Lo anterior, muy a pesar de que si bien es conocido que en los negocios celebrados por buena parte de la poblaci\u00f3n campesina en nuestro pa\u00eds, prevalecen elementos de informalidad, confianza en la palabra y en otros casos, desconocimiento de las exigencias jur\u00eddicas de los contratos, tales situaciones no resultan atendibles para exonerar de acreditar los requisitos que la ley plantea para quien pretende oponerse al derecho fundamental de restituci\u00f3n de la v\u00edctima reclamante del predio que se vio obligada a abandonar o del que fue despojada forzosamente, en el marco del conflicto armado. <\/p>\n
Posteriormente, destac\u00f3 que Hern\u00e1n Pillimue Mosquera no prob\u00f3 la \u00abbuena fe exenta de culpa\u00bb, ni satisface los presupuestos para ser reconocido como \u00absegundo ocupante\u00bb, puesto que no \u00abha habitado ni explotado el predio objeto de reclamaci\u00f3n, lo adquiri\u00f3 en el a\u00f1o 2001 y no realiz\u00f3 ninguna inversi\u00f3n sobre el mismo y en el a\u00f1o 2006 vendi\u00f3 una parte del lote a su hermano Jos\u00e9 Guasaquillo como en $750.000 y aduce haber vendido otra parte, sin especificar cu\u00e1ndo, qu\u00e9 \u00e1rea, ni a qui\u00e9n, en la suma de $2.400.000 (\u2026)\u00bb. A m\u00e1s que la UAEGRTD al realizar la caracterizaci\u00f3n determin\u00f3 que aqu\u00e9l \u00ab\u201cexplota y reside en un predio propio (\u2026) diferente al solicitado en Restituci\u00f3n (\u2026). Hern\u00e1n Pillimue y su compa\u00f1era tienen cultivos de caf\u00e9 (\u2026), lo que ratifica que no habita ni depende de ninguna forma del predio \u201cLa Esperanza\u201d y por tanto, deber\u00e1 restituir materialmente el lote que le qued\u00f3 despu\u00e9s de la venta realizada al se\u00f1or Jos\u00e9 Guasaquillo, sin lugar a indemnizaci\u00f3n alguna o a reconocimiento de medidas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, sostuvo que Jos\u00e9 Guasaquillo y Luz Mila Mosquera \u00abtampoco lograron acreditar la buena fe exenta de culpa, sin embargo, pueden ser considerados segundos ocupantes\u00bb, toda vez que: <\/p>\n
i) No hay indicio alguno de su pertenencia o colaboraci\u00f3n con alg\u00fan grupo armado ilegal ni de haber tenido participaci\u00f3n directa ni indirecta en el desplazamiento forzado que sufri\u00f3 el reclamante y por el contrario, durante el tr\u00e1mite se demostr\u00f3 que fueron v\u00edctimas del mismo hecho, pues fue un desplazamiento masivo de los habitantes de la vereda; <\/p>\n
ii) De acuerdo con las pruebas testimoniales recaudadas y el informe de caracterizaci\u00f3n realizado por la UAEGRTD, dichos opositores son personas reconocidas y de arraigo en la regi\u00f3n, el se\u00f1or Jos\u00e9 Guasaquillo es natural de La Esperanza, ha sido fiscal, tesorero y presidente de la JAC de esa vereda, en el a\u00f1o 2010 fue elegido Concejal de Buenos Aire y fue presidente del Comit\u00e9 de Cafeteros, y su esposa Luz Mila Mosquera es oriunda de Caldono y lleg\u00f3 a la Esperanza en 1972 como docente de la escuela y all\u00ed se estableci\u00f3. <\/p>\n
Acto seguido, narr\u00f3 que los \u00abopositores\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) adquirieron parte del predio objeto de reclamaci\u00f3n en el a\u00f1o 2006, por compra realizada de forma verbal al se\u00f1or Hern\u00e1n Pillimue, por la cual pagaron $700.000, (\u2026) En dicho inmueble tienen establecido su lugar de habitaci\u00f3n, (\u2026) y tambi\u00e9n tienen all\u00ed cultivos peque\u00f1os (\u2026). A su vez, en la mencionada caracterizaci\u00f3n se indica que en la consulta del VUR, el se\u00f1or Guasquillo figura como titular del derecho de dominio sobre un inmueble con M.I. 132-36642 (\u2026) y en conjunto con su esposa Luz Mila Mosquera, aparecen como propietarios de un inmueble con M.I. 132-66690, (\u2026) adquirido por declaraci\u00f3n de pertenencia dada por sentencia del 24 de julio de 2018 (\u2026). <\/p>\n
Con base en dicho contexto, esgrimi\u00f3 que Jos\u00e9 Guasaquillo y Luz Mila Mosquera cumplen los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C330 de 2016 y, por tanto, deb\u00eda reconoc\u00e9rseles la calidad de \u00absegundos ocupantes\u00bb, disponiendo las \u00abmedidas de protecci\u00f3n que permitan mitigar la afectaci\u00f3n que pueda causar la restituci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- Independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto con entidad suficiente que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quieren los precursores, quienes aspiran a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
3.- Ahora, frente al anhelo tendiente a la \u00absuspensi\u00f3n de la entrega real y material del predio \u201cLa Esperanza\u201d\u00bb, el auxilio luce \u00abimprocedente\u00bb, comoquiera que al margen de la pertinencia que puedan o no tener las manifestaciones de los impulsores, lo cierto es que la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb no es el medio para \u00absuspender, retrotraer o invalidar\u00bb el desarrollo de \u00abdiligencias judiciales\u00bb, ya que estas obedecen \u00aba \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (STC13927-2021, rad. 2021-01961). <\/p>\n
Adicionalmente, la calidad de \u00absujeto de protecci\u00f3n constitucional\u00bb, no constituyen raz\u00f3n suficiente para impedir la \u00abentrega\u00bb, si se tiene en cuenta que \u00aben principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia\u00bb (STC16888-2019, reiterada en STC13927-2021). <\/p>\n
4.- Ergo, surge claro el fracaso del ruego supralegal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Jos\u00e9 Guasaquillo y Luz Mila Mosquera Guasaquillo. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8191-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC8191-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01891-00 (Aprobado en Sala de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1.- Los accionantes, a trav\u00e9s de apoderado, invocaron la guarda de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64782","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64782","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64782"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64782\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64782"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64782"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64782"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}